Sentencia RP-341-22 — Registro 17016
Resumen
Se interpuso Revisión Penal contra la sentencia condenatoria en relación a la causa que se instruyó por el delito de secuestro agravado.
Análisis jurisprudencial
(Sin análisis jurisprudencial en la ficha)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice:”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de noviembre del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado EDWIN AMILCAR OYUELA AGUILAR, a favor del señor EUDES ROJAS AGUILAR, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil seis (2006), en relación a la causa que se instruyó contra el señor EUDES ROJAS AGUILAR, quien fue condenado por el delito de SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio del señor OSCAR DAVID MORALES BARAHONA. ANTECEDENTES1) Que en fecha veintisiete de mayo del año dos mil cuatro, la Abogada ANA PATRICIA DOMÍNGUEZ LOBO, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores ROBERTO DANERY ZAVALA ANDINO, OSCAR ORLANDO PEREZ TRUJILLO alias El Cadejo, y EUDES ROJAS AGUILAR, por suponerlos responsables del delito de SECUESTRO, en perjuicio del señor OSCAR DAVID MORALES BARAHONA. (Folios del 72-74 de la pieza de Antecedentes del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa)2) Que continuado el proceso, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha veintiséis de junio del año dos mil seis, en la cual Falló: (Sic) “PRIMERO:… SEGUNDO:… TERCERO:…, CUARTO:…, QUINTO: Condenamos al señor Eudes Rojas Aguilar cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de Secuestro Agravado, en perjuicio de libertad de Oscar David Morales Barahona, imponiendo al acusado, una pena principal de veintidós años de reclusión, debiéndose de computar la misma desde el día que fue recluido de manera efectiva en el Centro Penal respectivo. SEXTO: Condenamos, al mismo acusado, Eudes Rojas Aguilar como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e Interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal, en la forma señalada en esta sentencia; así como también a trabajar durante aquel tiempo en obras publicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional…” (Folios del 466-478 de la pieza de Antecedentes del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa)3) Que en fecha dieciocho de febrero del año dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado EDWIN AMILCAR OYUELA AGUILAR, presentando recurso de revisión penal a favor del señor EUDES ROJAS AGUILAR, contra la sentencia de fecha veintiséis de junio del año dos mil seis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán y relacionada en el numeral que antecede, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso el en fundamento al Principio de Retroactividad de la Ley Penal, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folios del 1-7 de los autos)4) Que en fecha trece de abril del año dos mil veintidós, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado EDWIN AMILCAR OYUELA AGUILAR, en su condición de apoderado legal del señor EUDES ROJAS AGUILAR, la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; y habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), la representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque SE OTORGUE la presente acción de revisión. (Folios del 21-23 de los autos)CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista en su escrito de interposición del Recurso señala que solicita la revisión penal de la pena, en virtud que la pena por la cual se condenó al señor Eudes Rojas Aguilar según el nuevo Código Penal, trae una pena más baja a la que se le aplicó en la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, por lo que la pena que establece el actual Código Penal para el delito de Secuestro Agravado en perjuicio de Oscar David Morales Barahona, le favorece al señor Eudes Rojas Aguilar, por haber sido condenado a una pena de veintidós (22) años de reclusión y penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil y la pena que establece el actual Código Penal es de doce (12) a quince (15) años de prisión y según la regla que más le favorece, debe ser revisada de acuerdo a los artículos 96 y 186 constitucional, 614, 615 y 616 del actual Código Penal,1 del Código Procesal Penal y 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Se debe adecuar una nueva sentencia con la pena mínima del delito de Secuestro Agravado, aplicarse a doce (12) años de prisión de forma concreta, tomando en cuenta que la sentencia fue condenado a una pena mínima y así eximirle de diez años de la actual sentencia. CONSIDERANDO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición y presentación de pruebas. Que la audiencia de oposición y presentación de pruebas se celebró en fecha trece de abril del año dos mil veintitrés, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Edwin Amílcar Oyuela Aguilar, como garantista a favor del ciudadano Eudes Rojas Aguilar y la abogada Yulibeth Garay Hernández, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra al abogado Edwin Amílcar Oyuela Aguilar, quien solicita la modificación de la sentencia y aplicar la pena mínima de 12 años de prisión de forma concreta a su representado y eximir de los 10 años de la actual sentencia en base al principio constitucional de retroactividad de la ley penal mas favorable, establecido en el artículo 96 de la Constitución de la República de Honduras, que establece que la ley no tiene efecto retroactivo excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado y en aplicación al Decreto No. 130-2017, publicado el 10 de mayo del año 2019, actual Código Penal vigente, teniendo una pena mínima de 12 años en su artículo 240, pena que le favorece a su representado según los artículos 614, 615 y 616 del actual Código Penal vigente y artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional.- Seguidamente se le cedió la palabra a la Fiscal del Ministerio Público Abogada Yulibeth Garay Hernández, quien en su análisis jurídico hace referencia a los artículos 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, 615 y 616 del nuevo Código Penal, 192 del Código Penal derogado y 240 del Código Penal vigente; expresando que al analizar las normas antes descritas así como la sentencia de fecha veintiséis de junio de dos mil seis, la cual en su apartado “Fundamentos Jurídicos” en el numeral noveno, párrafo sexto, expreso la existencia de la agravante del numeral 3) del artículo 194 como era “3) Cuando es realizado por persona que es o haya sido miembro de las fuerzas armadas, la policía nacional u organismo de investigación del Estado”, ya que se acredito que el señor Eudes Rojas Aguilar, era miembro activo de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), al momento de cometer el hecho delictivo. Circunstancia agravante que, con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 130-2017 contentivo del Código Penal, se convierte en un delito cualificado, es decir una especial circunstancia personal del autor, como lo es ser funcionario o empleado público, como se puede apreciar en el artículo 242 de dicho Código, no siendo aplicable en perjuicio del sentenciado, quedando las demás subsistentes, en aplicación de las reglas que señala el artículo 616 del Código Penal vigente. Al examinar lo peticionado por el revisionista de conformidad con lo dispuesto en los artículos fijados para determinar la ley mas favorable, el Ministerio Público estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal son mas favorables al sentenciado, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta conforme la legislación derogada, resulta mas perjudicial que con el actual, siendo por lo tanto procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la ley penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. CONSIDERANDO (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a.Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.CONSIDERANDO (7): Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a.Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal.b.Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. C.La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.CONSIDERANDO (8): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (9): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, el señor Eudes Rojas Aguilar, fue condenado mediante sentencia dictada en fecha veintiséis de junio del año dos mil seis, por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el delito de Secuestro Agravado, tipificado en el Artículo 1922 y la agravante contenida en el numeral 3 del artículo 194 de la norma derogada que disponía “Secuestro: Será sancionado con la pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida, aun cuando no consiguiere su propósito, quien con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualquiera de los propósitos siguientes: a) Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio; b) Obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo; y c) Publicitarios o políticos…”. Articulo 194.3) “Serán circunstancias agravantes para los delitos establecidos en los artículos 192, 193 y 195, además de las señaladas en la Parte general de este Código, las siguientes: 1)…; 2)…; 3) Cuando es realizado por persona que es o haya sido miembro de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional u organismos de investigación del Estado…”. La nueva norma en vigencia a partir del veinticinco de junio del año dos mil veinte, tipifica en el artículo 239 “Secuestro. Quien prive de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena”. Seguidamente el artículo 240 establece el aumento de la pena cuando en la comisión del hecho concurran las circunstancias agravantes en él enunciadas, siendo de aplicabilidad al caso la contenida en el numeral 7) a saber: “Secuestro Agravado. El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena cuando concurran alguna de las circunstancias siguientes: 1)…; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado;…”.CONSIDERANDO (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo resaltado y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (11): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.CONSIDERANDO (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor Eudes Rojas Aguilar fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha veintiséis de junio del año dos mil seis a la PENA PRINCIPAL de VEINTIDÓS (22) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de SECUESTRO AGTAVADO, en perjuicio de OSCAR DAVID MORALES BARAHONA; asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria de fecha veintiséis de junio del año dos mil seis mediante la cual se condenó al ciudadano Eudes Rojas Aguilar, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en el artículo 192 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de Secuestro Agravado. III- Esta Sala considera que el caso sub júdice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma más favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna.CONSIDERANDO (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor Eudes Rojas Aguilar, la pena principal de VEINTIDÓS (22) AÑOS DE RECLUSIÓN y las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio OSCAR DAVID MORLAES BARAHONA. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de SECUESTRO AGRAVADO, previsto en el artículo 240, prevé una pena abstracta de doce (12) a quince (15) años de prisión y la prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. En la sentencia que se revisa de fecha veintiséis de junio del año dos mil seis, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, aprecio que el condenado no tenía procesos pendientes, por ello al momento de determinar la pena concreta, estimó proporcionado imponer la pena mínima privativa de libertad, al señor Eudes Rojas Aguilar, ello en atención a que la circunstancia gravante es concurrente como parte del tipo penal, circunstancia agravante que recoge la nueva norma penal en su artículo 240, al indicar en el numeral 7) “El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado”. En ese orden de ideas la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la Ley penal en favor del señor Eudes Rojas Aguilar.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 92, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 239, 240, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado EDWIN AMILCAR OYUELA AGUILAR, a favor del señor EUDES ROJAS AGUILAR; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha VEINTISÉIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL SEIS; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor EUDES ROJAS AGUILAR, por el delito SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio de OSCAR DAVID MORALES BARAHONA, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor EUDES ROJAS AGUILAR, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio de la libertad de OSCAR DAVID MORALES BARAHONA, a la pena de DOCE (12) AÑOS DE PRISIÓN, más la prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente, para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó la Magistrada Francisca Villela Zavala.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil veintitrés, certificación del fallo de fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0341-2022. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.