Sentencia RP-296-22 — Registro 17014
Resumen
Sentencia condenatoria por estricta conformidad, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, por el delito de Facilitación de medios de transporte para el Tráfico de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria de fecha nueve de abril del año dos mil diecinueve mediante la cual se condenó al ciudadano Héctor Raúl Cáceres Ordoñez, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, contenido en el Decreto Legislativo Número 126-89, estimando que el condenado cometió el delito de Facilitación de medios de Transporte para el Tráfico de Drogas. III- Esta Sala considera que el caso sub júdice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma más favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. CONSIDERANDO (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor HÉCTOR RAÚL CÁCERES ORDOÑEZ, la pena principal de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSIÓN y una MULTA DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS. 50,000.00) y las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, así como a trabajar en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO DE DROGAS, en perjuicio LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de TRÁFICO DE DROGAS, previsto en el artículo 311, prevé para el caso en estudio, una pena abstracta de cuatro (4) a siete (7) años de prisión y multa de cien (100) días, ello relacionado con lo establecido en los artículos 53 y 321 de la misma norma penal. Al aplicar el artículo 53 del nuevo Código Penal, que establece el sistema de Días Multa, es así que la Multa tiene un valor no menor de veinte lempiras (L 20.00) ni mayor de cinco mil lempiras (L 5,000.00), en consecuencia, al efectuar el cálculo aritmético en aplicación de la multa mínima de 100 días y el valor mínimo de 20 lempiras, correspondería una multa de DOS MIL LEMPIRAS (LPS. 2,000.00). En la sentencia que se revisa de fecha nueve de abril del año dos mil diecinueve, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia condenatoria por Estricta Conformidad de las partes, por ello al momento de determinar la pena concreta, se acordó imponer las penas mínimas de privación de la libertad y multa al señor HÉCTOR RAÚL CÁCERES ORDOÑEZ, sin la observancia de circunstancias atenuantes y agravantes, en atención a lo establecido en el artículo 322 del Código Procesal Penal. Los hechos que se contienen en la sentencia que se revisa, encuadran con los establecidos en el artículo 311, relacionado con el artículo 321 del Decreto 130-2017, ello es así, porque al condenado se le encontró en posesión de ciento treinta y dos, coma seis gramos de marihuana; droga que se entiende no causa grave daño a la salud, según lo determina la nueva norma penal en su artículo 321, segundo párrafo, asimismo la cantidad decomisada no se considera de especial importancia, por ello se deben aplicar las penas mínimas, tanto la privativa de la libertad, como la multa, según el acuerdo al que se llegó al momento de dictar la sentencia condenatoria que ahora se revisa. En ese orden de ideas la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme al artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Trafico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas creado mediante Decreto 126-89, artículo recién derogado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la Ley penal en favor del señor Héctor Raúl Cáceres Ordoñez.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la intervención del Agente de Tribunales del Ministerio Público, así como la Representación de la Procuraduría General de la República, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96.8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 53, 311, 321, 615, 616 y 632.6) del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado RAMON MATAMOROS, a favor del señor HECTOR RAUL CACERES ORDOÑEZ; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor HECTOR RAUL CACERES ORDOÑEZ, por el delito FACILITACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENAR por estricta conformidad de las partes, al señor HECTOR RAUL CACERES ORDOÑEZ, cuyas generales han sido anteriormente consignadas, como autor responsable penalmente de un delito de TRÁFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA, a la pena de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, y una MULTA DE DOS MIL (LPS. 2,000.00) lempiras, la cual deberá enterar a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos.
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Código Penal No. 130-17, art. 321 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de noviembre del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor del señor Héctor Raúl Cáceres Ordoñez, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de fecha nueve de abril del año dos mil diecinueve, en relación a la causa que se instruyó contra el señor Héctor Raúl Cáceres Ordoñez, quien fue condenado por el delito de Facilitación de medios de transporte para el Tráfico de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. ANTECEDENTES 1) En fecha catorce de noviembre del año dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Grissell Portillo Espino, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Héctor Raúl Cáceres Ordoñez, por suponerlo responsable del delito de Transporte Ilícito de Estupefacientes, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. (Folios del 2-4 de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que en fecha nueve de abril del año dos mil diecinueve, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic)“PRIMERO: CONDENAR por estricta conformidad de las partes, al señor HECTOR RAUL CACERES ORDOÑEZ cuyas generales han sido anteriormente consignadas, como autora responsable penalmente del delito de FACILITACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DELA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS a una pena de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSIÓN y una MULTA DE CINCUENTA MIL (Lps.50,000.00) LEMPIRAS, la cual deberá de enterar en la Tesorería General de la República. A la pena de reclusión se deberá descontar el tiempo en que los acusados hayan estado privado de su libertad como consecuencia de su detención y el cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva que se le hubiese impuesto por esta causa y que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que estime mas conveniente el Juez de Ejecución Competente. SEGUNDO: CONDENAR al señor HECTOR RAUL CACERES ORDOÑEZ a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, así como a trabajar en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. TERCERO: Declarar la responsabilidad civil del señor HECTOR RAUL CACERES ORDOÑEZ la cual deberá ser fijada en la etapa de ejecución de la sentencia. CUARTO: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados en el juicio al imputado HECTOR RAUL CACERES ORDOÑEZ. QUINTO: Se ordena el comiso de ciento treinta y dos coma seis gramos (132,6) gramos de hierba seca de marihuana, la cual se encuentra en custodia en el Almacén de Evidencia del Ministerio Publico, quien deberá de remitir la droga en mención al Juzgado de Ejecución Competente para su posterior destrucción. SEXTO: Se absuelve al señor HECTOR RAUL CACERES ORDOÑEZ del delito de POSESION DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. SEPTIMO: Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.” (Folios del 90-92fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) En fecha once (11) de febrero del año dos mil veintidós (2022), compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Abogado Ramon Matamoros, interponiendo recurso de revisión penal a favor del señor Héctor Raúl Cáceres Ordoñez, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más favorable para su representado. (Folios del 1-4 de los autos) 4) Que en fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil veintidós (2022), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia se libre comunicación al Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a efecto de remitir el expediente que contiene las diligencias, así como el respectivo cómputo de pena y recibidos que fueren los antecedentes se proceda de conformidad a lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley sobre Justicia Constitucional. (Folio 9 de los autos) 5) En fecha dieciocho de mayo del año dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante Marvin Rigoberto Espinal Pinel, con la comparecencia de la Abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público asimismo, la Abogada Isis Sarahí Ordoñez Canales, en su condición de Representante de la Procuraduría General de la República y el Abogado Ramón Matamoros, en su condición de Apoderado Legal del señor Héctor Raúl Cáceres Ordoñez; cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, ambos a favor que se conceda el referido recurso de revisión; habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), la representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, asimismo la Representante de la Procuraduría General de la República, se manifestó en atención a que se debe otorgar el beneficio al hoy encausado. (Folios del 18-20fv de los autos) CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista en su escrito de interposición del Recurso señala que el recurso de revisión penal consiste en el cambio de la pena concreta que se le impuso al señor Héctor Raúl Cáceres Ordoñez, de la pena de 6 años de reclusión y una multa de 50,000.00 lempiras. El articulo 22 de la Ley sobre Uso Indebido de Drogas, por la reforma vigente del Código Penal en relación al artículo 311 y 321 del mismo cuerpo legal, en relación al principio de retroactividad de la ley penal, establecida en el artículo 615 y 616, por lo que sería más recomendable imponer una pena conforme a lo que establece nuestra norma penal en el Decreto 130-2017 publicada en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 10 de mayo del año 2020 en su articulo 311 y 321, la pena es de 2 a 5 años y una multa de 100 días. CONSIDERANDO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición y presentación de pruebas. Que la audiencia de oposición y presentación de pruebas se celebró en fecha dieciocho de mayo del año dos mil veintitrés, ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Ramon Matamoros, como garantista a favor del ciudadano Héctor Raúl Cáceres Ordoñez, la abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña y la Abogada Isis Sarahi Ordoñez Canales, en su condición de Representante de la Procuraduría General de la República. Se le cedió la palabra a la parte recurrente, al abogado Ramón Matamoros, para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: Se ratifica el contenido de la solicitud de revisión de sentencia condenatoria, que fue presentada en fecha 11 de febrero 2022, ante la Sala de lo Constitucional. Se aplique el principio de Retroactividad de la Ley Penal al señor Héctor Raúl Cáceres Ordoñez, quien fue condenado por el delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, a una pena de 6 años de reclusión y una multa de Lps. 50,000.00 del artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. sustituirle la pena y multa por el artículo 311 del nuevo Código Penal vigente, en donde se solicita una pena mínima de 2 años y una multa de 100 días… Seguidamente se le cedió la palabra a la Fiscal del Ministerio Público Abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez quien al hacer uso de la palabra consideró: “… Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, la pena a imponer por el delito de FACILITACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, por el cual se condenó al señor HÉCTOR RAÚL CÁCERES ORDOÑEZ, es una pena de seis (6) a nueve (9) años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras; y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días, según el artículo 311, que regula el delito de TRÁFICO DE DROGAS. El artículo 53, señala.- PENA DE DÍAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada… Bajo este examen se constata con los antecedentes, de los hechos declarados probados en la sentencia, así como del apartado de la fundamentación jurídica, que en el presente caso se encuentran acreditados que el sentenciado le decomisaron 132,6 gramos de hierba seca marihuana, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311 del Código Penal corresponde aplicar una pena abstracta de cuatro (4) a siete (7) años, por tratarse de drogas que no causan grave daño a la salud de conformidad con lo estipulado en el artículo 321 segundo párrafo del Código Penal vigente, en cuanto señala que o causan grave daño a la salud los derivados del cáñamo indico o americano o del cannabis sativa, mas la pena de multa de cien (100) días, conforme lo señala el precitado artículo 53 del nuevo Código Penal. Al examinar lo peticionado por el revisionista, en atención a los mismos parámetros aplicados en la sentencia objeto de revisión que fue emitida en estricta conformidad, es que se estime que la ley Penal vigente efectivamente establece una pena más favorable al hoy condenado, en ese sentido se estima que lo peticionado por el revisionista se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal por ser esta más benigna al condenado. III. OPINION: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados…” Acto seguido se le cedió la palabra a la Abogada Isis Sarahi Ordoñez Canales, en su condición de Representante de la Procuraduría General de la Republica, quien expresó: “… después de haber analizado la solicitud hecha por la defensa del señor Héctor Raúl Cáceres Ordoñez, estima que en base a lo que se establece en el artículo 614 y 615 del Decreto 130-2017 y tal como se consagra en la Constitución de la República, se le debe otorgar el beneficio al hoy encausado, sin embargo esta representación estima que debe ser tal como lo establece el artículo 311 en su párrafo primero el cual conllevaría una pena abstracta de cuatro a siete años de reclusión y no como establece la Defensa, que sea a través del segundo párrafo de dicho artículo, ello pues esta representación estima que la dinámica en que se dieron los hechos y tal como se plasma en la sentencia S4 TST 33-2019 de fecha nueve de abril del año dos mil diecinueve, es ponderable que sea aplicable la pena abstracta contenida en el párrafo primero y no en el párrafo segundo, por no haber existido en su momento procesal oportuno atenuantes, tal como sería la pena aplicable en el párrafo segundo. (Folios 18-20fv de los autos) CONSIDERANDO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. CONSIDERANDO (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución de la Republica de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c.Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO (7): Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a.Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b.Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c.La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.CONSIDERANDO (8): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (9): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, el señor Héctor Raúl Cáceres Ordoñez, fue condenado mediante sentencia dictada en fecha nueve de abril del año dos mil diecinueve, por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el delito de Facilitación de los medios de transporte para el Tráfico de Drogas, tipificado en el Artículo 22 de la LEY SOBRE USO INDEBIDO Y TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, norma derogada según lo establecido en el Artículo 632.6) del Decreto 130-2017, que disponía “Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aun a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas”. La nueva norma en vigencia a partir del veinticinco de junio del año dos mil veinte, tipifica en el artículo 311 “Trafico de Drogas. Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos”. En ambos supuestos se debe imponer, además multa de cien (100) a quinientos (500) días. Las penas de prisión a imponer deben ser, en cada uno de los supuestos del párrafo anterior, de uno (1) a tres (3) años o de dos (2) a cinco (5) años de prisión, cuando de las circunstancias del hecho y de las personales del culpable, se deduzca una menor gravedad. No se puede hacer uso de esta regla si concurre alguna de las agravantes contempladas en el artículo siguiente”. Seguidamente el artículo 321 establece las definiciones a saber: “Definiciones. Por droga, estupefaciente o sustancia psicotrópica, se entiende cualquiera de las sustancias incluidas en las Listas I, II y IV de la Convención Única, y sus Protocolos, de Naciones Unidas sobre estupefacientes, hecha en Nueva York, de 1961 y en las Listas I, II, III y IV del Convenio y sus Protocolos, de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas, hecho en Viena, el 21 de febrero de 1971. Se entiende que no causan grave daño a la salud los derivados del cáñamo indico o americano o del cannabis sativa. El resto de las drogas incluidas en las listas a las que se refiere el párrafo anterior se debe considerar que causan grave daño a la salud a los efectos del presente Código. Por cantidad de especial importancia se entienden las siguientes: 1) diez mil (10.000) gramos de marihuana, 2) mil (1000) gramos de hachís, 3) dos mil (2.000) gramos de cocaína o de alcaloide derivado de la cocaína, 4) sesenta (60) gramos de opio o de sus derivados o, 5) doscientos (200) gramos de droga sintética o cuatrocientos (400) milímetros cuando la droga sintética se encuentre en solución. Por precursores se entienden las sustancias recogidas en los Cuadros I y II de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, hecha en Viena el 20 de Diciembre de 1988”. CONSIDERANDO (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo resaltado y subrayado es nuestro-CONSIDERANDO (11): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.CONSIDERANDO (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor Héctor Raúl Cáceres Ordoñez fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha nueve de abril del año dos mil diecinueve, en aplicación de la figura jurídica de la Estricta Conformidad de las partes, a la PENA PRINCIPAL de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSIÓN y una MULTA DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS. 50,000.00), por el delito de FACILITACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS; asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, así como a trabajar en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria de fecha nueve de abril del año dos mil diecinueve mediante la cual se condenó al ciudadano Héctor Raúl Cáceres Ordoñez, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, contenido en el Decreto Legislativo Número 126-89, estimando que el condenado cometió el delito de Facilitación de medios de Transporte para el Tráfico de Drogas. III- Esta Sala considera que el caso sub júdice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma más favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. CONSIDERANDO (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor HÉCTOR RAÚL CÁCERES ORDOÑEZ, la pena principal de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSIÓN y una MULTA DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS. 50,000.00) y las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, así como a trabajar en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO DE DROGAS, en perjuicio LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de TRÁFICO DE DROGAS, previsto en el artículo 311, prevé para el caso en estudio, una pena abstracta de cuatro (4) a siete (7) años de prisión y multa de cien (100) días, ello relacionado con lo establecido en los artículos 53 y 321 de la misma norma penal. Al aplicar el artículo 53 del nuevo Código Penal, que establece el sistema de Días Multa, es así que la Multa tiene un valor no menor de veinte lempiras (L 20.00) ni mayor de cinco mil lempiras (L 5,000.00), en consecuencia, al efectuar el cálculo aritmético en aplicación de la multa mínima de 100 días y el valor mínimo de 20 lempiras, correspondería una multa de DOS MIL LEMPIRAS (LPS. 2,000.00). En la sentencia que se revisa de fecha nueve de abril del año dos mil diecinueve, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia condenatoria por Estricta Conformidad de las partes, por ello al momento de determinar la pena concreta, se acordó imponer las penas mínimas de privación de la libertad y multa al señor HÉCTOR RAÚL CÁCERES ORDOÑEZ, sin la observancia de circunstancias atenuantes y agravantes, en atención a lo establecido en el artículo 322 del Código Procesal Penal. Los hechos que se contienen en la sentencia que se revisa, encuadran con los establecidos en el artículo 311, relacionado con el artículo 321 del Decreto 130-2017, ello es así, porque al condenado se le encontró en posesión de ciento treinta y dos, coma seis gramos de marihuana; droga que se entiende no causa grave daño a la salud, según lo determina la nueva norma penal en su artículo 321, segundo párrafo, asimismo la cantidad decomisada no se considera de especial importancia, por ello se deben aplicar las penas mínimas, tanto la privativa de la libertad, como la multa, según el acuerdo al que se llegó al momento de dictar la sentencia condenatoria que ahora se revisa. En ese orden de ideas la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme al artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Trafico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas creado mediante Decreto 126-89, artículo recién derogado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la Ley penal en favor del señor Héctor Raúl Cáceres Ordoñez.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la intervención del Agente de Tribunales del Ministerio Público, así como la Representación de la Procuraduría General de la República, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96.8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 53, 311, 321, 615, 616 y 632.6) del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado RAMON MATAMOROS, a favor del señor HECTOR RAUL CACERES ORDOÑEZ; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor HECTOR RAUL CACERES ORDOÑEZ, por el delito FACILITACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENAR por estricta conformidad de las partes, al señor HECTOR RAUL CACERES ORDOÑEZ, cuyas generales han sido anteriormente consignadas, como autor responsable penalmente de un delito de TRÁFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA, a la pena de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, y una MULTA DE DOS MIL (LPS. 2,000.00) lempiras, la cual deberá enterar a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente, para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó la Magistrada Francisca Villela Zavala.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de enero de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha treinta de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0296-2022. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.