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Sentencia RP-25-22 — Registro 17710

Resumen

Revisión de sentencia condenatoria en aplicabilidad del Principio de Retroactividad en materia penal con relación a la causa que se instruyó contra recurrente, por el delito de EXTORSION CONTINUADA AGRAVADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO,en el caso sujeto a estudio, nos encontramos ante la pretensión de que se aplique una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, incluso no se encontraba vigente al momento de la presentación del recurso de revisión, ello es así la encausada, fue condenada por el delito de Extorsión, estando vigente el Decreto 144-83, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando Abogado Defensor, revisión de sentencia penal estando en vigencia nuevamente una pena de prisión igual a la que originalmente fue condenado. La doctrina ha discutido el tema, en relación a si la ley intermedia más favorable debe tenerse en cuenta o no,

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

(17) En el caso sub examine, el peticionario, compareció ante este Tribunal, el cinco de enero de dos mil veintidós, presentando acción de Revisión de una sentencia condenatoria penal, solicitando la aplicación de la ley más benigna que según el peticionario estaba vigente en ese momento,(Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el Nuevo Código Penal), en consideración a que su representada fue condenada por el delito de EXTORSIÓN estando vigente el Decreto 144-83, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. Sin embargo, este Tribunal Constitucional advierte que la nueva norma penal que establecía en el artículo 373 una pena más benigna para el delito de Extorsión (prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días), al momento en que fue presentada la acción de revisión penal, ya no estaba vigente, porque el decreto 93-2021 que entró en vigencia el dos de noviembre de dos mil veintiuno ya había reformado la pena más benigna, es decir, entró en vigencia antes de que se solicitara la revisión penal, distinto sería el caso, si en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido y el dictado de la presente sentencia, hubiese entrado en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del Nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión: (prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto). Sin embargo, en el caso sujeto a estudio, nos encontramos ante la pretensión de que se aplique una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, incluso no se encontraba vigente al momento de la presentación del recurso de revisión, ello es así la encausada, fue condenada por el delito de Extorsión, estando vigente el Decreto 144-83, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia nuevamente una pena de prisión igual a la que originalmente fue condenado. La doctrina ha discutido el tema, en relación a si la ley intermedia más favorable debe tenerse en cuenta o no, pues corresponde a una concepción jurídica inexistente en el momento del hecho y que ya no se profesa, “sin embargo, la doctrina española, de modo prácticamente unánime entiende que dichas leyes surten efectos retroactivos en cuanto benefician al reo”, en ese sentido, el Tribunal Supremo Español considera que, si la ley penal intermedia es más favorable que la ley vigente en el momento de comisión del delito y que la vigente en el momento de enjuiciamiento, debe ser aplicada al reo, «no solamente por razones humanitarias derivadas del principio proclamado en el art. 2.2 del Código Penal [español], sino que se perjudicaría al reo por razones ajenas a él, como la tardanza en juzgarle, resultando de ese modo en peor situación» (STS, 2.ª, 953/2013, de 16-XII). Otras resoluciones que aplican la ley penal intermedia más favorable son las SSTS, 2.ª, 140/2002, de 8-II; 692/2008, de 4-XI; 1026/2009, de 16-X; y 1078/2012, de 16-VI. Sin embargo, en el caso subjúdice no podría adoptarse ese criterio doctrinal, no solo porque ya no estaba vigente la norma más benigna cuando se solicitó la revisión, sino también porque la tardanza en activar el órgano jurisdiccional no es imputable a este tribunal. CONSIDERANDO DIECIOCHO (18) Este Tribunal Constitucional no considera de recibo el argumento del Ministerio Público, en relación a dar al presente caso un tratamiento como si se tratase de concurso real, pues el ente fiscal interpreta que cuando el nuevo código establece que “La misma regla se observa en caso de delito continuado”, está mandando proceder igual que el concurso medial en tanto forma concursal suprimida en el nuevo código, pero no ha de entenderse de esa forma por cuanto el delito continuado como forma concursal continúa vigente de conformidad con el artículo 68 del nuevo código, por consiguiente no puede recibir el mismo tratamiento del concurso medial y debe procederse conforme lo establece el párrafo seis del artículo 616 del nuevo código penal

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de noviembre del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS, a favor de la señora JENSI ALEXANDRA VASQUEZ CERRATO, contra la sentencia Condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en fecha ocho (8) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con relación a la causa que se instruyó contra la señora JENSI ALEXANDRA VASQUEZ CERRATO, por el delito de EXTORSION CONTINUADA AGRAVADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO BB 183. A N T E C E D E N T E S 1)Que en fecha ocho (8) de marzo del año dos mil diecisiete (2019), el Abogado SANTIAGO RENE MONCADA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, presentando requerimiento fiscal contra la señora JENSI ALEXANDRA VASQUEZ CERRATO, por suponerla responsable del delito de EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO BB183.- (Folios 01 al 11 de pieza del Juzgado) 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha ocho (8) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, dictó sentencia en la cual “FALLA: PRIMERO: CONDENANDO a la imputada JENSI ALEXANDRA VÁSQUEZ CERRATO, por haber cometido el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO BB-183, A LA PENA MÍNIMA DE DIECIOCHO (18) AÑOS Y NUEVE (9) MESES DE RECLUSIÓN Y UNA PENA DE MULTA DE SESENTA Y DOS PUNTO CINCO (62.5) SALARIOS MÍNIMOS, COMO PENAS PRINCIPALES, MÁS LAS PENAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL QUE PROCEDEN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA CONDENA. Pena que deberá cumplir, en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ubicada en el Valle de Tamara, Departamento de Francisco Morazán, quedando obligada por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario. -SEGUNDO: CONDENANDO a la imputada JENSI ALEXANDRA VÁSQUEZ CERRATO, como consecuencia de la pena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena. -TERCERO: Se declara la responsabilidad civil de la imputada JENSI ALEXANDRA VÁSQUEZ CERRATO, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. -CUARTO: No procede la condena en costas personales ni procesales…” (Folios 73 al 75 de la pieza de Antecedentes)3) Que el recurrente Abogado RAMON MATAMOROSO, compareció ante este Tribunal en fecha cinco (5) de enero del año dos mil veintidós (2022), presentando recurso de revisión penal a favor de la señora JENSI ALEXANDRA VASQUEZ CERRATO, contra las sentencia Condenatoria dictada en fecha ocho (8) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión.4) Que en fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil veintidós (2022), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva.5) Que en fecha uno (1) de junio del año dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado RAMON MATAMOROS, en su condición de apoderado legal de la señora JENSI ALEXANDRA VASQUEZ CERRATO, y la Abogada SOBREIDA ISABEL ZAPATA GRANDE, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Quien es de la opinión que NO SE OTORGUE la presente acción de Revisión en los términos supra señalados. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Posicionamiento de las partes en audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha uno (01) de junio del año dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado RAMON MATAMOROS, en su condición de Apoderado Legal de la señora JENSI ALEXANDRA VASQUEZ CERRATO, quien manifestó lo siguiente: “Se ratifica el contenido de la Solicitud de Revisión de la Sentencia Condenatoria, se solicita muy respetuosamente que se Aplique el Principio de la Retroactividad de la Ley Penal a la señora Jensi Alexandra Vásquez Cerrato, por el delito de Extorsión Continuada, en Perjuicio de Testigo Protegido BB-183, a una pena de 18 años 9 meses de reclusión y una multa de 62.5 salarios mínimos del Artículo 222 del Código Penal derogado. Sustituirle la pena y multa por el artículo 373 del Código Penal Decreto 130-2017 (Ley Intermedia) en donde establece que para el delito Extorsión la pena es 10-15 años una multa de 500 a 1000 días. Que lo más beneficioso para los intereses personales de la condenada es la ley intermedia, en donde se solicita una pena minina de 10 años y una multa de 500 días que razón de 20, equivalente 10,000 Lps.” La Abogada SOBREIDA ISABEL ZAPATA GRANDE, en su condición de Fiscal del Ministerio Público expreso lo Siguiente: “En este sentido, y siendo que de conformidad a la Declaración de Hechos Probados que contiene la sentencia objeto de revisión, se extrae que la señora JENSI ALEXANDRA VASQUEZ CERRATO fue encontrado responsable a título de autor de la comisión de EXTORSION CONTINUADA, los cuales se llevaron a cabo en cinco (5) diferentes fechas 1) 7 de febrero del 2019; 2) 14 de febrero del 2019; 3) 21 de febrero del 2019; 4) 28 de febrero del 2019 y 5) 7 de marzo del 2019, por lo que a la luz del artículo 616 del Código Penal vigente y para efectos de determinar la ley penal más favorable, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley, siendo la pena global impuesta en la sentencia la de CINCUENTA Y SEIS (56) AÑOS TRES (3) MESES DE RECLUSION Y 187.5 SALARIOS MINIMOS DE MULTA, y la pena que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la Ley vigente conforme a lo solicitado por el revisionista, sería de cinco penas de prisión de 11 años tres meses y multa de 375 días en su nivel más alto, de ahí que correspondería imponer la pena concreta por los cinco (2) delitos sería de CINCUENTA Y SEIS (56) AÑOS TRES (3) MESES, estando el máximo de cumplimiento determinado por el triple del tiempo de duración de la más grave de las penas impuestas, que no puede exceder de TREINTA (30) AÑOS de conformidad con el artículo 66 del Código Penal vigente; en cuanto a la pena de multa si se le hubiese impuesto la pena mínima de 375 DÍAS EN SU NIVEL MÁS ALTO por cada delito, siendo el nivel más alto señalado por el artículo 53 del mismo Código el valor de CINCO MIL LEMPIRAS (L5,000) la pena concreta por los 5 delitos sería el equivalente a UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL (L.1,875,000.00) LEMPIRAS. Al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable contenidos en el artículo 616 del Código Penal vigente, esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no le son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta conforme la legislación derogada, es menor que la pena que resultaría imponer con arreglo al Código Penal vigente, tanto en relación a la pena de Prisión como en relación a la pena de Multa, por lo que no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96 de la Constitución de la República, en cuanto dispone: “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado.”. III.OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión.”CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. Así mismo es importante señalar que la Revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar el artículo 186 del Constitución de la Republica. Artículo 95 y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE(7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO DOCE (12): Que en el caso sub examine, el peticionario abogado RAMON MATAMOROS, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha cinco de enero del dos mil veintidós, presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal, y en consecuencia la aplicación de la pena de 10 años de prisión y una multa de 500 días, que razón de 20, equivalente 10,000 Lps, por ser más beneficioso para su representada, en consideración a que la señora JENSI ALEXANDRA VASQUEZ CERRATO, fue condenada por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, estando vigente el Decreto 144-83, siendo este derogado, con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017, que establecía una pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. Posteriormente entró en vigor el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017, estableciendo nuevamente una pena para el delito de Extorsión de quince (15) a veinte (20) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto. CONSIDERANDO TRECE(13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente la señora JENSI ALEXANDRA VASQUEZ CERRATO, fue condenada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, mediante la Sentencia Definitiva Y Firme de fecha ocho (8) de marzo del año dos mil diecinueve (2019) A LA PENA MÍNIMA DE DIECIOCHO (18) AÑOS Y NUEVE (9) MESES DE RECLUSIÓN Y UNA PENA DE MULTA DE SESENTA Y DOS PUNTO CINCO (62.5) SALARIOS MÍNIMOS, por el delito de EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO BB-183; Así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria, antes relacionada mediante la cual se condenó a la señora JENSI ALEXANDRA VASQUEZ CERRATO, el Juzgado Sentenciador aplicó lo dispuesto en los ARTÍCULO 222 Y 37 del CÓDIGO PENAL, contenido en el DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 144-83, estimando que la condenada cometió el delito de EXTORSION CONTINUADA. III- Esta Sala procede a examinar si el caso sub judice se subsume en el causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a la señora JENSI ALEXANDRA VASQUEZ CERRATO, la Pena de DIECIOCHO (18) AÑOS Y NUEVE (9) MESES DE RECLUSIÓN Y UNA PENA DE MULTA DE SESENTA Y DOS PUNTO CINCO (62.5) SALARIOS MÍNIMOS, por el delito de EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO BB-183; Así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL.CONSIDERANDO QUINCE (15): La comparación de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal de EXTORSION, establecido en el artículo 222 establecía una pena abstracta de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos. El Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), en el artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, dispone: “Quien, con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para si o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados.Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”. ósea dicha conducta delictiva, se castiga con la misma pena de privación de libertad contemplada en el Código Penal derogado. En tal sentido, la descripción del tipo penal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folios 74 al 75 del expediente Judicial). Sin embargo, en el nuevo código penal, el artículo 374 establece agravantes específicas para el delito de extorción, coligiéndose del hecho probado primero que la imputada es miembro de un grupo delictivo organizado pues ella se identificó como miembro de la pandilla 18, lo que implica el aumento de un tercio de la pena, por consiguiente la pena, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 69 preámbulo y numeral 1) del nuevo código penal, queda establecida de 20 a 26 años 8 meses de prisión y multa de 1000 a 1333 días en su nivel más alto, luego, en atención a que el delito fue cometido de manera continuada el Código Penal decreto 130-2017 señala en su ARTÍCULO 68: “Quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados, con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3)”, quedando una pena abstracta de VEINTITRES (23) AÑOS CUATRO (4) meses A TREINTA Y CINCO (35) AÑOS CON SEIS (6) MESES DE PRISION Y MULTA DE 1166 A 1777 en su nivel más alto, pero como en el caso subjudice, la encausada fue condenada mediante la figura desjudicializadora del proceso abreviado, debemos transitar sobre la figura procesal a la que se sometió la encartada; Aplicando la rebaja en un cuarto 1/4 a la pena que oscila de VEINTITRES (23) AÑOS CUATRO (4) meses A TREINTA Y CINCO (35) AÑOS CON SEIS (6) MESES DE PRISION Y MULTA DE 1166 A 1777 en su nivel más alto, resultando una nueva pena abstracta de DIECISIETE (17) AÑOS CINCO (5) MESES A VEINTITRÉS (23) AÑOS CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN Y MULTA DE 875 A 1166 DÍAS en su nivel más alto. Quedando finalmente una multa de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (L 4,375,000)a CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL LEMPIRAS (L 5,830,000).CONSIDERANDO DIECISEIS (16) Que al revisar la pena de DIECIOCHO (18) AÑOS Y NUEVE (9) MESES de reclusión que fue impuesta a la señora JENSI ALEXANDRA VASQUEZ CERRATO, se constata que dicha pena pertenece al marco penal de la pena prevista en el nuevo Código Penal y por consiguiente no procede la revisión de la condena, en observancia al párrafo último del artículo 621 del nuevo código penal y la multa excede por mucho a la que le fue impuesta, por lo que no se considera más favorable el nuevo código y por ello no procede la aplicación retroactiva de la ley penal en favor de la señora JENSI ALEXANDRA VASQUEZ CERRATO. CONSIDERANDO DIECISIETE (17) En el caso sub examine, el peticionario, compareció ante este Tribunal, el cinco de enero de dos mil veintidós, presentando acción de Revisión de una sentencia condenatoria penal, solicitando la aplicación de la ley más benigna que según el peticionario estaba vigente en ese momento,(Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el Nuevo Código Penal), en consideración a que su representada fue condenada por el delito de EXTORSIÓN estando vigente el Decreto 144-83, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. Sin embargo, este Tribunal Constitucional advierte que la nueva norma penal que establecía en el artículo 373 una pena más benigna para el delito de Extorsión (prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días), al momento en que fue presentada la acción de revisión penal, ya no estaba vigente, porque el decreto 93-2021 que entró en vigencia el dos de noviembre de dos mil veintiuno ya había reformado la pena más benigna, es decir, entró en vigencia antes de que se solicitara la revisión penal, distinto sería el caso, si en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido y el dictado de la presente sentencia, hubiese entrado en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del Nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión: (prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto). Sin embargo, en el caso sujeto a estudio, nos encontramos ante la pretensión de que se aplique una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, incluso no se encontraba vigente al momento de la presentación del recurso de revisión, ello es así la encausada, fue condenada por el delito de Extorsión, estando vigente el Decreto 144-83, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia nuevamente una pena de prisión igual a la que originalmente fue condenado. La doctrina ha discutido el tema, en relación a si la ley intermedia más favorable debe tenerse en cuenta o no, pues corresponde a una concepción jurídica inexistente en el momento del hecho y que ya no se profesa, “sin embargo, la doctrina española, de modo prácticamente unánime entiende que dichas leyes surten efectos retroactivos en cuanto benefician al reo”, en ese sentido, el Tribunal Supremo Español considera que, si la ley penal intermedia es más favorable que la ley vigente en el momento de comisión del delito y que la vigente en el momento de enjuiciamiento, debe ser aplicada al reo, «no solamente por razones humanitarias derivadas del principio proclamado en el art. 2.2 del Código Penal [español], sino que se perjudicaría al reo por razones ajenas a él, como la tardanza en juzgarle, resultando de ese modo en peor situación» (STS, 2.ª, 953/2013, de 16-XII). Otras resoluciones que aplican la ley penal intermedia más favorable son las SSTS, 2.ª, 140/2002, de 8-II; 692/2008, de 4-XI; 1026/2009, de 16-X; y 1078/2012, de 16-VI. Sin embargo, en el caso subjúdice no podría adoptarse ese criterio doctrinal, no solo porque ya no estaba vigente la norma más benigna cuando se solicitó la revisión, sino también porque la tardanza en activar el órgano jurisdiccional no es imputable a este tribunal. CONSIDERANDO DIECIOCHO (18) Este Tribunal Constitucional no considera de recibo el argumento del Ministerio Público, en relación a dar al presente caso un tratamiento como si se tratase de concurso real, pues el ente fiscal interpreta que cuando el nuevo código establece que “La misma regla se observa en caso de delito continuado”, está mandando proceder igual que el concurso medial en tanto forma concursal suprimida en el nuevo código, pero no ha de entenderse de esa forma por cuanto el delito continuado como forma concursal continúa vigente de conformidad con el artículo 68 del nuevo código, por consiguiente no puede recibir el mismo tratamiento del concurso medial y debe procederse conforme lo establece el párrafo seis del artículo 616 del nuevo código penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Articulo 24, 25, 35, 38, 53, 58, 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, Y demás aplicables del Código Penal vigente; FALLA: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado RAMON MATAMOROS, en favor de la señora JENSI ALEXANDRA VASQUEZ CERRATO Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó la Magistrada FRANCISCA VILLELA ZAVALA. Notifíquese- Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve (29) días del mes de enero de dos mil veinticuatro (2024) certificación de la Sentencia de fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO- 0025-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL