Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia RP-255-22 — Registro 17356

Resumen

Acto recurrido contra la sentencia condenatoria dictada por el a-quo, con relación a la causa que se instruyó por el delito de Extorsión simple en perjuicio de testigo protegido BB. Por entrar en vigencia nueva normativa favorable

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." …" Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso la señora DAYANA LIZETH GARCIA BONEL, la pena de ONCE (11) AÑOS DE RECLUSIÓN y TRES (03) MESES, por el delito de EXTORSION y la multa de TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO SALARIOS MINIMOS, MÁS LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales SE OBSERVA QUE EL ARTÍCULO 373 DEL Código Penal vigente, al momento de presentar esta acción el recurrente, ya había sido reformado mediante el Decreto 93-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 01 de noviembre del 2021, vigente a partir del día siguiente de su publicación; en consecuencia, no le es más favorable este Código en el presente caso, pues la pena a imponer seria la misma al realizar los cálculos, además la multa se incrementaría. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código no benefician al condenado. II. En tal sentido, esta Sala considera que no se puede imponer las penas solicitadas para el ilícito penal, en base al principio pro homine. IV. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que no se cumple con los requisitos exigidos, tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que no es procedente la aplicación retroactiva..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..." …" Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso la señora DAYANA LIZETH GARCIA BONEL, la pena de ONCE (11) AÑOS DE RECLUSIÓN y TRES (03) MESES, por el delito de EXTORSION y la multa de TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO SALARIOS MINIMOS, MÁS LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales SE OBSERVA QUE EL ARTÍCULO 373 DEL Código Penal vigente, al momento de presentar esta acción el recurrente, ya había sido reformado mediante el Decreto 93-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 01 de noviembre del 2021, vigente a partir del día siguiente de su publicación; en consecuencia, no le es más favorable este Código en el presente caso, pues la pena a imponer seria la misma al realizar los cálculos, además la multa se incrementaría. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código no benefician al condenado. II. En tal sentido, esta Sala considera que no se puede imponer las penas solicitadas para el ilícito penal, en base al principio pro homine. IV. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que no se cumple con los requisitos exigidos, tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que no es procedente la aplicación retroactiva..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..." …" Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso la señora DAYANA LIZETH GARCIA BONEL, la pena de ONCE (11) AÑOS DE RECLUSIÓN y TRES (03) MESES, por el delito de EXTORSION y la multa de TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO SALARIOS MINIMOS, MÁS LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales SE OBSERVA QUE EL ARTÍCULO 373 DEL Código Penal vigente, al momento de presentar esta acción el recurrente, ya había sido reformado mediante el Decreto 93-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 01 de noviembre del 2021, vigente a partir del día siguiente de su publicación; en consecuencia, no le es más favorable este Código en el presente caso, pues la pena a imponer seria la misma al realizar los cálculos, además la multa se incrementaría. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código no benefician al condenado. II. En tal sentido, esta Sala considera que no se puede imponer las penas solicitadas para el ilícito penal, en base al principio pro homine. IV. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que no se cumple con los requisitos exigidos, tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que no es procedente la aplicación retroactiva..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..." …" Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso la señora DAYANA LIZETH GARCIA BONEL, la pena de ONCE (11) AÑOS DE RECLUSIÓN y TRES (03) MESES, por el delito de EXTORSION y la multa de TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO SALARIOS MINIMOS, MÁS LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales SE OBSERVA QUE EL ARTÍCULO 373 DEL Código Penal vigente, al momento de presentar esta acción el recurrente, ya había sido reformado mediante el Decreto 93-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 01 de noviembre del 2021, vigente a partir del día siguiente de su publicación; en consecuencia, no le es más favorable este Código en el presente caso, pues la pena a imponer seria la misma al realizar los cálculos, además la multa se incrementaría. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código no benefician al condenado. II. En tal sentido, esta Sala considera que no se puede imponer las penas solicitadas para el ilícito penal, en base al principio pro homine. IV. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que no se cumple con los requisitos exigidos, tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que no es procedente la aplicación retroactiva..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS, a favor de la señora DAYANA LIZETH GARCIA BONEL, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION, en fecha tres de mayo de dos mil diecinueve, con relación a la causa que se instruyó contra la señora DAYANA LIZETH GARCIA BONEL, por el delito de EXTORSION SIMPLE en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO BB-150.ANTECEDENTES 1) Que en fecha dos de marzo de dos mil diecinueve, el Ministerio Público, por medio de su Agente de Tribunales Abogada SANDRA JOAQUIN, compareció ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, presentando Requerimiento Fiscal contra las señoras DAYANA LIZETH GARCIA BONEL y ANA CRISTINA HERRERA CASCO, por suponerlas responsables del delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO BB 150. (Folios 01-05 de la pieza de antecedentes).2) Que continuado que fue el proceso, en fecha tres de mayo de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, dictó Sentencia mediante la cual Falló: “PRIMERO: CONDENANDO a las imputadas ANA CRISTINA HERRERA CASCO y DAYANA LIZETH GARCIA BONEL, por haber cometido el delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “BB150” a las penas principales de ONCE (11) AÑOS Y TRES (3) MESES de reclusión mas una pena de multa de 37.5 SALARIOS MÍNIMOS, penas que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, ubicada en el Valle de Támara, departamento de Francisco Morazán, quedando obligadas a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario. …” (Folios 63-65 de la pieza de antecedentes).3) Que en fecha ocho de febrero de dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado RAMON MATAMOROS, presentando recurso de revisión penal a favor de la señora DAYANA LIZETH GARCIA BONEL, contra la sentencia condenatoria de fecha tres de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-04 del recurso). 4) Que en fecha veintidós de junio de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado RAMÓN MATAMOROS, en su condición de apoderado legal de la señora DAYANA LIZETH GARCIA BONEL y la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el Recurso de Revisión en aplicación del principio de Retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017). La representante del Ministerio Público, que no procede la aplicación de la retroactividad de la Ley, en virtud de que la nueva ley no es más beneficiosa para los condenados, por lo que concluyó: “Se debe resolver sin lugar el recurso de revisión interpuesto bajo el motivo o precepto autorizante de la retroactividad de la ley penal más favorable.…”. (Folios 20 al 22 del recurso de mérito).CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de Revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido, manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte, el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La Revisión Penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la Revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral 8 de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de Revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentación del Garantista expuesta en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. EL recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna.CONSIDERANDO CUATRO (4): Posicionamiento de las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado RAMON MATAMOROS, en su condición de Apoderado Legal de la señora DAYANA LIZETH GARCIA BONEL, quien manifestó lo siguiente: “Se ratifica el contenido de la solicitud de Revisión, de la sentencia condenatoria, se solicita muy respetuosamente que se aplique el Principio de la Retroactividad de la Ley Penal al señor Marvin Tomas López Colindres, por el delito de Extorsión Simple, en perjuicio del testigo protegido AA-220, a una pena de 11 año, 3 meses y un MULTA 37.5 SALARIOS MINIMOS POR HABER ACEPTADO LA FIGURA DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO SE LE DEBE REBAJAR ¼ parte de la pena y multa del Artículo 222 del Código Penal derogado sustituirle la pena y multa por el artículo 373 del Código Penal Decreto 130-2017 (Ley Intermedia), en donde establece que para el delito Extorsión la pena es 10-15 años una multa de 500 a 1000 días. Que lo más beneficioso para los intereses personales de la condenada es la Ley intermedia, en donde se solicita una pena de 7 años, 6 meses multa de 375 días que a razón de 20, equivalente 7,500 Lps….” El Ministerio Público, a través de su Agente Fiscal Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, expresó lo siguiente: “Esta representación del Ministerio Público, señala que a la fecha en que fue presentado el escrito de Recurso Extraordinario de Revisión Penal (08 de febrero del 2022) el artículo 373 del Código Penal vigente, ya había sido reformado mediante el Decreto 93-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 01 de noviembre del 2021, vigente a partir del día siguiente de su publicación, el cual señala: Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte de una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La Extorsión se considera consumada con independencia de sí, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación. Que del análisis comparativo de las penas establecidas para el delito de Extorsión en el Código Penal derogado (Decreto 144-83), el artículo 222 castigaba la conducta con la pena de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, más las accesorias que correspondan y el Código Penal vigente que regula la extorsión en el artículo 373 REFORMADO SEGÚN DECRETO 93-2021, la pena privativa de la libertad es también imponible con arreglo al presente código, la pena abstracta está dentro del mismo rango de la pena impuesta (actualmente prisión de quince (15) a veinte (20) años rebajado en ¼ , por la aplicación de procedimiento abreviado corresponde una nueva pena de ONCE AÑOS TRES MESES DE RECLUSION, igual al que le fue impuesta en la sentencia que se pretende rever. En cuanto a la pena de multa conforme a la sentencia condenatoria, el imputado debe pagar una multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, con la reforma actual la pena multa imponible es de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, que con el aumento de un 1/3 por tratarse de un hecho de extorsión agravada como se ha relacionado resulta en una multa de 1000 a 1333 días que rebajada en ¼, por haberse aplicado en procedimiento abreviado queda de 750 a 1000 días de multa. En virtud de lo anteriormente expuesto y tomando en consideración los criterios fijados para la determinación de la ley penal más favorable establecidos en los 53 y 616 del Código Penal Vigente, se concluye que las nuevas penas a imponer del artículo 373 del Código Penal vigente, son de mayor cuantía que las impuestas en la sentencia. Por lo que concluye, que se debe resolver sin lugar el recurso de Revisión interpuesto bajo el motivo o precepto autorizante de Retroactividad de la Ley Penal más favorable.CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.CONSIDERANDO SEIS (6): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de Revisión Penal. I. Que del estudio de la sentencia emitida por el juzgador primario y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal, esta Sala aprecia que efectivamente, a la señora DAYANA LIZETH GARCIA BONEL, fue condenado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION. TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, mediante la sentencia definitiva y firme en fecha tres (03) de mayo de dos mil diecinueve a la pena, de ONCE (11) AÑOS DE RECLUSIÓN, TRES (03) meses, por el delito de EXTORSION en perjuicio de la TESTIGO PROTEGIDO BB-150; y a la multa de TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) salarios mínimo, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y la responsabilidad civil derivada del Delito. La conducta por la cual fue condenada la señora DAYANA LIZETH GARCIA BONEL, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por Decreto Legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760, de fecha 1 de noviembre del 2021, entrando en vigencia a partir del día siguiente de su publicación cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L.2,500.000.00) a cinco millones de lempiras (L.5,000.000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de Trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L. 5,000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L:1,875.000.00). En consecuencia, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017, el importe pecuniario excede por mucho al impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión; por Tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme lo dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal.CONSIDERANDO OCHO (7): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso la señora DAYANA LIZETH GARCIA BONEL, la pena de ONCE (11) AÑOS DE RECLUSIÓN y TRES (03) MESES, por el delito de EXTORSION y la multa de TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO SALARIOS MINIMOS, MÁS LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales SE OBSERVA QUE EL ARTÍCULO 373 DEL Código Penal vigente, al momento de presentar esta acción el recurrente, ya había sido reformado mediante el Decreto 93-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 01 de noviembre del 2021, vigente a partir del día siguiente de su publicación; en consecuencia, no le es más favorable este Código en el presente caso, pues la pena a imponer seria la misma al realizar los cálculos, además la multa se incrementaría. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código no benefician al condenado. II. En tal sentido, esta Sala considera que no se puede imponer las penas solicitadas para el ilícito penal, en base al principio pro homine. IV. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que no se cumple con los requisitos exigidos, tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que no es procedente la aplicación retroactiva en favor de la señora DAYANA LIZETH GARCIA BONEL, de una norma vigente que le resulta más benigna. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal, interpuesta por el Abogado RAMON MATAMOROS, a favor de la señora DAYANA LIZETH GARCIA BONEL, contra la sentencia definitiva firme dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha tres de mayo del año dos mil diecinueve. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado Wagner Vallecillo.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de enero de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0255-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.