Sentencia RP-393-21 — Registro 17532
Resumen
Se interpuso recurso de revisión penal contra la sentencia que Condenó al acusado como autor penalmente responsable del delito de secuestro, recurso que fue declarado con lugar y se reforma la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a David Ernesto González Santos, la pena de veinte (20) años de reclusión por ser autor penalmente responsable de un delito de secuestro, en perjuicio de Juan Enrique Bautista Chicas; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito, la conducta por la cual fue condenado a David Ernesto González Santos, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de secuestro, cuyas penas principales son: prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. Según los hechos probados de la sentencia, este margen abstracto debe aumentarse de doce (12) a quince (15) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena, en virtud de concurrir la agravante específica contemplada en el artículo 240 numeral 7) del NCP 130-2017, que establece la circunstancia de que el delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado, entendiendo por este cualquier grupo estructurado de tres (3) o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves (artículo 136 del NCP). Al hacer la comparativa de las penas privativas de la libertad, la concreta impuesta en instancia (20 años) versus la que corresponde según el NCP, se verifica que excede el margen abstracto del tipo penal de secuestro agravado que contempla el NCP (12 a 15 años de prisión), siendo esta la premisa fundamental para determinar la procedencia del beneficio de retroactividad; por lo que corresponde como siguiente paso hacer el análisis y determinar dentro del margen abstracto la pena concreta a imponer según las circunstancias establecidas del artículo 70 en relación con los artículos 31 y 32 todos del NCP. El juzgador de instancia determinó en su sentencia que no concurrían circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que pudiesen agravar el quantum de la pena, y atendiendo las circunstancias personales del condenado, así como la modalidad criminosa empleada, es consecuente imponer las penas en su límite mínimo: i. Doce (12) años de prisión; y, ii. Prohibición de residir y acudir a la ciudad de Trujillo, Departamento de Colón, por veinticuatro (24) años.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 31 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 32 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 70 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 240 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de mayo del del año dos mil veintitrés (2023), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-0393-2021, interpuesto por el Abogado José Hedilberto Romero Cardona, en favor del señor David Ernesto González Santos, contra la sentencia de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil doce (2012), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Trujillo, Departamento de Colón, mediante la cual falló: Primero: Condenó a David Ernesto González Santos, como autor penalmente responsable del delito de secuestro, en perjuicio de Juan Enrique Bautista Chicas, sin la concurrencia de circunstancias modificativas o eximentes de la responsabilidad penal, a la pena de veinte (20) años de reclusión, misma que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, de la aldea de Támara, Francisco Morazán. Será computable a efectos del cumplimiento de la pena, el tiempo que el procesado ha permanecido cautelarmente privado de la libertad por esta causa. Segundo: Condenó a Juan Castro, como autor penalmente responsable del delito de secuestro, en perjuicio de Juan Enrique Bautista Chicas; y, por el delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; sin la concurrencia de circunstancias modificativas o eximentes de la responsabilidad penal, a la pena de veinte (20) años de reclusión por el delito de secuestro; y, a la pena de tres (3) años de reclusión por el delito de Portación Ilegal de Armas, mismas que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, de la aldea de Támara, Francisco Morazán. Será computable a efectos del cumplimiento de la pena, el tiempo que el procesado ha permanecido cautelarmente privado de la libertad por esta causa. Tercero: Condenó a Mártir Duarte Acosta, como autor penalmente responsable del delito de secuestro, en perjuicio de Juan Enrique Bautista Chicas; y, por el delito de Portación Ilegal de Armas en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; sin la concurrencia de circunstancias modificativas o eximentes de la responsabilidad penal, a la pena de veinte (20) años de reclusión por el delito de secuestro; y, a la pena de tres (3) años de reclusión por el delito de Portación Ilegal de Armas, mismas que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, de la aldea de Támara, Francisco Morazán. Será computable a efectos del cumplimiento de la pena, el tiempo que el procesado ha permanecido cautelarmente privado de la libertad por esta causa. Cuarto: Condenó a David Ernesto González Santos, Juan Castro y Mártir Duarte Acosta, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo que dure la misma en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. Quinto: Declaró la responsabilidad civil de David Ernesto González Santos, Juan Castro y Mártir Duarte Acosta, la cual será tasada en la fase de ejecución de la sentencia. Sexto: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Séptimo: Decretó el comiso de las evidencias siguientes: Un vehículo marca Ford Export, color rojo, tipo camioneta, de cuatro puertas, sin placas; un teléfono celular marca LG, color negro con IMEI No. 01137300996404800 y con chip No. 9843-4151; un arma de fuego tipo revolver, marca Smith & Wesson, calibre 3.57, con serie No. CC1426-6865, conteniendo en el tambor siete cartuchos color amarillo sin percutir; un arma de fuego tipo pistola, marca CZ, color negro, serie No. VS273, con su respectivo cargador conteniendo 16 cartuchos sin percutir, calibre 9mm; un gorro color negro tipo pasamontañas, un lazo de nylon color anaranjado o rojo, un manojo de llaves conteniendo once unidades; un teléfono celular marca Motorola, modelo K1, color azul, marca Motorola, con serie de IMEI No. 351966014540980, conteniendo un chip de la empresa Claro No. 3368-3509; un talonario de recibos de Tienda y Boutique La Segunda; una tapadera solo el aspa; una billetera color negro conteniendo documentos personales; dos libretas de ahorro de Banco Atlántida con sus respectivos números de libreta CTA No. 1720021478-40 y CTA No. 172002489-57; un chip de Tigo No. 96346276; una botella de vidrio color verde con una etiqueta que se lee MONTPARNASSE; un par de tenis marca NIKE color negro y gris, cordones negros; una toalla color blanco y negro de hilo; una camiseta color rojo tipo sport de hilo y una placa de vehículo PAI-6509, salvo que se acredite la pertenencia de un tercero inocente, procederá su devolución en fase de ejecución de esta sentencia. Son partes: 1) El Abogado José Hedilberto Romero Cardona, en favor del señor David Ernesto González Santos, como revisionista; 2) La Abogada Sandra Lorena Zúniga García, fiscal del Ministerio Público. Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal. “PRIMERO: El día viernes seis de junio del año dos mil ocho, como a eso de las tres y treinta minutos de la tarde, el señor Juan Enrique Bautista Chicas, quien ese día vestía camisa de color rojo, un jean y unos tenis new balance, se conducía en su vehículo tipo camioneta prado, marca Toyota, color gris, de la comunidad de Trujillo, Colón, con destino a su lugar de trabajo en la comunidad de Puerto Castilla, cuando transitaba específicamente a inmediaciones del lugar conocido como Mal Paso, de forma sorpresiva y violenta fue rebasado por un vehículo marca Ford Export, tipo camioneta, color rojo, en el cual se conducían cuatro personas fuertemente armadas, quienes bajaron los vidrios de las ventanas y dispararon a las llantas del vehículo de Juan Enrique Bautista Chicas, quien perdió el control del mismo y tuvo que detenerse, siendo ese el preciso momento en el que dos sujetos con arma de fuego en mano, se bajaron del vehículo tipo camioneta color rojo, se acercaron a Juan Enrique Bautista Chicas y agarrándolo del cuello lo tomaron por la fuerza y lo subieron a la camioneta en la que ellos se conducían; donde en el interior de la misma le pusieron una venda en los ojos y le ataron de manos, le pusieron una grabadora y le obligaron a decir que “era un secuestro y que eran militares” pero él dijo “Panzoncito estoy bien, ellos son militares y se van a comunicar con vos”, luego lo llevaron con rumbo a la ciudad de Tocoa, Colón; quedando abandonado a orilla de carretera el vehículo tipo camioneta Prado de Juan Enrique Bautista Chicas. SEGUNDO: Ese mismo día viernes seis de junio del año dos mil ocho, las cuatro personas que se conducían en el vehículo marca Ford Export, tipo camioneta, color rojo, después de haber detenido en contra de su voluntad a Juan Enrique Bautista Chicas, lo llevaron con destino a la casa de habitación número 33, color café, con cerámica al frente y tipo iglesia, propiedad del señor Caín Humberto Estrada Reyes, ubicada en la Colonia Dieciocho de Septiembre, contiguo a la Ferretería Arita y aproximadamente dos cuadras al oriente del Hospital San Isidro de la ciudad de Tocoa, Colón, donde en un cuarto que había una colchoneta pequeña, una sábana y un ventilador, los señores Juan Castro, Mártir Duarte Acosta y David Ernesto González Santos, mantenían encerrado y bajo vigilancia a Juan Enrique Bautista Chicas, donde el día domingo ocho de junio del año dos mil ocho, a las tres y cuarenta y cinco minutos de la tarde, le proporcionaron un teléfono celular color negro, marca LG, con el chip número 9843-4151, desde donde llamó sesenta y un segundos a su madre María Lourdes Chicas, al teléfono celular 9986-6384 y le dijo que reúna la cantidad de un millón de dólares de rescate para su liberación, caso contrario lo matarían. TERCERO: El día domingo ocho de junio del año dos mil ocho, a las cinco y cuarenta y cinco minutos de la tarde, David Ernesto González y Mártir Duarte Acosta, salieron de la vivienda en referencia y haciendo uso de un manojo de llaves David Ernesto González cerró con llave el portón principal; mientras que en el interior de la vivienda Juan Castro cuidaba y vigilaba a Juan Enrique Bautista Chicas; cuando en ese preciso momento fueron requeridos por la autoridad policial, quienes les practicaron un registro personal encontrándole a David Ernesto González, en las bolsas de su pantalón, un teléfono modelo K1, color azul, marca Motorola con serie de IMEI No. 351966014540980, conteniendo un chip de la empresa Claro No. 3368-3509; un teléfono celular marca LG, color negro con IMEI No. 01137300996404800 y con chip No. 9843-4151; una billetera color negro conteniendo documentos personales y la cantidad de L 186.00; dos libretas de ahorro de Banco Atlántida con sus respectivos números de libreta CTA No. 1720021478-40 y CTA No. 172002489-57; un chip de Tigo No. 96346276; y, a Mártir Duarte Acosta, se le encontró un arma de fuego tipo pistola, marca CZ, color negro, serie No. VS273, con su respectivo cargador conteniendo 16 cartuchos sin percutir, calibre 9mm y una cartera color negro conteniendo en su interior documentos personales y L 7.00 en efectivo; seguidamente los agentes policiales debidamente autorizados para proceder al allanamiento de la vivienda, haciendo uso de una de las llaves del manojo que portaba David Ernesto González, abrieron el portón que da acceso a la vivienda y al ingresar al interior de la misma, encontraron a Juan Castro, quien portaba un arma de fuego tipo revolver, marca Smith & Wesson, calibre 3.57, a quien requirieron y le decomisaron dicha arma, luego miraron un lazo que estaba amarrado en la puerta, siendo este el momento en el que se escuchó que desde el interior de un cuarto pedían auxilio, por lo que al abrir la puerta encontraron a Juan Enrique Bautista Chicas, quien estaba de rodillas sin camisa con sus tenis a un lado del colchón, quien al ser preguntado acerca de cuántas personas lo tenían detenido, contestó que tres, que dos de ellos habían salido a buscar comida, por lo que se procedió a poner a la orden de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la ciudad de Trujillo, Colón, a los señores David Ernesto González Santos, Juan Castro y Mártir Duarte Acosta, junto con la evidencia decomisada y de manera inmediata se procedió a presentar el correspondiente requerimiento fiscal ante el órgano jurisdiccional competente.” ANTECEDENTES PRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha nueve (9) de junio del año dos mil ocho (2008), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Trujillo, Departamento de Colón, el Abogado Carlos Eduardo Ramos Flores, fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de David Ernesto González Santos, Juan Castro y Mártir Duarte Acosta, por considerarlos autores penalmente responsables del delito de secuestro, en perjuicio de Juan Enrique Bautista Chicas, y, en el caso de Juan Castro y Mártir Duarte Acosta, también por considerarlos responsables penalmente del delito de portación ilegal de arma de fuego comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley correspondiente, el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Trujillo, Departamento de Colón, dictó sentencia en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil doce (2012), mediante la cual falló condenar a David Ernesto González Santos, Juan Castro y Mártir Duarte Acosta, a la pena de veinte (20) años de reclusión, por ser autores penalmente responsables de un delito de secuestro, en perjuicio de Juan Enrique Bautista Chicas; asimismo, condenó a Juan Castro y Mártir Duarte Acosta, por ser autores penalmente responsables de un delito de portación ilegal de arma de fuego comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres (3) años; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias legales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. En fecha veinticinco (25) de enero de dos mil veintiuno (2021), el Abogado José Hedilberto Romero Cardona, en representación de David Ernesto González Santos, compareció ante el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Trujillo, Departamento de Colón, interponiendo recurso de revisión penal en favor de su representado, contra la sentencia dictada en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil doce (2012), por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Trujillo, Departamento de Colón. Este órgano jurisdiccional se inhibió del conocimiento y remitió las diligencias a la Sala de lo Constitucional, quien admitió el recurso de revisión mediante el auto de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veintidós (2022), ordenándose, en consecuencia, la celebración de la audiencia respectiva (f. 14). CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el pleno de la Sala de lo Constitucional (f. 26), habiendo comparecido el Abogado José Hedilberto Romero Cardona, en representación de David Ernesto González Santos, como revisionista; y, la Abogada Sandra Lorena Zúniga García, en su condición de fiscal del Ministerio Público; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando en síntesis el revisionista que mediante la sentencia dictada en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil doce (2012), el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Trujillo, departamento de Colón, falló condenar a David Ernesto González Santos, como autor penalmente responsable del delito de secuestro, en perjuicio de Juan Enrique Bautista Chicas, a la pena de veinte (20) años de reclusión, y en la cual se hace constar que no existen agravantes ni atenuantes de conformidad con el Código Penal 144-83. Asimismo, considera que según el artículo 239 del NCP 130-2017, el delito de secuestro debe ser castigado con una pena de ocho (8) a doce (12) años de prisión, pena considerablemente baja en relación a la establecida con el código anterior, por lo cual le favorece el principio de retroactividad de la ley penal, por su parte, el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que se otorgue la acción de revisión, en virtud de que es visible que la nueva norma le es favorable al sentenciado al contemplar una pena menor que la impuesta en la sentencia condenatoria, siendo de esta forma procedente aplicar el principio de retroactividad de la ley penal preceptuado en el artículo 96 de la Constitución de la República. FUNDAMENTACIÓN CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[1]. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[2], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[3]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”[4]. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” [5]. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintidós (2022), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado José Hedilberto Romero Cardona, en representación de David Ernesto González Santos, como revisionista; y, la Abogada Sandra Lorena Zúniga García, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El abogado José Hedilberto Romero Cardona funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que mediante la sentencia dictada en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil doce (2012), el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Trujillo, departamento de Colón, falló condenar a David Ernesto González Santos, como autor penalmente responsable del delito de secuestro, en perjuicio de Juan Enrique Bautista Chicas, a la pena de veinte (20) años de reclusión, y en la cual se hace constar que no existen agravantes ni atenuantes de conformidad con el Código Penal 144-83. Asimismo, considera que según el artículo 239 del NCP 130-2017, el delito de secuestro debe ser castigado con una pena de ocho (8) a doce (12) años de prisión, pena considerablemente baja en relación a la establecida con el código anterior, por lo cual le favorece el principio de retroactividad de la ley penal, por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que es visible que la nueva norma le es favorable al sentenciado al contemplar una pena menor que la impuesta en la sentencia condenatoria, siendo de esta forma procedente aplicar el principio de retroactividad de la ley penal preceptuado en el artículo 96 de la Constitución de la República. Por ello es de la opinión que se otorgue la presente acción de revisión. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a David Ernesto González Santos, la pena de veinte (20) años de reclusión por ser autor penalmente responsable de un delito de secuestro, en perjuicio de Juan Enrique Bautista Chicas; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito, la conducta por la cual fue condenado a David Ernesto González Santos, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de secuestro, cuyas penas principales son: prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. Según los hechos probados de la sentencia, este margen abstracto debe aumentarse de doce (12) a quince (15) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena, en virtud de concurrir la agravante específica contemplada en el artículo 240 numeral 7) del NCP 130-2017, que establece la circunstancia de que el delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado, entendiendo por este cualquier grupo estructurado de tres (3) o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves (artículo 136 del NCP). Al hacer la comparativa de las penas privativas de la libertad, la concreta impuesta en instancia (20 años) versus la que corresponde según el NCP, se verifica que excede el margen abstracto del tipo penal de secuestro agravado que contempla el NCP (12 a 15 años de prisión), siendo esta la premisa fundamental para determinar la procedencia del beneficio de retroactividad; por lo que corresponde como siguiente paso hacer el análisis y determinar dentro del margen abstracto la pena concreta a imponer según las circunstancias establecidas del artículo 70 en relación con los artículos 31 y 32 todos del NCP. El juzgador de instancia determinó en su sentencia que no concurrían circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que pudiesen agravar el quantum de la pena, y atendiendo las circunstancias personales del condenado, así como la modalidad criminosa empleada, es consecuente imponer las penas en su límite mínimo: i. Doce (12) años de prisión; y, ii. Prohibición de residir y acudir a la ciudad de Trujillo, Departamento de Colón, por veinticuatro (24) años. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: Primero: Declara Con Lugar la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado José Hedilberto Romero Cardona, a favor del señor David Ernesto González Santos. Segundo: Se Anula Parcialmente la sentencia definitiva firme dictada en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil ocho (2008), por el Tribunal de Sentencia de la sección judicial de Trujillo, Departamento de Colón. Tercero: Se Reforman las penas impuestas al señor David Ernesto González Santos, por el delito Secuestro, en perjuicio de Juan Enrique Bautista Chicas; las cuales deberán leerse de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos al señor David Ernesto González Santos, por ser autor responsable penalmente del delito Secuestro Agravado, en perjuicio de Juan Enrique Bautista Chicas, a las penas siguientes: i. Doce (12) años de prisión, a la cual deberá deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad por la misma causa criminal y que deberá cumplirla de conformidad con el Código Penal 130-2017; ii. Prohibición de residir y acudir a la ciudad de Trujillo, Departamento de Colón, por veinticuatro (24) años; SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al señor David Ernesto González Santos, como consecuencia de la pena de prisión, a la pena accesoria de inhabilitación absoluta, así como a la suspensión de la ciudadanía del señor David Ernesto González Santos, por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión, por disposición constitucional (Artículo 41.2).”. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. - Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de junio del año de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha dos de mayo de dos mil veintitrés, recaídas en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-393-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[2] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[3] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[4] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[5] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.