Sentencia RP-156-22 — Registro 17865
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la Sentencia Condenatoria con relación a la causa que se siguió contra por el delito de parricidio. Se declaró sin lugar el recurso de revisión
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal se impuso a Miguel Antonio Maradiaga Antúnez, las penas siguientes: i Trece (13) años y cuatro (4) meses de reclusión, por ser cómplice en el delito de Homicidio en perjuicio de Manuel de Jesús Cardona Meléndez. ii Trece (13) años y cuatro (4) meses de reclusión, por ser cómplice en el delito de Homicidio en perjuicio de Aquilino Aceituno. iii Seis (6) años y ocho (8) meses de reclusión, por ser cómplice del delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de Rosa Rodríguez. iv Siete (7) años de reclusión, por ser autor penalmente responsable del delito de Robo, en perjuicio de Keyla Domitila. Las penas de reclusión anteriores fueron impuestas en concurso real (artículo 35 del VCP 144-83) y ascienden a un total de cuarenta (40) años y cuatro (4) meses de reclusión; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de la pena de reclusión y las consecuencias legales de responsabilidad civil y trabajo en obras públicas o labores dentro del establecimiento penitenciario durante el tiempo de la condena. En el NCP 130-2017 para el delito de homicidio (artículo 192), se define una pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años, marco penal al cual habrá de rebajársele un tercio (1/3) en su límite inferior por el título de participación de cómplice según lo establecido en los artículos 61 párrafo segundo y 69 del NCP 130-2017, por lo que el nuevo marco penal para cada uno de los dos delitos de homicidio cometidos en perjuicio de Manuel de Jesús Cardona Meléndez y Aquilino Aceituno, es de diez (10) a quince (15) años de prisión (20 a 30 años de prisión acumulados). Asimismo, respecto al delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa a título de cómplice, en perjuicio de Rosa Rodríguez, como se ha dicho, en el NCP 130-2017 para el delito de Homicidio (artículo 192) se define una pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años, marco penal al cual habrá que rebajársele un tercio en su límite inferior (artículo 69 del NCP 130-2017) por tratarse de una tentativa inacabada según los artículos 21 literal a) y 62 del NCP 130-2017, lo que ofrece un marco penal de diez (10) a quince (15) años de prisión; a su vez, este marco penal debe rebajarse un tercio en su límite inferior (artículo 69 del NCP 130-2017) por el título de participación de cómplice (artículo 61 del NCP 130-2017), lo que ofrece un nuevo marco penal de cinco (5) a diez (10) años de prisión. Finalmente, respecto al delito de robo cometido en perjuicio de Keyla Domitila, según los hechos probados de la sentencia nos encontramos ante un delito de robo con violencia agravado (artículos 60, 361 y 363 numeral 9) del NCP 130-2017), lo que ofrece un marco penal abstracto de ocho (8) años a diez (10) años y ocho (8) meses de prisión. Al sumar los marcos penales que corresponden para estos delitos nos ofrece un límite inferior de treinta y tres (33) años y un límite superior de cincuenta (50) años y ocho (8) meses, por lo que la pena acumulada de reclusión impuesta en instancia (cuarenta (40) años y cuatro (4) meses de reclusión), se encuentra dentro del marco penal que corresponde con el NCP 130-2017, no implicando un beneficio para el sentenciado de conformidad con los artículos 616 y 621 del NCP-2017. Además, hay otra razón fundamental para no otorgar el recurso extraordinario de revisión penal, y es que también existe identidad respecto al límite objetivo ordinario de cumplimiento de la pena privativa de la libertad; ya que, el VCP 144-83 establece en su artículo 35 que al culpable de dos (2) o más delitos, se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones. El sentenciado cumplirá sus condenas simultáneamente, si fuere posible. Cuando no lo fuere, o si de ello resulta ilusoria alguna de las penas, las cumplirá sucesivamente, principiando por las mayores, o sea las señaladas a los delitos más graves. Sin embargo, la duración de las penas acumuladas por varios delitos no excederá de treinta (30) años. Es decir, el límite de cumplimiento de la pena privativa de la libertad en el VCP 144-83 es de treinta (30) años. Entretanto, el NCP 130-2017 establece en su artículo 66 que al culpable de dos (2) o más delitos o faltas, se le impondrán todas las penas correspondientes a las infracciones cometidas para su cumplimiento simultáneo, si fuere posible, atendidas la naturaleza y efectos de las mismas. Si las penas impuestas por las diversas infracciones no pueden ser cumplidas simultáneamente, debe seguirse el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, el máximo de cumplimiento viene determinado por el triple del tiempo de duración de la más grave de las penas impuestas, que no puede exceder de treinta (30) años. Es decir, el límite de cumplimiento de la pena privativa de la libertad en el NCP 130-2017 es de treinta (30) años, salvo que una de las penas de prisión impuesta exceda de veinte (20) años, en donde deberá aplicarse el límite objetivo extraordinario (40 años). En definitiva, también existe identidad respecto al límite de cumplimiento del tiempo de la pena privativa de la libertad entre el VCP 144-83 y el NCP 130-2017, lo que no implica un beneficio para el sentenciado según lo establecido en el 616 párrafo séptimo.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado JOSE RICARDO CASTELLANOS, a favor del señor RAMON ORACIO AMADOR CASTELLANOS, también conocido como RAMON HORACIO AMADOR CASTELLANOS, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE TEGUCIGALPA, en fecha tres de abril de dos mil nueve, con relación a la causa que se siguió contra el señor RAMON ORACIO AMADOR CASTELLANOS, por el delito de PARRICIDIO, en perjuicio del señor LUIS MANUEL SALGADO RAMIREZ. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha uno de febrero de dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras Segundo Seccional de Danlí, departamento de El Paraíso, el Ministerio Público a través de su Agente de Tribunales, Abogado DAVID RODRIGUEZ CERROS, presentando requerimiento fiscal contra el señor RAMON HORACIO AMADOR CASTELLANOS, por suponerlo responsable del delito de PARRICIDIO, en perjuicio de LUIS MANUEL SALGADO RAMIREZ. (Folios 01-04 de la pieza del A-Quo) 2) Que continuado que fue el proceso, en fecha tres de abril de dos mil nueve, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia Definitiva mediante la cual: “FALLA: “PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos al señor RAMON HORACIO AMADOR CASTELLANOS, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente del delito de PARRICIDIO, en perjuicio de LUIS MANUEL SALGADO RAMIREZ a la pena de TREINTA (30) AÑOS TRES DE RECLUSION, pena que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución considere más conveniente, debiéndose descontar al cómputo de la pena el tiempo en que el imputado ha permanecido en efectiva prisión como consecuencia del cumplimiento de la medida cautelar de la prisión preventiva que se le ha impuesto por esta causa.….” (Folios 377-400 de la pieza del A-Quo)3) Que en fecha veinticuatro de enero de dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado JOSE RICARDO CASTELLANOS, presentando recurso de revisión penal a favor del señor RAMON ORACIO AMADOR CASTELLANOS conocido también como RAMON HORACIO AMADOR CASTELLANOS, contra la sentencia condenatoria de fecha tres de abril de dos mil nueve, dictada por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso el en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-02 del recurso) 4) Que en fecha trece de abril de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado JOSE RICARDO CASTELLANOS, en su condición de apoderado legal del señor RAMON ORACIO AMADOR CASTELLANOS conocido también como RAMON ORACIO AMADOR CASTELLANOS, y la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal, a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017).- La representante del Ministerio Público, mientras tanto, fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, por no corresponder la aplicación retroactiva de la pena, al no representar beneficio respecto al quantum de la pena impuesta al garantista, en comparación con la legislación anterior. (Folios 494 al 496 del recurso de mérito) CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone, entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, según dispone el numeral ocho del referido artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, mientras tanto, dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Resumen de la interposición de la Garantía Constitucional de Revisión para que se aplique la retroactividad de una Ley Penal por resultar más benigna. El recurrente funda su petición de revisión penal a favor del señor RAMON ORACIO AMADOR CASTELLANOS, también conocido como RAMON HORACIO AMADOR CASTELLANOS, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE TEGUCIGALPA, en fecha tres de abril de dos mil nueve, con fundamento en el artículo 96 y demás aplicables de la Constitución de la República; aduciendo que procedía la revisión penal, por resultar más benigna la aplicación retroactiva de la nueva ley penal a su representado, en comparación a la pena concreta que le fuera impuesta, por el delito de PARRICIDIO; mediando sentencia definitiva emitida por la Sala Cuarta del referido Tribunal de Sentencia. Solicita, en consecuencia, se le aplique a su representado, la penalidad establecida en el artículo 194 del vigente Código Penal (Decreto No. 130-2017); en sustitución de la pena mínima prevista en el artículo 118 del Código Penal derogado; de lo cual colegiría se debe sustituir la pena impuesta de 30 años de reclusión, por una nueva pena mínima, la cual asciende concretamente a 20 años de prisión. CONSIDERANDO (4): Resumen de lo argumentado por las partes en la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha trece (13) de abril del año dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de los abogados JOSÉ RICARDO CASTELLANOS y de la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Cedida que fue la palabra al abogado CASTELLANOS, ratificó lo conceptos relacionados en interposición del presente recurso. Cedida que fue la palabra a la Agente de Tribunales de la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, Abogada GUTIÉRREZ MALDONADO, manifestó que, al examinar lo peticionado por el revisionista, no encuentra conforme a derecho el otorgamiento de la presente garantía. Fundamenta su oposición en vista a que, el delito por el cual fue condenado el garantista, es el de PARRICIDIO, el cual se regula en el nuevo Código Penal en el artículo 194, estipulando una modalidad agravada, que prescribe el aumento de la pena abstracta en un tercio (1/3), de concurrir circunstancias como el ensañamiento, calificada para el delito de ASESINATO, con relación a lo estipulado en el artículo 32.3 del Código Penal para las circunstancias agravantes comunes; lo cual concurre, en efecto, al caso bajo estudio, según fundamenta la Oposición a la presente garantía constitucional, por parte la representación Fiscal. En conclusión, debido a que el nuevo Código Penal sanciona el delito de PARRICIDIO, en su modalidad agravada, con una pena en el rango abstracto de entre VEINTICINCO (25) y TREINTA Y TRES (33) AÑOS CUATRO MESES DE PRISIÓN, se colige que la pena privativa de libertad impuesta al beneficiario del recurso, conforme a la legislación derogada, como es la de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSIÓN, resultaría también imponible, con arreglo a las reglas de determinación previstas en el vigente Código Penal; por lo cual se pronuncia la Fiscalía del Ministerio Público porque no se otorgue la presente acción de revisión, por no corresponder la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, en vista a no resultar beneficiosa respecto al quantum de la pena impuesta al garantista, con base a la legislación anterior; conforme los criterios para determinar la ley más favorable, dispuestos en el artículo 616 del nuevo Código Penal. Tal es, en resumen, la argumentación expuesta por las partes comparecientes, en interposición del presente recurso de revisión penal y en Audiencia de oposición y presentación de pruebas. CONSIDERANDO (5): Que el texto del artículo 96 de la Constitución de la República de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c.La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación, entre lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada; teniendo, como consecuencia, la aplicación de la norma que resulte más favorable. CONSIDERANDO (6): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (7): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración, según dispone el referido artículo, se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. El párrafo cuarto del consabido artículo 616 del Código Penal, establece, por su parte: “Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código Penal sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Se exceptúan los supuestos en los que el presente Código contuviera para el mismo hecho la previsión de una pena alternativa no privativa de libertad, pues en tal caso se tiene que proceder a la revisión de la pena”. Cabe hacer mención, en ese orden de ideas, que mediante sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha tres (3) de abril del año dos mil nueve (2009), se le dictó al señor RAMON ORACIO AMADOR CASTELLANOS, también conocido como RAMON HORACIO AMADOR CASTELLANOS, condena penal por el delito de PARRICIDIO en perjuicio de LUIS MANUEL SALGADO RAMIREZ; con una pena de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Para efectuar la revisión solicitada, debe tenerse en cuenta, la comparación de preceptos penales, entre lo establecido en el artículo 118 del Código Penal derogado y el artículo correlativo del Código Penal vigente; los cuales disponen, por su orden, lo siguiente: “Artículo 118. Es reo de parricidio, quien diere muerte a alguno de sus ascendientes o descendientes, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, y sufrirá la pena de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión”. Mientras que, el artículo 194 del Código Penal vigente, estimado como más favorable por el garantista, establece; “Artículo 194.- PARRICIDIO. Quien mata a alguno de sus ascendientes, descendientes, a su cónyuge o persona con la que el agraviado mantenga una relación estable de análoga naturaleza a la anterior, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. La pena establecida en el párrafo anterior se aumenta en un tercio (1/3) cuando la muerte a que hace referencia este se produzca concurriendo alguna de las circunstancias señaladas para el asesinato”.CONSIDERANDO (8): Que, Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo resaltado y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente, la exigencia de lex praevia, determina que, un hecho sólo puede ser sancionado como delito, si previamente así lo ha prescrito la Ley. CONSIDERANDO (10): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. I. Que, conforme a las disposiciones del Código Penal Decreto 144-83, el delito por el cual fue sentenciado el señor RAMON ORACIO AMADOR CASTELLANOS, también conocido como RAMON HORACIO AMADOR CASTELLANOS, es el de PARRICIDIO, en perjuicio de LUIS MANUEL SALGADO RAMÍREZ; el cual era sancionado, por la norma penal derogada, con una pena de TREINTA (30) A CUARENTA (40) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; mientras tanto, la nueva norma aplicable al supuesto de hecho en relación, prescribe de VEINTE (20) a VEINTICINCO (25) AÑOS DE PRISIÓN, aumentándose la pena de prisión en un tercio (1/3), si el resultado muerte se realiza concurriendo alguna de las circunstancias señaladas para el ASESINATO. De lo anterior se desprende que la nueva pena quedaría establecida, en el rango abstracto de VEINTICINCO (25) AÑOS para la pena mínima, hasta los TREINTA Y TRES (33) AÑOS CUATRO MESES DE PRISIÓN, en su nivel más alto; por lo cual, efectuada la respectiva operación aritmética, no le resultaría más favorable al garantista, señor RAMON ORACIO AMADOR CASTELLANOS, también conocido como RAMON HORACIO AMADOR CASTELLANOS, la pena contemplada en el Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal; en vista a encontrarse comprendida la pena concreta por la cual fue condenado, en la pena abstracta que le hubiere podido corresponder, en el caso de ser juzgado conforme a la normativa penal ahora vigente. CONSIDERANDO (11): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. II. Que, por todo lo anteriormente expresado, no es de recibo la petición del garantista, Abogado JOSÉ RICARDO CASTELLANOS, a favor del señor RAMON ORACIO AMADOR CASTELLANOS, también conocido como RAMON HORACIO AMADOR CASTELLANOS, pues efectuada la comparación respecto al Decreto 144-1983, ahora derogado; guarda correlación la pena concreta impuesta, respecto al marco abstracto de la pena contemplada en el Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal, para la modalidad agravada del delito por el cual fue condenado el beneficiario del recurso. Por lo cual, no resulta favorabilidad alguna para el revisionista, concluyéndose que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal sustantiva solicitada a través de la presente garantía constitucional. CONSIDERANDO (12): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. III. De lo anterior, resulta estimada la Oposición a la presente garantía constitucional por parte la representación Fiscal, debido a que el nuevo Código Penal sanciona el delito de PARRICIDIO, en su modalidad agravada, con una pena en el rango abstracto de entre VEINTICINCO (25) y TREINTA Y TRES (33) AÑOS CUATRO MESES DE PRISIÓN, de lo cual se colige que la pena privativa de libertad impuesta al beneficiario del recurso, conforme a la legislación derogada, como es la de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSIÓN, resultaría también imponible, con arreglo a las reglas de determinación previstas en el vigente Código Penal. CONSIDERANDO (13): Que, en definitiva, esta Sala considera que el caso sub judice no se subsume en el causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, no es procedente la aplicación retroactiva de la norma penal vigente, al momento de incoarse la presente garantía de revisión penal por la representación procesal del señor RAMON ORACIO AMADOR CASTELLANOS, también conocido como RAMON HORACIO AMADOR CASTELLANOS, por no resultarle más benigna que la vigente al momento de dictarse la sentencia condenatoria. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 53, 69, 194, 615 y 616 del Código Penal vigente (Decreto Legislativo No. 130-2017); y Decreto 93-2021 publicado en La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021. FALLA: DECLARANDO SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado JOSÉ RICARDO CASTELLANOS a favor del señor RAMON ORACIO AMADOR CASTELLANOS, también conocido como RAMON HORACIO AMADOR CASTELLANOS. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. – NOTIFÍQUESE. - Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve (29) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024) certificación de la Sentencia de fecha catorce de diciembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO - 0156-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.