Sentencia RP-381-22 — Registro 17306
Resumen
Se interpuso recurso de revisión penal contra la sentencia que falló Primero: Condenó al imputado, como autor penalmente responsable del delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud de la población del estado de Honduras, a la pena principal de doce (12) años de reclusión, Condenó a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Decretó el comiso y destrucción de un bolso color café y amarillo, una bolsa plástica transparente conteniendo en el interior polvo blanco supuesta droga cocaína, una cuchara de metal, una tijera de metal con empuñadura de plástico de color negro y una bolsa plástica conteniendo en su interior cuatro bolsitas con supuesta droga cocaína, mismas que se encuentran en depósito en las oficias del Ministerio Público de la ciudad de Nacaome.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Ariel Antonio Andrade Rodríguez la pena de doce (12) años de reclusión y multa de setecientos cincuenta mil lempiras (L 750,000.00), por ser autor penalmente responsable del delito de Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, y consecuencia legal de responsabilidad civil derivada del delito. La Sala de lo Constitucional constata que en el caso concreto no procede la retroactividad de la ley penal en virtud que, según el cómputo de la pena que rindió la Juez de Ejecución, el sentenciado Ariel Antonio Andrade Rodríguez, goza del beneficio de libertad condicional desde el diez (10) de mayo de dos mil veintiuno (2021). En este sentido, establece el artículo 618 del NCP 130-2017 que si el cumplimiento de la pena estuviere suspendido no se procede a su revisión, a no ser que el penado violara las condiciones de la suspensión y ésta se revocare. En este caso y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida, se procede a la revisión de la misma. La misma regla se observa si el penado se encuentra en situación de libertad condicional. Al encontrarse el sentenciado gozando del beneficio de libertad condicional, el NCP 130-2017 niega la posibilidad de realizar el análisis de ponderación de la norma penal más favorable. En este orden de ideas, el artículo 616 del NCP 130-2017 expresa que el análisis debe realizarse de manera completa y prohíbe la fragmentación de las normas penales; es decir, la comparación debe realzarse de forma integral y no solo en atención al quantum de las penas que pudiesen corresponder al delito por el cual fue condenado. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogado Ramón Matamoros, en favor del señor Ariel Antonio Andrade Rodríguez.
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 106 (Rango Constitucional)
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia Sala de lo Constitucional Sentencia de revisión penal En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-0381-2022, promovido por el Abogado Ramón Matamoros en favor de Ariel Antonio Andrade Rodríguez, contra la sentencia de fecha catorce (14) de marzo de dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Ariel Antonio Andrade Rodríguez, como autor penalmente responsable del delito de Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena principal de doce (12) años de reclusión, misma que deberá cumplir en el Centro Penal de la ciudad de Nacaome, Departamento de Valle, y la pena de multa de setecientos cincuenta mil lempiras (L 750,000.00). Segundo: Condenó a Ariel Antonio Andrade Rodríguez, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Decretó el comiso y destrucción de un bolso color café y amarillo, una bolsa plástica transparente conteniendo en el interior polvo blanco supuesta droga cocaína, una cuchara de metal, una tijera de metal con empuñadura de plástico de color negro y una bolsa plástica conteniendo en su interior cuatro bolsitas con supuesta droga cocaína, mismas que se encuentran en depósito en las oficias del Ministerio Público de la ciudad de Nacaome.Son partes: 1) El Abogado Ramón Matamoros, en favor de Ariel Antonio Andrade Rodríguez, como revisionista; 2) La Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, fiscal del Ministerio Público. Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal. “PRIMERO: El día nueve de mayo de dos mil quince, siendo aproximadamente las 23:30 horas de la noche, miembros de la policía preventiva de esta jefatura de Nacaome, Valle, se encontraban realizando un patrullaje de rutina, cuando en eso recibieron una llamada vía radio comunicación informando que en el caserío de Sonares, Nacaome, Valle, se estaba realizando una fiesta bailable, inmediatamente los agentes policiales se desplazaron al lugar antes descrito, donde procedieron a realizar un registro persona a todos los presentes, encontrándole únicamente al imputado ARIEL ANTONIO ANDRADE RODRÍGUEZ en el interior de un bolso color café y amarillo, una bolsa plástica transparente conteniendo en el interior polvo blanco supuesta droga cocaína, una cuchara de metal, una tijera de metal con empuñadura de plástico de color negro y una bolsa plástica conteniendo en su interior cuatro bolsitas con supuesta droga cocaína y la cantidad de Lps. 323.00 en efectivo, motivo por el cual se le dio retención y fue puesto a la orden de la autoridad competente.” Antecedentes PRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha diez (10) de mayo de dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle, la Abogada Keila Ester Ordóñez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de Ariel Antonio Andrade Rodríguez, por suponerlo autor penalmente responsable del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras (f. 1). SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle dictó sentencia en proceso abreviado en fecha catorce (14) de marzo de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual falló condenar a Ariel Antonio Andrade Rodríguez, como autor penalmente responsable del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena acumulada de doce (12) años de prisión y la pena de multa de setecientos cincuenta mil lempiras (L 750,000.00); más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, y la consecuencia legal de responsabilidad civil derivada del delito. TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. El Abogado Ramón Matamoros en representación de Ariel Antonio Andrade Rodríguez, compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha uno (1) de marzo de dos mil veintidós (2022), presentando recurso de revisión penal a favor de su representado contra la sentencia condenatoria dictada en fecha catorce (14) de marzo de dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle, mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha ocho (8) de marzo de dos mil veintidós (2022), ordenándose, en consecuencia, la celebración de la audiencia respectiva (f. 8). CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante la Sala de lo Constitucional, habiendo comparecido el Abogado Ramón Matamoros en favor de Ariel Antonio Andrade Rodríguez, como revisionista; la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, fiscal del Ministerio Público; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestado el revisionista que solicita la aplicación de retroactividad del NCP 130-2017, en virtud que según el artículo 311 del NCP para el delito de tráfico ilícito de drogas le corresponde una pena de 7 a 10 años de prisión y una multa de 100 a 500 días, en concreto pide la imposición de 7 años de prisión y multa de 100 días, siendo lo más beneficioso para el sentenciado. Por su parte, el Ministerio Público manifestó que es procedente aplicar el principio de retroactividad de la ley penal, en virtud que Ariel Antonio Andrade Rodríguez, fue condenado con la ley anterior que regulaba el tráfico de drogas con penas más gravosas en comparación con el NCP 130-2017, por lo cual es de la opinión que se otorgue el recurso. Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Ramón Matamoros, en favor de Ariel Antonio Andrade Rodríguez, como revisionista; y, la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, fiscal del Ministerio Público. La Abogado Ramón Matamoros, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Solicita la aplicación de retroactividad del NCP 130-2017, en virtud que según el artículo 311 del NCP para el delito de tráfico ilícito de drogas le corresponde una pena de 7 a 10 años de prisión y una multa de 100 a 500 días, en concreto pide la imposición de 7 años de prisión y multa de 100 días, siendo lo más beneficioso para el sentenciado. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que, es procedente aplicar el principio de retroactividad de la ley penal, en virtud que Ariel Antonio Andrade Rodríguez, fue condenado con la ley anterior que regulaba el tráfico de drogas con penas más gravosas en comparación con el NCP 130-2017, por lo cual es de la opinión que se otorgue el recurso. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Ariel Antonio Andrade Rodríguez la pena de doce (12) años de reclusión y multa de setecientos cincuenta mil lempiras (L 750,000.00), por ser autor penalmente responsable del delito de Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, y consecuencia legal de responsabilidad civil derivada del delito. La Sala de lo Constitucional constata que en el caso concreto no procede la retroactividad de la ley penal en virtud que, según el cómputo de la pena que rindió la Juez de Ejecución, el sentenciado Ariel Antonio Andrade Rodríguez, goza del beneficio de libertad condicional desde el diez (10) de mayo de dos mil veintiuno (2021). En este sentido, establece el artículo 618 del NCP 130-2017 que si el cumplimiento de la pena estuviere suspendido no se procede a su revisión, a no ser que el penado violara las condiciones de la suspensión y ésta se revocare. En este caso y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida, se procede a la revisión de la misma. La misma regla se observa si el penado se encuentra en situación de libertad condicional. Al encontrarse el sentenciado gozando del beneficio de libertad condicional, el NCP 130-2017 niega la posibilidad de realizar el análisis de ponderación de la norma penal más favorable. En este orden de ideas, el artículo 616 del NCP 130-2017 expresa que el análisis debe realizarse de manera completa y prohíbe la fragmentación de las normas penales; es decir, la comparación debe realzarse de forma integral y no solo en atención al quantum de las penas que pudiesen corresponder al delito por el cual fue condenado. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogado Ramón Matamoros, en favor del señor Ariel Antonio Andrade Rodríguez. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de febrero de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0381-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.