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Sentencia RP-187-22 — Registro 17354

Resumen

Acto recurrido contra la sentencia de condena firme, con relación a la causa que se instruyó contra los señores Dinar Javier Portillo Barrera Y José Douglas Lezama Baca por el delito de Extorción Simple

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Dinar Javier Portillo Barrera y José Douglas Lezama Baca, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos que equivalen a trescientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres lempiras con setenta y cinco centavos (L 386,853.75), por ser autores penalmente responsables de un delito de extorsión simple. Las conductas por la cual fueron condenados Dinar Javier Portillo Barrera y José Douglas Lezama Baca, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4), por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5,000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Al comparar las penas impuestas por el A-quo, con las penas que establece el nuevo código penal, se evidencia que la pena de prisión está dentro del rango imponible en ambas normas (11 años tres meses de prisión), no así la pena de multa, que con el nuevo código se eleva considerablemente el importe a pagar, en comparación con el código penal derogado. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIASALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de octubre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS, a favor de los señores DINAR JAVIER PORTILLO BARRERA y JOSE DOUGLAS LEZAMA BACA, contra la Sentencia Condenatoria dictada por JUZGADO DE LETRAS PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, con relación a la causa que se instruyó contra los señores DINAR JAVIER PORTILLO BARRERA y JOE DOUGLAS LEZAMA BACA, por el delito de EXTORSION SIMPLE, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC-553.HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL.PRIMERO: Que el día miércoles 23 de noviembre del año 2016, el Testigo Protegido AC553, se presentó a las oficinas de la Fuerza Nacional de Antiextorsión a interponer formal denuncia narrando que hacia dos meses estaba siendo víctima de extorsión por parte de dos sujetos que llegaron a su negocio, quienes se identificaron como miembros de la MARA MS y mediante amenazas a muerte le exigieron la cantidad de trescientos lempiras (L.300.00) semanales, los que tenía que entregar los días jueves de cada semana y que de no pagar dicha cantidad, lo matarían a él o a un familiar. Una de estas personas de tez clara, estatura mediana, fornido y se conoce en la zona con el alias de “PEGAJOSO”; la otra persona es alto, de tez trigueña, fornido y se conoce con el alias de “EL GRINGO”. SEGUNDO: Que el jueves 24 de septiembre del año 2016, se conformó dos equipos de la FNA, quienes se dirigieron hacia el boulevard Fuerzas Armadas a la altura de la gasolinera Puma de la colonia El Carrizal a realizar una vigilancia específicamente donde el testigo protegido realizaría la entrega, con el propósito de identificar a las personas que llegarían a traer el dinero de la extorsión; después de permanecer un tiempo en la zona observando que llegaban dos personas del sexo masculino, la cuales llegaron a bordo de una motocicleta de color negro, marca KMF, observando también que el conductor llevaba un caso de color negro en la otra persona andaba sin casco, ingresando al negocio del testigo protegido quien le hizo la entrega del dinero a la persona que vestía una camisa tipo sudadera a rayas de color verde, pantalón jean color azul y zapatos de color negro y gorra azul y el testigo protegido se retiró del lugar y los agentes procedieron a requerirlos. TERCERO: Que procedieron a realizarles un registro persona y la persona que vestía una camisa tipo sudadera a rayas de color verde pantalón Jean de color azul y zapatos de color negro y gorra azul a quien se le encontró en la bolsa frontal derecha del pantalón la cantidad de MIL QUINIENTOS LEMPIRAS en diferentes denominaciones: (2) dos billetes de quinientos lempiras con números de serie Z2864953, Y1396465, (5) cinco billetes de cien lempiras con números de serie CC7543378, CC7839170, BZ6913289, CA4603859, CC0028333 y en la bolsa frontal izquierda del pantalón se le encontró un teléfono celular marca CNYX color negro y rojo, esta persona fue identificada con el nombre de DINAR JAVIER PORTILLO BARRERA, con identidad número 0615-1991-00690 y la otra persona quien vestía una camisa tipo polo a rayas de color morado y pantalón color azul, tipo jean, zapatos de color blando a quien le encontró en la bolsa frontal derecha del pantalón un teléfono celular marca CNYX de color negro y rojo y fue identificado como JOSE DOUGLAS LEZAMA BACA, ambos fueron detenidos y puestos a la orden de la Fiscalía Especial Contra El Crimen Organizado (FESCCO) del Ministerio Público(MP).ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada ELSY ANDINO CRUZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores DINAR JAVIER PORTILLO BARRERA y JOSE DOUGLAS LEZAMA BACA, por suponerlos responsables a título de autor del delito de EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC-553. (Folios 01-06 de la pieza del A-Quo).2) Que continuado que fue el proceso, en fecha cuatro (04) de diciembre de dos mil diecisiete (2018), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, dictó Sentencia Definitiva mediante la cual falló: “1): CONDENA a los señores DINAR JAVIER PORTILLO BARRERA y JOE DOUGLAS LEZAMA BACA, por haber cometido el delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC-533 a la pena concreta de reclusión de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE RECLUSION, que deberán cumplir en el Centro Penitenciario Nacional de Támara de éste departamento, sujetos a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad a la Ley que regula el sistema penitenciario.- 2) Asimismo se CONDENA a los imputados DINAR JAVIER PORTILLO BARRERA y JOSE DOUGLAS LEZAMA BACA a pagar UNA MULTA DE 37.5 Salarios Mínimos que deberá entregar en la Tesorería General de la República.….” (Folios 101-103 de la pieza del A-Quo).3) Que en fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado RAMÓN MATAMOROS, presentando recurso de revisión penal a favor de los señores DINAR JAVIER PORTILLO BARRERA y JOSE DOUGLAS LEZAMA BACA, contra la sentencia condenatoria de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso el en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-03 del recurso).4) Que en fecha uno de junio de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado RAMÓN MATAMOROS, en su condición de apoderado legal de los señores DINAR JAVIER PORTILLO BARRERA y JOSE DOUGLAS LEZAMA BACA, y la Abogada SOBEYDA ISABEL ZAPATA GRANDE, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017).- La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión. (Folios 15 al 18 del recurso de mérito).FUNDAMENTACION.CONSIDERANDO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha primero (1) de junio de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Ramón Matamoros, a favor de los señores Dinar Javier Portillo Barrera y Jose Douglas Lezama Baca, como revisionista; y, la Abogada Sobeyda Isabel Zapata Grande, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. El Abogado Ramón Matamoros, solicita la revisión de la pena y que se aplique el principio de retroactividad de la ley tomando en cuenta las nuevas penas vigente en el Decreto 130-2017, quienes fueron condenados por el delito de extorsión simple, y se sometieron a un procedimiento abreviado, quedando una pena de 11 años, 3 meses de reclusión, y un multa de 37.5 salarios mínimos; con el nuevo código penal vigente, las penas quedarían en 7 años 6 meses y una multa de 500 salarios mínimos. Por su parte el Ministerio Público, estima que las disposiciones contenidas en el actual código penal, no son más favorables al sentenciado, en virtud que el artículo 374 señala agravantes específicas, cuando el culpable sea miembro de un grupo delictivo organizado, y se deben aumentar las penas en 1/3; el código penal vigente establece una pena de 15 a 20 años de prisión, la que a su vez debe ser aumentada en 1/3 por la concurrencia de la agravante mencionada, resultando una pena abstracta de 20 a 26 años, ocho meses de prisión, misma que al ser rebajada en ¼ por la aplicación del procedimiento abreviado queda en 15 a 20 de prisión. En relación a la pena de multa impuesta en la sentencia de 37.5 salarios mínimos; en el código penal vigente, corresponde la aplicación de la multa de 500 a 1000 días, debiendo aumentarse en 1/3 quedando el nuevo margen de 667 a 1333 días, y debiendo rebajarse en ¼ por el procedimiento abreviado, quedando la pena de multa de 500 a 667 días, correspondiendo imponer una pena de multa de L. 2,500,000; por lo que las disposiciones y penas contenidas en el código penal vigente no son más favorables para el condenado. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Dinar Javier Portillo Barrera y José Douglas Lezama Baca, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos que equivalen a trescientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres lempiras con setenta y cinco centavos (L 386,853.75), por ser autores penalmente responsables de un delito de extorsión simple. Las conductas por la cual fueron condenados Dinar Javier Portillo Barrera y José Douglas Lezama Baca, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4), por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5,000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Al comparar las penas impuestas por el A-quo, con las penas que establece el nuevo código penal, se evidencia que la pena de prisión está dentro del rango imponible en ambas normas (11 años tres meses de prisión), no así la pena de multa, que con el nuevo código se eleva considerablemente el importe a pagar, en comparación con el código penal derogado. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Código Penal reformado en el artículo 373 por Decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760, de fecha 1 de noviembre de 2021. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Ramón Matamoros, en favor del señor Dinar Javier Portillo Barrera y José Douglas Lezama Baca. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Wagner Vallecillo Paredes.- Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de enero de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha veinte de octubre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso deRevision Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0187-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.