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Sentencia RP-361-21 — Registro 15893

Resumen

Revisión de sentencia condenatoria en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal con relación a la causa que se instruyó, por haber sido condenado por los delitos de Adquisición De Vehículo Robado y Uso De Documento Público Falso en perjuicio de La Fe Pública del Estado De Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor NELSON JESUS BARAHONA PORTILLO las penas principales de NUEVE (9) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO en perjuicio de INVERSIONES PINEDA RIVERA y a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, en perjuicio de LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. CONSIDERANDO QUINCE (15): I. En relación a la conducta delictiva de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO realizada por el sentenciado NELSON JESUS BARAHONA PORTILLO que se desprende de lo determinado en la resolución del Tribunal de sentencia, le fue aplicado lo establecido en el artículo 217 y 218 inciso “D” del Código Penal derogado el cual literalmente establece: “Será sancionado con pena de reclusión de nueve (9) a doce (12) años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe.” Es decir que dicho tipo penal sancionaba dicha acción criminal por la que fue condenado el señor NELSON JESUS BARAHONA PORTILLO con una pena abstracta de nueve (9) a doce (12) años de reclusión, y según la sentencia traída en revisión, se determinó la no concurrencia de circunstancias atenuantes ni agravantes que modificaran la responsabilidad penal. Es así que, realizando una comparativa con el Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), dicha conducta penal encaja con la establecida en el artículo 438 que textualmente establece: “RECEPTACIÓN: Quien, con ánimo de lucro y conocimiento de la comisión de un delito en el que no haya participado ni como autor ni como cómplice, ayuda a los responsables a aprovecharse de los bienes o efectos procedentes del mismo, o recibe, adquiere u oculta tales efectos, debe ser castigado con la pena que corresponda al delito del que proceden los bienes o efectos, rebajada en un tercio (1/3).” En ese sentido, debemos estudiar el acto criminal que dio origen a la receptación, para poder determinar la pena abstracta, la cual una vez identificada y establecida, se le debe rebajar un tercio (1/3) a la misma. Es así, que se desprende de los hechos probados de la sentencia de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil nueve (2019) traída en revisión, que el origen del bien era producto de un robo, lo cual estableció el Tribunal sentenciador de la siguiente manera: “HECHOS PROBADOS. Este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNO: En fecha tres de febrero del dos mil dieciséis, entre nueve y nueve y treinta de la noche, en la colonia Trejo de esta ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, la testigo protegido con clave 472-16 se conducía en su vehículo automotor marca Ford, modelo Scape, año 2008, tipo camioneta, color crema, motor 8KE37562, chasis 1FMCU03218KE37562, placas PDE0070, cuando fue interceptada por tres personas con armas de fuego, quienes la bajaron de su vehículo, dejándola en el lugar y llevándose las personas armadas dicho automotor; por lo que acto seguido interpuso la respectiva denuncia ante la autoridad competente…” Es decir, que para la plena aplicación del artículo 438 previamente citado, debemos relacionarlo con lo establecido en el artículo 361 que establece en su literalidad: “ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice.” Es decir que se aprecia de la lectura de dicho artículo que dicha conducta criminal es penada con una pena abstracta de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión. No obstante, se aprecia la concurrencia de una agravante, ya que se estableció como hecho probado que se hizo uso de armas de fuego para cometer el delito de robo de vehículo, lo cual agrava la pena en un tercio (1/3), ello en aplicación de lo establecido en el artículo 363 numeral 9 del Código Penal Decreto 130-2017 que establece: “AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas de hurto o robo se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1… 2… 3… 4… 5… 6… 7… 8… 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto.” Dando como resultado del incremento de un tercio (1/3), una pena abstracta de ocho (8) a diez (10) años y ocho (8) meses de prisión, la cual regresando a la aplicación del artículo 438 debe rebajarse en un tercio, resultando una pena abstracta final de CINCO (5) AÑOS CUATRO (4) MESES a OCHO (8) AÑOS DE PRISION; pena abstracta de la cual siguiendo el parámetro de dicha sentencia de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil diecinueve (2019) debe condenarse al sentenciado a la pena mínima, es decir cinco (5) años y cuatro (4) meses de prisión. - CONSIDERANDO DIECISEIS (16): I. En relación a la conducta delictiva de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO realizada por el sentenciado NELSON JESUS BARAHONA PORTILLO que se desprende de lo establecido en el expediente del Tribunal de Sentencia, le fue aplicado lo establecido en el artículo 284 numeral 4 del Código Penal derogado el cual tenía una pena abstracta de tres (3) a nueve (9) años de reclusión. Realizando un cotejo entre ambas normas penales, dicha conducta delictiva encaja con lo establecido en el artículo 459 del Código Penal decreto 130-2017 que dice: “USO DE DOCUMENTO FALSO. Quien, sin haber intervenido en su falsificación, presenta en juicio un documento falso de los comprendidos en el Artículo 456 del presente Código, o hace uso de dicho documento causando perjuicio a tercero, hace uso de dicho documento, debe ser castigado con la pena de prisión señalada para la falsificación, reducida en un tercio (1/3).” Consecuentemente debemos remitirnos a lo que establece el último párrafo del artículo 456 del mismo Código que establece: “FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y MERCANTILES… El delito de falsedad descrito en los numerales anteriores debe ser castigado con las penas de prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de doscientos cuarenta (240) a cuatrocientos (400) días, si se trata de documento mercantil y de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días si se trata de documento público.” Y siendo que de los hechos probados de la sentencia traída en revisión, se desprende que se trata de la falsificación de un documento público, corresponde entonces la aplicación de la pena abstracta de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días, la cual debe ser rebajada en un tercio (1/3) por aplicación de lo que establece el artículo 459 ya relacionado, resultando una pena abstracta de dos (2) años y ocho (8) meses a cuatro (4) años de prisión y multa de doscientos (200) a trescientos (300) días. Siguiendo el parámetro de dicha sentencia de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil diecinueve (2019), debe condenarse al sentenciado NELSON JESUS BARAHONA PORTILLO a la pena de dos (2) años y ocho (8) meses de prisión y multa de doscientos (200) días que a criterio de esta Sala debe aplicarse a razón de veinte (20) lempiras por día, por habérsele aplicado la pena mínima en la sentencia condenatoria ya relacionada. CONSIDERANDO DIECISIETE (17): I. Que, conforme a lo antes establecido, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva penal como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor NELSON JESUS BARAHONA PORTILLO de una norma vigente que le resulta más benigna II. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal, es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 90, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 53, 68, 373, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada MIRYAN IVONE PALOMO NUÑEZ, a favor del señor NELSON JESUS BARAHONA PORTILLO; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil diecinueve (2019); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor NELSON JESUS BARAHONA PORTILLO, por los delitos de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO, en perjuicio de INVERSIONES PINEDA RIVERA y por USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO en perjuicio de LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor NELSON JESUS BARAHONA PORTILLO, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de RECEPTACIÓN DE VEHÍCULO ROBADO en perjuicio de INVERSIONES PINEDA RIVERA a la pena de CINCO (5) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN, más la pena accesoria de INHABILITACION ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena.- SEGUNDO: CONDENANDO al señor NELSON JESUS BARAHONA PORTILLO, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO en perjuicio de LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS a la pena de DOS (2) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN, más multa de doscientos (200) días a razón de veinte (20) lempiras por día. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada MIRYAN IVONE PALOMO NÚÑEZ, a favor del señor NELSON JESÚS BARAHONA PORTILLO, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha veintiocho (28) de enero de dos mil diecinueve (2019), con relación a la causa que se instruyó contra el señor NELSON JESÚS BARAHONA PORTILLO, por haber sido condenado por los delitos de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO en perjuicio de INVERSIONES PINEDA RIVERA y USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO en perjuicio de LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente. A N T E C E D E N T E S 1) En fecha once (11) de mayo de dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada Ericka Casco, actuando como Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor NELSON JESÚS BARAHONA PORTILLO, por suponerlo responsable a título de autor del delito de Adquisición de Vehículo Robado y Asociación Ilícita, en perjuicio de Inversiones Pineda Rivera y la Seguridad Interior del Estado de Honduras. (Folios 1-4 del antecedente) 2) Que en fecha veintiocho (28) de enero de dos mil diecinueve (2019), el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO.- Que debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS, al señor NELSON JESUS BARAHONA PORTILLO, previamente identificado como interviniente en el proceso, en el delito de ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS por el que fue acusado.- SEGUNDO.- Que debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS al señor NELSON JESUS BARAHORA PORTILLO de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, como responsable penalmente a título de autor material, del delito de ADQUISICION DE VEHICULO ROBADO en perjuicio de INVERSIONES PINEDA RIVERA a la pena de NUEVE (09) AÑOS DE RECLUSIÓN, con las accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA INTERDICCIÓN CIVIL durante el tiempo de duración de la pena principal, quedando sujeto a participar en obras públicas o en labores según regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se han encontrado en prisión preventiva.- TERCERO.- Que debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS al señor NELSON JESUS BARAHORA PORTILLO de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, como responsable penalmente a título de autor material, del delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO en perjuicio de LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS a la pena de TRES (03) AÑOS DE RECLUSIÓN, con las accesorias de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal, quedando sujeto a participar en obras públicas o en labores según regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se han encontrado en prisión preventiva. CUARTO.- Se declara al condenado NELSON JESUS BARAHORA PORTILLO civilmente responsable del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito por el que hoy se le condena.- QUINTO.- No procede condenar en costas NELSON JESUS BARAHORA PORTILLO, en virtud de la gratuidad de la Justicia Penal.-SEXTO.-Una vez firme la presente sentencia, que las diligencias seguidas sean remitidas al Juzgado de Ejecución, para los efectos legales.- Notifíquese esta sentencia a las partes procesales.-Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-” (Folios 136-145 del antecedente) 3) En fecha veintidós (22) de abril de dos mil veintiuno (2021), compareció ante esta Sala, la Abogada Miryan Ivone Palomo Núñez, interponiendo recurso de revisión a favor del señor Nelson Jesús Barahona Portillo, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por ser este más benigno a su representado. (Folios 1-5 del recurso de mérito) 4) En fecha veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, con la comparecencia de la Abogada Sandra Lorena Zuniga García, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada Miryan Ivone Palomo Núñez, en su condición de Apoderada Legal del señor Nelson Jesús Barahona Portillo; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: “…se ratifica el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia firme dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés; y que a mi representado se le condenó únicamente por el delito de adquisición de vehículo robado y uso de documento público falso, no así por asociación ilícita en perjuicio de Inversiones Pineda Rivera y la Fe Pública del Estado de Honduras…” El Ministerio Público consideró: “…Artículo 616: “CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique…De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes a los delitos de ADQUISICION DE VEHICULO ROBADO y USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO por el cual se condenó al hoy imputado.- El delito de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO, contemplado en el artículo 218-D en el Código Penal Derogado, establecía lo siguiente: “será sancionado con pena de reclusión de nueve (9) a doce (12) años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado, se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe”. En el Nuevo Código Penal Vigente, encontramos que este tipo penal no se encuentra regulado con esa denominación, sin embargo consideramos que la acción ilícita sigue siendo castigada, aunque con otro nomen iuris y que encuadra en el tipo penal establecido en el artículo 438 del nuevo texto punitivo, referente a la RECEPTACION que establece: “Quien con ánimo de lucro y conocimiento de la comisión de un delito en el que no haya participado ni como autor ni como cómplice, ayuda a los responsables a aprovecharse de los bienes o efectos procedentes del mismo, o recibe, adquiere u oculta tales efectos, debe ser castigado con la pena que corresponda al delito del que proceden los bienes o efectos rebajada en un tercio (1/3); Es así que el artículo 364 tipifica el USO DE VEHÍCULO ROBADO, que en el último párrafo determina lo siguiente: “Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación.”.- De tal modo que el delito de ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN se encuentra contenido en el artículo 361: “Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice.- Es importante resaltar que la pena supra indicada debe ser agravada en 1/3, al desprenderse de los Hechos Probados, que para despojar al propietario del vehículo en que se transportaba, utilizaron armas, conforme lo contempla el artículo 363 numeral 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto.- En ese sentido al realizar el cálculo aritmético en atención a la pena de 4 a 8 años en aumento de 1/3, por concurrir la agravante supra relacionada corresponde una pena abstracta de 8 años a 10 años ocho (08) meses de prisión, que al aplicar la rebaja de 1/3 conforme lo dispone el artículo 438 suprarelacionado, le corresponde una pena abstracta de 5 años 4 meses a 8 años de prisión.- En cuanto al delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO se encontraba contenido en el artículo 289 del Código Penal Derogado, que establece “Quien a sabiendas, hiciere uso de un documento falso en todo o en parte será sancionado como si fuere autor de la falsedad; asimismo el artículo 284 determinaba la pena para dicho delito de tres (3) a nueve (9) años de reclusión.- En tanto el delito de USO DE DOCUMENTO FALSO se encuentra tipificado en el artículo 459 del nuevo Código Penal, que señala: “Quien, sin haber intervenido en su falsificación, presenta en juicio un documento falso de los comprendidos en el Artículo 456 del presente Código, o hace uso de dicho documento causando perjuicio a tercero, hace uso de dicho documento debe ser castigado con la pena de prisión señalada para la falsificación, reducida en tercio (1/3).- El nuevo Código Penal determina en el artículo 456 último párrafo lo siguiente: ... “El delito de falsedad descrito en los numerales anteriores debe ser castigado con las penas de prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de doscientos cuarenta (240) a cuatrocientos (400) días, si se trata de documento mercantil y de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión y multa de trescientos (300) a quinientos (500) si se trata de documento Público.- Que en el caso que nos ocupa corresponde aplicar la pena de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión, al derivarse del Hecho Probado que la documentación alterada fue la revisión de vehículo (documento público), en ese sentido al efectuar el cálculo aritmético y realizar la rebaja de 1/3 conforme lo establece el artículo 459, la pena abstracta aplicar es de 2 años con 8 meses a 4 años de prisión y multa de 200 días a 300 días. Que el artículo 53, dispone. - PENA DE DÍAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20.00) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5, 000.00).- De lo antes descrito se advierte que procede aplicar la retroactividad de la norma sustantiva como más beneficiosa, a pesar que el delito de Uso de Documento Falso, conlleve pena de multa, le favorece porque al efectuar operación aritmética de los 200 días por 20 lempiras, el resultado es una cantidad que puede estar al alcance del sentenciado para cumplir con el pago de la misma.- OPINIÓN: El Ministerio Público, con base a lo antes expuesto, es del parecer QUE SE OTORGUE la solicitud de Revisión presentada conforme los argumentos que anteceden…” Se le cedió la palabra al Ministerio Público para que manifestara alguna oposición a la prueba presentada por el recurrente o si tenía algún medio de prueba que presentar, manifestando lo siguiente: “no tenemos pruebas que presentar.”. El Magistrado manifiesta: En virtud de no haber medios de prueba por evacuar, en este acto se da por suspendida la presente audiencia para efectos de dictar la sentencia que corresponda oportunamente. (Folios 43-47 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. La recurrente funda su petición en los preceptos autorizantes contenido en el numeral 8 del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. Manifiesta la recurrente: “…Que a partir del veinticinco de junio del año 2020, entró en vigor la reforma a la ley penal de nuestro país, es así que actualmente, el Código Penal vigente mediante Decreto 130-2017, no contempla el delito de ADQUISICION DE VEHÍCULO ROBADO, en su normativa, sin embargo por analogía, en su artículo 364 contempla el delito de HURTO, ROBO Y USO DE AUTOMOTOR, e impone en el segundo párrafo de su enunciado, una pena de 2 a 4 años de reclusión, debiendo castigarse con la pena del robo con violencia e intimidación de emplearse violencia e intimidación en las personas (artículo 361), mismo que constituye una pena de 4 a 8 años, y aun y cuando establece determinadas agravantes de la pena a imponer a un condenado, no menos cierto es que mi representado no incurre en ninguna de las agravantes descritas en la nueva ley Penal; aunado a lo anterior, el Código Penal vigente mediante Decreto 130-2017, establece en su artículo 456, establece una pena de 4 a 8 años, rebajada en un tercio por el uso, según el artículo 459 del mismo enunciado, estableciendo así una pena de 2 años 8 meses, como pena mínima para el delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, siendo que no consta en la sentencia emitida en su contra circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, incoadas en su contra en la sentencia hoy objeto de recurso; considerando, que conforme al nuevo Código Penal, vigente mediante Decreto 130-2017 y conforme a lo descrito en los artículos precitados, resultando claramente en un cambio en la legislación penal y se establece una pena más favorable al acusado; lo anterior teniendo en consideración que al imputado le impusieron en la sentencia hoy recurrida la pena mínima a aplicar según el Código penal emitido vía decreto 144-83.” CONSIDERANDO CUATRO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO CINCO (5): Que en cuanto al primer motivo del recurso, el cual se encuentra establecido en el numeral 6 del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional el cual establece que tiene procedencia la acción de revisión a favor del condenado cuando “Después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido no es punible o encuadra una norma más favorable; o se produzca un cambio de doctrina legal que favorece al reo.” En cuanto a este motivo planteado por la recurrente, es criterio reiterado de la Sala, que la garantía constitucional de revisión no es un recurso de instancia, y de la simple lectura de dicho motivo se deduce que la revisionista realiza argumentos de instancia. El alcance de ésta garantía constitucional no faculta a esta Sala a realizar modificaciones a los hechos probados derivados de la valoración probatoria y fundamentación jurídica trazada por el tribunal de instancia en la sentencia revisada. Que esta Sala ha declarado en reiteradas decisiones que el recurso de Revisión, es un recurso extraordinario de carácter excepcional, que, al estar dirigido contra una sentencia firme con carácter de cosa juzgada pronunciada en juicio ordinario, no se constituye como una instancia más del procedimiento y su procedencia exige la concurrencia rigurosa de la causal o del motivo que se invoca. Esta Sala, no puede apartarse de la parte intangible de la sentencia definitiva y firme lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia [Apelación o Casación]. Es así como el ejercicio jurídico que hace esta Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal, no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores, tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales o el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y determinar si el resultado de ese encuadre es más beneficioso que la pena impuesta a esos mismos hechos con el Código Penal derogado. El asidero de este ejercicio lo encontramos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor NELSON JESUS BARAHONA PORTILLO, fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, CORTES, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil diecinueve (2019), a las penas principales de NUEVE (9) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO y a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los artículos 218 inciso “D” y 284 numeral 4 y 289, todos del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió los delitos de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO y USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. III. Esta Sala considera que el caso sub examine encaja en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor NELSON JESUS BARAHONA PORTILLO las penas principales de NUEVE (9) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO en perjuicio de INVERSIONES PINEDA RIVERA y a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, en perjuicio de LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. CONSIDERANDO QUINCE (15): I. En relación a la conducta delictiva de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO realizada por el sentenciado NELSON JESUS BARAHONA PORTILLO que se desprende de lo determinado en la resolución del Tribunal de sentencia, le fue aplicado lo establecido en el artículo 217 y 218 inciso “D” del Código Penal derogado el cual literalmente establece: “Será sancionado con pena de reclusión de nueve (9) a doce (12) años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe.” Es decir que dicho tipo penal sancionaba dicha acción criminal por la que fue condenado el señor NELSON JESUS BARAHONA PORTILLO con una pena abstracta de nueve (9) a doce (12) años de reclusión, y según la sentencia traída en revisión, se determinó la no concurrencia de circunstancias atenuantes ni agravantes que modificaran la responsabilidad penal. Es así que, realizando una comparativa con el Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), dicha conducta penal encaja con la establecida en el artículo 438 que textualmente establece: “RECEPTACIÓN: Quien, con ánimo de lucro y conocimiento de la comisión de un delito en el que no haya participado ni como autor ni como cómplice, ayuda a los responsables a aprovecharse de los bienes o efectos procedentes del mismo, o recibe, adquiere u oculta tales efectos, debe ser castigado con la pena que corresponda al delito del que proceden los bienes o efectos, rebajada en un tercio (1/3).” En ese sentido, debemos estudiar el acto criminal que dio origen a la receptación, para poder determinar la pena abstracta, la cual una vez identificada y establecida, se le debe rebajar un tercio (1/3) a la misma. Es así, que se desprende de los hechos probados de la sentencia de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil nueve (2019) traída en revisión, que el origen del bien era producto de un robo, lo cual estableció el Tribunal sentenciador de la siguiente manera: “HECHOS PROBADOS. Este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNO: En fecha tres de febrero del dos mil dieciséis, entre nueve y nueve y treinta de la noche, en la colonia Trejo de esta ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, la testigo protegido con clave 472-16 se conducía en su vehículo automotor marca Ford, modelo Scape, año 2008, tipo camioneta, color crema, motor 8KE37562, chasis 1FMCU03218KE37562, placas PDE0070, cuando fue interceptada por tres personas con armas de fuego, quienes la bajaron de su vehículo, dejándola en el lugar y llevándose las personas armadas dicho automotor; por lo que acto seguido interpuso la respectiva denuncia ante la autoridad competente…” Es decir, que para la plena aplicación del artículo 438 previamente citado, debemos relacionarlo con lo establecido en el artículo 361 que establece en su literalidad: “ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice.” Es decir que se aprecia de la lectura de dicho artículo que dicha conducta criminal es penada con una pena abstracta de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión. No obstante, se aprecia la concurrencia de una agravante, ya que se estableció como hecho probado que se hizo uso de armas de fuego para cometer el delito de robo de vehículo, lo cual agrava la pena en un tercio (1/3), ello en aplicación de lo establecido en el artículo 363 numeral 9 del Código Penal Decreto 130-2017 que establece: “AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas de hurto o robo se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1… 2… 3… 4… 5… 6… 7… 8… 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto.” Dando como resultado del incremento de un tercio (1/3), una pena abstracta de ocho (8) a diez (10) años y ocho (8) meses de prisión, la cual regresando a la aplicación del artículo 438 debe rebajarse en un tercio, resultando una pena abstracta final de CINCO (5) AÑOS CUATRO (4) MESES a OCHO (8) AÑOS DE PRISION; pena abstracta de la cual siguiendo el parámetro de dicha sentencia de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil diecinueve (2019) debe condenarse al sentenciado a la pena mínima, es decir cinco (5) años y cuatro (4) meses de prisión. - CONSIDERANDO DIECISEIS (16): I. En relación a la conducta delictiva de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO realizada por el sentenciado NELSON JESUS BARAHONA PORTILLO que se desprende de lo establecido en el expediente del Tribunal de Sentencia, le fue aplicado lo establecido en el artículo 284 numeral 4 del Código Penal derogado el cual tenía una pena abstracta de tres (3) a nueve (9) años de reclusión. Realizando un cotejo entre ambas normas penales, dicha conducta delictiva encaja con lo establecido en el artículo 459 del Código Penal decreto 130-2017 que dice: “USO DE DOCUMENTO FALSO. Quien, sin haber intervenido en su falsificación, presenta en juicio un documento falso de los comprendidos en el Artículo 456 del presente Código, o hace uso de dicho documento causando perjuicio a tercero, hace uso de dicho documento, debe ser castigado con la pena de prisión señalada para la falsificación, reducida en un tercio (1/3).” Consecuentemente debemos remitirnos a lo que establece el último párrafo del artículo 456 del mismo Código que establece: “FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y MERCANTILES… El delito de falsedad descrito en los numerales anteriores debe ser castigado con las penas de prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de doscientos cuarenta (240) a cuatrocientos (400) días, si se trata de documento mercantil y de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días si se trata de documento público.” Y siendo que de los hechos probados de la sentencia traída en revisión, se desprende que se trata de la falsificación de un documento público, corresponde entonces la aplicación de la pena abstracta de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días, la cual debe ser rebajada en un tercio (1/3) por aplicación de lo que establece el artículo 459 ya relacionado, resultando una pena abstracta de dos (2) años y ocho (8) meses a cuatro (4) años de prisión y multa de doscientos (200) a trescientos (300) días. Siguiendo el parámetro de dicha sentencia de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil diecinueve (2019), debe condenarse al sentenciado NELSON JESUS BARAHONA PORTILLO a la pena de dos (2) años y ocho (8) meses de prisión y multa de doscientos (200) días que a criterio de esta Sala debe aplicarse a razón de veinte (20) lempiras por día, por habérsele aplicado la pena mínima en la sentencia condenatoria ya relacionada. CONSIDERANDO DIECISIETE (17): I. Que, conforme a lo antes establecido, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva penal como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor NELSON JESUS BARAHONA PORTILLO de una norma vigente que le resulta más benigna II. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal, es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 90, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 53, 68, 373, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada MIRYAN IVONE PALOMO NUÑEZ, a favor del señor NELSON JESUS BARAHONA PORTILLO; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil diecinueve (2019); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor NELSON JESUS BARAHONA PORTILLO, por los delitos de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO, en perjuicio de INVERSIONES PINEDA RIVERA y por USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO en perjuicio de LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor NELSON JESUS BARAHONA PORTILLO, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de RECEPTACIÓN DE VEHÍCULO ROBADO en perjuicio de INVERSIONES PINEDA RIVERA a la pena de CINCO (5) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN, más la pena accesoria de INHABILITACION ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena.- SEGUNDO: CONDENANDO al señor NELSON JESUS BARAHONA PORTILLO, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO en perjuicio de LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS a la pena de DOS (2) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN, más multa de doscientos (200) días a razón de veinte (20) lempiras por día. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA - NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de febrero de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha diecinueve de enero de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0361-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.

[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.

[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.

[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.

[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.