Sentencia RP-251-22 — Registro 17690
Resumen
Acto recurrido mediante el cual se condenó al impetrante en la causa instruida por delito de Lavado de Activos, argullendo despenalizacion del tipo penal por el que fueron condenados en su oportunidad
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal aplicó lo dispuesto en el artículo 439 del NCP 130-2017, entrado en vigencia a partir del 25 de junio de 2020, y el cual establecía como una de sus modalidades criminosas para la realización del delito, la no justificación de la procedencia lícita de los activos; es decir, según la construcción objetiva del tipo penal, bastaba al ente acusador demostrar la no justificación legal de los activos sin necesidad de que procedan de algún delito de los enumerados en el tipo penal o algún delito considerado grave. Por su parte, el sentenciado devenía obligado a acreditar la condición de licitud de los activos en descargo de la acusación o, que no procedían de un delito de los enlistados en el tipo penal o considerado grave. No obstante, mediante el decreto legislativo No. 93-2021[6], mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 439 del decreto legislativo 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y hace modificaciones a la descripción del tipo penal de lavado de activos, ya no se establece como modalidad criminosa que el sujeto no tenga justificación lícita de los activos, determinando el legislador que este supuesto de hecho no debe ser reprochable penalmente, debiendo el Ministerio Público acreditar que los activos son productos de un delito grave y a los cuales busca dárseles condición de licitud. En el caso bajo estudio, en el hecho probado de la sentencia solo establece que los sentenciados manejaron entre el año 2008 y 2018, cantidades de dinero del cual no tenían justificación lícita de su procedencia. No se describe que los activos sean productos directos o indirectos de las diferentes acciones que describe y exige el tipo penal o de un delito grave. Es decir, la conducta descrita en los hechos probados no encaja en la descripción de la nueva norma penal convirtiéndolo en atípico al no tener relevancia jurídico penal con la nueva legislación. Por otra parte, la fiscalía expuso en síntesis que no procedía la retroactividad de la ley penal arguyendo que dicha reforma contraviene disposiciones garantizadas en el bloque de constitucional y solicita “se decrete inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el decreto legislativo 93-2021 en lo atinente “que no tenga causa de justificación económica o licita de su procedencia” por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte”. Considera que se violenta el numeral 7 del artículo 5 de la Convención de Viena que exhorta a los Estados parte a considerar la posibilidad de exigir al delincuente demuestre el origen licito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad, en la medida que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno; y, la convención de Palermo que en su artículo 12 numeral 7) que dice: “Los Estados parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen ilícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos al decomiso en la medida que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas”; así como también considera lesionados el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. De lo antes expuesto, la Sala de lo Constitucional pone de relieve que los artículos 15 y 16 de la Constitución de la República establecen que «Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales», y que, «los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno», se deduce con certeza que el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia generada en virtud de él, es una fuente fundamental de la que derivan otros derechos humanos en el marco del constitucionalismo hondureño. En este sentido, haciendo un análisis de lo peticionado por la fiscalía, la Sala no encuentra una relación directa de las normas convencionales que invoca con el caso sometido a estudio, el núcleo de este caso es sobre un tipo penal, su morfología objetiva para determinar los supuestos de hechos hipotéticos sancionables por la norma penal como última ratio, y los artículos convencionales invocados se refieren al decomiso e incautación de bienes de origen ilícito; por lo tanto, no establecen en sí un tipo penal conformado por una descripción objetiva que esté conminado con una pena. Por lo antes expuesto, la Sala de lo Constitucional concluye que es procedente la aplicación retroactiva de la ley penal en favor de los señores Francisco Arturo Mejía, Waldina Lizzette Salgado Pérez y Roberto Arturo Mejía Salgado; pues la conducta por la que fueron condenados no tiene tipificación en la nueva norma penal, por lo que es procedente resolver de conformidad a lo establecido en el artículo 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que proceda a conceder la inmediata libertad de los sentenciados, sin perjuicio de otras causas penales que tengan pendientes; la restitución total o parcial de la suma de dinero pagada en concepto de multa y el cese de la inhabilitación absoluta y de la suspensión de la ciudadanía, con devolución de los efectos del comiso, si ello es posible..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96, Numeral 8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Certifica la Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia.-
Sala de lo Constitucional. Sentencia de revisión penal En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-0251-2022, promovido por el Abogado Nelson Iban Domínguez Mejía, en favor de Francisco Arturo Mejía, Waldina Lizzette Salgado Pérez y Roberto Arturo Mejía Salgado, contra la sentencia de fecha veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Francisco Arturo Mejía y Waldina Lizzette Salgado Pérez, como autores responsables penalmente del delito lavado de activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, imponiéndoles la pena de diez (10) años de prisión y multa del 150% de lo lavado, consistente en las siguientes cantidades: En el caso del señor Francisco Arturo Mejía, la cantidad de doscientos cuarenta y nueve millones, quinientos treinta mil, seiscientos ochenta y siete lempiras con noventa y cuatro centavos (L 249,530,687.94). En el caso de la señora Waldina Lizzette Salgado Pérez, la cantidad de doscientos dos millones, quinientos setenta y nueve mil, quinientos cincuenta lempiras con cincuenta y ocho centavos (L. 202,579,550.58), como penas principales; debiendo cumplir los señores mencionados la pena de prisión en el Centro Penal que determine el Juez de Ejecución; debiendo de igual manera, computarse el tiempo que han permanecido en efectiva prisión por la presente causa. Segundo: Condenó a Roberto Arturo Mejía Salgado, como autor penalmente responsable del delito de lavado de activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, imponiéndole una pena de ocho (08) años de prisión y multa del 100% de lo lavado, consistente en cuatro millones quinientos mil lempiras (L. 4, 500,000.00), como penas principales; debiendo cumplir el mencionado señor, la pena de prisión en el centro penal que determine el Juez de Ejecución; debiendo de igual manera, computarse el tiempo que han permanecido en efectiva prisión por la presente causa. Tercero: Condenó a Francisco Arturo Mejía, Waldina Lizzette Salgado Pérez y Roberto Arturo Mejía Salgado, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta por el tiempo de la pena de prisión. Cuarto: Declaró a los condenados Francisco Arturo Mejía, Waldina Lizzette Salgado Pérez y Roberto Arturo Mejía Salgado, responsables civilmente. Quinto: Declaró la suspensión de la ciudadanía de los señores Francisco Arturo Mejía, Waldina Lizzette Salgado Pérez y Roberto Arturo Mejía Salgado, por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión, así como a trabajar por el tiempo de la condena en prisión en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. Sexto: Decretó a favor de los señores Francisco Arturo Mejía, Waldina Lizzette Salgado Pérez y Roberto Arturo Mejía Salgado, sobreseimiento definitivo por el delito de asociación ilícita para lavar activos, en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. Séptimo: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Octavo: Decretó el comiso de los bienes descritos en el apartado décimo primero de la fundamentación jurídica de la sentencia, cuyo destino se realizará bajo lo que establece la ley y a cargo del juez de ejecución. Son partes: 1) El Abogado Miguel Honorio Domínguez, en favor de Francisco Arturo Mejía, Waldina Lizzette Salgado Pérez y Roberto Arturo Mejía Salgado, como revisionista; 2) La Abogada Sagrario Rosibel Gutierrez Maldonado, fiscal del Ministerio Público. 3) El Abogado Juan Fernando Molina Godoy, procurador de la Procuraduría General de la República. Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal. “PRIMERO: Entre 2008 al 2018, Francisco Arturo Mejía, de profesión abogado y notario, su esposa Waldina Lizzette Salgado Pérez y el hijo de ambos, Roberto Arturo Mejía Salgado, manejaron grandes cantidades de dinero sin tener causal legal de su procedencia. En el caso del señor Francisco Arturo Mejía, éste manejó la cantidad de ciento sesenta y seis millones, quinientos cincuenta y tres mil setecientos noventa y un lempiras con noventa y seis centavos (L. 166,353,791.96). en el caso de la señora Waldina Lizzette Salgado Pérez, ésta manejó la cantidad de ciento treinta y cinco millones, cincuenta y tres mil, treinta y tres lempiras con setenta y dos centavos (L. 135,053,033.72). Y, finalmente, en el caso del señor Roberto Arturo Mejía Salgado, éste manejó la cantidad de cuatro millones quinientos mil lempiras exactos (L. 4,500,000.00). Todo lo anterior fue descubierto mediante investigaciones originadas a partir de la detención de unos ciudadanos.” Antecedentes PRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha tres (03) de marzo de dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, el Abogado Luis Alberto Irías, en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de: Enwis Yamil Varela Santos, Yuri Stefany Rivera Hernández, Johny Hilson Varela Santos, Devis Leonel Rivera Maradiaga, Javier Eriberto Rivera Maradiaga, Maira Lizeth Rivera Maradiaga, Celia Smery Pasos Galo, Francisco Arturo Mejía, Waldina Lizzette Salgado Pérez, Roberto Arturo Mejía Salgado, Nohelia Mercedes Pacheco Murillo, Irza Fane Pacheco Murillo, Roger David Portillo Ramírez y Nixon Yadir Manzanares Murillo, por considerarles responsables penalmente del delito de lavado de activos, en perjuicio de la economía del Estado de Honduras; asimismo, en contra de: José Ángel Maradiaga López, Efraín de Jesús Maradiaga Turcios, José Ignacio Maradiaga López, Javier Hernández Mejía, Marla Ramona Nájera Rubí y Dina Herenia Fúnez Lisser, por considerarles responsables penalmente responsables del delito de testaferrato, en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley correspondiente, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional, dictó sentencia en fecha veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), mediante la cual falló condenar a Francisco Arturo Mejía y Waldina Lizzette Salgado Pérez, a la pena de diez (10) años de prisión y multa de doscientos cuarenta y nueve millones, quinientos treinta mil, seiscientos ochenta y siete lempiras con noventa y cuatro centavos (L 249,530,687.94) y doscientos dos millones, quinientos setenta y nueve mil, quinientos cincuenta lempiras con cincuenta y ocho centavos (L. 202,579,550.58), respectivamente; en el caso de Roberto Arturo Mejía Salgado, lo condenó a la pena de ocho (8) años de prisión y una multa de cuatro millones quinientos mil lempiras (L. 4, 500,000.00); por ser autores penalmente responsables del delito de lavado de activos, en perjuicio de la economía del Estado de Honduras; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias legales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. El Abogado Nelson Iban Domínguez Mejía, en representación de Francisco Arturo Mejía, Waldina Lizzette Salgado Pérez y Roberto Arturo Mejía Salgado, compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha ocho (08) de febrero de dos mil veintidós (2022), presentando recurso de revisión penal a favor de sus representados, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional, mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha ocho (8) de marzo de dos mil veintidós (2022), ordenándose, en consecuencia, la celebración de la audiencia respectiva (f. 34). CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el pleno de la Sala de lo Constitucional, habiendo comparecido el Abogado Miguel Honorio Domínguez, en representación de Francisco Arturo Mejía, Waldina Lizzette Salgado Pérez y Roberto Arturo Mejía Salgado, como revisionista; la Abogada Sagrario Rosibel Gutierrez Maldonado, en su condición de fiscal del Ministerio Público; y, el Abogado Juan Fernando Molina Godoy, en su condición de representante de la Procuraduría General de la República; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando el revisionista que atendiendo los hechos probados y la fundamentación jurídica en que se basa el fallo, a sus representados se le dictó sentencia condenatoria atendiendo lo prescrito en el párrafo último del artículo 439 del Código Penal Vigente, el que tipificaba como delito de lavado de activos el no tener causa o, justificación económica o lícita de su procedencia. Sin embargo, al entrar en vigencia el decreto 93-2021, se presenta ante esta Sala de lo Constitucional recurso de revisión solicitando se aplique la reforma tipificada en ese decreto bajo el artículo 439 (lavado de activos), en atención a la reforma relacionada se eliminó la causa que dice el no tener causa o, justificación económica o lícita de su procedencia. Por su parte, el Ministerio Público manifestó que la reforma contraviene disposiciones de carácter convencional al suprimir que no se tenga causa o justificación económica lícita de la procedencia del bien, lo que violenta el numeral 7) del artículo 5 de la convención de Viena, la convención de Palermo en su artículo 12 numeral 7) y 26; la Carta de las Naciones Unidas, párrafo 2 del artículo 2. En razón de ello el Ministerio Público solicita aplique el respectivo control de convencionalidad y decrete la inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el decreto 93-2021 en lo atinente “que no tenga causa o justificación económica o lícita de su procedencia”, por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte. Aunado a lo anterior, el ente acusador manifiesta presentó ante la Sala de lo constitucional recurso de inconstitucionalidad por vía de acción por razón de forma y contenido contra el decreto legislativo número 93-2021, publicado en el diario oficial la gaceta número 35,750 de fecha 01 de noviembre del 2021, por considerar colisionar con el contenido esencial de los artículos 16, 18, 63, 232 y 320 de la ley fundamental, en tal sentido, emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión. Finalmente, la Procuraduría General de la República manifestó que se adhiere en su totalidad a los argumentos expuestos por el Ministerio Público. Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[1]. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[2], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[3]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”[4]. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” [5]. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Miguel Honorio Domínguez, en representación de Francisco Arturo Mejía, Waldina Lizzette Salgado Pérez y Roberto Arturo Mejía Salgado, como revisionista; la Abogada Sagrario Rosibel Gutierrez Maldonado, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña; y, el abogado Juan Fernando Molina Godoy procurador de la Procuraduría General de la República. El Abogado Miguel Honorio Domínguez, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que atendiendo los hechos probados y la fundamentación jurídica en que se basa el fallo, a mis representados se le dictó sentencia condenatoria atendiendo lo prescrito en el párrafo último del artículo 439 del Código Penal Vigente, el que tipificaba como delito de lavado de activos el no tener causa o, justificación económica o lícita de su procedencia. Sin embargo, al entrar en vigencia el decreto 93-2021, se presenta ante esta Sala de lo Constitucional recurso de revisión solicitando se aplique la reforma tipificada en ese decreto bajo el artículo 439 (lavado de activos), en atención a la reforma relacionada se eliminó la causa que dice el no tener causa o, justificación económica o lícita de su procedencia. Por su parte, el Ministerio Público manifestó que la reforma contraviene disposiciones de carácter convencional al suprimir que no se tenga causa o justificación económica lícita de la procedencia del bien, lo que violenta el numeral 7) del artículo 5 de la convención de Viena que exhorta a los estados partes a considerar la posibilidad de exigir al delincuente demuestre el origen lícito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad, en la medida que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno. Asimismo, la convención de Palermo que expone en su artículo 12 numeral 7): “Los Estados partes podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen ilícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos al decomiso en la medida que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas”. De ahí que al ser el Estado de Honduras, parte de estos tratados internacionales constituye obligatoriedad de cumplimiento conforme al principio fundamental que los tratados deben ser cumplidos (Pacta Sunt Servanda), contemplado en la Convención de Viena de 1969 en el artículo 26 que establece: “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe”, mismo que lo encontramos consagrado en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, en el párrafo 2 del artículo 2 que dice: “…sus miembros cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos”. En razón de ello el Ministerio Público solicita aplique el respectivo control de convencionalidad y decrete la inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el decreto 93-2021 en lo atinente “que no tenga causa o justificación económica o lícita de su procedencia”, por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte. Aunado a lo anterior, el ente acusador presentó ante la Sala de lo constitucional recurso de inconstitucionalidad por vía de acción por razón de forma y contenido contra el decreto legislativo número 93-2021, publicado en el diario oficial la gaceta número 35,750 de fecha 01 de noviembre del 2021, por colisionar con el contenido esencial de los artículos 16, 18, 63, 232 y 320 de nuestra ley fundamental. en tal sentido, emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión. Finalmente, la Procuraduría General de la República manifestó que se adhiere en su totalidad a los argumentos expuestos por el Ministerio Público. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Francisco Arturo Mejía y Waldina Lizzette Salgado Pérez, la pena de diez (10) años de prisión y multa de doscientos cuarenta y nueve millones, quinientos treinta mil, seiscientos ochenta y siete lempiras con noventa y cuatro centavos (L 249,530,687.94), y, doscientos dos millones, quinientos setenta y nueve mil, quinientos cincuenta lempiras con cincuenta y ocho centavos (L. 202,579,550.58), respectivamente, por ser autores penalmente responsables del delito de lavado de activos, en perjuicio de la economía del Estado de Honduras; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Asimismo, se impuso a Roberto Arturo Mejía Salgado, la pena de ocho (8) años de prisión, y multa de cuatro millones quinientos mil lempiras (L 4,500,000.00), por ser autor penalmente responsable del delito de lavado de activos, en perjuicio de la economía del Estado de Honduras; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Para dictar el fallo condenatorio, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal aplicó lo dispuesto en el artículo 439 del NCP 130-2017, entrado en vigencia a partir del 25 de junio de 2020, y el cual establecía como una de sus modalidades criminosas para la realización del delito, la no justificación de la procedencia lícita de los activos; es decir, según la construcción objetiva del tipo penal, bastaba al ente acusador demostrar la no justificación legal de los activos sin necesidad de que procedan de algún delito de los enumerados en el tipo penal o algún delito considerado grave. Por su parte, el sentenciado devenía obligado a acreditar la condición de licitud de los activos en descargo de la acusación o, que no procedían de un delito de los enlistados en el tipo penal o considerado grave. No obstante, mediante el decreto legislativo No. 93-2021[6], mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 439 del decreto legislativo 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y hace modificaciones a la descripción del tipo penal de lavado de activos, ya no se establece como modalidad criminosa que el sujeto no tenga justificación lícita de los activos, determinando el legislador que este supuesto de hecho no debe ser reprochable penalmente, debiendo el Ministerio Público acreditar que los activos son productos de un delito grave y a los cuales busca dárseles condición de licitud. En el caso bajo estudio, en el hecho probado de la sentencia solo establece que los sentenciados manejaron entre el año 2008 y 2018, cantidades de dinero del cual no tenían justificación lícita de su procedencia. No se describe que los activos sean productos directos o indirectos de las diferentes acciones que describe y exige el tipo penal o de un delito grave. Es decir, la conducta descrita en los hechos probados no encaja en la descripción de la nueva norma penal convirtiéndolo en atípico al no tener relevancia jurídico penal con la nueva legislación. Por otra parte, la fiscalía expuso en síntesis que no procedía la retroactividad de la ley penal arguyendo que dicha reforma contraviene disposiciones garantizadas en el bloque de constitucional y solicita “se decrete inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el decreto legislativo 93-2021 en lo atinente “que no tenga causa de justificación económica o licita de su procedencia” por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte”. Considera que se violenta el numeral 7 del artículo 5 de la Convención de Viena que exhorta a los Estados parte a considerar la posibilidad de exigir al delincuente demuestre el origen licito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad, en la medida que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno; y, la convención de Palermo que en su artículo 12 numeral 7) que dice: “Los Estados parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen ilícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos al decomiso en la medida que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas”; así como también considera lesionados el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. De lo antes expuesto, la Sala de lo Constitucional pone de relieve que los artículos 15 y 16 de la Constitución de la República establecen que «Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales», y que, «los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno», se deduce con certeza que el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia generada en virtud de él, es una fuente fundamental de la que derivan otros derechos humanos en el marco del constitucionalismo hondureño. En este sentido, haciendo un análisis de lo peticionado por la fiscalía, la Sala no encuentra una relación directa de las normas convencionales que invoca con el caso sometido a estudio, el núcleo de este caso es sobre un tipo penal, su morfología objetiva para determinar los supuestos de hechos hipotéticos sancionables por la norma penal como última ratio, y los artículos convencionales invocados se refieren al decomiso e incautación de bienes de origen ilícito; por lo tanto, no establecen en sí un tipo penal conformado por una descripción objetiva que esté conminado con una pena. Por lo antes expuesto, la Sala de lo Constitucional concluye que es procedente la aplicación retroactiva de la ley penal en favor de los señores Francisco Arturo Mejía, Waldina Lizzette Salgado Pérez y Roberto Arturo Mejía Salgado; pues la conducta por la que fueron condenados no tiene tipificación en la nueva norma penal, por lo que es procedente resolver de conformidad a lo establecido en el artículo 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que proceda a conceder la inmediata libertad de los sentenciados, sin perjuicio de otras causas penales que tengan pendientes; la restitución total o parcial de la suma de dinero pagada en concepto de multa y el cese de la inhabilitación absoluta y de la suspensión de la ciudadanía, con devolución de los efectos del comiso, si ello es posible. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: PRIMERO: Declara Con Lugar la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado Nelson Iban Domínguez Mejía, en favor de Francisco Arturo Mejía, Waldina Lizzette Salgado Pérez y Roberto Arturo Mejía Salgado. SEGUNDO: Reforma la sentencia definitiva firme dictada por Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional, en fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021). TECERO: Modifica la sentencia revisada, en el sentido dejar sin valor y efecto las penas principales y accesorias impuestas contra los señores Francisco Arturo Mejía, Waldina Lizzette Salgado Pérez y Roberto Arturo Mejía Salgado, por el delito de lavado de activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, ordenando la inmediata libertad de los sentenciados, sin perjuicio de otras causas penales que tengan pendientes; la restitución total o parcial de la suma de dinero pagada en concepto de multa y el cese de la inhabilitación absoluta y de la suspensión de la ciudadanía, con devolución de los efectos del comiso, si ello es posible. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la magistrada SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. Notifíquese. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. Magistrada presidenta. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. Magistrado. WAGNER VALLECILLO PAREDES. Magistrado. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. Magistrada. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. Magistrada. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. Secretario Sala de lo Constitucional.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de junio de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha dos de junio de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0251-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[2] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[3] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[4] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[5] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[6] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 35,760 de fecha 1 de noviembre del año dos mil veintiuno y vigente según el artículo 11 al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario oficial “La Gaceta”.