Sentencia RP-385-22 — Registro 16828
Resumen
Se interpuso recurso de revisión con relación a la causa por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa y atentado.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “En respuesta a lo antes expuesto, esta Sala estima, que el impetrante pretende una recalificación del tipo penal, desnaturalizando lo que es el recurso de revisión penal, ya que el mismo se caracteriza de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia; Sumado a lo anterior del estudio de la foliada, se desprende de la sentencia revisada que el encartado, se sometió libremente a la figura desjudicializadora del procediendo abreviado, donde es requisito previo, que acepte de los cargos que se le imputan, que no trate de desfigurar los hechos o de trasformar el delito en uno menos grave, entre otros requisitos. En ese orden de ideas, del estudio de los hechos probados realizada por el Juzgador, se determina que la acción realizada por el señor DERECK SAMIR TERCERO FLORES, consistió en golpear la cabeza de la víctima, con un palo de considerable tamaño y sin mediar palabra, logrando fracturarle el cráneo cayendo inmediatamente en el suelo inconsciente, por lo que los compañeros del ofendido procedieron a darle auxilio, acción que fue calificada en el delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE TENTATIVA, en concurso ideal con el delito de ATENTADO. IV. Siguiendo ese orden de ideas, Esta Sala considera que el caso sub judice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, para Otorgar la presente Garantía Constitucional de Revisión. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal por no resultar está, más benigna.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 Numeral 8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés.VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, a favor del señor DERECK SAMIR TERCERO FLORES, contra la sentencia de fecha veinticinco de junio del año dos mil diecinueve (2019), emitida por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa que se instruyó contra el señor DERECK SAMIR TERCERO FLORES, del delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA y ATENTADO, en perjuicio de KELVIN JOSE BETANCO PERALTA. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), la Abogada SOBEIDA ISABEL ZAPATA GRANDE, en su condición de Fiscal del Ministerio Público presentó Requerimiento Fiscal, contra el señor DERECK SAMIR TERCERO FLORES, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA y ATENTADO, en perjuicio de KELVIN JOSE BETANCO PERALTA. 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente en fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil diecinueve (2019), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: Que se debe condenar y se condena a DERECK SAMIR TERCERO FLORES, a la pena de ONCE AÑOS DE RECLUSION por su culpabilidad en la comisión del delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA y ATENTADO, en perjuicio de KELVIN JOSE BETANCO PERALTA, en concurso ideal con el delito de ATENTADO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- SEGUNDO: Que se debe CONDENAR y se CONDENA, al señor DERECK SAMIR TERCERO FLORES, como consecuencia de la condena de reclusión a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL POR EL TIEMPO DE LA CONDENA PRINCIPAL Y A REALIZAR TRABAJOS EN OBRAS PUBLICAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO NACIONAL por el tiempo que dure la condena principal.- TERCERO: No procede la condena en costas procesales personales ni gastos ocasionados en el juicio.” (Folio 168 al 173 de la pieza del Tribunal). 3) Que el recurrente Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, comparecieron ante este Tribunal en fecha uno (1) de marzo del año dos mil veintidós (2022) presentando recurso de revisión penal a favor del señor DERECK SAMIR TERCERO FLORES, contra la sentencia Condenatoria dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil diecinueve (2019). 4) Que en fecha cuatro (4) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, en su condición de apoderado legal del señor DERECK SAMIR TERCERO FLORES, y la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- fue de la opinión que NO SE OTORGUE la acción de revisión que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha cuatro (4) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, en su condición de apoderado legal del señor DERECK SAMIR TERCERO FLORES, quien manifestó lo siguiente: “…actuando en mi condición de representante legal del señor DERECK SAMIR TERCERO FLORES, mediante este acto ratifico el recurso revisión de pena, por el delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, fundamento la presente solicitud en los artículos siguientes: Según lo establecido en el Código Penal Vigente en su ARTÍCULO 615.- RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MÁS FAVORABLE. ARTÍCULO 616.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MÁS FAVORABLE. DE LA REVISIÓN EN MATERIA PENAL ARTÍCULO 96.- DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, # 6 y 8. Solicito se le aplique una nueva pena según lo establece el Nuevo Código Penal vigente Decreto 130-2017, en el artículo 199, El cual establece una pena de uno (1) a cuatro (4) años; el artículo 200 numeral cuatro (4), que establece una pena de cuatro (4) a seis (6) años de reclusión y el articulo 201 el que establece una pena de ocho (8) a doce (12) años de reclusión.” El Ministerio Público, a través de su agente fiscal Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, expresó lo siguiente: “…De lo expuesto por el revisionista el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales, Por el delito de HOMICIDIO. - Artículo 116: Quien de muerte a una persona sin incurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente capitulo, comete el delito de homicidio simple, e incurrirán en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión. Artículo 15: Hay tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por actos ajenos a la voluntad del agente. Artículo 66. Al autor de una tentativa y el cómplice de un delito consumado se sancionarán con la pena aplicable al autor de delito consumado rebajada en un tercio (1/3). Artículo 36. Las disposiciones del artículo anterior no se aplicarán en el caso de que un solo hecho constituya dos (2) o más delitos o cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro. En estos casos se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, aumentada en una cuarta (1/4) parte. La norma derogada establece en el artículo 343 el delito de ATENTADO determinando lo siguiente: 1) …, 2) Quienes acometieren a la autoridad o a sus agentes, o emplearen fuerza contra ellos, o los intimidaren gravemente, o les hicieren resistencia también grave, mientras se hallaren ejerciendo las funciones de sus cargos o con ocasión de ellos. Artículo 344. Los atentados comprendidos en el Artículo anterior, serán castigados con la pena de reclusión de uno (1) a tres (3) años, siempre que concurran las circunstancias siguientes: 1) Si la agresión se verificare a mano armada. 2) Si los inculpados fueran funcionarios. 3) Si pusieren manos en la autoridad. 4) Si por consecuencia de la coacción, la autoridad hubiese accedido a las exigencias de los imputados. En el Nuevo Código Penal Vigente, encontramos que estos tipos penales se encuentran regulados en los artículos siguientes: HOMICIDIO. - artículo 192: “Quien de muerte a una persona debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA. El artículo 192 relacionado con el artículo 21 del Código Penal vigente: TENTATIVA: “Hay tentativa cuando se inicia la ejecución de un delito por actos exteriores directa y objetivamente encaminados a su consumación y, este no se produce por causas independientes de la voluntad del agente. Son clases de tentativa: a) Tentativa Inacabada: La Tentativa es Inacabada cuando el agente ejecuta parte de los actos encaminados a producir la consumación del delito, no concluyéndolos por causas ajenas a su voluntad. b) Tentativa Acabada: La tentativa es acabada cuando el agente ha realizado todos los actos que objetivamente debieron llevar a la consumación del delito y esta no se produjo. Artículo 62 PENA PARA LA TENTATIVA. A los autores de tentativa de delito se les debe imponer la pena del delito consumado rebajada en un cuarto (1/4) si se tratase de tentativa acabada, y un tercio (1/3) en caso de tentativa inacabada. ARTÍCULO 67.- CONCURSO IDEAL. Hay concurso ideal cuando con una (1) sola acción u omisión se infringen diversas disposiciones legales que no se excluyen entre sí. La apreciación de concurso ideal supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena más grave aumentada en un tercio (1/3), sin que pueda exceder de la suma de las penas concretas impuestas si se hubiesen penado separadamente los delitos. ARTÍCULO 570.- ATENTADO. Quien acomete contra la autoridad, funcionarios o empleados públicos, los intimida gravemente, hace resistencia activa grave o emplea la fuerza contra ellos, cuando están en el ejercicio de las funciones de su cargo o como consecuencia del mismo, debe ser castigado como autor de un delito de atentado con las penas de prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de cien (100) a trescientos (300) días. Si en los supuestos anteriores el atentado se verifica con armas, explosivos o prevaliéndose el culpable del ejercicio de funciones públicas, las penas deben ser incrementadas en un tercio (1/3). Al realizar el análisis pertinente a la petitoria del recurrente en cuanto que la nueva norma le favorece a su representado, en vista que los hechos por los que fue sentenciado no constituyen delito de Homicidio en su Grado de Tentativa, si no en el de LESIONES establecidas en los artículos 199, 200, 201 de la norma vigente. En torno a lo antes relacionado, de la lectura de hechos probados realizada por el sentenciador, se aprecia que la acción cometida por el señor DERECK SAMIR TERCERO FLORES, consistió en darle en la cabeza a la víctima con un palo de considerable tamaño y sin mediar palabra, logrando fracturarle el cráneo cayendo inmediatamente en el suelo inconsciente, acción que fue calificada en el delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE TENTATIVA. Es así, que a nuestro criterio la retroactividad invocada no corresponde, en vista que el argumento del Censor versa sobre que la acción imputada encuadra en una norma más favorable, petición que en todo caso se enmarca en una causal distinta a la invocada, debiendo acotar que la acción por la cual se condenó al señor Dereck Samir Tercero, fue calificada en el delito de Homicidio en su Grado de Tentativa, evidenciándose de los hechos probados que estos no se encuadran en una norma más favorable; en ese sentido el ordenamiento jurídico es determinante conforme lo proclama el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República; “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado. “De ahí que dicho precepto constitucional contempla el principio de favorabilidad, que establece una importante excepción en el caso de que la nueva ley sea más favorable al reo, sin embargo, se estima que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión.” CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE(7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor DERECK SAMIR TERCERO FLORES, fue condenado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, mediante sentencia Definitiva y Firme de fecha veinticinco de junio del año dos mil diecinueve (2019), a la pena de ONCE AÑOS DE RECLUSION por el delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio de KELVIN JOSE BETANCO PERALTA, en concurso ideal con el delito de ATENTADO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los ARTÍCULOS 116 Y 343, EN RELACIÓN CON EL 15, DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en concurso ideal con el delito de ATENTADO. III- Esta Sala hace el respectivo examen del caso sub judice para estimar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, verificando la procedencia de aplicar retroactivamente una nueva norma penal en relación a una derogada y plasmada en la sentencia denominada cosa juzgada; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor DERECK SAMIR TERCERO FLORES, la pena de ONCE AÑOS DE RECLUSION por el delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en concurso ideal con el delito de ATENTADO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el artículo 116, establecía una pena abstracta de quince (15) a veinte (20) años de reclusión. El Artículo 15 estipulaba: “Hay tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por actos ajenos a la voluntad del agente. Artículo 66. “Al autor de una tentativa y el cómplice de un delito consumado se sancionarán con la pena aplicable al autor de delito consumado rebajada en un tercio (1/3)”. Artículo 36. “Las disposiciones del artículo anterior no se aplicarán en el caso de que un solo hecho constituya dos (2) o más delitos o cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro. En estos casos se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, aumentada en una cuarta (1/4) parte.” El delito de ATENTADO se encontraba regulado en el artículo 343 del Código Penal derogado, determinando lo siguiente: “1) …, 2) Quienes acometieren a la autoridad o a sus agentes, o emplearen fuerza contra ellos, o los intimidaren gravemente, o les hicieren resistencia también grave, mientras se hallaren ejerciendo las funciones de sus cargos o con ocasión de ellos. Artículo 344.” Los atentados comprendidos en el Artículo anterior, serán castigados con la pena de reclusión de uno (1) a tres (3) años, siempre que concurran las circunstancias siguientes: 1) Si la agresión se verificare a mano armada. 2) Si los inculpados fueran funcionarios. 3) Si pusieren manos en la autoridad. 4) Si por consecuencia de la coacción, la autoridad hubiese accedido a las exigencias de los imputados.” En el Nuevo Código Penal decreto 130-2017, encontramos que estos tipos penales se encuentran regulados en los artículos siguientes: HOMICIDIO. - artículo 192: “Quien de muerte a una persona debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA. El artículo 192 relacionado con el artículo 21 del Código Penal Vigente señala: TENTATIVA: “Hay tentativa cuando se inicia la ejecución de un delito por actos exteriores directa y objetivamente encaminados a su consumación y, este no se produce por causas independientes de la voluntad del agente.” Son clases de Tentativa: a) Tentativa Inacabada: “La Tentativa es Inacabada cuando el agente ejecuta parte de los actos encaminados a producir la consumación del delito, no concluyéndolos por causas ajenas a su voluntad”. b) Tentativa Acabada: “La tentativa es acabada cuando el agente ha realizado todos los actos que objetivamente debieron llevar a la consumación del delito y esta no se produjo.” El Artículo 62 determina las PENA PARA LA TENTATIVA: “A los autores de tentativa de delito se les debe imponer la pena del delito consumado rebajada en un cuarto (1/4) si se tratase de tentativa acabada, y un tercio (1/3) en caso de tentativa inacabada”. ARTÍCULO 67.- CONCURSO IDEAL. “Hay concurso ideal cuando con una (1) sola acción u omisión se infringen diversas disposiciones legales que no se excluyen entre sí. La apreciación de concurso ideal supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena más grave aumentada en un tercio (1/3), sin que pueda exceder de la suma de las penas concretas impuestas si se hubiesen penado separadamente los delitos.” Con relación al delito de ATENTADO. El ARTÍCULO 570 establece: “Quien acomete contra la autoridad, funcionarios o empleados públicos, los intimida gravemente, hace resistencia activa grave o emplea la fuerza contra ellos, cuando están en el ejercicio de las funciones de su cargo o como consecuencia del mismo, debe ser castigado como autor de un delito de atentado con las penas de prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de cien (100) a trescientos (300) días. Si en los supuestos anteriores el atentado se verifica con armas, explosivos o prevaliéndose el culpable del ejercicio de funciones públicas, las penas deben ser incrementadas en un tercio (1/3)”. II. En relación a lo peticionado por el recurrente, que el actual Código Penal le beneficia a su representado, en virtud que los hechos por los que fue sentenciado no se constituyen como delito de Homicidio en su Grado de Tentativa, sino en el delito de Lesiones establecidas en los artículos 199, 200, 201 de la ley sustantiva vigente. III. En respuesta a lo antes expuesto, esta Sala estima, que el impetrante pretende una recalificación del tipo penal, desnaturalizando lo que es el recurso de revisión penal, ya que el mismo se caracteriza de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia; Sumado a lo anterior del estudio de la foliada, se desprende de la sentencia revisada que el encartado, se sometió libremente a la figura desjudicializadora del procediendo abreviado, donde es requisito previo, que acepte de los cargos que se le imputan, que no trate de desfigurar los hechos o de trasformar el delito en uno menos grave, entre otros requisitos. En ese orden de ideas, del estudio de los hechos probados realizada por el Juzgador, se determina que la acción realizada por el señor DERECK SAMIR TERCERO FLORES, consistió en golpear la cabeza de la víctima, con un palo de considerable tamaño y sin mediar palabra, logrando fracturarle el cráneo cayendo inmediatamente en el suelo inconsciente, por lo que los compañeros del ofendido procedieron a darle auxilio, acción que fue calificada en el delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE TENTATIVA, en concurso ideal con el delito de ATENTADO. IV. Siguiendo ese orden de ideas, Esta Sala considera que el caso sub judice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, para Otorgar la presente Garantía Constitucional de Revisión. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal por no resultar está, más benigna. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, a favor del señor DERECK SAMIR TERCERO FLORES. Y MANDA: Que con certificación de la presente Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince de noviembre de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha once de septiembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0385-2022.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.