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Sentencia RP-372-22 — Registro 16827

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión contra la Sentencia Condenatoria con relación a la causa que se instruyó por el delito de parricidio.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “II. El sentenciado, al tenor del artículo 194 del nuevo Código Penal cometió el delito de Parricidio, puesto que mato a su compañera de hogar, estableciendo la norma penal vigente que quien realice dicha conducta debe ser castigado con las penas de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. Y siendo que cometió dicha acción con ensañamiento, al haberle propinado varios machetazos a la víctima, ocasionándole heridas en su cabeza, nuca, brazo izquierdo, brazo derecho, pecho, que provocaron la muerte de manera inmediata, la pena debe aumentarse un tercio, quedando la nueva pena señalada en el numeral que antecede. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folio 100 vuelto del expediente de judicial). III. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde al acusado se le impuso la pena de VEINTITRES (23) AÑOS DE RECLUSION por haber acordado las partes la vía del procedimiento abreviado. En el caso sub-examine la pena abstracta aumentada en un tercio (1/3) es de VEINTICINCO AÑOS A TREINTA Y TRES AÑOS Y CUATRO MESES, pena que tiene que rebajarse en un cuarto (1/4), quedando una nueva pena de DIECIOCHO (18) AÑOS, NUEVE (9) MESES A VEINTICINCO (25) AÑOS DE PRISIÓN. En ese orden de ideas, estima la Sala, que se debe imponer al inculpado la pena de DIECINUEVE (19) AÑOS, DE PRISIÓN. Mas las penas accesorias de inhabilitación absoluta. IV. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION.

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos (02) de agosto de dos mil veintitrés (2023) VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS, a favor del señor WILMER RODRIGUEZ MAZARIEGOS, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Primero del Departamento de Intibucá, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil quince (2015), con relación a la causa que se instruyó contra el señor WILMER RODRIGUEZ MAZARIEGOS, por el delito de PARRICIDIO, en perjuicio de BELKIS AYDE RIVERA PALACIOS.A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha uno (1) de agosto del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Primero del Departamento de Intibucá, el Abogado HENRY ALEXANDER PINEDA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor WILMER RODRIGUEZ MAZARIEGOS, por el delito de PARRICIDIO, en perjuicio de BELKIS AYDE RIVERA PALACIOS. - (Folios 37 al 39 de pieza del Juzgado)2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras Primero Departamental del Intibucá, dictó sentencia en fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil quince (2015), en la cual: “FALLO: DECLARAR al señor WILMER RODRIGUEZ MAZARIEGOS de generales conocidas, como responsable penalmente en concepto de delito de PARRICIDIO, en perjuicio de BELKIS AYDE RIVERA PALACIOS, en consecuencia se le condena previo abono del tiempo que haya permanecido en efectiva prisión, a sufrir en la Penitenciaría Nacional de la Esperanza, departamento de Intibucá a la pena principal de VEINTITRES (23) AÑOS DE RECLUSION, por el indicado delito.- 2) CONDENAR : Al mismo tiempo condenar a WILMER RODRIGUZ MAZARIEGOS, la penas accesorias de interdicción Civil e Inhabilitación Absoluta a trabajos en obras públicas o a labores dentro del Centro Penal, por todo el tiempo de la Condena.-(Folios 99 al 101 de la pieza de Antecedentes)3) Que el recurrente Abogado RAMON MATAMOROS, compareció ante este Tribunal en fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil veintidós (2022), presentando recurso de revisión penal a favor del señor WILMER RODRIGUEZ MAZARIEGOS, contra las sentencia Condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Primero Departamental del Intibucá en fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil quince (2015).4) Que en fecha ocho (8) de marzo del año dos mil veintidós (2022), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva.5) Que en fecha trece (13) de abril del año dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado RAMON MATAMOROS, en su condición de apoderado legal del señor WILMER RODRIGUEZ MAZARIEGOS, y la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Quien es de la opinión que NO SE OTORGUE la presente acción de Revisión en los términos supra señalados. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha trece (13) de abril del año dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado RAMON MATAMOROS, en su condición de Apoderado Legal del señor WILMER RODRIGUEZ MAZARIEGOS, quien manifestó lo siguiente: “Se Aplique el Principio de la Retroactividad de la Ley Penal al señor Wilmer Rodríguez Mazariegos, quien fue condenado mediante procedimiento abreviado por el delito de Parricidio, en Perjuicio de Belkis Ayde Rivera Palacios, a una pena de 23 años de reclusión del artículo 118 del Código Penal derogado. Sustituirle la pena y multa por el artículo 194 del Código Penal Vigente en donde establece que para el delito Parricidio la pena es 20-25 años. Que lo más beneficioso para los intereses personales del condenado, en donde se solicita una pena minina de 20 años.” El Ministerio Público, a través de su agente fiscal Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO expresó lo siguiente: “De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de PARRICIDIO por el cual se condenó al señor WILMER RODRIGUEZ MAZARIEGOS según lo regulado en el artículo 118 del Código Penal derogado, que establecía: “Es reo de parricidio, quien diere muerte a alguno de sus ascendientes o descendientes, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, y sufrirá la pena de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión. En el Nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) el delito de PARRICIDIO se encuentra regulado en el artículo 194.- PARRICIDIO. “Quien mata a alguno de sus ascendientes, descendientes, a su cónyuge o persona con la que el agraviado mantenga una relación estable de análoga naturaleza a la anterior, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. La pena establecida en el párrafo anterior se aumenta en un tercio (1/3) cuando la muerte a que hace referencia esta se produzca concurriendo alguna de las circunstancias señaladas para el asesinato.”. En el presente caso, atendiendo la literalidad de la norma penal, se aprecia por parte del Ministerio Público que la pena de (20-25 años) que señala el artículo 194 del Código Penal actual, se aumenta en un (1/3), tal como se establece en el segundo párrafo, en vista que en la sentencia condenatoria dictada contra el acusado se consigna como HECHO PROBADO: “Que en horas de la madrugada el hoy imputado tomó de las manos a Belkis Ayde Rivera, sacándola de la vivienda y llevándola hacia otra vivienda que está deshabitada luego los familiares escucharon los gritos de ella, cuando fueron al lugar y observaron al acusado infiriéndole varias heridas en su cuerpo a la víctima, como ser en la cabeza, nuca, brazo izquierdo, brazo derecho, pecho, todas ellas producidas con arma blanca (machete) quitándole la vida en forma instantánea en presencia de sus familiares.¨ Razón por la cual el Ministerio Público, considera que el condenado cometió el delito con ensañamiento aumentando deliberadamente el dolor de la víctima, al inferirle heridas con arma blanca (machete) en diferentes partes del cuerpo (cabeza, nuca, brazo izquierdo, brazo derecho, pecho), aumentando su dolor y agonía que la condujo a la muerte; aunado a tal circunstancia agravante se suma la concurrencia de la alevosía con que el condenado cometió el hecho, ya que de los hechos probados se colige que aprovechó las horas de la madrugada y condujo a la ofendida hacia otra vivienda deshabitada para asegurar la consumación del delito y evitar que ella repeliera la agresión o alguien acudiera en su auxilio, aprovechándose de su indefensión y estado de vulnerabilidad por su condición de mujer, ya que los familiares al escuchar los gritos de la occisa fue que acudieron, pero ya la víctima estaba siendo agredida. En virtud de lo anterior, la pena se aumenta en (1/3) y como la sentencia condenatoria se dictó mediante procedimiento abreviado se rebaja ¼, conforme a las reglas que señala el artículo 69 del Código Penal vigente: 20 - 25 (pena que señala el art.194) 25 años ( máximo de la pena ) 8 años, 4 meses (1/3 de la pena que se aumenta tomando como base el máximo) ___ Pena aumentada: 25 años a 33 años, 4 meses. Procedimiento abreviado: 25 años a 33 años, 4 meses. 25 años (pena mínima, se le rebaja ¼). 6 años, 3 meses --- Nueva pena 18 años, 9 meses – 25 años. Por lo que la pena de veintitrés (23) años de reclusión a la cual fue condenado el acusado, se encuentra dentro del rango punitivo (18 años, 9 meses –25 años) que establecen las disposiciones legales establecidas en el (Decreto130-2017) en el que se fundamenta el peticionario. Al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta conforme la legislación derogada, resulta también imponible conforme al nuevo Código Penal por los fundamentos legales indicados. Por lo que no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado.” Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE.”CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE(7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que des incriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor WILMER RODRIGUEZ MAZARIEGOS, fue condenado por el Juzgado de Letras Primero del Departamento de Intibucá, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil quince (2015) a la pena de VEINTITRES (23) AÑOS DE RECLUSION por el delito de PARRICIDIO en perjuicio de la señora BELKIS AYDE RIVERA PALACIOS, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 118 DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 144-1983, estimando que la condenado cometió el delito de Parricidio. III- Esta Sala hace el respectivo examen del caso sub judice para estimar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, verificando la procedencia de aplicar retroactivamente una nueva norma penal en relación a una derogada y plasmada en la sentencia denominada cosa juzgada; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho.CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor WILMER RODRIGUEZ MAZARIEGOS, la pena principal de VEINTITRES (23) AÑOS DE RECLUSION, por el delito de PARRICIDIO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el artículo 118 establecía una pena abstracta de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 194 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. La pena establecida en el párrafo anterior se aumenta en un tercio (1/3) cuando la muerte a que hace referencia esta se produzca concurriendo alguna de las circunstancias señaladas para el asesinato. Quedando una pena de VEINTICINCO AÑOS A TREINTA Y TRES AÑOS Y CUATRO MESES. Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado. II. El sentenciado, al tenor del artículo 194 del nuevo Código Penal cometió el delito de Parricidio, puesto que mato a su compañera de hogar, estableciendo la norma penal vigente que quien realice dicha conducta debe ser castigado con las penas de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. Y siendo que cometió dicha acción con ensañamiento, al haberle propinado varios machetazos a la víctima, ocasionándole heridas en su cabeza, nuca, brazo izquierdo, brazo derecho, pecho, que provocaron la muerte de manera inmediata, la pena debe aumentarse un tercio, quedando la nueva pena señalada en el numeral que antecede. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folio 100 vuelto del expediente de judicial). III. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde al acusado se le impuso la pena de VEINTITRES (23) AÑOS DE RECLUSION por haber acordado las partes la vía del procedimiento abreviado. En el caso sub-examine la pena abstracta aumentada en un tercio (1/3) es de VEINTICINCO AÑOS A TREINTA Y TRES AÑOS Y CUATRO MESES, pena que tiene que rebajarse en un cuarto (1/4), quedando una nueva pena de DIECIOCHO (18) AÑOS, NUEVE (9) MESES A VEINTICINCO (25) AÑOS DE PRISIÓN. En ese orden de ideas, estima la Sala, que se debe imponer al inculpado la pena de DIECINUEVE (19) AÑOS, DE PRISIÓN. Mas las penas accesorias de inhabilitación absoluta. IV. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 32, 35, 38, 57, 58, 194, Y Demás aplicables del Código Penal Vigente FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado RAMON MATAMOROS, a favor del señor WILMER RODRIGUEZ MAZARIEGOS; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia Definitiva Firme dictada por el por el JUZGADO DE LETRAS PRIMERO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ, en fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil quince (2015); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor WILMER RODRIGUEZ MAZARIEGOS, por el delito de PARRICIDIO, en perjuicio de BELKIS AYDE RIVERA PALACIOS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO Al señor WILMER RODRIGUEZ MAZARIEGOS, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de PARRICIDIO a la pena de DIECINUEVE (19) AÑOS, DE PRISIÓN, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS NOTIFÍQUESE.- Firma y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL, LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ, SELLO Y FIRMA CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece (13) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2023) certificación de la Sentencia de fecha dos de agosto de dos (02) mil veintitrés (2023), recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0372-2022._____________________________CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.