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Sentencia RP-328-22 — Registro 17015

Resumen

Acto recurrido contra la sentencia de condena por delito de secuestro, en relación a la aplicabilidad del principio de retroactividad de la Ley a efecto de aplicar las disposiciones más favorables en favor del recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor LUIS ALEXIS VARELA GUEVARA, la pena principal de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de SECUESTRO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso en cuanto al delito de Secuestro, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en su artículo 192, antes de ser reformado mediante Decreto 125-2003 del 27 de agosto del 2003, establecía: “ Quien secuestre a una persona para obtener de ella o de un tercero, como precio de su libertad, dinero, bienes, títulos o documentos que produzcan provecho o utilidad a favor del secuestrador o de otra persona que éste señale, será sancionado así: 1)…2)…3)…De veinte(20) a treinta (30) años, si liberasen a la persona habiendo cobrado el precio reclamado.” En cuanto al Código Penal Vigente Decreto 130-2017, establece el artículo 239.- “SECUESTRO. Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el tiempo de la condena. Debemos tomar en cuenta también, las circunstancias agravantes del tipo penal de secuestro, el artículo 240 del mismo cuerpo legal dispone: “Secuestro Agravado. El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) El autor logra el cumplimiento de la condición. … 2) … 3) … 4) … 5) … 6) … 7) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años.” Siendo que se desprende de los hechos probados de la sentencia de fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil tres (2003) dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, que la víctima estuvo en cautiverio, pagándose cierta cantidad de dinero para lograr su liberación, y dicha conducta criminal fue ejecutada en el ámbito de un grupo delictivo organizado consecuentemente, el marco de penas abstractas a imponer es de quince (15) a veinte (20) años de prisión. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada arrojando una pena más benigna para el sentenciado. II. Por lo tanto, en vista de que las circunstancias de los hechos manifiestan concurrencia de agravantes, circunstancias estas que son modificativas del delito reconocidas en la nueva norma penal; siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación, haciendo usanza de las fórmulas estatuidas en el Código Penal Vigente, y partiendo de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, y replicando los parámetros dictados por el juzgador primario, donde al encausado se le impuso una pena máxima por el delito de Secuestro, tomándose en cuenta las circunstancias personales del sentenciado, se debe seguir esa línea procedimental a efecto de aplicar la nueva pena. III. Para determinar la pena a imponer, la norma sustantiva nos remite al artículo 70 que dispone: Concurrencia o Ausencia de Circunstancias Modificativas de la Responsabilidad Penal.” El Órgano Jurisdiccional competente debe individualizar motivadamente la duración de la pena a imponer, sujetándose a las reglas siguientes:1) En los delitos dolosos el Órgano Jurisdiccional competente determinará la pena dentro del máximo y el mínimo que la Ley señala al delito, tomando en consideración las reglas siguientes: a) …b) Si solo concurre una (1) o dos (2) circunstancias agravantes y ninguna atenuante, se aplica la pena media hasta el límite máximo…” En ese orden de ideas, y siendo que al inculpado se le aplicó la pena máxima, como se deja señalado en el numeral que antecede, se debe imponer al encausado una pena de VEINTE (20) AÑOS DE PRISION POR EL DELITO DE SECUESTRO Y PROHIBICIÓN DE RESIDENCIA POR EL DOBLE DE TIEMPO DE LA CONDENA y se impone la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena. IV. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, Procede la Revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo cómputo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..." Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor LUIS ALEXIS VARELA GUEVARA, la pena principal de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de SECUESTRO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso en cuanto al delito de Secuestro, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en su artículo 192, antes de ser reformado mediante Decreto 125-2003 del 27 de agosto del 2003, establecía: “ Quien secuestre a una persona para obtener de ella o de un tercero, como precio de su libertad, dinero, bienes, títulos o documentos que produzcan provecho o utilidad a favor del secuestrador o de otra persona que éste señale, será sancionado así: 1)…2)…3)…De veinte(20) a treinta (30) años, si liberasen a la persona habiendo cobrado el precio reclamado.” En cuanto al Código Penal Vigente Decreto 130-2017, establece el artículo 239.- “SECUESTRO. Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el tiempo de la condena. Debemos tomar en cuenta también, las circunstancias agravantes del tipo penal de secuestro, el artículo 240 del mismo cuerpo legal dispone: “Secuestro Agravado. El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) El autor logra el cumplimiento de la condición. … 2) … 3) … 4) … 5) … 6) … 7) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años.” Siendo que se desprende de los hechos probados de la sentencia de fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil tres (2003) dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, que la víctima estuvo en cautiverio, pagándose cierta cantidad de dinero para lograr su liberación, y dicha conducta criminal fue ejecutada en el ámbito de un grupo delictivo organizado consecuentemente, el marco de penas abstractas a imponer es de quince (15) a veinte (20) años de prisión. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada arrojando una pena más benigna para el sentenciado. II. Por lo tanto, en vista de que las circunstancias de los hechos manifiestan concurrencia de agravantes, circunstancias estas que son modificativas del delito reconocidas en la nueva norma penal; siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación, haciendo usanza de las fórmulas estatuidas en el Código Penal Vigente, y partiendo de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, y replicando los parámetros dictados por el juzgador primario, donde al encausado se le impuso una pena máxima por el delito de Secuestro, tomándose en cuenta las circunstancias personales del sentenciado, se debe seguir esa línea procedimental a efecto de aplicar la nueva pena. III. Para determinar la pena a imponer, la norma sustantiva nos remite al artículo 70 que dispone: Concurrencia o Ausencia de Circunstancias Modificativas de la Responsabilidad Penal.” El Órgano Jurisdiccional competente debe individualizar motivadamente la duración de la pena a imponer, sujetándose a las reglas siguientes:1) En los delitos dolosos el Órgano Jurisdiccional competente determinará la pena dentro del máximo y el mínimo que la Ley señala al delito, tomando en consideración las reglas siguientes: a) …b) Si solo concurre una (1) o dos (2) circunstancias agravantes y ninguna atenuante, se aplica la pena media hasta el límite máximo…” En ese orden de ideas, y siendo que al inculpado se le aplicó la pena máxima, como se deja señalado en el numeral que antecede, se debe imponer al encausado una pena de VEINTE (20) AÑOS DE PRISION POR EL DELITO DE SECUESTRO Y PROHIBICIÓN DE RESIDENCIA POR EL DOBLE DE TIEMPO DE LA CONDENA y se impone la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena. IV. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, Procede la Revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo cómputo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."

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Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado MARIO ROBERTO SABALLETTE TREJO, a favor del señor LUIS ALEXIS VARELA GUEVARA, contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, con relación a la causa que se instruyó contra el señor LUIS ALEXIS VARELA GUEVARA por el delito de SECUESTRO EN PERJUICIO DE ARLENE BARH CARTAGENA.ANTECEDENTES 1) Que continuado el proceso, el Juzgado de Letras Penal, Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, en la cual: “FALLA: PRIMERO:... SEGUNDO: CONDENANDO A POMPILIO ORTEGA PALMA, WILFREDO PADILLA AGUILAR, LUIS ALEXIS VARELA todos de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia a la pena de TREINTA AÑOS DE RECUSION POR EL DELITO DE SECUESTRO EN PERJUICIO DE ARLEN BARH CARTAGENA Y A LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICICCION CIVIL POR EL TIEMPO QUE DURE LA CONDENA ...” (Folios 1263 al 1267 de los antecedentes de primera instancia) 2) Que en fecha diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022), compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado MARIO ROBERTO SABALETTE TREJO, presentando recurso de revisión penal a favor del señor LUIS ALEXIS VARELA GUEVARA, contra la sentencia condenatoria de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, dictada por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01 al 7 del recurso3) Que en fecha siete de marzo de dos mil veintidós, la Sala de lo Constitucional resolvió admitir el recurso de revisión de que se hace relación y se dispuso librar las respectivas comunicaciones, a efecto de que remitieran los antecedentes de la causa, ordenar en su oportunidad la respectiva audiencia. (Folios 17 del recurso de mérito) 4) Que en fecha trece de abril de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado MARIO ROBERTO SABALETTE TREJO, en su condición de apoderado legal del señor LUIS ALEXIS VARELA GUEVARA , y la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO , en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017).- La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, al estimar la representación Fiscal, que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal, son las más favorables al sentenciado. (Folios 25 al 27 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Posicionamiento de las partes en audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha trece (13) de abril del año dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado MARIO ROBERTO SABALETTE TREJO, en su condición de apoderado legal del señor LUIS ALEXIS VARELA GUEVARA, quien manifestó lo siguiente: “En representación del señor LUIS ALEXIS VARELA GUEVARA quien fue condenado por el delito de SECUESTRO Y en donde expondré de la manera siguiente mi pretensión, el motivo de presentar dicho recurso es porque esta defensa considera que a mi representado le asiste la retroactividad de la ley en su artículo 96 de la constitución de la república, así como el articulo 615 y 616 del código penal vigente decreto 130-2017, y también donde se condenó a mi representado bajo decreto 144-83 por el delito de secuestro en su artículo 192 de dicho cuerpo legal que oscilaba la pena de veinte (20) años a privación de libertad de por vida, empero él fue condenado a la pena de treinta (30) años de reclusión como consta la sentencia de fecha diecinueve (19) de mayo del año 2003 y bajo folio mil doscientos cuarenta y seis (1246) del Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, pero a la entrada en vigencia el nuevo código penal decreto 130-2017 en su artículo 239 del secuestro la pena es de 8 a 12 años de reclusión, y el artículo 240 del delito de secuestro agravado es de 12 a 15 años de reclusión con concurrencia de dos circunstancias del mismo artículo que oscila de 15 a 20 años, es del parecer de esta defensa que a mi representado le asiste el derecho del artículo 240 del actual código penal y se decrete por parte de esta honorable sala constitucional, una nueva sentencia de 12 a 15 años de reclusión.” La Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en representación del Ente Acusador expreso lo Siguiente: “De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público se aprecia que en el Código Penal derogado el delito de SECUESTRO se encontraba regulado en el artículo 192, que señalaba: Será sancionado con la pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida… En el Código Penal Vigente el delito de SECUESTRO se encuentra regulado en el artículo 239 que señala: “Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. Del examen del fallo sub-judice, el Ministerio Público aprecia de los hechos probados de la sentencia de mérito, que en el presente caso se acredito que la madre de la víctima realizó el pago de la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L. 250,000.00) a cambio de la libertad de su hija y que esta fue privada de su libertad por varios individuos (cuatro personas portando armas de fuego), por lo que al concurrir dichas agravantes el accionar ilícito de los imputados se enmarca conforme el Código Penal Vigente en el delito de SECUESTRO AGRAVADO, regulado en el artículo 240 que señala: “El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) El autor logra el cumplimiento de la condición 2)…; 3)…; 4)...; 5) …; 6)...; 7) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado…; 8) Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. De lo expuesto en el presente caso al concurrir las agravantes antes citadas en el delito de SECUESTRO AGRAVADO la pena a imponer al señor LUIS ALEXIS VARELA GUEVARA, será de 15 a 20 años de prisión, por lo que correspondería imponer la pena de 20 años de prisión, en virtud de lo cual se aprecia que la aplicación de la nueva Ley penal resulta más favorable al condenado, por lo que es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. III.OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión.”CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. Así mismo es importante señalar que la Revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar el artículo 186 del Constitución de la Republica. Articulo 95 y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE(7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”.CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas.CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor LUIS ALEXIS VARELA GUEVARA, fue condenado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, mediante la Sentencia Definitiva Y Firme de fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil tres( 2003), a la pena de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de SECUESTRO, en perjuicio de DE ARLENE BARH CARTAGENA, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 192 NUMERAL 3 DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de Secuestro. III. Esta Sala procede a examinar si el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho.CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor LUIS ALEXIS VARELA GUEVARA, la pena principal de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de SECUESTRO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso en cuanto al delito de Secuestro, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en su artículo 192, antes de ser reformado mediante Decreto 125-2003 del 27 de agosto del 2003, establecía: “ Quien secuestre a una persona para obtener de ella o de un tercero, como precio de su libertad, dinero, bienes, títulos o documentos que produzcan provecho o utilidad a favor del secuestrador o de otra persona que éste señale, será sancionado así: 1)…2)…3)…De veinte(20) a treinta (30) años, si liberasen a la persona habiendo cobrado el precio reclamado.” En cuanto al Código Penal Vigente Decreto 130-2017, establece el artículo 239.- “SECUESTRO. Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el tiempo de la condena. Debemos tomar en cuenta también, las circunstancias agravantes del tipo penal de secuestro, el artículo 240 del mismo cuerpo legal dispone: “Secuestro Agravado. El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) El autor logra el cumplimiento de la condición. … 2) … 3)… 4) … 5) … 6) … 7) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años.” Siendo que se desprende de los hechos probados de la sentencia de fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil tres (2003) dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, que la víctima estuvo en cautiverio, pagándose cierta cantidad de dinero para lograr su liberación, y dicha conducta criminal fue ejecutada en el ámbito de un grupo delictivo organizado consecuentemente, el marco de penas abstractas a imponer es de quince (15) a veinte (20) años de prisión. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada arrojando una pena más benigna para el sentenciado. II. Por lo tanto, en vista de que las circunstancias de los hechos manifiestan concurrencia de agravantes, circunstancias estas que son modificativas del delito reconocidas en la nueva norma penal; siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación, haciendo usanza de las fórmulas estatuidas en el Código Penal Vigente, y partiendo de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, y replicando los parámetros dictados por el juzgador primario, donde al encausado se le impuso una pena máxima por el delito de Secuestro, tomándose en cuenta las circunstancias personales del sentenciado, se debe seguir esa línea procedimental a efecto de aplicar la nueva pena. III. Para determinar la pena a imponer, la norma sustantiva nos remite al artículo 70 que dispone: Concurrencia o Ausencia de Circunstancias Modificativas de la Responsabilidad Penal.” El Órgano Jurisdiccional competente debe individualizar motivadamente la duración de la pena a imponer, sujetándose a las reglas siguientes:1) En los delitos dolosos el Órgano Jurisdiccional competente determinará la pena dentro del máximo y el mínimo que la Ley señala al delito, tomando en consideración las reglas siguientes: a) …b) Si solo concurre una (1) o dos (2) circunstancias agravantes y ninguna atenuante, se aplica la pena media hasta el límite máximo…” En ese orden de ideas, y siendo que al inculpado se le aplicó la pena máxima, como se deja señalado en el numeral que antecede, se debe imponer al encausado una pena de VEINTE (20) AÑOS DE PRISION POR EL DELITO DE SECUESTRO Y PROHIBICIÓN DE RESIDENCIA POR EL DOBLE DE TIEMPO DE LA CONDENA y se impone la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena. IV. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, Procede la Revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo cómputo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 35, 38, 58, 70, 239 Y 240, del Código Penal Vigente FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado MARIO ROBERTO SABALETTE TREJO, a favor del señor LUIS ALEXIS VARELA GUEVARA; II) ANULA PARCIALMENTE la Sentencia Definitiva Y Firme dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor LUIS ALEXIS VARELA GUEVARA, por el delito SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio de ARLENE BARH CARTAGENA, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO Al Señor LUIS ALEXIS VARELA GUEVARA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia, por el delito de SECUESTRO AGRAVADO en perjuicio de ARLENE BARH CARTAGENA, a la pena de VEINTE (20) AÑOS DE PRISION Y PROHIBICIÓN DE RESIDIR O ACUDIR AL LUGAR EN QUE SE HAYA COMETIDO EL DELITO O A AQUEL EN QUE RESIDA LA VÍCTIMA O SU FAMILIA POR EL DOBLE DE TIEMPO DE LA CONDENA. SEGUNDO: Se Condena a la pena accesoria de Inhabilitación Absoluta durante el tiempo de la condena. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente Sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. REDACTÓ EL MAGISTRADO WAGNER VALLECILLO. NOTIFÍQUESE. – FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil veintitrés, certificación del fallo de fechas ocho de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0328-2022.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.