Sentencia RP-380-22 — Registro 17019
Resumen
Acto recurrido contra la sentencia de condena en relación a la causa instruida por el delito de Robo de Vehículo Agravado Continuado en perjuicio de los impetrantes, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se declaró los señores LUIS ANTONIO COELLO ALVARADO y JAIRO JOSUE MOREIRA ORELLANA, penalmente responsables a título de autores del delito de: ROBO DE VEHICULO AGRAVADO CONTINUADO, en perjuicio de los señores: JOSE LUIS ARIAS FUENTES, JOSE ISMAEL FLORES SUAZO Y LA CORPORACION MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, condenándolos a la pena principal de VEINTIDOS AÑOS, DOS MESES Y VEINTE DIAS DE RECLUSION, por el indicado delito, y a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el mismo tiempo de duración de la pena de reclusión; esa conducta por la cual fueron condenados los señores LUIS ANTONIO COELLO ALVARADO y JAIRO JOSUE MOREIRA ORELLANA, está prevista en el nuevo Código Penal (decreto 130-2017) como delito de robo con violencia cuyas penas son prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y según los hechos probados de la sentencia, este margen abstracto debe aumentarse de ocho (8) años a diez (10) años ocho (8) meses, por las razones siguientes: a) El margen abstracto imponible de 4 a 8 años de prisión debe aumentarse en un tercio (1/3) al concurrir la agravante específica del artículo 363 numeral 9) del nuevo código penal, ello porque los sentenciados hicieron uso de armas de fuego para la comisión del injusto penal, tratándose de instrumentos peligrosos; lo que nos da un nuevo margen abstracto de 8 años a 10 años y 8 meses de prisión. b) Este margen abstracto agravado a su vez debe aumentarse hasta en un tercio (1/3) por encontrarnos ante un concurso continuado (según artículo 68 del NCP), ello porque según los hechos probados los sentenciados, en ejecución de un plan preconcebido, realizaron una pluralidad de acciones que ofendieron a varios sujetos e infringen el mismo precepto penal, por lo cual deben ser castigados con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3), lo que en definitiva nos da un margen de nueve (9) años y cuatro (4) meses a catorce (14) años, dos (2) meses y veinte (20) días de prisión, ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia venida en revisión que es de VEINTIDOS AÑOS, DOS MESES Y VEINTE DÍAS DE RECLUSIÓN no se encuentra dentro del margen imponible de la pena privativa de libertad del nuevo código penal, porque excede el máximo previsto en la nueva normativa, por tanto, es procedente la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por que representa un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme disponen los artículos 616 del nuevo código penal. CONSIDERANDO ONCE (11): Este Tribunal Constitucional no considera de recibo el argumento del Ministerio Público, en relación a dar al presente caso un tratamiento como si se tratase de concurso real, pues el ente fiscal interpreta que cuando el nuevo código establece que “La misma regla se observa en caso de delito continuado”, está mandando proceder igual que el concurso medial en tanto forma concursal suprimida en el nuevo código, pero no ha de entenderse de esa forma por cuanto el delito continuado como forma concursal continúa vigente de conformidad con el artículo 68 del nuevo código, por consiguiente no puede recibir el mismo tratamiento del concurso medial y debe procederse conforme lo establece el párrafo seis del artículo 616 del nuevo código penal..." ..." Que el caso sub judice, el Ministerio Público y la defensa, en su momento acordaron una estricta conformidad aceptando la concurrencia del delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO CONTINUADO, acordando una pena media de VEINTIDOS AÑOS DOS MESES Y VEINTE DIAS DE RECLUSIÓN para ambos procesados, en consideración a la agravante concurrida y al concurso de delitos, por lo que en opinión de este Tribunal Constitucional, es procedente fijar una pena promedio conforme al injusto penal referido en delito continuado ajustándose a la nueva normativa penal y conforme a los razonamientos que hemos expresado antes para la determinación de la nueva pena abstracta que corresponde, por lo que siguiendo el espíritu del pacto de estricta conformidad de la partes, es procedente fijara una pena de ONCE (11) AÑOS NUEVE (9) MESES DIEZ (10) DIAS..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de noviembre del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor de los señores Luis Antonio Coello Alvarado y Jairo Josué Moreira Orellana, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Paz, departamento de La Paz, de fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, en la causa que se instruyó contra los señores Luis Antonio Coello Alvarado y Jairo Josué Moreira Orellana, por haber sido condenado por el delito de Robo de Vehículo Agravado Continuado, en perjuicio por el delito de Robo de Vehículo Agravado Continuado, en perjuicio del José Luis Arias Fuentes, José Ismael Flores Suazo y la Corporación Municipal de la Ciudad de La Paz, departamento de La Paz. ANTECEDENTES 1) En fecha nueve de julio de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Paz, departamento de La Paz, la Abogada Liliana Maribel Sanabria Pineda, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores Luis Antonio Cuello Alvarado y Jairo Josué Moreira Orellana, por suponerlos responsables del delito de Robo de Vehículo Agravado Continuado, en perjuicio de los señores Josué Luis Arias Fuentes, José Ismael Flores Suazo y la Corporación Municipal de la Ciudad de La Paz, departamento de La Paz. (Folios 1-3 del antecedente) 2) En fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Paz, departamento de La Paz, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic)“…PRIMERO: DECLARAR, al acusado el señor: LUIS ANTONIO CUELLO ALVARADO, de generales de identidad antes detalladas, penalmente responsable a título de autor de el delito de: ROBO DE VEHICULO AGRAVADO CONTINUADO, en perjuicio de los señores: JOSE LUIS ARIAS FUENTES, JOSE ISMAEL FLORES SUAZO Y LA CORPORACION MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, a la pena principal de VEINTIDOS AÑOS, DOS MESES Y VEINTE DIAS DE RECLUSION, por el indicado delito, pena que deberá cumplir en la penitenciaría nacional de la ciudad de La Paz, Departamento de La Paz, previo al abono del tiempo que ha permanecido en efectiva prisión preventiva. SEGUNDO: CONDENAR, al acusado el señor: LUIS ANTONIO COELLO ALVARADO, de generales de identidad antes detalladas, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el mismo tiempo de duración de la pena de reclusión. TERCERO: DECLARAR, al acusado el señor: JAIRO JOSUE MOREIRA ORELLANA, de generales de identidad antes detalladas, penalmente responsable a título de autor de el delito de: ROBO DE VEHICULO AGRAVADO CONTINUADO, en perjuicio de los señores: JOSE LUIS ARIAS FUENTES, JOSE ISMAEL FLORES SUAZO Y LA CORPORACION MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, a la pena principal de VEINTIDOS AÑOS, DOS MESES Y VEINTE DIAS DE RECLUSION, por el indicado delito, pena que deberá cumplir en la penitenciaría nacional de la ciudad de La Paz, Departamento de La Paz, previo al abono del tiempo que ha permanecido en efectiva prisión preventiva. CUARTO: CONDENAR, al acusado el señor: JAIRO JOSUE MOREIRA ORELLANA, de generales de identidad antes detalladas, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el mismo tiempo de duración de la pena de reclusión. QUINTO: Que una vez la sentencia de mérito adquiera carácter de firme, enviar las presentes diligencias al Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de La Paz, Departamento de La Paz, para que vigile la condena impuesta en la presente sentencia a los procesados: LUIS ANTONIO COELLO ALVARADO Y JAIRO MOREIRA ORELLANA.” (Folios 75-78 del antecedente) 3) En fecha uno de marzo de dos mil veintidós, el abogado RAMON MATAMOROS, interpuso ante esta Sala de lo Constitucional recurso de revisión penal a favor de los señores Luis Antonio Coello Alvarado y Jairo Josué Moreira Orellana, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado. (Folios 1-4 del recurso de mérito) 4) En fecha dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Martha Delia Merino Conde, con la comparecencia del Abogado Ramón Matamoros, en su condición de Apoderado Legal de los señores Luis Antonio Coello Alvarado y Jairo Josué Moreira Orellana y la Abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y cedida la palabra a la parte recurrente manifestó lo siguiente: “…se aplique el principio de retroactividad de la Ley Penal a los señores LUIS ANTONIO COELLO ALVARADO Y JAIRO JOSUÉ MOREIRA ORELLANA, quienes fueron condenados a la pena de 22 años 2 meses con 20 días de reclusión conforme el artículo 219 del código penal derogado y solicita sustituirle la pena a una pena mínima de cuatro años de reclusión conforme el artículo 364 en relación al 361 del nuevo código penal vigente…” El Ministerio Público consideró: “…, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. En ese sentido y siendo que de los hechos probados se desprende que fueron tres (3) ofendidos, se aplica la pena correspondiente para cada uno de ellos, es decir, de OCHO (8) AÑOS A DIEZ (10) AÑOS OCHO (8) MESES de prisión, resultando una pena global que oscila de VEINTICUATRO AÑOS a TREINTA Y DOS AÑOS, por aplicarse concurso real de delitos PRONUNCIAMIENTO FINAL DEL MINISTERIO PÚBLICO. Que se declare SIN lugar la Garantía Constitucional de Revisión interpuesta por el abogado de la defensa publica RAMÓN MATAMOROS a favor de los señores LUIS ANTONIO CUELLO ALVARADO y JAIRO JOSUE MOREIRA ORELLANA, en virtud que, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el nuevo Código Penal, las mismas No resultan más favorables al condenado.” (Folios 22-24 vuelto del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimento de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. CONSIDERANDO DOS (2) Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “Procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” CONSIDERANDO TRES (3). De conformidad con el artículo 96 preámbulo y numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, entre otros casos, cuando: “proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna”, y el artículo 99 de la misma ley, dispone que, la Sala de lo Constitucional, según proceda, declarará sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO CUATRO (4): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño de la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO CINCO (5): El Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas”, asimismo, el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO SEIS (6): El Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b) Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior, en consecuencia, cumpliéndose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a) Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b) Que el juzgador al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello implicaría una aplicación parcial de dos normas penales y con ello el juzgador estaría creando una nueva norma penal. c) La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO SIETE (7): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. El artículo 616 del Código Penal prevé (CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MÁS FAVORABLE) que: “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Se exceptúan los supuestos en los que el presente Código contuviera para el mismo hecho la previsión de una pena alternativa no privativa de libertad, pues en tal caso se tiene que proceder a la revisión de la pena. Si la imposición de la pena dependiera de un dato que no obra en las actuaciones, se solicita el correspondiente dictamen para que el Órgano Jurisdiccional competente pueda determinar la cuantía de la nueva pena que habrá de sustituir a la anterior. Si el dictamen no llegara a ser conclusivo y se tratara de una pena de multa proporcional, para calcular la que correspondiera en el presente Código se ésta a lo dispuesto en el Artículo 54 de éste. En caso de concurso ideal de delitos, procede realizar una comparación global de las penas resultantes aplicando las distintas legislaciones, no cabe, por lo tanto, calificar unos delitos de acuerdo a la legislación que se deroga y otros con arreglo al presente Código. Únicamente en el caso de que se hubiere despenalizado una de las conductas constitutivas del concurso, se hace la comparación teniendo en cuenta la pena que correspondiera a la conducta que continúa siendo delictiva en una y otra legislación. Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación. En el caso de que lo procedente sea aplicar la regla más beneficiosa de limitación de cumplimiento, incorporada al presente Código, que consiste en el triple del tiempo de la pena más grave por la que se hubiere condenado al sujeto sin que se llegaren a alcanzar los treinta (30) años, habrán de compararse las penas que hubieren podido corresponder a los distintos delitos para determinar qué es lo más beneficioso para el condenado. En todos los supuestos en los que a criterio del Órgano Jurisdiccional competente proceda la revisión de la condena es inexcusable oír al condenado; por ello, no lo es en el supuesto en el que se considere que la legislación anterior es más beneficiosa, en cuyo caso se puede dictar directamente Auto declarando la improcedencia de la revisión. Sin embargo y aún en esta última ocasión, el Órgano Jurisdiccional competente puede si lo considera, dar audiencia al condenado”. CONSIDERANDO OCHO (8): Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice que: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: al establecer que “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario se transgrediría el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se declaró los señores LUIS ANTONIO COELLO ALVARADO y JAIRO JOSUE MOREIRA ORELLANA, penalmente responsables a título de autores del delito de: ROBO DE VEHICULO AGRAVADO CONTINUADO, en perjuicio de los señores: JOSE LUIS ARIAS FUENTES, JOSE ISMAEL FLORES SUAZO Y LA CORPORACION MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, condenándolos a la pena principal de VEINTIDOS AÑOS, DOS MESES Y VEINTE DIAS DE RECLUSION, por el indicado delito, y a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el mismo tiempo de duración de la pena de reclusión; esa conducta por la cual fueron condenados los señores LUIS ANTONIO COELLO ALVARADO y JAIRO JOSUE MOREIRA ORELLANA, está prevista en el nuevo Código Penal (decreto 130-2017) como delito de robo con violencia cuyas penas son prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y según los hechos probados de la sentencia, este margen abstracto debe aumentarse de ocho (8) años a diez (10) años ocho (8) meses, por las razones siguientes: a) El margen abstracto imponible de 4 a 8 años de prisión debe aumentarse en un tercio (1/3) al concurrir la agravante específica del artículo 363 numeral 9) del nuevo código penal, ello porque los sentenciados hicieron uso de armas de fuego para la comisión del injusto penal, tratándose de instrumentos peligrosos; lo que nos da un nuevo margen abstracto de 8 años a 10 años y 8 meses de prisión. b) Este margen abstracto agravado a su vez debe aumentarse hasta en un tercio (1/3) por encontrarnos ante un concurso continuado (según artículo 68 del NCP), ello porque según los hechos probados los sentenciados, en ejecución de un plan preconcebido, realizaron una pluralidad de acciones que ofendieron a varios sujetos e infringen el mismo precepto penal, por lo cual deben ser castigados con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3), lo que en definitiva nos da un margen de nueve (9) años y cuatro (4) meses a catorce (14) años, dos (2) meses y veinte (20) días de prisión, ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia venida en revisión que es de VEINTIDOS AÑOS, DOS MESES Y VEINTE DÍAS DE RECLUSIÓN no se encuentra dentro del margen imponible de la pena privativa de libertad del nuevo código penal, porque excede el máximo previsto en la nueva normativa, por tanto, es procedente la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por que representa un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme disponen los artículos 616 del nuevo código penal. CONSIDERANDO ONCE (11): Este Tribunal Constitucional no considera de recibo el argumento del Ministerio Público, en relación a dar al presente caso un tratamiento como si se tratase de concurso real, pues el ente fiscal interpreta que cuando el nuevo código establece que “La misma regla se observa en caso de delito continuado”, está mandando proceder igual que el concurso medial en tanto forma concursal suprimida en el nuevo código, pero no ha de entenderse de esa forma por cuanto el delito continuado como forma concursal continúa vigente de conformidad con el artículo 68 del nuevo código, por consiguiente no puede recibir el mismo tratamiento del concurso medial y debe procederse conforme lo establece el párrafo seis del artículo 616 del nuevo código penal. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el caso sub judice, el Ministerio Público y la defensa, en su momento acordaron una estricta conformidad aceptando la concurrencia del delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO CONTINUADO, acordando una pena media de VEINTIDOS AÑOS DOS MESES Y VEINTE DIAS DE RECLUSIÓN para ambos procesados, en consideración a la agravante concurrida y al concurso de delitos, por lo que en opinión de este Tribunal Constitucional, es procedente fijar una pena promedio conforme al injusto penal referido en delito continuado ajustándose a la nueva normativa penal y conforme a los razonamientos que hemos expresado antes para la determinación de la nueva pena abstracta que corresponde, por lo que siguiendo el espíritu del pacto de estricta conformidad de la partes, es procedente fijara una pena de ONCE (11) AÑOS NUEVE (9) MESES DIEZ (10) DIAS. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 25, 58, 68, 69 numeral 1), 361 y 364 del Código Penal; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: Primero: Declara Con Lugar la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Ramón Matamoros, a favor de los señores LUIS ANTONIO COELLO ALVARADO Y JAIRO JOSUE MOREIRA ORELLANA. Segundo: Se Anula Parcialmente la sentencia definitiva firme dictada en fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), por el por el Juzgado de Letras Seccional de La Paz, departamento de La Paz. Tercero: Se Reforman las penas impuestas a los señores LUIS ANTONIO COELLO ALVARADO Y JAIRO JOSUE MOREIRA ORELLANA, por el delito de ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO CONTINUADO, en perjuicio de: JOSÉ LUIS ARIAS FUENTES, JOSÉ ISMAEL FLORES SUAZO Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, las cuales deberán leerse de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos a los señores LUIS ANTONIO COELLO ALVARADO Y JAIRO JOSUE MOREIRA ORELLANA, por ser autores responsables penalmente del delito de ROBO CON INTIMIDACION CONTINUADO, en perjuicio de: JOSÉ LUIS ARIAS FUENTES, JOSÉ ISMAEL FLORES SUAZO Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, en consecuencia, les condena a las penas siguientes: ONCE (11) años nueve(9) meses diez (10) días de prisión, a la cual deberá deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad por la misma causa criminal y que deberá cumplirla de conformidad con el Código Penal ( decreto 130-2017). SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos a los señores LUIS ANTONIO COELLO ALVARADO Y JAIRO JOSUE MOREIRA ORELLANA, como consecuencia de la pena de prisión, a la pena accesoria de inhabilitación absoluta, así como a la suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión, por disposición constitucional (Artículo 41.2). Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó la Magistrada FRNACISCA VILLELA ZAVALA. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de enero de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-380-2022.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL