Sentencia RP-373-22 — Registro 17305
Resumen
Se interpuso recurso de revisión contra la sentencia que declaró penalmente responsable al condenado del delito de Parricidio, imponiéndole una pena de treinta (30) años de prisión, la cual deberá cumplir en el Centro Penal de la ciudad de Márcala.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Thelma Domínguez Morales la pena de (30) años de prisión por ser autora penalmente responsable de dos delitos de Parricidio en perjuicio de Estibin Ventura Muñoz Domínguez y Edil Okely Muñoz Domínguez; más la consecuencia legal de responsabilidad civil derivada del delito. La Sala de lo Constitucional constata que tal como expone la agente fiscal del Ministerio Público, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, la sentencia condenatoria venida en revisión penal fue dictada de conformidad con el NCP 130-2017; y no podía ser de otra manera, pues según los hechos probados de la sentencia ambos delitos fueron cometidos el veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021), fecha en la cual ya se encontraba en vigencia el NCP 130-2017. Asimismo, la fundamentación de la sentencia fue redactada con la norma de la cual se pide su retroactividad, y la imposición de la pena de treinta (30) años de prisión representan el acumulado por la responsabilidad de ambos delitos de parricidio cometidos en perjuicio de Estibin Ventura Muñoz Domínguez y Edil Okely Muñoz Domínguez (artículos 194 del Código Penal y 404 del Código Procesal Penal). En este sentido, se concluye que la pretensión del revisionista es totalmente inviable, pues la sentencia sometida a revisión penal fue dictada de conformidad con la norma de la cual se pide retroactividad, no existiendo causal que justifique su otorgamiento de conformidad con el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.”
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 194 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 404 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 97 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia Sala de lo Constitucional Sentencia de revisión penal En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-0373-2022, promovido por el Abogado Ramón Matamoros en favor de Thelma Domínguez Morales, contra la sentencia de fecha dieciséis (16) de abril de dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado Primero de Letras del Departamento de Intibucá, mediante la cual falló: Primero: Declaró penalmente responsable a la señora Thelma Domínguez Morales del delito de Parricidio, en perjuicio de Estivin Ventura Muñoz Domínguez y Okely Muñoz Domínguez, imponiéndole una pena de treinta (30) años de prisión, la cual deberá cumplir en el Centro Penal de la ciudad de Marcala, Departamento de La Paz. Segundo: Declaró a la señora Thelma Domínguez Morales, civilmente responsable. Tercero: De existir pieza de convicción, será puesta a la orden del Ministerio Público. Son partes: 1)El Abogado Ramón Matamoros, en favor de Thelma Domínguez Morales, como revisionista; 2) La Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, fiscal del Ministerio Público. Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal. “Que el día jueves veinticinco de febrero del año dos mil veintiuno, en horas de la noche fueron recibidos en el Hospital Público, Enrique Aguilar Cerrato, ubicado en la colonia Venecia del Municipio de Intibucá, Departamento de Intibucá, los menores Estivin Ventura Muñoz Domínguez y Okely Muñoz Domínguez, quienes fueron referidos a ese centro hospitalario por la clínica Materno Infantil de Jesús de Otoro, Intibucá, por una intoxicación siendo atendidos de manera inmediata, sin embargo, el niño Estivin Ventura Muñoz Domínguez, de ocho años de edad, lamentablemente ya había fallecido ingresando únicamente el niño Edil Okely Muñoz Domínguez, quien aún estaba con vida, pero a pesar de los esfuerzos realizados por el personal médico de dicho hospital para salvarle la vida, no fue posible, muriendo minutos más tarde a su ingreso, es importante señalar que de acuerdo a las investigaciones y al ser entrevistado por el médico tratante previo a su muerte el niño Edil Okely Muñoz Domínguez, manifestó que su madre Thelma Domínguez Morales, les había dado a ambos una postilla para los parásitos, sin embargo, según el relato del médico indica que cuando se intervino al niño se desprendía un olor a ajo característico al fósforo de aluminio (pastilla de curar frijoles), es decir que la imputada les suministró a sus hijos pastillas que les ocasionó la muerte.” Antecedentes PRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiuno (2021), compareció ante el Juzgado Primero de Letras Penal del Departamento de Intibucá, el Abogado John César Mejía, en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de Thelma Domínguez Morales, por suponerla autora penalmente responsable de dos delitos de Parricidio en perjuicio de Estibin Ventura Muñoz Domínguez y Edil Okely Muñoz Domínguez (f. 66). SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado Primero de Letras del Departamento de Intibucá dictó sentencia en fecha dieciséis (16) de abril de dos mil veintiuno (2021), mediante la cual falló condenar a Thelma Domínguez Morales, como autora penalmente responsable de dos delitos de Parricidio en perjuicio de Estibin Ventura Muñoz Domínguez y Edil Okely Muñoz Domínguez, a la pena acumulada de treinta (30) años de prisión; más la consecuencia legal de responsabilidad civil derivada del delito.TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. El Abogado Ramón Matamoros en representación de Thelma Domínguez Morales, compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha veintiocho (28) de febrero de dos mil veintidós (2022), presentando recurso de revisión penal a favor de su representada contra la sentencia condenatoria dictada en fecha dieciséis (16) de abril de dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado Primero de Letras del Departamento de Intibucá, mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha once (11) de marzo de dos mil veintidós (2022), ordenándose, en consecuencia, la celebración de la audiencia respectiva (f. 10).CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante la Sala de lo Constitucional (f. 19), habiendo comparecido el Abogado Ramón Matamoros en favor de Thelma Domínguez Morales, como revisionista; la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, fiscal del Ministerio Público; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestado el revisionista que solicita la aplicación retroactiva del NCP 130-2017, en virtud que la señora Thelma Domínguez Morales fue condenada a una pena de treinta (30) años de reclusión por ser autora penalmente responsable del delito de parricidio en perjuicio de Estibin Ventura Muñoz Domínguez y Edil Okely Muñoz Domínguez, y de conformidad con el NCP 130-17 le correspondería una pena de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. Por su parte, el Ministerio Público manifestó que revisando los antecedentes del caso observa que la sentencia condenatoria fue dictada con fundamento en el artículo 194 del NCP 130-2017, el hecho fue cometido el 25 de febrero de 2021, fecha en la cual ya se encontraba en vigencia el Código Penal actual, con lo cual se confirma que lo solicitado por el revisionista carece de fundamento, por lo cual es de la opinión que no se otorgue la acción de revisión. Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”.El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” .CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Ramón Matamoros, en favor de Thelma Domínguez Morales, como revisionista; y, la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, fiscal del Ministerio Público. La Abogado Ramón Matamoros, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Solicita la aplicación retroactiva del NCP 130-2017, en virtud que la señora Thelma Domínguez Morales fue condenada a una pena de treinta (30) años de reclusión por ser autora penalmente responsable del delito de parricidio en perjuicio de Estibin Ventura Muñoz Domínguez y Edil Okely Muñoz Domínguez, y de conformidad con el NCP 130-17 le correspondería una pena de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que, revisando los antecedentes del caso observa que la sentencia condenatoria fue dictada con fundamento en el artículo 194 del NCP 130-2017, el hecho fue cometido el 25 de febrero de 2021 fecha en la cual ya se encontraba en vigencia el Código Penal actual, con lo cual se confirma que lo solicitado por el revisionista carece de fundamento, por lo cual es de la opinión que no se otorgue la acción de revisión. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Thelma Domínguez Morales la pena de (30) años de prisión por ser autora penalmente responsable de dos delitos de Parricidio en perjuicio de Estibin Ventura Muñoz Domínguez y Edil Okely Muñoz Domínguez; más la consecuencia legal de responsabilidad civil derivada del delito. La Sala de lo Constitucional constata que tal como expone la agente fiscal del Ministerio Público, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, la sentencia condenatoria venida en revisión penal fue dictada de conformidad con el NCP 130-2017; y no podía ser de otra manera, pues según los hechos probados de la sentencia ambos delitos fueron cometidos el veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021), fecha en la cual ya se encontraba en vigencia el NCP 130-2017. Asimismo, la fundamentación de la sentencia fue redactada con la norma de la cual se pide su retroactividad, y la imposición de la pena de treinta (30) años de prisión representan el acumulado por la responsabilidad de ambos delitos de parricidio cometidos en perjuicio de Estibin Ventura Muñoz Domínguez y Edil Okely Muñoz Domínguez (artículos 194 del Código Penal y 404 del Código Procesal Penal). En este sentido, se concluye que la pretensión del revisionista es totalmente inviable, pues la sentencia sometida a revisión penal fue dictada de conformidad con la norma de la cual se pide retroactividad, no existiendo causal que justifique su otorgamiento de conformidad con el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogado Ramón Matamoros, en favor del señor Thelma Domínguez Morales. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de febrero de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0373-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.