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Sentencia RP-363-22 — Registro 17017

Resumen

Sentencia en revisión condenó a recurrente por el delito de Trata de Persona agravado en perjuicio de Testigos Protegidos C3, C5 y A1; Siendo condenado a quince (15) años de reclusión y multa de 225 salarios mínimos como penas principales e Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil; Además de ser responsable civilmente; La Sala concluyó que la presente causa cumple con los requisitos legales para hacer la disminución de la pena; en la Parte Dispositiva se modifica la sentencia revisada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Juan Ángel García Velásquez, la pena de quince (15) años de reclusión y multa de 225 salarios mínimos, más las accesorias, por ser autor penalmente responsable de un delito de Trata de personas Agravado. La conducta por la cual fue condenado Juan Ángel García Velásquez, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Trata de Personas, artículos 219 y 220 que se castiga con la pena prisión de 5 a 8 años, aumentada en 1/3, cuando la víctima es especialmente vulnerable por razón de la edad, quedando la nueva pena abstracta de 8 a 10 años, 8 meses de prisión. En el presente caso que nos ocupa, según los hechos declarados probados, las víctimas eran menores de 18 años, los que las vuelve vulnerables en razón de la edad, y al aumentarse la pena en 1/3, quedaría la pena dentro del rango de 8 años a 10 años y 8 meses de prisión; y al compararse las penas impuestas por el A-quo (quince (15) años de reclusión y multa de 225 salarios mínimos), con la pena que establece el nuevo Código Penal, se evidencia que la nueva pena de prisión le es más beneficiosa al condenado, ya que su límite mínimo es de 8 años y su límite máximo es de 10 años, 8 meses de prisión, debiendo aplicársele el principio de retroactividad penal por ser más favorable, imponiéndole la nueva pena en su límite máximo,...Esta Sala aprecia, después del estudio de las presentes diligencias, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor Juan Ángel García Velásquez, de una norma vigente que le resulta más benigna. III. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal, es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena...."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL.Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado PEDRO NOLASCO RODRIGUEZ L., a favor del señor JUAN ANGEL GARCIA VELASQUEZ, contra la sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencias con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha uno (1) de marzo del año dos mil dieciséis (2016 ), con relación a la causa que se instruyó contra el señor JUAN ANGEL GARCIA VELASQUEZ, por el delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADO en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS C3, C5 y A1. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL. PRIMERO: Los señores JUAN ÁNGEL GARCÍA VELÁSQUEZ y CELENIA BANEGAS MATUTE, se trasladaban a diferentes municipios y departamentos de Honduras, a bordo de un vehículo marca Toyota, modelo Tundra, color rojo, a fin de abordar a jóvenes de sexo femenino menores de dieciocho años, a quienes les ofrecían trabajo como empleadas domésticas en la ciudad de Comayagua. Es así, que a la TESTIGO PROTEGIDO “C5”, de dieciséis años de edad, le ofrecieron el trabajo de cuidar a un bebé, a la TESTIGO PROTEGIDO “C3”, de diecisiete años de edad, le ofrecieron el trabajo de cuidar a la mamá del señor JUAN ÁNGEL GARCÍA VELÁSQUEZ, en tanto que la TESTIGO PROTEGIDO “A1”, de quince años de edad, le ofrecieron el trabajo de encargarse del servicio doméstico; por lo que dichas testigos se trasladaron a la ciudad de Comayagua, específicamente a la casa de los esposos JUAN ÁNGEL GARCÍA VELÁSQUEZ y CELENIA BANEGAS MATUTE, ubicada en la colonia Veintiuno de Abril, de la ciudad de Comayagua, llegando a dicho lugar la TESTIGO PROTEGIDO “C5”, el doce de marzo del 2013, la TESTIGO PROTEGIDO “C3”, el siete de abril del 2013 y la TESTIGO PROTEGIDO “A1”, en el mes de abril del año 2013.SEGUNDO: Una vez en la vivienda antes referida, los señores JUAN ÁNGEL GARCÍA VELÁSQUEZ y CELENIA BANEGAS MATUTE, les dijeron a las TESTIGO PROTEGIDO “C5” , “C3” y “A1”, que estaban ahí para casarse con el señor RENNIE CRISTOPHER GLENN, de nacionalidad norteamericana, bajo un ritual islámico que le permitía a éste casarse con siete mujeres; por lo que las testigos protegidas aceptaron esa propuesta y luego se procedían a realizar las bodas aparentes entre el señor RENNIE CRISTOPHER GLENN, con las TESTIGOS PROTEGIDOS “C5”, “C3” y “A1”, en la misma casa de los señores JUAN ÁNGEL GARCÍA VELÁSQUEZ y CELENIA BANEGAS MATUTE. Bodas que eran celebradas en algunas ocasiones por el señor JUAN ÁNGEL GARCÍA VELÁSQUEZ, junto a otra persona que se identificaba como hermano del señor RENNIE CRISTOPHER GLENN y en otras ocasiones los mismos eran testigos de las bodas; en tanto que la señora CELENIA BANEGAS MATUTE, era la persona que procedía a seleccionar a las muchachas y comprarles ropa, cremas y perfumes para prepararlas para las supuestas bodas, en las que estas vestían en algunas ocasiones indumentarias árabes y en otras normales; existiendo fotografías y videos de tales eventos. TERCERO: Luego de las supuestas bodas, el señor RENNIE CRITOPHER GLENN, procedía a darlos a las TESTIGOS PROTEGIDOS “C5”, “C3” y “A1”, pastillas que las adormecía, teniendo luego relaciones sexuales con ellas y posteriormente las conminaba a realizar trabajos domésticos y las golpeaba cuando no podían hacer bien el trabajo. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha doce (12) de marzo del año dos mil catorce (2014), el Abogado MATEO RODOLFO GALO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor JUAN ANGEL GARCIA VELASQUEZ, por el delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO A1, C3, C4, C5, C6. 2) Que en fecha uno (1) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó Sentencia mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: CONDENAR y al efecto CONDENAMOS, por conformidad de las partes, a los JUAN ÁNGEL GARCÍA VELASQUEZ Y CELENIA BANEGAS MATUTE, cuyas menciones de generales, ya han sido anteriormente detalladas, como autores responsables penalmente del delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADO, en perjuicio de las TESTIGOS PROTEGIDOS "C3", "C5" Y "AI"; sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal Imponiéndoles las penas de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN Y MULTA DE DOSCIENTOS VEINTICINCO (225) SALARIOS MÍNIMOS, como penas principales; debiendo cumplir el señor JUAN ÁNGEL GARCÍA VELASQUEZ, la pena de Reclusión en el Centro Penal de Támara, Francisco Morazán o en el Centro Penal que el Juez de Ejecución determine y la señora CELENIA BANEGAS MATUTE, en el Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS), ubicado en Támara, Francisco Morazán o en el Centro Penal que el Juez de Ejecución determine; debiendo de igual manera, computarse el tiempo que han permanecido en efectiva prisión por la presente causa. SEGUNDO: CONDENAR y al efecto CONDENAMOS, a los señores JUAN ÁNGEL GARCÍA VELASQUEZ Y CELENIA BANEGAS MATUTE, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el doble de tiempo de la pena de reclusión, es decir por TREINTA (30) AÑOS; e INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la condena de reclusión, es decir, por QUINCE (15) AÑOS. - TERCERO: Se declara a los condenados JUAN ÁNGEL GARCÍA VELASQUEZ Y CELENIA BANEGAS MATUTE, responsables civilmente. CUARTO: No se declara el comiso.- QUINTO: No se condena en costas procesales, personales y gastos ocasionados por el juicio.- SEXTO: Decretar Sobreseimiento Definitivo a favor del señor JUAN ÁNGEL GARCÍA VELASQUEZ, por el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL EN SU GRADO DE COMPLICIDAD, en perjuicio de las TESTIGOS PROTEGIDOS "C3", "C5" Y "AI".”(Folio 191 al 197 de la pieza del Tribunal).3) Que el recurrente Abogado PEDRO NOLASCO RODRIGUEZ, compareció ante este Tribunal en fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil veintitrés (2023), presentando Recurso de Revisión Penal a favor del señor JUAN ANGEL GARCIA VELASQUEZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Tegucigalpa, de fecha uno (1) de marzo del año dos mil dieciséis (2016). 4) Que en fecha ocho (8) de marzo del año dos mil veintidós (2022), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la audiencia respectiva.5) Que en fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala Constitucional, habiendo comparecido el Abogado PEDRO NOLASCO RODRIGUEZ, en su condición de apoderado legal del señor JUAN ANGEL GARCIA VELASQUEZ y la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, fue de la opinión que SE OTORGUE la acción de Revisión que se ha hecho mérito. FUNDAMENTACION.CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del Recurso Extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal, se celebró en fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Pedro Nolasco Rodríguez, a favor del señor Juan Ángel García Velásquez, como revisionista; y, la Abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. El Abogado Pedro Nolasco Rodríguez, solicita la revisión de la pena y que se aplique el principio de retroactividad de la ley; ya que la pena impuesta por el A-quo fue de 15 años de reclusión y una multa equivalente a 225 salarios mínimos; tomando en cuenta las nuevas penas vigentes en el Decreto 130-2017, que van de 5 a 8 años prisión, y ya no se establece pena de multa, lo que favorece al condenado, y procede la aplicación retroactiva de la nueva ley penal. El Ministerio Púbico manifiesta, que en el código penal vigente, en el artículo 219 el delito de Trata de Personas tiene una pena asociada de 5 a 8 años de prisión, y en el artículo 220 se establece la agravante especifica de: “La víctima es especialmente vulnerable por razón de la edad, enfermedad, discapacidad o es mujer embarazada”, debiendo aumentarse en un 1/3 la pena, resultando una pena de 8 años a 10 años, 8 meses, la que le es más favorable al condenado, por lo que el Ministerio Público se pronuncia porque se otorgue el presente Recurso de Revisión. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. I. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Juan Ángel García Velásquez, la pena de quince (15) años de reclusión y multa de 225 salarios mínimos, más las accesorias, por ser autor penalmente responsable de un delito de Trata de personas Agravado. La conducta por la cual fue condenado Juan Ángel García Velásquez, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Trata de Personas, artículos 219 y 220 que se castiga con la pena prisión de 5 a 8 años, aumentada en 1/3, cuando la víctima es especialmente vulnerable por razón de la edad, quedando la nueva pena abstracta de 8 a 10 años, 8 meses de prisión. En el presente caso que nos ocupa, según los hechos declarados probados, las víctimas eran menores de 18 años, los que las vuelve vulnerables en razón de la edad, y al aumentarse la pena en 1/3, quedaría la pena dentro del rango de 8 años a 10 años y 8 meses de prisión; y al compararse las penas impuestas por el A-quo (quince (15) años de reclusión y multa de 225 salarios mínimos), con la pena que establece el nuevo Código Penal, se evidencia que la nueva pena de prisión le es más beneficiosa al condenado, ya que su límite mínimo es de 8 años y su límite máximo es de 10 años, 8 meses de prisión, debiendo aplicársele el principio de retroactividad penal por ser más favorable, imponiéndole la nueva pena en su límite máximo, tal y como fue acordado en su momento con la figura de la estricta conformidad. II. Esta Sala aprecia, después del estudio de las presentes diligencias, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor Juan Ángel García Velásquez, de una norma vigente que le resulta más benigna. III. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal, es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 219 y 220 del Código Penal vigente. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal, interpuesta por el abogado Pedro Nolasco Rodríguez, a favor del señor JUAN ÁNGEL GARCÍA VELÁSQUEZ; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el Tribunal de Sentencias con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar las penas impuestas al señor JUAN ÁNGEL GARCÍA VELÁSQUEZ, por el delito por el cual fue condenado, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor JUAN ÁNGEL GARCÍA VELÁSQUEZ, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de TRATA DE PERSONAS, a la pena de 10 AÑOS, 8 MESES DE PRISIÓN, en perjuicio de los Testigo Protegido C3, C5 y A1; así mismo, se modifica el tiempo de duración de la Inhabilitación Absoluta, la cual se impone durante el tiempo de la condena. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo y proceda al cumplimiento del presente fallo, con abono del tiempo que haya estado en prisión. Redactó Magistrado Wagner Vallecillo Paredes.- NOTIFÍQUESE. - Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince (15) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023) certificación de la Sentencia de fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0363-2022. _______________________________________________CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.JAP