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Sentencia RP-186-22 — Registro 17009

Resumen

Sentencia en revisión condenó a recurrente por el delito deTráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, siendo condenado a la pena concreta de once (11) años y tres (3) meses de reclusión, más multa y penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; La Sala concluyó que la presente causa cumple con los requisitos legales, en consecuencia es procedente la aplicación retroactiva en favor de recurrente; En la Parte Dispositiva se modifica la sentencia revisada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"la sentencia que hoy se estudia en revisión penal se impuso a Misael Isaac Elvir Joya, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de setecientos cincuenta mil lempiras (L 750,000.00), por ser autor penalmente responsable del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio la Salud de la Población del Estado de Honduras; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado Misael Isaac Elvir Joya, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo (artículo 311), cuya pena es: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o, ii. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados:...En el caso del señor Misael Isaac Elvir Joya, conforme a los hechos probados de la sentencia, se encontraba con una cantidad de cocaína (droga que causa grave daño a la salud) no compatible para el consumo personal inmediato, destinada para el tráfico, conducta que sanciona el NCP 130-2017 (artículo 311) con un marco penal abstracto de 7 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500. Al hacer la disminución de este marco penal abstracto en una fracción de un cuarto (¼) en su límite inferior por la aplicación del procedimiento abreviado, se determina como nueva pena abstracta de 5 años 2 meses a 7 años de prisión y multa de 75 a 100 días. A partir de lo anterior, se puede concluir que es procedente la aplicación retroactiva del NCP 130-2017, pues la pena privativa de la libertad le es más favorables al sentenciado en comparación con la contemplada en la ley especial vigente al momento de la realización del delito, conforme dispone el artículo 616 del NCP 130-2017. Como siguiente paso, corresponde determinar dentro del marco penal abstracto la pena concreta a imponer según las circunstancias establecidas del artículo 70 en relación con los artículos 31 y 32 todos del NCP. En la sentencia de instancia no se determinó la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que agravasen el quantum de la pena, impuso la pena mínima, y atendiendo las circunstancias personales del condenado, así como la modalidad criminosa empleada, es consecuente imponer las penas en su límite mínimo: i. cinco (5) años y dos (2) meses de prisión; y, ii. Multa de 75 días en su valor mínimo (L 20.00), que equivalen a mil quinientos lempiras (L 1,500.00)..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Sentencia de revisión penal. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-0186-2022, promovido por la Abogada Nilsa Soraya Flores, en favor de Misael Isaac Elvir Joya, contra la sentencia de fecha catorce (14) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: Primero: Conde-nó a Misael Isaac Elvir Joya, por ser penalmente responsable del delito de tráfico ilícito de drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena concreta de once (11) años y tres (3) meses de reclusión, y una multa de setecientos cincuenta mil lempiras (L 750,000.00); pena de reclusión que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de Támara, departamento de Francisco Morazán, quedando sujeto a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. Segundo: Condenó a Misael Isaac Elvir Joya, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Tercero: No condenó en costas personales ni procesales. Son partes: 1) Abogada Nilsa Soraya Flores, en representación de Misael Isaac Elvir Joya, como revisionista; 2) Abogada Yulibeth Garay Hernández, fiscal del Ministerio Público. 3) Abogado Pedro Enrique Escobar Corea, representante de la Procuraduría General de la República. Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal. “PRIMERO: Por los hechos que tuvieron su génesis de los hechos de que el día 23 de diciembre del año 2017, se recibe denuncia anónima que el día domingo 24 de diciembre del 2017 en horas de la mañana se llevaría a cabo una compra venta de drogas, es por lo que el día 24 de diciembre de 2017 siendo las 9:50 de la mañana dos equipos de los agentes de investigación de la Fuerza Nacional Antiextorsión se desplazaron hacia la Texaco frente a la colonia Prados Universitarios, es cuando se observa dos individuos en un vehículo marca Honda Civic, color azul, placa PDÑ-3472, se acerca a otro vehículo tipo corola, color negro, con placa PBV-3170, conducido por el imputado MARYORI STEVE SALGADO ARIAS, quien recibe de las dos personas que se trasladaban en vehículo Civic, unas cajas de regalo, es por ello que los agentes de investigación de la Fuerza Nacional Antiextorsión, proceden a requerirlos identificándolos como FAUSTO GABRIEL ANDINO y MISAEL ISAAC ELVIR JOYA, quienes al hacer la requisa se les encuentra una cantidad polvo blanco supuesta cocaína y dinero, el Ministerio Público en audiencia inicial presenta medios de prueba con los que se logra determinar que la sentencia decomisada es positivo de cocaína, como el dinero encontrado con la pericia de escáner de iones tiene rasgos de droga, decretando el respectivo auto de formal procesamiento. SEGUNDO: Por su parte la defensa privada no logró probar en todo el proceso penal la no participación del encausado.” Antecedentes PRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha veinticinco (25) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, la Abogada Keiry Johanna Montalván Acosta, en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de Misael Isaac Elvir Joya y otros, por considerarlos autores penalmente responsables del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó sentencia en procedimiento abreviado en fecha catorce (14) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual falló condenar a Misael Isaac Elvir Joya, a las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión, y una multa de setecientos cincuenta mil lempiras (L 750,000.00), por ser autor penalmente responsable del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio la Salud de la Población del Estado de Honduras; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias legales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. La Abogada Nilsa Soraya Flores en representación de Misael Isaac Elvir Joya, compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha veintiocho (28) de enero de dos mil veintidós (2022), presentando recurso de revisión penal a favor de su representado, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha catorce (14) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha ocho (8) de febrero del año dos mil veintidós (2022) (f. 10).CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el pleno de la Sala de lo Constitucional, habiendo comparecido la Abogada Nilsa Soraya Flores, en representación de Misael Isaac Elvir Joya, como revisionista; la Abogada Yulibeth Garay Hernández, en su condición de fiscal del Ministerio Público; y, el Abogado Pedro Enrique Escobar Corea, representante de la Procuraduría General de la República; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando la revisionista que ratifica su recurso de revisión penal de conformidad con el artículo 311 del NCP 130-2017, y pide se emita un nuevo cómputo de pena. Por su parte, el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que se otorgue la acción de revisión en virtud de constar según los hechos probados de la sentencia, que la droga decomisada era cocaína, droga que causa grave daño a la salud y que es sancionado con una pena de 7 a 10 años de prisión y la pena de multa de 100 a 500 días, ambas rebajadas en (1/4) por el procedimiento abreviado, quedando un marco penal abstracto de 5 años 3 meses a 7 años de prisión y multa de 75 a 100 días. Finalmente, el Abogado Pedro Enrique Escobar Corea, representante de la Procuraduría General de la República, expresó que la nueva ley penal es menos gravosa para el sentenciado, por lo que considera favorable la petición de la defensa privada. Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la Abogada Nilsa Soraya Flores, en representación de Misael Isaac Elvir Joya, como revisionista; la Abogada Yulibeth Garay Hernández, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña; y, el Abogado Pedro Enrique Escobar Corea, representante de la Procuraduría General de la República. La Abogada Nilsa Soraya Flores funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que ratifica su recurso de revisión penal de conformidad con el artículo 311 del NCP 130-2017 y pide se emita un nuevo cómputo de pena. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que se otorgue la acción de revisión, en virtud de constar según los hechos probados de la sentencia que la droga decomisada era cocaína, droga que causa grave daño a la salud, y que es sancionado con una pena de 7 a 10 años de prisión y la pena de multa de 100 a 500 días, ambas rebajadas en (1/4) por el procedimiento abreviado, quedando un marco penal abstracto de 5 años 3 meses a 7 años de prisión y multa de 75 a 100 días. Finalmente, el Abogado Pedro Enrique Escobar Corea, representante de la Procuraduría General de la República, expresó que la nueva ley penal es menos gravosa para el sentenciado, por lo que considera favorable la petición de la defensa privada. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal se impuso a Misael Isaac Elvir Joya, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de setecientos cincuenta mil lempiras (L 750,000.00), por ser autor penalmente responsable del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio la Salud de la Población del Estado de Honduras; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado Misael Isaac Elvir Joya, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo (artículo 311), cuya pena es: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o, ii. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. En el caso del señor Misael Isaac Elvir Joya, conforme a los hechos probados de la sentencia, se encontraba con una cantidad de cocaína (droga que causa grave daño a la salud) no compatible para el consumo personal inmediato, destinada para el tráfico, conducta que sanciona el NCP 130-2017 (artículo 311) con un marco penal abstracto de 7 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500. Al hacer la disminución de este marco penal abstracto en una fracción de un cuarto (¼) en su límite inferior por la aplicación del procedimiento abreviado, se determina como nueva pena abstracta de 5 años 2 meses a 7 años de prisión y multa de 75 a 100 días. A partir de lo anterior, se puede concluir que es procedente la aplicación retroactiva del NCP 130-2017, pues la pena privativa de la libertad le es más favorables al sentenciado en comparación con la contemplada en la ley especial vigente al momento de la realización del delito, conforme dispone el artículo 616 del NCP 130-2017. Como siguiente paso, corresponde determinar dentro del marco penal abstracto la pena concreta a imponer según las circunstancias establecidas del artículo 70 en relación con los artículos 31 y 32 todos del NCP. En la sentencia de instancia no se determinó la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que agravasen el quantum de la pena, impuso la pena mínima, y atendiendo las circunstancias personales del condenado, así como la modalidad criminosa empleada, es consecuente imponer las penas en su límite mínimo: i. cinco (5) años y dos (2) meses de prisión; y, ii. Multa de 75 días en su valor mínimo (L 20.00), que equivalen a mil quinientos lempiras (L 1,500.00). POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: Primero: Declara Con Lugar la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada Nilsa Soraya Flores, a favor del señor Misael Isaac Elvir Joya. Segundo: Se Anula Parcialmente la sentencia definitiva firme dictada en fecha catorce (14) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), por el por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. Tercero: Se Reforman las penas impuestas al señor Misael Isaac Elvir Joya, por el delito Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, las cuales deberán leerse de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos al señor Misael Isaac Elvir Joya, por ser autor responsable penalmente del delito Tráfico de Drogas, en perjuicio de la Salud Pública del Estado de Honduras, a las penas siguientes: i. Cinco (5) años y dos (2) meses de prisión, a la cual deberá deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad por la misma causa criminal y que deberá cumplirla de conformidad con el Código Penal 130-2017; ii. Multa de setenta y cinco días en su valor mínimo (L 20.00) que equivalen a mil quinientos lempiras (L 1,500.00). SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al señor Misael Isaac Elvir Joya, como consecuencia de la pena de prisión, a la pena accesoria de inhabilitación absoluta, así como a la suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión, por disposición constitucional (Artículo 41.2).” Cuarto: Se dejan incólumes los demás pronunciamientos no afectados por el presente. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó la magistrada Francisca Villela Zavala. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO.SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de enero de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha treinta de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-186-2022.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL