Sentencia RP-227-22 — Registro 17010
Resumen
Revisión sentencia condenatoria en aplicabilidad del Principio de retroactividad en materia penal ,por el delito de Asociación Ilícita y Tenencia Ilegal de Arma Comercial, en Perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017, de fecha 18 de enero de 2018, publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia emitida por el juzgador primario y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal, esta Sala aprecia que efectivamente los señores SELVIN DAVID AVILA Y NELSON ADOLFO LOPEZ SARMIENTO, fueron condenados por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, mediante la sentencia definitiva y firme en fecha nueve (9) de agosto de dos mil diecinueve, a la pena de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ASOCIACION ILICITA EN SU CONDICION DE INTEGRANTE en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; y a la multa de CIEN MIL DE LEMPIRAS (L.100.000.00) Y por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de La SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 332 DEL CODIGO PENAL SOBRE EL DELITO DE ASOACION ILICITA , y el artículo 332 B en relación al delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, del Código Penal decreto 144-1983, estimando que la acción ejecutada por los imputados se subsume en el tipo penal de Asociación Ilícita en perjuicio de LA Seguridad Interior del Estado de Honduras Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. III- Esta Sala realiza un examen de ambas normas penales aplicables el caso sub judice para verificar si se subsume en el causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. En virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor SELVIN DAVID AVILA Y NELSON ADOLFO LOPEZ SARMIENTO la pena de (20) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ASOCIACION ILICITA y la multa de CIEN MIL LEMPIRAS (L.100.000.00) y por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN, MÁS LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA, ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme al CODIGO PENAL DECRETO NÚMERO 70-2015, derogada, la pena a imponer por el delito de ASOCIACION ILICITA era reclusión de veinte (20) a treinta (30) años y multa de un cien mil lempiras, mientras que la pena regulada en el artículo 554 del vigente Código Penal, dos presupuestos, la pena oscila entre DIEZ (10) A QUINCE (15) AÑOS y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, si se trata de los directivos, promotores y financistas de la asociación ilícita; y de SEIS (6) A DIEZ (10) AÑOS y multa de Cien (100) a Quinientos (500) días para los simples integrantes de la asociación. II. En cuanto al delito de Portación Ilegal de Armas el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en su artículo 332 inciso B, establece que “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas.” Es decir, que esa conducta delictiva, se sancionaba con reclusión de tres (3) a seis (6) años. En cuanto al Código Penal vigente, Decreto 130-2017, establece el artículo 580: “TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO. La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y, 2) … Con las mismas penas previstas en el numeral 1) se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización.” Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código benefician al encausado. III. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal, Decreto 130-2017, sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias donde en los hechos probados y la fundamentación jurídica se estableció que los condenados SELVIN DAVID AVILA Y NELSON ADOLFO LOPEZ, son miembros activos de la estructura criminal pandilla dieciocho, agrupados para la comisión de diversidad de ilícitos y asimismo, que al momento de su captura se encontraron armas de uso comercial sin su respectivo permiso de portación en la habitación donde se introdujeron al momento de ser perseguidos por los policías que les dieron captura. (folio 5-6 del expediente en revisión), estimando el Tribunal Juzgador imponer las penas mínimas para ambos delitos, por no concurrir circunstancias atenuantes y agravantes. En tal sentido, la pena a aplicar es de SEIS (6) AÑOS, para el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR y MULTA DE CIEN (100) DÍAS, A RAZÓN DE VEINTE LEMPIRAS (20.00) POR DÍA, EN PERJUICIO DE LA SALUD PUBLICA. Y POR EL DELITO DE TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, A LA PENA DE UNO (1) AÑO DE PRISION Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE UN (1) AÑO, EN PERJUICIO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO Y SU INTEGRIDAD TERRITORIAL. IV.- En tal sentido, esta Sala considera que se debe imponer la pena mínima para esos ilícitos penales, en base al principio pro homine. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que se cumple con los requisitos exigidos, tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que, es procedente la aplicación retroactiva en favor de los señores SELVIN DAVID AVILA Y NELSON ADOLFO LOPEZ SARMIENTO de una norma vigente que le resulta más benigna. VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, a favor de los señores SELVIN DAVID AVILA Y NELSON ADOLFO LOPEZ SARMIENTO; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta a los señores SELVIN DAVID AVILA Y NELSON ADOLFO LOPEZ SARMIENTO, por el delito ASOCIACION PARA DELINQUIR, en perjuicio de LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE HONDURAS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor SELVIN DAVID AVILA de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR a la pena de SEIS (6) AÑOS de RECLUSION, más una PENA de MULTA DE CIEN (100) DÍAS, a RAZÓN DE VEINTE LEMPIRAS (20.00) POR DÍA, EN PERJUICIO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE HONDURAS Y POR EL DELITO DE TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO A LA PENA DE UNO (1) AÑO DE PRISION Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE UN (1) AÑO, EN PERJUICIO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO Y SU INTEGRIDAD TERRITORIAL. SEGUNDO. CONDENANDO al señor NELSON ADOLFO LOPEZ SARMIENTO, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia, por el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR, a la pena de SEIS (6) AÑOS de RECLUSION, más una PENA de MULTA DE CIEN (100) DÍAS, a RAZÓN DE VEINTE LEMPIRAS (20.00) POR DÍA, EN PERJUICIO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE HONDURAS Y POR EL DELITO DE TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO A LA PENA DE UNO (1) AÑO DE PRISION Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE UN (1) AÑO, EN PERJUICIO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO. Más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 numeral 8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de octubre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, a favor de los señores SELVIN DAVID AVILA Y NELSON ADOLFO LOPEZ SARMIENTO, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha nueve (9) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con relación a la causa que se instruyó contra los señores SELVIN DAVID AVILA y NELSON ADOLFO LOPEZ SARMIENTO, por el delito de ASOCIACION ILICITA Y TENENCIA ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.ANTECEDENTES1)Que en fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), el Abogado RENE NUÑEZ, en su condición de Fiscal Del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores SELVIN DAVID AVILA, NELSON ADOLFO LOPEZ SARMIENTO, ALLAN DAVID SALAZAR CANALES, VICTOR MANUEL GONZALES CARBAJAL, DAVID ENRIQUE REYES CRUZ y ANGELICA PATRICIA MARTINEZ CORDOBA, por los delitos de ASOCIACION ILICITA, TENENCIA DE ARMA DE FUEGO CMERCIAL, ATENTADO y POSESION PARA EL TRAFICO IICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS Y LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.2) Que seguido el proceso, en fecha nueve (9) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés, dictó Sentencia mediante la cual: “FALLA: “PRIMERO:… ABSOLVER a los señores SELVIN DAVID AVILA, NELSON ADOLFO LOPEZ SARMIENTO, ALLAN DAVID SALAZAR CANALES, VICTOR MANUEL GONZALES CARBAJAL, DAVID ENRIQUE REYES CRUZ y ANGELICA PATRICIA MARTINEZ CORDOBA, del delito de ATENTADO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- TERCERO: Condenar al señor SELVIN DAVID AVILA, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas como autor responsable del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA COMORECIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de TRES (03) AÑOS DE RECLUSION, más las penas accesorias de Inhabilitación Especial para ejercer el sufragio e interdicción civil por el tiempo que dure la condena.- CUARTO: Condenar al señor NELSON ADOLFO LOPEZ SARMIENTO, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSION, más las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL para ejercer el sufragio e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena….NOVENO: Condenar al señor SELVIN DAVID AVILA, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas como autor responsable del delito ASOCIACION ILICITA EN SU CONDICION DE INTEGRANTE, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS a la pena de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSION más una MULTA DE CIEN MIL LEMPIRAS (100,000..) que deberá ser enterada a la Tesorería General de la República de Honduras, asimismo a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil durante el tiempo de a condena.-… DECIMO: Condenar al señor NELSON ADOLFO LOPEZ SARMIENTO, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas como autor responsable de delito de ASOCIACION ILICITA EN SU CONDICION DE INTEGRANTE, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSION mas una MULTA DE CIEN MIL LEMPIRAS (100,000.00) que deberá ser entregada a la Tesorería General de la República de Honduras, asimismo a la pena accesoria de Inhabilitación absoluta e Interdicción Civil durante el tiempo de la condena.- … DECIMO QUINTO: Se declara responsabilidad Civil de los condenados señores ANGELICA PATRICIA MARTINEZ CORDOVA, SELVIN DAVID AVILA, NELSON ADOLFO LOPEZ SARIENTO, ALLAN AVID SALAZAR CANALES, VICTOR MANUEL GONZALES CARBAJAL y AVID ENRIQUE REYES CRUZ, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia…” (Folios 294 al 306 de la pieza del Juzgado).3) Que el recurrente Abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha cuatro (4) de febrero del año dos mil veintidós (2022), presentando recurso de revisión penal a favor de los señores SELVIN DAVID AVILA y NELSON ADOLFO LOPEZ SARIENTO, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha nueve (9) de agosto del año dos mil diecinueve (2019). 4) Que en fecha diez (10) de febrero del año dos mil veintidós (2022), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva.5) Que en fecha cuatro (4) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, en su condición de Apoderada Legal de los señores SELVIN DAVID AVILA y NELSON ADOLFO LOPEZ SARIENTO, y la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión. Que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017). La representante del Ministerio Público, fue de la opinión que SE OTORGUE la acción de revisión en los términos supra señalados, en virtud de que lo peticionado por el revisionista está conforme a la Ley. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano, manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentación del Garantista expuesta en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. EL recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Posicionamiento de las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha cuatro (04) de mayo de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, en su condición de Apoderado Legal de los Señores SELVIN DAVID AVILA Y NELSON ADOLFO LOPEZ SARMIENTO, quien manifestó lo siguiente: “ratifica el Recurso de Revisión SW LA Sentencia Condenatoria Penal presentado contra la sentencia definitiva dictada en fecha 9 de agosto del 2019, por el Tribunal de Sentencia de San pedro Sula, Cortés, condenando a sus defendidos a cumplir la Pena de Veinte (20) años de Reclusión, por el delito de Asociación Ilícita y Tres (3) años de Reclusión por el Delito de Tenencia Ilegal de Arma Comercial, más las accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por haberlos encontrado culpable de dichos delitos, Revisión que se solicita al amparo de lo dispuesto en el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que excepcionalmente autoriza a esta Sala a Revisar las Sentencias Penales Firmes de Condena, cuando procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, es decir, que se aplique el principio Convencional, Constitucional y doctrinario de la Retroactividad Penal, como una excepción al Principio de Legalidad, aplicándose de manera integral las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 15) la Constitución de la República de Honduras. El Código Penal Vigente. La necesidad de aplicación retroactiva de la Ley penal que se solicita mediante esta Acción Constitucional, se deriva del hecho que sus defendidos al momento de emitirse la condena de Veinte (20) años de reclusión, por el delito de Asociación Ilícita y tres (3) años de Reclusión por el Delito de Tenencia Ilegal de Arma Comercial, que se le impuso, se encontraba vigente el Código Penal contenido en el Decreto 144-83, de fecha 23 de agosto de 1983, el cual estipulaba los tipos Penales de Asociación Ilícita en su artículo 332, consideraba un rango de pena de veinte (20) años a treinta (30) años y multa de Cien mil (L.100,000.00) a trescientos mil (L.300,0000.00) lempiras y el tipo penal de tenencia Ilegal de Arma de Fuego Comercial, que en el artículo 332-B, consideraba un Rango de Pena de tres (3) a seis (6) años y que en el caso según los hechos probados relacionados en la audiencia, los delitos se juzgaron como una Asociación Ilícita y Tenencia Ilegal de Arma de Fuego Comercial, ambos en su forma de ejecución más simple, sin que se apreciaran en su momento, ninguna circunstancia agravante, ni atenuante que pudiera incidir en la aplicación de la Pena mínima de cada uno de los rangos descritos, es decir veinte por Asociación y tres por la Tenencia de Arma Comercial y en la actuación desde el día 25 de junio del 2020, ha entrado en vigencia el Decreto 130-2017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 34,940, de fecha diez de mayo del año dos mil nueve, contentivo del Código Penal, en el cual, se Derogó el Código Penal antes citado y se establece los tipos penales de Asociación Para Delinquir, señalando en el artículo 554 de dicho Decreto, un Rango de Pena de Seis (6) a Diez (10) años y se establece el tipo penal de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego Permitida, señalado en el artículo 580 de dicho Decreto, un Rango de Pena de uno (1) a Cuatro (4) años, y localización permanente hasta por dos (2) años….Por lo que, al tener este código un tratamiento más favorable para el condenado, debe aplicarse esta legislación penal. Por lo que solicita se declare haber lugar al recurso de revisión, otorgar el mismo, anulando la sentencia reprochada e imponiendo a sus defendidos la pena mínima de Seis (6) años y la multa mínima de Cien (100) días del rango de pena establecido en el Código Penal Vigente en su artículo 554 por el delito de Asociación para Delinquir y a la pena mínima de (1) año y localización permanente por seis (6) meses de rango de pena, establecido en el Código Penal Vigente en su artículo 580 del Código por el delito de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego Permitida…..” Por su parte, la Agente Fiscal Sandra Lorena Zúniga, al pronunciarse sobre el Recurso de Revisión interpuesto, establece: “……Que el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales, indicando las sanciones correspondientes al delito de Asociación Ilícita, por el cual se condenó a los señores Selvin David Ávila y Nelson Adolfo López Sarmiento: según lo regulado en el artículo 332 reformado mediante Decreto 70-2015, de fecha 25 de enero del 2016, del Código Penal derogado, que establecida: “Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de Cien mil (Lps.100.000.00) a trescientos mil lempiras (Lps.300.000.00), a los integrantes o personas vinculadas a los grupos estructurados de dos o más personas que se asocien o actúen concertadamente con el propósito de poner en peligro o lesionar cualquier bien jurídicamente protegido en la Constitución de la República y el Código Penal. La misma pena en el párrafo anterior aumentada en dos tercios (2/3), se impondrá a los jefes o cabecillas de los grupos descritos en dicho párrafo. Se considera jefes o cabecillas, aquellos que sean reconocidos o identificados como tales, cuyas decisiones influyan en la planificación y acciones del grupo.” Por lo que la pena abstracta, resultó de 20 años, por no haberse podido acreditar que se tratara de un cabecilla de la asociación. El nuevo Código Penal vigente, el delito de Asociación Ilícita, ahora denominado Asociación para Delinquir, se encuentra regulado en el artículo 554 y reza: “Son asociaciones ilícitas las constituidas, sea de modo permanente o transitorio, por dos o más personas con la finalidad de cometer ilícitos penales, así mismo se consideran asociaciones ilícitas las que después de constituidas ilícitamente dedican su actividad, en todo o en parte a la comisión de delitos. Poseen también la consideración de asociaciones ilícitas las que aun teniendo como objeto uno lícito, emplean como estrategia permanente y definida medios violentos, intimidatorios u otros ilícitos para el logro de aquél. El delito se considera cometido con independencia de que la asociación haya sido constituida en el extranjero, siempre que se lleve a cabo algún acto con relevancia penal en el territorio de Honduras. …Los simples integrantes de la asociación deben ser castigados con las penas de prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días. El delito de Portación Ilegal de Armas, regulado en el artículo 580 del Código Penal, relativo a Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego. La Tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1. De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas. 2. De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres años, si se trata de armas o municiones prohibidas. Ante las premisas expuestas, por lo que estima que se otorgue la presente acción de revisión.CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas, las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho, cuando al señalar las fuentes formales de éste, agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo; por lo cual, en materia de Revisión Penal, se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón, se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020), en su artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617, se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir, la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así, que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro-.CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable, tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que discriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo, en la Constitución Política de Honduras, en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”. Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias, además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017, de fecha 18 de enero de 2018, publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia emitida por el juzgador primario y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal, esta Sala aprecia que efectivamente los señores SELVIN DAVID AVILA Y NELSON ADOLFO LOPEZ SARMIENTO, fueron condenados por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, mediante la sentencia definitiva y firme en fecha nueve (9) de agosto de dos mil diecinueve, a la pena de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ASOCIACION ILICITA EN SU CONDICION DE INTEGRANTE en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; y a la multa de CIEN MIL DE LEMPIRAS (L.100.000.00) Y por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de La SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 332 DEL CODIGO PENAL SOBRE EL DELITO DE ASOACION ILICITA , y el artículo 332 B en relación al delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, del Código Penal decreto 144-1983, estimando que la acción ejecutada por los imputados se subsume en el tipo penal de Asociación Ilícita en perjuicio de LA Seguridad Interior del Estado de Honduras Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. III- Esta Sala realiza un examen de ambas normas penales aplicables el caso sub judice para verificar si se subsume en el causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. En virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor SELVIN DAVID AVILA Y NELSON ADOLFO LOPEZ SARMIENTO la pena de (20) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ASOCIACION ILICITA y la multa de CIEN MIL LEMPIRAS (L.100.000.00) y por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN, MÁS LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA, ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme al CODIGO PENAL DECRETO NÚMERO 70-2015, derogada, la pena a imponer por el delito de ASOCIACION ILICITA era reclusión de veinte (20) a treinta (30) años y multa de un cien mil lempiras, mientras que la pena regulada en el artículo 554 del vigente Código Penal, dos presupuestos, la pena oscila entre DIEZ (10) A QUINCE (15) AÑOS y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, si se trata de los directivos, promotores y financistas de la asociación ilícita; y de SEIS (6) A DIEZ (10) AÑOS y multa de Cien (100) a Quinientos (500) días para los simples integrantes de la asociación. II. En cuanto al delito de Portación Ilegal de Armas el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en su artículo 332 inciso B, establece que “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas.” Es decir, que esa conducta delictiva, se sancionaba con reclusión de tres (3) a seis (6) años. En cuanto al Código Penal vigente, Decreto 130-2017, establece el artículo 580: “TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO. La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y, 2) … Con las mismas penas previstas en el numeral 1) se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización.” Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código benefician al encausado. III. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal, Decreto 130-2017, sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias donde en los hechos probados y la fundamentación jurídica se estableció que los condenados SELVIN DAVID AVILA Y NELSON ADOLFO LOPEZ, son miembros activos de la estructura criminal pandilla dieciocho, agrupados para la comisión de diversidad de ilícitos y asimismo, que al momento de su captura se encontraron armas de uso comercial sin su respectivo permiso de portación en la habitación donde se introdujeron al momento de ser perseguidos por los policías que les dieron captura. (folio 5-6 del expediente en revisión), estimando el Tribunal Juzgador imponer las penas mínimas para ambos delitos, por no concurrir circunstancias atenuantes y agravantes. En tal sentido, la pena a aplicar es de SEIS (6) AÑOS, para el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR y MULTA DE CIEN (100) DÍAS, A RAZÓN DE VEINTE LEMPIRAS (20.00) POR DÍA, EN PERJUICIO DE LA SALUD PUBLICA. Y POR EL DELITO DE TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, A LA PENA DE UNO (1) AÑO DE PRISION Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE UN (1) AÑO, EN PERJUICIO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO Y SU INTEGRIDAD TERRITORIAL. IV.- En tal sentido, esta Sala considera que se debe imponer la pena mínima para esos ilícitos penales, en base al principio pro homine. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que se cumple con los requisitos exigidos, tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que, es procedente la aplicación retroactiva en favor de los señores SELVIN DAVID AVILA Y NELSON ADOLFO LOPEZ SARMIENTO de una norma vigente que le resulta más benigna. VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado JORGE TORRES HENRIQUEZ, a favor de los señores SELVIN DAVID AVILA Y NELSON ADOLFO LOPEZ SARMIENTO; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta a los señores SELVIN DAVID AVILA Y NELSON ADOLFO LOPEZ SARMIENTO, por el delito ASOCIACION PARA DELINQUIR, en perjuicio de LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE HONDURAS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor SELVIN DAVID AVILA de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR a la pena de SEIS (6) AÑOS de RECLUSION, más una PENA de MULTA DE CIEN (100) DÍAS, a RAZÓN DE VEINTE LEMPIRAS (20.00) POR DÍA, EN PERJUICIO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE HONDURAS Y POR EL DELITO DE TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO A LA PENA DE UNO (1) AÑO DE PRISION Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE UN (1) AÑO, EN PERJUICIO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO Y SU INTEGRIDAD TERRITORIAL. SEGUNDO. CONDENANDO al señor NELSON ADOLFO LOPEZ SARMIENTO, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia, por el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR, a la pena de SEIS (6) AÑOS de RECLUSION, más una PENA de MULTA DE CIEN (100) DÍAS, a RAZÓN DE VEINTE LEMPIRAS (20.00) POR DÍA, EN PERJUICIO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE HONDURAS Y POR EL DELITO DE TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO A LA PENA DE UNO (1) AÑO DE PRISION Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE UN (1) AÑO, EN PERJUICIO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO. Más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado WAGNER VALLECILLO PAREDES. NOTIFÍQUESE. - NOTIFIQUESE. - Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco (05) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023) certificación de la Sentencia de fecha veinte de octubre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0227-2022. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.