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Sentencia RP-393-22 — Registro 17307

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión contra la sentencia Condenatoria con relación a la causa que se instruyó por los delitos de portación ilegal de arma prohibida, portación ilegal de armas de tipo comercial y atentado, en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (12): II. Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. Que, finalmente, es objeto de revisión penal la condena sufrida por el señor RENAN ANTONIO MARTÍNEZ ISIDRO, en; c) El delito de ATENTADO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, con una pena de UN (1) AÑO DE RECLUSIÓN, más las accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil. Para efectuar la revisión solicitada, debe tenerse primero en cuenta, lo establecido en los artículos 343 numeral 2) y 344 del Código Penal derogado, parangonándolo con el Código Penal, estimado como más favorable por el garantista, según lo establecido en los artículos 570 del mismo cuerpo legal, el cual prevé una pena abstracta, para el autor de un delito de ATENTADO: “ (…) con las penas de prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de cien (100) a trescientos (300) días de multa.– Si en los supuestos anteriores el atentado se verifica con armas, explosivos o prevaliéndose el culpable del ejercicio de funciones públicas, las penas deben ser incrementadas en un tercio (1/3)”. De todo ello se desprendería, que resulta estimada la oposición a la presente, por la Fiscal conocedora del presente recurso; en cuanto a que el nuevo Código Penal sanciona el delito de ATENTADO con una pena mayor que por la que fue sentenciado el beneficiario del presente recurso; no siendo admisible aplicar disposiciones tomando en cuenta sólo lo que uno considere le favorece, y rechazando en lo que perjudiquen; “… pues no está legalmente permitido fragmentar las dos normas bajo análisis comparativo, en atención a lo establecido en el artículo 616 del Código Penal vigente”; por cuanto la pena privativa de libertad impuesta conforme a la legislación derogada, resulta también imponible con arreglo al Código Penal vigente. CONSIDERANDO (13): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. III. Que, por todo lo anteriormente expresado, la Sala de lo Constitucional, considera no de recibo la petición del garantista, Abogado OSCAR ADÁN CÁLIX ROSALES, pues efectuada la comparación con el Decreto 144-1983, bajo el cual resultó condenado el ciudadano RENAN ANTONIO MARTÍNEZ ISIDRO; guarda éste aún favorabilidad respecto a las penas contempladas en el Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal, en relación con los delitos antes enunciados; previendo este último sanciones penales más gravosas que las impuestas, conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83, ahora derogado. Por todo lo cual NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal sustantiva en favor del ciudadano solicitante. CONSIDERANDO (14): Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal, se aprecia que el caso sub júdice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto no procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; al no cumplirse los requisitos exigidos, tanto por la norma sustantiva, como en la Ley Sobre Justicia Constitucional, para el otorgamiento de la presente garantía constitucional de revisión CONSIDERANDO (15): Que, en definitiva, esta Sala considera que el caso sub judice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima después del estudio de las presentes diligencias que no se cumplen con los requisitos exigidos, tanto por la norma sustantiva, como por la Ley Sobre Justicia Constitucional, para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, no es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor RENÁN ANTONIO MARTÍNEZ ISIDRO de la norma penal vigente al momento de incoarse la presente garantía de revisión penal, porque no les resulta más benigna que la vigente al momento de dictarse la sentencia condenatoria.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil veintitrés. VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES, a favor del señor RENAN ANTONIO MARTINEZ ISIDRO, contra la sentencia Condenatoria, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, en fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), con relación a la causa que se instruyó contra el señor RENAN ANTONIO MARTINEZ ISIDRO, por los delitos de PORTACION ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE TIPO COMERCIAL Y ATENTADO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha nueve (9) de julio del año dos mil trece (2013), compareció ante la Secretaria del Juzgado Primero Seccional del departamento de Olancho, el Abogado GUSTAVO VARELA, Fiscal del Ministerio, presentando requerimiento Fiscal contra el señor RENAN ANTONIO ISIDRO RAMIREZ, alias MARTINEZ y JORGE ALBERTO GARCIA SOLIS alias CHUKI, por el delito de POSESION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, ILEGAL DE ARMAS DE TIPO COMERCIAL Y ATENTADO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que en fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), el Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho, Falló: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos al acusado RENAN ANTONIO ISIDRO MARTINEZ, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, con una pena de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÓN MAS UNA MULTA DE CINCO MIL (5,000.00) LEMPIRAS, más las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil.-SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al acusado RENAN ANTONIO ISIDRO MARTINEZ, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, con una pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil.-TERCERO: Que debemos condenar y condenamos al acusado RENAN ANTONIO ISIDRO MARTINEZ, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable del delito de ATENTADO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, con una pena de UN (1) AÑO DE RECLUSIÓN, más las accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil.-CUARTO: Se ordena el comiso de las armas de fuego decomisadas al acusado.-QUINTO: No procede condenar en costas procésales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- SEXTO: Se declara la responsabilidad civil proveniente de la responsabilidad penal del acusado RENAN ANTONIO ISIDRO MARTINEZ, derivada del delito por el que ha sido condenado.-SEPTIMO: Se decreta la Inhabilitación Absoluta del condenado RENAN ANTONIO ISIDRO MARTINEZ, así como también se decreta la pena de Interdicción Civil antes enunciada.- OCTAVO: Se hace constar que la presente resolución o sentencia se dicta hasta la fecha en virtud de exceso de quehaceres jurisdiccionales en el Despacho, así como el poco personal para la transcripción de actas. 3) Que fecha dos (2) de marzo del año dos mil veintidós (2022), la Secretaria de la Sala de lo Constitucional tuvo por recibido recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES a favor del señor RENAN ANTONIO MARTINEZ ISIDRO, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, departamento de Olancho, en fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil diecisiete (2017). 4) Que en fecha ocho (8) de marzo del año dos mil veintidós (2022), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose, en consecuencia, la celebración de la Audiencia respectiva. 5) Que en fecha once (11) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala Constitucional, habiendo comparecido el Abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES, en su condición de Apoderado Legal del señor RENAN ANTONIO MARTINEZ ISIDRO y la Abogada ROSAURA BERNARDEZ GUITY en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Quien Fue de la opinión QUE NO SE OTORGUE la acción de revisión en los términos supra señalados; en vista a que no procede aplicar la retroactividad de la norma penal sustancial más beneficiosa, al determinarse que, a los delitos de Porte Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial y Atentado, les corresponde una pena mayor que la porque fue sentenciado el beneficiario del presente recurso; por lo que no sería admisible aplicar disposiciones, tomando en cuenta sólo lo que uno considere le favorece, y rechazando en lo que perjudiquen; pues no está legalmente permitido fragmentar las dos normas bajo análisis comparativo, en atención a lo establecido en el artículo 616 del Código Penal vigente. No resultando del caso, en definitiva, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 96, numeral 8), de la Ley Sobre Justicia Constitucional; con relación a lo preceptuado en el artículo 96 de la Constitución de la República. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales establecidos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos del garantista expuestos en el escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. El garantista, Abogado OSCAR ADÁN CÁLIX ROSALES, compareció ante esta Sala en fecha dos (2) de marzo del año dos mil veintidós (2022), presentando recurso de revisión penal a favor del señor RENÁN ANTONIO MARTÍNEZ ISIDRO, contra la sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho, cuyo contenido prescriptivo se transcribe en el Antecedente 2) de la presente sentencia. Expone el peticionario, que el motivo principal del Recurso de Revisión Penal planteado, consiste en que, tal como está redactado el hecho que el Tribunal de Sentencia de Olancho estimó probado, no se le puede aplicar pena alguna por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, porque el hecho probado no establece, para la configuración de dicho delito, el elemento negativo de tipo consistente en portar las armas de uso comercial sin conocimiento, o permiso, de la autoridad competente. Como para la aplicación de la norma sustantiva, es requisito indispensable respetar la intangibilidad de los hechos probados, no se pueden estos presumir, o modificar; debiendo circunscribirse a la literalidad de los mismos. Así las cosas, manifiesta el Abogado garantista, a su representado le correspondería solamente se le aplique lo establecido en los artículos 580 numeral 2) y 570 del vigente Código Penal; en aplicación del principio de la retroactividad de la ley penal, establecida en el artículo 615 y 616 del mismo cuerpo legal. Manifiesta que, el primero de los precitados artículos establece que la pena para el delito de Tenencia o Porte Ilegal de Arma de Fuego va de una pena mínima de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas o municiones prohibidas; mientras que, por el delito de Atentado, conforme al artículo 570 del Código Penal, le corresponde una pena de 1 a 3 años de prisión y multa de 100 a 300 días aumentada en un tercio, quedando de 3 a 4 años de prisión y una multa de 300 a 400 días (Sic.), debiendo imponerse la pena mínima en ausencia de agravantes, y así lo reconoce la fiscalía del Ministerio Público en la Audiencia de Individualización de Pena; postulando el garantista se revise la sentencia imponiendo una pena de 7 años, una localización permanente de un año y una multa de 300 días; lo cual, comparado con la totalidad de la pena que le correspondía con el derogado Código Penal, representa, en su concepto, una disminución sustancial de la pena; por lo cual, sería procedente la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal. Tal es, en resumen, la argumentación expuesta por las partes comparecientes, en el líbelo de interposición del presente recurso de revisión penal y en la Audiencia de oposición y presentación de pruebas, que tuvo lugar en fecha once de mayo del año dos mil veintitrés. CONSIDERANDO (4): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: d. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. e. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. f. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación, entre lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada; teniendo, como consecuencia, la aplicación de la norma que resulte más favorable. CONSIDERANDO (5): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (6): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, mediante la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho, en fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), se le dictaron al señor RENÁN ANTONIO MARTÍNEZ ISIDRO, las siguientes condenas penales: a) PORTACION ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; con una pena de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÓN MAS UNA MULTA DE CINCO MIL (5,000.00) LEMPIRAS, más las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; b) Delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, con una pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, y; c) Delito de ATENTADO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, con una pena de UN (1) AÑO DE RECLUSIÓN, más las accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil. Para efectuar la revisión solicitada, debe tenerse primero en cuenta, lo establecido en los artículos 332-A, 343 numeral 2) y 344 del Código Penal derogado, por la reforma vigente del Código Penal, estimada como más favorable por el garantista, según lo establecido en los artículos 570 y 580 numeral 2) del mismo cuerpo legal; los cuales se leen, por su orden, de la siguiente manera: “Artículo 332- A. Fabricación y Tráfico de Material de Guerra, Armas y Municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos, será sancionada con las penas de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10, 000.00) lempiras por cada arma incautada. – La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.” “Artículo 343. Cometen atentado: 1) …; 2) Quienes acometieren a la autoridad o a sus agentes, o emplearen fuerza contra ellos, o los intimidaren gravemente, o les hicieren resistencia también grave, mientras se hallaren ejerciendo las funciones de sus cargos o con ocasión a ellos.” “Artículo 344. Los atentados comprendidos en el Artículo anterior, serán castigados con la pena de reclusión de uno (1) a tres (3) años, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) Si la agresión se verificare a mano armada. 2) Si los inculpados fueren funcionarios. 3) Si pusieren manos en la autoridad. 4) Si por consecuencia de la coacción, la autoridad hubiere accedido a las exigencias de los imputados”. CONSIDERANDO (7): Que, en cuanto al delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, por el cual resultó condenado el señor RENÁN ANTONIO MARTÍNEZ ISIDRO a la pena de TRES AÑOS DE RECLUSIÓN, éste se encontraba tipificado en el Artículo 332-B del Código Penal derogado, el cual disponía, a la letra: “Artículo 332- B. Fabricación y Tráfico de Armas de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales. Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionadas con ellas. Se entenderá por arma de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial”. Cabe enfatizar que, en este caso, el alegato del garantista, no hace referencia alguna a la comparación que amerita la pena legalmente impuesta, respecto a la hipotética pena a imponer, mediante la norma jurídico – penal que considere más beneficiosa; sino que se propone impugnar la configuración típica del precepto sancionatorio, por considerarla no ajustada a los hechos declarados probados. El Código Penal vigente a partir del veinticinco de junio del año dos mil veinte, mientras tanto, tipifica como delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, el contenido en el artículo 580 numeral 1), que literalmente dispone: “Artículo 580.- TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO. La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas con las penas siguientes: 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y, 2) (…)”. CONSIDERANDO (8): Que, en cuanto a la ley penal más favorable, postulada por el recurrente, a efecto se revise la condena penal de su representado procesal, es la contenida en los delitos de ATENTADO y TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, contenidos en los artículos 570 y 580 numeral 2) del Código Penal vigente (Decreto Legislativo No. 130-2017), respectivamente; los cuales se leen, a su letra: “Artículo 570.- ATENTADO. Quien acomete contra la autoridad, funcionarios o empleados públicos, los intimida gravemente, hace resistencia activa grave o emplea la fuerza contra ellos, cuando están en el ejercicio de las funciones de su cargo o como consecuencia del mismo, debe ser castigado como autor de un delito de atentado con las penas de prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de cien (100) a trescientos (300) días de multa.– Si en los supuestos anteriores el atentado se verifica con armas, explosivos o prevaliéndose el culpable del ejercicio de funciones públicas, las penas deben ser incrementadas en un tercio (1/3)”. Artículo 580.- TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO. La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1) …; y, 2) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas o municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1) se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización”. CONSIDERANDO (9): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo resaltado y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (11): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. I. Que, conforme a las disposiciones del Código Penal Decreto 144-83, los delitos por los cuales fuera sentenciado el ciudadano RENAN ANTONIO MARTÍNEZ ISIDRO, son: a) PORTACION ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; el cual era sancionado, por la norma penal derogada, con una pena de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÓN MAS UNA MULTA DE CINCO MIL (5,000.00) LEMPIRAS, más las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; mientras tanto, la nueva norma aplicable prescribe de cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas o municiones prohibidas, aumentándose la pena de prisión en un tercio (1/3), a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. Con la anterior operación aritmética, se desprende que la nueva pena quedaría establecida en el rango abstracto de cinco (5) años, cuatro (4) meses para la pena mínima, hasta los ocho (8) años en su nivel más alto, más la pena de localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas prohibidas; por lo cual se estima que no le resultan más favorables al garantista, las penas contempladas en el Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal; el cual prescribe una pena privativa de libertad igual, en su grado máximo, respecto a la pena concreta que se le impusiera efectivamente al ciudadano RENAN ANTONIO MARTÍNEZ ISIDRO; no así en cuanto a la multa establecida, la cual, si bien no se recoge en el antedicho postulado penal especial, sí resulta agravante a la situación del ciudadano condenado, al agregarle una nueva pena, como es, la: “… de localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas prohibidas”. b) Delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, por la cual es sancionado el ciudadano RENAN ANTONIO MARTÍNEZ ISIDRO con una pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil; mientras que el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017) sanciona, el susodicho delito, con una pena mayor a la que fue sentenciado el beneficiario garantista, toda vez que establece, en su artículo 580.- TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO. La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas con las penas siguientes: 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y, 2) (…)”. CONSIDERANDO (12): II. Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. Que, finalmente, es objeto de revisión penal la condena sufrida por el señor RENAN ANTONIO MARTÍNEZ ISIDRO, en; c) El delito de ATENTADO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, con una pena de UN (1) AÑO DE RECLUSIÓN, más las accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil. Para efectuar la revisión solicitada, debe tenerse primero en cuenta, lo establecido en los artículos 343 numeral 2) y 344 del Código Penal derogado, parangonándolo con el Código Penal, estimado como más favorable por el garantista, según lo establecido en los artículos 570 del mismo cuerpo legal, el cual prevé una pena abstracta, para el autor de un delito de ATENTADO: “ (…) con las penas de prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de cien (100) a trescientos (300) días de multa.– Si en los supuestos anteriores el atentado se verifica con armas, explosivos o prevaliéndose el culpable del ejercicio de funciones públicas, las penas deben ser incrementadas en un tercio (1/3)”. De todo ello se desprendería, que resulta estimada la oposición a la presente, por la Fiscal conocedora del presente recurso; en cuanto a que el nuevo Código Penal sanciona el delito de ATENTADO con una pena mayor que por la que fue sentenciado el beneficiario del presente recurso; no siendo admisible aplicar disposiciones tomando en cuenta sólo lo que uno considere le favorece, y rechazando en lo que perjudiquen; “… pues no está legalmente permitido fragmentar las dos normas bajo análisis comparativo, en atención a lo establecido en el artículo 616 del Código Penal vigente”; por cuanto la pena privativa de libertad impuesta conforme a la legislación derogada, resulta también imponible con arreglo al Código Penal vigente. CONSIDERANDO (13): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. III. Que, por todo lo anteriormente expresado, la Sala de lo Constitucional, considera no de recibo la petición del garantista, Abogado OSCAR ADÁN CÁLIX ROSALES, pues efectuada la comparación con el Decreto 144-1983, bajo el cual resultó condenado el ciudadano RENAN ANTONIO MARTÍNEZ ISIDRO; guarda éste aún favorabilidad respecto a las penas contempladas en el Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal, en relación con los delitos antes enunciados; previendo este último sanciones penales más gravosas que las impuestas, conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83, ahora derogado. Por todo lo cual NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal sustantiva en favor del ciudadano solicitante. CONSIDERANDO (14): Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal, se aprecia que el caso sub júdice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto no procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; al no cumplirse los requisitos exigidos, tanto por la norma sustantiva, como en la Ley Sobre Justicia Constitucional, para el otorgamiento de la presente garantía constitucional de revisión CONSIDERANDO (15): Que, en definitiva, esta Sala considera que el caso sub judice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima después del estudio de las presentes diligencias que no se cumplen con los requisitos exigidos, tanto por la norma sustantiva, como por la Ley Sobre Justicia Constitucional, para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, no es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor RENÁN ANTONIO MARTÍNEZ ISIDRO de la norma penal vigente al momento de incoarse la presente garantía de revisión penal, porque no les resulta más benigna que la vigente al momento de dictarse la sentencia condenatoria. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 53, 69, 373, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; y Decreto 93-2021 publicado en La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021. FALLA: DECLARANDO SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado OSCAR ADÁN CÁLIX ROSALES, a favor del ciudadano RENÁN ANTONIO MARTÍNEZ ISIDRO. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. - NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA ZAVALA VILLEDA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes enero de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-393-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL