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Sentencia RP-234-23 — Registro 17303

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal, contra la sentencia condenatoria en relación a la causa que se instruyó por el delito de Asesinato.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “III- Esta Sala procede a examinar si el caso sub judice se subsume en el causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor FRANCISCO ADALID ESCOBAR ORELLANA, la pena principal de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de ASESINATO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso en cuanto al delito de Asesinato, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en su artículo 117, antes de ser reformado mediante Decreto 191-96, del 31 de octubre del 1996, establecía: “Es reo de asesinato quien diere muerte a alguna persona concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Ejecutar el hecho con alevosía; 2) Por precio, recompensa o promesa remuneratoria; 3) Con premeditación conocida; 4) Ejecutarlo por medio de inundación, incendio, veneno, explosión, descarrilamiento, varamiento, o avería de nave u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos; 5) Ejecutar el hecho con ensañamiento aumentando deliberada e inhumadamente el dolor del ofendido; El reo de asesinato será castigado con quince a veinte años de reclusión.” En el Código Penal Decreto 130-2017, el delito de Asesinato está plasmado en el artículo 193 y establece: “Quien da muerte a una persona concurriendo alevosía o ensañamiento, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años.” Haciendo un examen del rango de penas a imponer con ambos cuerpos normativos, es patente que la aplicación del nuevo Código no es más favorable para el encausado; Pues, con la norma derogada, este delito se castigaba con pena de reclusión de 15 a 20 años, siendo condenado a la pena concreta de TREINTA AÑOS en concurso real. En cambio, el actual Código Penal, castiga este delito, con pena abstracta de 20 a 25 años de prisión. Inclusive al aplicar la pena mínima, resultaría una pena concreta de CUARENTA AÑOS DE PRISIÓN, en virtud que fue condenado en concurso real, lo que resulta más gravosa para el encausado. El fundamento de lo antes expuestos tiene su asidero en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 que dice: “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial.” Esto nos indica que se debe hacer una revisión con identidad de circunstancias. II. Esta Sala considera, que el caso sub judice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima, después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente Garantía Constitucional de Revisión. Por consiguiente, No Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por no resultar está, más benigna al procesado.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONALTegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes noviembre del año do mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado GERARDO JACOB ALEMÁN GUTIÉRREZ, a favor del señor FRANCISCO ADALID ESCOBAR ORELLANA, contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, de fecha diez de abril de dos mil dos, con relación a la causa que se instruyó contra el señor FRANCISCO ADALID ESCOBAR ORELLANA, por haber sido condenado por el delito de ASESINATO, en perjuicio de MATÍAS GALINDO RUIZ Y LEONCIO HENRÍQUEZ BONILLA. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diez de abril de dos mil dos, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Trujillo, departamento de Colón, dictó sentencia mediante la cual resolvió: “…1º.- Condenar al señor FRANCISCO ADALID ESCOBAR, de generales conocidas como responsable penalmente en concepto de autor de un delito consumado de ASESINATO, en perjuicio de MATIAS GALINDO RUIZ Y LEONCIO HENRÍQUEZ BONILLA, también de generales expresadas, a la pena de TREINTA AÑOS de RECLUSIÓN, en la Penitenciaría nacional, como pena principal. 2°. Y condenar al señor FRANCISCO ADALID ESCOBAR a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil durante el tiempo de la condena- NOTIFIQUESE. - A las partes en el proceso el presente fallo.” (Folios 289-290 del tomo II del antecedente) 2) En fecha veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, compareció ante esta Sala, el Abogado Gerardo Jacob Alemán Gutiérrez, interponiendo recurso de revisión a favor del señor Francisco Adalid Escobar Orellana, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado.3) En fecha uno de junio de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Integrante Aida Patricia Martínez, con la comparecencia del Abogado René Mauricio Aceituno Ulloa, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Gerardo Jacob Alemán Gutiérrez, en su condición de Apoderado Legal del señor Francisco Adalid Escobar Orellana; El Ministerio Público consideró: “…Al examinar el fallo sub-judice y de conformidad a las normas transcritas se extrae de los hechos probados que la forma en que fueron cometidos estos hechos fueron manera alevosa pues el condenado esperó a las víctimas en las afueras de un restaurante ubicado en el barrio el centro de la ciudad de Trujillo por lo que los hoy occisos se encontraban desprevenidos de la agresión realizada por el condenado, por lo que corresponde imponer la pena abstracta de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión en cada una de las víctimas de asesinato, por lo que en aplicación del concurso real de acuerdo con la nueva Ley, incluso si se le impusiera la pena mínima seria de CUARENTA AÑOS de prisión y estando el máximo de cumplimiento determinado por el triple del tiempo de duración de la más grave de las penas impuestas, que no puede exceder de TREINTA (30) AÑOS de conformidad con el artículo 66 último párrafo del Código Penal vigente. Ante las premisas expuestas, estima esta Representación fiscal que en el caso sub -examine, las disposiciones contempladas en el actual Código Penal no es más favorable al hoy condenado, en virtud que la pena que correspondía aplicar conforme la norma sustantiva vigente es más gravosa en comparación a la pena impuesta en la sentencia objeto de revisión, por lo que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo que dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que regula el principio de retroactividad de la Ley penal por ser esta más benigna al condenado. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE DENIEGUE la presente acción de revisión…” (Folios 29-32 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Posicionamiento de las partes en audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha uno (01) de junio del año dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado GERARDO JACOB ALEMÁN GUTIÉRREZ, en su condición de Apoderado Legal del señor FRANCISCO ADALID ESCOBAR ORELLANA, quien manifestó lo siguiente: “Siendo que el RECURSO DE REVISIÓN PENAL TIENE EL PROPOSITO DE REVISAR LA SENTENCIA FIRME CONDENATORIA QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE No. 0201-2017-00101 DEL JUZGADO DE EJECUCION DE TRUJILLO, COLON. - EN ESE SENTIDO SOLICITO SE APLIQUE EL PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE AL PENADO ORDENANDO SE REALICE NUEVO COMPUTO DE LA PENA- Por los aspectos siguientes: HECHOS. PRIMERO: En fecha diez (10) de abril del dos mil dos (2002), el juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Colon dicto sentencia contra mi representado, condenándolo a TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSION por el delito de ASESINATO en perjuicio de los Señores MATIAS GALINDO RUIZ Y LEONCIO ENRIQUEZ BONILLA, así mismo se le impusieron las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena. SEGUNDO: Resulta que los hechos por los cuales fue condenado el Señor FRANCISCO ADALID ESCOBAR ORELLANA, encontrándose vigente el Código Penal promulgado según decreto 144-83, en el que establecía el artículo 117 Es reo de asesinato quien de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes…. La pena por asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión…. TERCERO: Siendo que el actual Código Penal promulgado mediante Decreto 130-2017 y vigente a partir del veinticinco (25) de junio del dos mil veinte (2020), el artículo 193 cita quien da muerte a una persona concurriendo alevosía o ensañamiento, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. CUARTO: Conforme a la Sección I de la Revisión en Materia Penal, artículo 96 de la Procedencia de la acción de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece que las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes cuando: Numeral 8) Proceda la aplicación retroactiva de una Ley penal por ser más benigna. QUINTO: Además, el artículo 97 del mismo cuerpo legal citado anteriormente, indica que la revisión deberá ser promovida por escrito, con expresión concreta de los motivos en que se funda y de las disposiciones legales aplicables. En ese sentido, se promueve la presente Acción expresando el principal motivo siendo la aplicación retroactiva de una Ley penal por ser más benigna, fundado en el artículo 96 numeral 8) de la Ley de Justicia Constitucional.” El Abogado RENÉ MAURICIO ACEITUNO ULLOA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, expreso lo Siguiente: “De lo expuesto por el revisionista, y al examinar el fallo condenatorio sub- judice se extrae que el señor FRANCISCO ADALID ESCOBAR ORELLANA, fue condenado a una pena de treinta (30) años de reclusión, por el delito de ASESINATO, en virtud que la legislación penal derogada según el artículo 117 establecía una pena de 20 a 30 años de reclusión; mientras que el actual Código Penal sanciona esa misma conducta ASESINATO, en el ARTÍCULO 193 que señala: Quien da muerte a una persona concurriendo alevosía o ensañamiento, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. Si concurre la circunstancia de precio, recompensa o promesa remuneratoria la pena de prisión debe ser de veinticinco (25) a treinta (30) años. Al examinar el fallo sub-judice y de conformidad a las normas transcritas se extrae de los hechos probados que la forma en que fueron cometidos estos hechos fueron manera alevosa pues el condenado esperó a las víctimas en las afueras de un restaurante ubicado en el barrio el centro de la ciudad de Trujillo por lo que los hoy occisos se encontraban desprevenidos de la agresión realizada por el condenado, por lo que corresponde imponer la pena abstracta de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión en cada una de las víctimas de asesinato, por lo que en aplicación del concurso real de acuerdo con la nueva Ley, incluso si se le impusiera la pena mínima sería de CUARENTA AÑOS de prisión y estando el máximo de cumplimiento determinado por el triple del tiempo de duración de la más grave de las penas impuestas, que no puede exceder de TREINTA (30) AÑOS de conformidad con el artículo 66 último párrafo del Código Penal vigente. Ante las premisas expuestas, estima esta Representación fiscal que en el caso sub –examine, las disposiciones contempladas en el actual Código Penal no es más favorable al hoy condenado, en virtud que la pena que correspondía aplicar conforme la norma sustantiva vigente es más gravosa en comparación a la pena impuesta en la sentencia objeto de revisión, por lo que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo que dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que regula el principio de retroactividad de la Ley penal por ser esta más benigna al condenado. OPINION: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE DENIEGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.” CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. Así mismo es importante señalar que la Revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar el artículo 186 del Constitución de la Republica. Artículo 95 y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE(7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.CONSIDERANDO TRECE (13): FUNDAMENTACIÓN DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia, que efectivamente el señor, FRANCISCO ADALID ESCOBAR ORELLANA, fue condenado por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, mediante la Sentencia Condenatoria Definitiva Y Firme, de fecha diez (10) de abril de dos mil dos(2002), a la pena de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ASESINATO, en perjuicio de perjuicio de MATÍAS GALINDO RUIZ Y LEONCIO HENRÍQUEZ BONILLA, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 117 DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de ASESINATO. III- Esta Sala procede a examinar si el caso sub judice se subsume en el causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor FRANCISCO ADALID ESCOBAR ORELLANA, la pena principal de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de ASESINATO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso en cuanto al delito de Asesinato, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en su artículo 117, antes de ser reformado mediante Decreto 191-96, del 31 de octubre del 1996, establecía: “Es reo de asesinato quien diere muerte a alguna persona concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Ejecutar el hecho con alevosía; 2) Por precio, recompensa o promesa remuneratoria; 3) Con premeditación conocida; 4) Ejecutarlo por medio de inundación, incendio, veneno, explosión, descarrilamiento, varamiento, o avería de nave u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos; 5) Ejecutar el hecho con ensañamiento aumentando deliberada e inhumadamente el dolor del ofendido; El reo de asesinato será castigado con quince a veinte años de reclusión.” En el Código Penal Decreto 130-2017, el delito de Asesinato está plasmado en el artículo 193 y establece: “Quien da muerte a una persona concurriendo alevosía o ensañamiento, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años.” Haciendo un examen del rango de penas a imponer con ambos cuerpos normativos, es patente que la aplicación del nuevo Código no es más favorable para el encausado; Pues, con la norma derogada, este delito se castigaba con pena de reclusión de 15 a 20 años, siendo condenado a la pena concreta de TREINTA AÑOS en concurso real. En cambio, el actual Código Penal, castiga este delito, con pena abstracta de 20 a 25 años de prisión. Inclusive al aplicar la pena mínima, resultaría una pena concreta de CUARENTA AÑOS DE PRISIÓN, en virtud que fue condenado en concurso real, lo que resulta más gravosa para el encausado. El fundamento de lo antes expuestos tiene su asidero en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 que dice: “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial.” Esto nos indica que se debe hacer una revisión con identidad de circunstancias. II. Esta Sala considera, que el caso sub judice no se subsume en el causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima, después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente Garantía Constitucional de Revisión. Por consiguiente, No Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por no resultar está, más benigna al procesado. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado GERARDO JACOB ALEMÁN GUTIÉRREZ, a favor del señor FRANCISCO ADALID ESCOBAR ORELLANA, contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente. NOTIFÍQUESE. –- Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (09) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024) certificación de la Sentencia de fecha treinta de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO- 0234-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.