Sentencia RP-272-22 — Registro 17783
Resumen
Sentencia en revisión condenó a recurrente por el delito Extorsión en perjuicio de Testigo protegido AF-022; La Sala concluye que no le es más favorable este Código en el presente caso, pues la pena a imponer sería la misma al realizar los cálculos, además la multa se incrementaría. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código no benefician al condenado; no se puede imponer las penas solicitadas para el ilícito penal, en base al principio pro homine; por lo que no es procedente la aplicación retroactiva
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de la sentencia emitida por el juzgador primario y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor MARIO JAVIER ESTRADA ARTICA fue condenado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION. TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, mediante la sentencia definitiva y firme en fecha cinco (05) de septiembre de dos mil dieciocho a la pena, de ONCE (11) AÑOS, TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN, por el delito de EXTORSION en perjuicio de la TESTIGO PROTEGIDO AF-022; y a la multa de TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37-5) salarios mínimo, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y la responsabilidad civil derivada del Delito. La conducta por la cual fue condenado el señor MARIO JAVIER ESTRADA ARTICA está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por Decreto Legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del 2021, entrando en vigencia a partir del día siguiente de su publicación cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L.2,500.000.00) a cinco millones de lempiras (L.5,000.000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4), por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días, a razón de cinco mil lempiras (L. 5,000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L.1,875.000.00). En consecuencia, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por Tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme lo dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."..."en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor MARIO JAVIER ESTRADA ARTICA, la pena de ONCE (11) AÑOS DE, TRES (03) MESES DE RECLUSIÓN por el delito de EXTORSION y la multa de TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO SALARIOS MINIMOS, MÁS LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales se observa, que el artículo 373 del Código Penal vigente, al momento de presentar esta acción el recurrente, ya había sido reformado mediante el Decreto 93-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 01 de noviembre del 2021, vigente a partir del día siguiente de su publicación; en consecuencia, no le es más favorable este Código en el presente caso, pues la pena a imponer sería la misma al realizar los cálculos, además la multa se incrementaría. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código no benefician al condenado. II. En tal sentido, esta Sala considera, que no se puede imponer las penas solicitadas para el ilícito penal, en base al principio pro homine. III. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia, después del estudio de las presentes diligencias, que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que no es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor MARIO JAVIER ESTRADA ARTICA..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central veinte de octubre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor del señor Mario Javier Estrada Ártica, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, de fecha cinco de septiembre de dos mil dieciocho, con relación a la causa que se instruyó contra el señor Mario Javier Estrada Ártica, por haber sido condenado por el delito de Extorsión Simple en perjuicio del Testigo Protegido AF-022.ANTECEDENTES 1) En fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, la Abogada Leticia Najar Luque, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Mario Javier Estrada Ártica, por suponerlo responsable del delito de Extorsión en perjuicio del Testigo Protegido AF-022. (Folios 1-7 del antecedente).2) Que en fecha cinco de septiembre de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: CONDENANDO al imputado MARIO JAVIER ESTRADA ARTICA, por haber cometido el delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO "AF022", a la pena principal de ONCE (11) AÑOS TRES (03) MESES DE RECLUSION Y A LA PENA DE MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MÍNIMOS, penas que deberá cumplir, en la Penitenciaría Nacional "Marco Aurelio Soto" ubicada en el Valle de Támara, Departamento de Francisco Morazán, quedando obligado a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario, SEGUNDO: CONDENANDO al imputado MARIO JAVIER ESTRADA ARTICA, como consecuencia de la pena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena.- TERCERO: Se declara la responsabilidad civil del imputado MARIO JAVIER ESTRADA ARTICA, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia.-CUARTO: No procede la condena en costas personales ni procesales.- QUINTO: Que se notifique la presente Sentencia a las Partes intervinientes.” (Folios 88-90 del antecedente).3) En fecha diez de febrero de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor del señor Mario Javier Estrada Ártica, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), por considerar que es más benigno para su representado. (Folios 1-2 vuelto del recurso de mérito).4) En fecha veintidós de junio de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante Felipe René Speer Laínez, con la comparecencia de la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Ramón Matamoros, en su condición de Apoderado Legal del señor Mario Javier Estrada Ártica; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que expresará lo siguiente: “…Se ratifica el contenido de la Solicitud de Revisión de la Sentencia Condenatoria, se solicita muy respetuosamente que se Aplique el Principio de la Retroactividad de la Ley Penal al señor César David Ponce Guillen, por el delito de Extorsión Simple, en Perjuicio de Testigo Protegido AF-022, a una pena de 11 años 3 meses y una multa de 37.5 salarios mínimos por haber aceptado la figura de procedimiento abreviado se le debe de rebajar parte de la pena y multa del Artículo 222 del Código Penal derogado…” El Ministerio Público consideró: “…Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena a imponer es de mayor cuantía pues deberá imponérsele una pena entre 15 a 20 años de prisión, sumado a la multa que resulta más onerosa al sentenciado, de ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal, por no ser esta más benigna al condenado. III. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión…” (Folios 16-18 del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido, manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme, tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone, entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentación del Garantista expuesta en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. EL recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Posicionamiento de las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado RAMON MATAMOROS, en su condición de Apoderado Legal del señor MARIO JAVIER ESTRADA ARTICA, quien manifestó lo siguiente: “ratifica el CONTENIDO DE LA Solicitud de Revisión de la Sentencia condenatoria, se solicita que se aplique el Principio de la Retroactividad de la Ley Pey Penal al señor Mario Javier Estrada Artica, por el delito de Extorsión Simple en perjuicio de Testigo Protegido AF.022, a una pena de 11 años, 3 meses y una multa de 37.5 salarios mínimos, por haber aceptado la figura de procedimiento abreviado se le debe de rebajar una 1/4 parte de la pena y multa del artículo 222 del Código Penal derogado. Sustituirle la pena y multa por el artículo 373 del Código Penal, Decreto 120-2017 (Ley Intermedia) en donde establece que para el delito de Extorsión la pena es de 10-15 años, una multa de 500 a 1000 días. Que lo más beneficioso para los intereses personales de la condenada es la ley intermedia, en donde se solicita una pena mínima de 7 años, 6 meses multa de 375 días, que, a razón de 20, equivalente a 7,500.00 Lps.” El Ministerio Público, a través de su agente fiscal Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, expresó lo siguiente: “….Después un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva antes citada, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor del condenado, de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Código Penal vigente, el cual sanciona con una pena más benigna el tipo penal de Extorsión, en cuanto a la sustitución de la pena de salarios mínimos por los días de multa, por lo que a su criterio es procedente aplicar la ley que más le favorezca a su representado. Del análisis comparativo de ambas leyes penales se aprecia, que el Código Penal derogado sancionada el delito de Extorsión en su artículo 2222, con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más alto, más las accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados, miembros que el Código Penal vigente (decreto 130-2017), regula la misma conducta delictiva en el artículo 373 reformado, castigando con la misma pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (10000) días en su nivel más alto, que al relacionarlos con el artículo 53, se establece que cada día multa tiene un valor no menor de veinte lempiras (L.20) ni mayor de cinco mil lempiras (L:5,000.00); asimismo, del examen de los antecedentes y de las declaración de hechos probados en la sentencia objeto de revisión, se desprende que el ofendido manifestó que era víctima de cobro de impuesto de guerra, por parte de una persona del sexo masculino quien se identificó como miembros de la Banda El Combo que no se deja; de aquí que se estime que en la presente causa concurra la agravantes específicas, contenida en el numeral 1) del artículo 374 que aplica cuando el culpable es miembro de un grupo delictivo organizado, tal como ocurre en el presente caso, en cuyo caso se deben aumentar la pena en un tercio (1/3), o sea, de lo expuesto por el revisionista, resultando la nueva pena abstracta de Veinte a veintiséis años, ocho meses de prisión misma que debe ser rebajada en ¼ por la aplicación de la figura procesal del procedimiento abreviado quedando en una pena de 15 a 20 años d prisión, en cuanto a la multa que también se condenó al procesado, a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos en su nivel más bajo equivalente a la cantidad de trescientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres lempiras con setenta y cinco centavos (Lps. 386,853.75) con el nuevo código Penal, esta fue modificada a días multa, que al hacer la conversión corresponde también la aplicación de la multa de quinientos (500) a mil (1000), debiendo aumentarse en un tercio 1/3, por lo que correspondería imponer de 667 a 13333 días y esta deberá ser rebajada en ¼, por la aplicación de la figura procesal del procedimiento abreviado, quedando una pena de multa de 500 a 667 días, que aplicado en su nivel más alto corresponde imponer una multa de L.3,3335,000.00 de conformidad a los criterios establecidos en el artículo 53 y 616 del nuevo Código Penal. Por lo que opina que NO SE OTORGUE la garantía de Revisión. CONSIDERANDO CINCO (5): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia emitida por el juzgador primario y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor MARIO JAVIER ESTRADA ARTICA fue condenado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION. TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, mediante la sentencia definitiva y firme en fecha cinco (05) de septiembre de dos mil dieciocho a la pena, de ONCE (11) AÑOS, TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN, por el delito de EXTORSION en perjuicio de la TESTIGO PROTEGIDO AF-022; y a la multa de TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37-5) salarios mínimo, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y la responsabilidad civil derivada del Delito. La conducta por la cual fue condenado el señor MARIO JAVIER ESTRADA ARTICA está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por Decreto Legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del 2021, entrando en vigencia a partir del día siguiente de su publicación cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L.2,500.000.00) a cinco millones de lempiras (L.5,000.000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4), por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días, a razón de cinco mil lempiras (L. 5,000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L.1,875.000.00). En consecuencia, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por Tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme lo dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. CONSIDERANDO SEIS (6): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor MARIO JAVIER ESTRADA ARTICA, la pena de ONCE (11) AÑOS DE, TRES (03) MESES DE RECLUSIÓN por el delito de EXTORSION y la multa de TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO SALARIOS MINIMOS, MÁS LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales se observa, que el artículo 373 del Código Penal vigente, al momento de presentar esta acción el recurrente, ya había sido reformado mediante el Decreto 93-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 01 de noviembre del 2021, vigente a partir del día siguiente de su publicación; en consecuencia, no le es más favorable este Código en el presente caso, pues la pena a imponer sería la misma al realizar los cálculos, además la multa se incrementaría. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código no benefician al condenado. II. En tal sentido, esta Sala considera, que no se puede imponer las penas solicitadas para el ilícito penal, en base al principio pro homine. III. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia, después del estudio de las presentes diligencias, que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que no es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor MARIO JAVIER ESTRADA ARTICA. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado RAMON MATAMOROS, a favor del señor MARIO JAVIER ESTRADA ARTICA contra la sentencia definitiva firme dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha cinco de septiembre del año dos mil dieciocho. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado WAGNER VALLECILLO PAREDES. NOTIFÍQUESE. - Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (09) días del mes de enero de dos mil veinticuatro (2024) certificación de la Sentencia de fecha veinte de octubre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0272-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.