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Sentencia RP-394-21 — Registro 17021

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión contra la sentencia condenatoria por el delito de homicidio agravado y robo, asimismo asociación ilícita y facilitación de los medios de transporte para el tráfico de drogas.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor CESAR RONEY ZELAYA SIERRA, la pena de TREINTA Y CINCO (35) AÑOS DE RECLUSION, por el delito de HOMICIDIO AGRAVADO y ROBO, en perjuicio de ADAN ORDOÑEZ FLORES, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, INHABILITACIÓN ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el artículo 116 disponía una pena abstracta de quince (15) a veinte (20) años de reclusión, por el delito HOMICIDIO. En el Código Penal Decreto 130-2017, este Ilícito está plasmado en el artículo 192 y es castigado con la misma pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión. II. En relación al delito de ROBO el Código Penal derogado disponía en su artículo 218 una pena de cinco (5) a nueve (9) años de reclusión. El Código Penal Decreto 130-2017, en el artículo 361 dispone: “ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice.” Y realizando un examen de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, el artículo 363 en cuanto a las agravantes específicas para la conducta criminal ejecutada dispone: “AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas de hurto o robo se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1)… 2)… 3)… 4)… 5)… 6)… 7)… 8)… 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto.” Siendo aplicable la agravante del numeral 9 del artículo 363 relacionado, por cuanto de la sentencia en revisión se desprende el uso de armas en la ejecución del hecho criminoso, por lo tanto, haciendo el respectivo aumento de la pena, resulta una pena abstracta de OCHO (8) AÑOS A DIEZ (10) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. III. Ponderando el quantum de las penas, es palmario que, en el marco de penas abstractas, el Código Penal vigente es menos gravoso para el encausado, pues al aplicar el concurso real, la comparación se tiene que hacer de forma global, con la suma de todas las penas, en tal sentido se refleja que el actual Código resulta más benigno para el acusado. IV. En el examen de los concretos y probados hechos estampados en el expediente judicial (folio 185), estos encuadran en los artículos 192, 361 Y 363 del Código Penal Vigente. VI. Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y observando la fundamentación jurídica de la sentencia donde al encausado se le impuso la pena media por los delitos que fue condenado. VII. Para determinar la pena media a imponer, la norma sustantiva nos remite al artículo 70 que dispone: Concurrencia o Ausencia de Circunstancias Modificativas de la Responsabilidad Penal.” El Órgano Jurisdiccional competente debe individualizar motivadamente la duración de la pena a imponer, sujetándose a las reglas siguientes:1) En los delitos dolosos el Órgano Jurisdiccional competente determinará la pena dentro del máximo y el mínimo que la Ley señala al delito, tomando en consideración las reglas siguientes: a) …b) Si solo concurre una (1) o dos (2) circunstancias agravantes y ninguna atenuante, se aplica la pena media hasta el límite máximo…”. Que el término medio de la pena, es el producto de la suma de la pena mínima y máxima divida en dos; En ese orden de ideas, se debe imponer al encausado la pena de DICESISTE (17) AÑOS, SEIS (6) MESES de Prisión por el delito de HOMICIDIO Y NUEVE (9) AÑOS, CUATRO (4) MESES de Prisión por el delito de ROBO AGRAVADO, resultando de la suma una pena global de (26) AÑOS, (10) MESES DE PRISIÓN, en concurso real. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la Presente Garantía Constitucional de Revisión; Por lo que es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor CESAR RONEY ZELAYA SIERRA de una norma vigente que le resulta más benigna. VIII. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de septiembre del 2023.- VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, a favor del señor CESAR RONEY ZELAYA SIERRA, contra la sentencia de fecha tres (3) de agosto del año dos mil cuatro (2004), emitida por el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, con relación a la causa que se instruyó contra el señor CESAR RONEY ZELAYA SIERRA, por el delito de HOMICIDIO AGRAVADO y ROBO, asimismo ASOCIACION ILICITA y FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de ADAN ORDOÑEZ FLORES y LA SEGURIDAD INTERIOR Y DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cuatro de octubre de dos mil tres, la Abogada GRIXEL M. VILLAFRANCA, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, presentando requerimiento fiscal contra los señores CESAR RONEY ZELAYA SIERRA, (ALIAS LIRO SMOTH), MANUEL ISAAC DURON CHACON (ALIAS DRIMEN) Y JANUARIO CONTRERAS CANALES (ALIAS ONLI), por suponerlos responsables de los delitos de ROBO Y ASESINATO en perjuicio del señor ALAN ORDOÑEZ FLORES. 2)Que seguido el trámite de ley correspondiente en fecha tres (3) de agosto del año dos mil cuatro (2004), el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: Que se debe condenar y se condena al señor CESAR RONEY ZELAYA SIERRA, JANUARIO CONTRERAS CANALES y MANUEL ISAAC DURON CHACON, como autores responsables penalmente del delito de HOMICIDIO AGRAVADO y ROBO, en perjuicio de ADAN ORDOÑEZ FLORES, a la pena de TREINTA Y CINCO (35) AÑOS DE RECLUSION, debiéndose computar desde el día en que fue aprendido por esta causa a la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional.- SEGUNDO: Que se debe condenar y se condena al señor CESAR RONEY ZELAYA SIERRA,JANUARIO CONTRERAS CANALES y MANUEL ISAAC DUERON CHACON, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario.- TERCERO. Se declara a los condenados CESAR RONEY ZELAYA SIERRA, JANUARIO CONTRERAS CANALES y MANUEL ISAAC DURON CHACON, responsable civilmente de la compensación e indemnización de los daños y perjuicio causados por el delito por el que es condenado.- CUARTO: No procede condenar en costas procesales personales, no gastos ocasionados por el juicio a los condenados CESAR RONEY ZELAYA SIERRA JANUARIO CONTRERAS CANALES y MANUEL ISAAC DURON CHACON.- QUINTO: Que se devuélvase la evidencia a su legítimo propietario. (Folio 200 al 211 de la pieza del Tribunal) 3) Que el recurrente Abogado JOSE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, compareció ante este Tribunal en fecha treinta (30) de abril del año dos mil veintiuno (2021) presentando recurso de revisión penal a favor del señor CESAR RONEY ZELAYA SIERRA, contra la sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha tres (3) de agosto del año dos mil cuatro (2004), 4) Que en fecha trece (13) de abril del año dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, en su condición de apoderado legal del señor CESAR RONEY ZELAYA SIERRA, y la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- fue de la opinión QUE SE OTORGUE la acción de revisión que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral 8 del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha trece (13) de abril del año dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de el Abogado JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, en su condición de Apoderado Legal del señor CESAR RONEY ZELAYA SIERRA, quien manifestó lo siguiente: “ratifica el recurso de revisión presentado en base a lo que establece el artículo 96 numeral 8 de la Ley de Justicia Constitucional e igualmente se pide que se le aplique retroactivamente lo que establece el decreto 130-2017 en el cual pues establece el delito de homicidio agravado desaparece en ese sentido pedimos que se le aplique la nueva pena del homicidio y la nueva pena del delito de robo con violencia por otra parte como medios de prueba proponemos lo que es la sentencia que obra en el expediente 2691-03 del Juzgado de Ejecución e igualmente el computo correspondiente por lo que respetuosamente pedimos que se declare con lugar el recurso de revisión ya presentado y que se emita el nuevo fallo e igualmente se ordene al juzgado de ejecución emitir el nuevo computo de pena solamente su señoría.” El Ministerio Público, a través de su agente fiscal Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, expreso lo siguiente: “De lo expuesto por el revisionista el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales invocadas por el compareciente y que señalan las sanciones correspondientes a los delitos por los cuales se condenó al hoy imputado, resultando que el delito de HOMICIDIO AGRAVADO se encontraba regulado en el artículo 116, con relación al artículo 27 numerales 7 y 12 de la misma norma penal, era sancionado con una pena de 15 a 20 años de reclusión, mientras que el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), en su artículo 192, sanciona el delito de HOMICIDIO, con la misma pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión. Asimismo, fue condenado por el delito de ROBO, que se sancionaba en el Código penal derogado de conformidad al Artículo 218, con una pena de cinco (5) a nueve (9) años de reclusión; mientras que en el Código Penal vigente se regula el delito de ROBO en el ARTÍCULO 361.- ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. ‘Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice, misma que debe ser aumentada en un tercio (1/3), por concurrir la agravante especifica señalada en el numeral 9) del ARTÍCULO 363, al haberse cometido el hecho empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto, quedando una pena de 8 a 10 años ocho meses de reclusión. En virtud de que el supra señalado Artículo 616 del Código Penal vigente señala que para determinar la Ley más favorable se debe comparar la pena que hubiera podido corresponder en el caso concreto con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor, no siendo admisible la fragmentación de las dos normas en análisis, y siendo que nos encontramos ante un delito continuado, al tenor del mismo artículo 616, en caso de delito continuado se observa la misma regla que en el caso de concurso real, expuesto de la siguiente manera en los párrafos séptimo al noveno: “Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente así la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación.”. En este sentido, y siendo que de conformidad a la Declaración de Hechos Probados que contiene la sentencia de fecha tres (3) de agosto del dos mil cuatro (2004), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, y cuya revisión se solicita, el señor CESAR RONEY ZELAYA SIERRA, fue encontrado responsable a título de autor de la comisión de los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO Y ROBO, en concurso ideal y condenado a la pena de 35 años de reclusión; por lo que a efectos de determinar la ley penal más favorable, a la luz del precitado artículo 616 del Código Penal vigente, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley, siendo la pena global impuesta en la sentencia la treinta y cinco años (35) de reclusión y la pena que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley conforme a lo solicitado por el revisionista, en caso de aplicar la pena media de conformidad con lo establecido en el literal b) del numeral 1) del artículo 70 del referido cuerpo legal, por concurrir en ambos casos la circunstancia agravante común establecida en el artículo 32 numeral 2) que se señaló en la sentencia supra señalada, de tal manera, que la pena a imponer por el delito de Homicidio sería de diecisiete (17) cinco (5) meses de reclusión y por el delito de Robo Agravado a una pena de nueve (9) años de reclusión, que suman una pena global de veintiséis (26) años de reclusión; de ahí que aun y cuando con el nuevo Código Penal se le hubiese impuesto la pena máxima por cada delito, resultaría una pena 30 años de reclusión, lo cual resulta más favorable en comparación a los treinta y cinco (35) años de reclusión que le fue impuesta, estando el máximo de cumplimiento determinado por el triple del tiempo de duración de la más grave de las penas impuestas, que no puede exceder de TREINTA (30) AÑOS de conformidad con el artículo 66 del Código Penal vigente. Al examinar lo peticionado por el revisionista, cabe afirmar que nuestro ordenamiento jurídico reconoce como principio general que la ley no tiene efectos retroactivos, conforme lo proclama el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República; “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado.”; precepto constitucional que contempla el principio de favorabilidad, que establece una importante excepción en el caso de que la nueva ley sea más favorable al reo, ante las premisas expuestas correspondería imponer la pena que resultaría de aplicar el concurso real por los delitos de HOMICIDIO Y ROBO AGRAVADO, de acuerdo con la nueva Ley sustantiva, en los términos antes señalados, por lo que esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal resultan más favorables al sentenciado, por lo que es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96 de la Constitución de la República. III. PRONUNCIAMIENTO: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión”. CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE(7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614, 615, 616 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor CESAR RONEY ZELAYA SIERRA, fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIAS DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, mediante la Sentencia Definitiva y Firme en fecha tres (3) de agosto del año dos mil cuatro (2004), a la pena de TREINTA Y CINCO (35) AÑOS DE RECLUSION, por el delito de HOMICIDIO AGRAVADO y ROBO, en perjuicio de ADAN ORDOÑEZ FLORES, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, INHABILITACIÓN ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el Artículo 116 que penalizaba el delito de HOMICIDIO; Artículos 217 Y 218 referente al delito de ROBO, del Código Penal Decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió dichas conductas criminales. III. Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curia, (el juzgador conoce el derecho). CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor CESAR RONEY ZELAYA SIERRA, la pena de TREINTA Y CINCO (35) AÑOS DE RECLUSION, por el delito de HOMICIDIO AGRAVADO y ROBO, en perjuicio de ADAN ORDOÑEZ FLORES, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, INHABILITACIÓN ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el artículo 116 disponía una pena abstracta de quince (15) a veinte (20) años de reclusión, por el delito HOMICIDIO. En el Código Penal Decreto 130-2017, este Ilícito está plasmado en el artículo 192 y es castigado con la misma pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión. II. En relación al delito de ROBO el Código Penal derogado disponía en su artículo 218 una pena de cinco (5) a nueve (9) años de reclusión. El Código Penal Decreto 130-2017, en el artículo 361 dispone: “ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice.” Y realizando un examen de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, el artículo 363 en cuanto a las agravantes específicas para la conducta criminal ejecutada dispone: “AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas de hurto o robo se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1)… 2)… 3)… 4)… 5)… 6)… 7)… 8)… 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto.” Siendo aplicable la agravante del numeral 9 del artículo 363 relacionado, por cuanto de la sentencia en revisión se desprende el uso de armas en la ejecución del hecho criminoso, por lo tanto, haciendo el respectivo aumento de la pena, resulta una pena abstracta de OCHO (8) AÑOS A DIEZ (10) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. III. Ponderando el quantum de las penas, es palmario que, en el marco de penas abstractas, el Código Penal vigente es menos gravoso para el encausado, pues al aplicar el concurso real, la comparación se tiene que hacer de forma global, con la suma de todas las penas, en tal sentido se refleja que el actual Código resulta más benigno para el acusado. IV. En el examen de los concretos y probados hechos estampados en el expediente judicial (folio 185), estos encuadran en los artículos 192, 361 Y 363 del Código Penal Vigente. VI. Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y observando la fundamentación jurídica de la sentencia donde al encausado se le impuso la pena media por los delitos que fue condenado. VII. Para determinar la pena media a imponer, la norma sustantiva nos remite al artículo 70 que dispone: Concurrencia o Ausencia de Circunstancias Modificativas de la Responsabilidad Penal.” El Órgano Jurisdiccional competente debe individualizar motivadamente la duración de la pena a imponer, sujetándose a las reglas siguientes:1) En los delitos dolosos el Órgano Jurisdiccional competente determinará la pena dentro del máximo y el mínimo que la Ley señala al delito, tomando en consideración las reglas siguientes: a) …b) Si solo concurre una (1) o dos (2) circunstancias agravantes y ninguna atenuante, se aplica la pena media hasta el límite máximo…”. Que el término medio de la pena, es el producto de la suma de la pena mínima y máxima divida en dos; En ese orden de ideas, se debe imponer al encausado la pena de DICESISTE (17) AÑOS, SEIS (6) MESES de Prisión por el delito de HOMICIDIO Y NUEVE (9) AÑOS, CUATRO (4) MESES de Prisión por el delito de ROBO AGRAVADO, resultando de la suma una pena global de (26) AÑOS, (10) MESES DE PRISIÓN, en concurso real. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la Presente Garantía Constitucional de Revisión; Por lo que es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor CESAR RONEY ZELAYA SIERRA de una norma vigente que le resulta más benigna. VIII. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 32,Numeral 2, 35, 38, 57, 58, 66, 70, 192, 361 Y 363 Y Demás aplicables del Código Penal Vigente; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, a favor del señor CESAR RONEY ZELAYA SIERRA; II) ANULA PARCIALMENTE la Sentencia Definitiva Y Firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIAS DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha tres (3) de agosto del año dos mil cuatro (2004)y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor CESAR RONEY ZELAYA SIERRA, por los delitos de HOMICIDIO y ROBO AGRAVADO, en perjuicio de ADAN ORDOÑEZ FLORES, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor CESAR RONEY ZELAYA SIERRA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia, a la pena de DIECISIETE (17) AÑOS, SEIS (6) MESES de Prisión por el delito de HOMICIDIO, Y NUEVE (9) AÑOS, CUATRO (4) MESES de Prisión por el delito de ROBO AGRAVADO, resultando de la suma una pena global de (26) AÑOS, (10) MESES DE PRISIÓN. SEGUNDO: CONDENANDO al señor CESAR RONEY ZELAYA SIERRA, a la pena Accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, por el tiempo que dure la condena. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. NOTIFÍQUESE. – Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALAD DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de diciembre de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha once de septiembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0394-2021._______________________________CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.LMPL.