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Sentencia RP-1534-22 — Registro 17905

Resumen

Acto recurrido contra la sentencia de condena, con relación a la causa que se instruyó por haber sido condenado por el delito de Asesinato, por entrada en vigor legislación mas favorable

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" … Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor MIGUEL ANGEL ARITA RODRIGUEZ, la pena principal de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN y las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de ASESINATO, en perjuicio JUAN ALBERTO CRUZ. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de ASESINATO, previsto en el artículo 193, prevé una pena abstracta de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. En la sentencia que se revisa de fecha veinte de junio del año dos mil seis, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, apreció que el condenado había sido procesado previo al hecho que se juzga por actividades orientadas a la delincuencia, que se ha inferido en juicio su peligrosidad; por ello al momento de determinar la pena concreta, estimó proporcionado imponer el término medio de la pena privativa de libertad, al señor Miguel Ángel Arita Rodríguez, ello en atención de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal derogado en cuanto a su peligrosidad que se infirió en juicio, extremos que el Tribunal no estableció, ni los mencionó en su Sentencia, en cuanto al resultado de dichas actividades delincuenciales, que se infirieron de dichos procesos para poder juzgar la peligrosidad del señor MIGUEL ANGEL ARIA RODRIGUEZ, por lo que relacionado con el artículo 70 numeral 1 A) y 2 del nuevo código penal, se puede determinar dentro del máximo y el mínimo que la Ley señala al delito de que se trate, no concurriendo en el caso en concreto ninguna agravante y ni atenuante, ya que la nueva pena se determina dentro del marco establecido para el delito, misma que se fijará motivadamente la duración de la pena en atención a las circunstancias personales del culpable y a la mayor o menor gravedad del hecho, misma que se puede observar por la sala que no fue motivada esa peligrosidad, siendo el rango de la pena de ese delito con el nuevo código penal de veinte (20) a veinticinco (25) años, cuando no concurran agravantes, ni atenuantes; En ese orden de ideas la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por las Abogadas RUDI SARAHI LOZANO RAUDALES Y DAYSI LILIANA SILVA RODRIGUEZ, a favor del señor MIGUEL ANGEL ARITA RODRIGUEZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinte (20) de junio de dos mil seis (2006), con relación a la causa que se instruyó contra el señor MIGUEL ANGEL ARITA RODRIGUEZ, por haber sido condenado por el delito de ASESINATO, en perjuicio del señor JUAN ALBERTO CRUZ. ANTECEDENTES 1) En fecha uno de enero de dos mil cinco, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JUAN RAFAEL RODRIGUEZ CERRITOS, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor MIGUEL ANGEL ARITA RODRIGUEZ alias “El Blaki”, por considerarlo responsable del delito de ASESINATO, en perjuicio del señor Juan Alberto Cruz. (Folios del 1 al 5 de la pieza de antecedentes) 2) Que en fecha veinte de junio de dos mil seis, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos a el acusado MIGUEL ANGEL ARITA RODRIGUEZ, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, por su participación título de autor del delito de ASESINATO, con la circunstancia de ALEVOSIA en perjuicio de JUAN ALBERTO CRUZ, ya definido y circunstanciado a la pena principal de: VEINTICINCO AÑOS DE RECLUSIÓN, debiéndose computar desde el día en que fue aprehendido por esta causa y la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional "Marco Aurelio Soto". SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos, al acusado MIGUEL ANGEL ARITA RODRIGUEZ, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario nacional. TERCERO: Se declara la responsabilidad civil del condenado MIGUEL ANGEL ARITA RODRIGUEZ, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. CUARTO: No procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: Que se notifique esta sentencia a las partes procesales. Así por esta nuestra sentencia, la pronunciamos, mandamos y, firmamos.” (Folios 128 al 131 de la pieza de antecedentes) 3) En fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022), esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por las Abogadas RUDI SARAHI LOZANO RAUDALES Y DAYSI LILIANA SILVA RODRIGUEZ, a favor del señor MIGUEL ANGEL ARITA RODRIGUEZ, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado. (Folios 1 al 2 del recurso de mérito) 4) En fecha dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante MARVIN ROGOBERTO ESPINAL PINEL, con la comparecencia de la Abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y las Abogadas RUDI SARAHI LOZANO RAUDALES Y DAYSI LILIANA SILVA RODRIGUEZ, en su condición de Apoderadas Legales del señor MIGUEL ANGEL ARITA RODRIGUEZ, se le cedió la palabra a la parte recurrente para que expresará lo siguiente: “…nosotros solicitamos según la revisión de la sentencia verdad de acuerdo a lo establecido en el artículo 615 del código penal vigente y asimismo de acuerdo al artículo 93 de la constitución de la republica … solicitamos que se le dé la pena de veinte años tal y como lo establece el artículo 193 del código penal vigente nos reservamos el uso de la palabra…” El Ministerio Público consideró: “…De lo expuesto por las revisionistas el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales, indicando las sanciones correspondientes al delito de ASESINATO por el cual se condenó a MIGUEL ANGEL ARITA RODRIGUEZ; según lo regulado en el artículo 117 del Código penal derogado el cual, establecía: Es reo de asesinato, quien de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1.- Alevosía, 2. – con premeditación conocida, 3.- por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, varamiento, o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo intencionalidad; y 4.- con ensañamiento, aumentado deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena por asesinato será de VEINTE (20) a TREINTA (30) años de reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación, la pena será de TREINTA (30) años a privación de por vida de la libertad. En el Nuevo Código Penal Vigente el delito de ASESINATO se encuentra regulado en el Artículo 193.-ASESINATO. "Quien da muerte a una persona concurriendo alevosía o ensañamiento, debe ser castigado con la pena de prisión de VEINTE (20) a VEINTICINCO (25) años. Si concurre la circunstancia de precio, recompensa promesa remuneratoria, la pena de prisión debe ser de VEINTICINCO (25) a TREINTA (30) años. Ante las premisas expuestas, estima esta Representación fiscal que en el caso sub -examine, de conformidad a lo establecido en el artículo 616 del nuevo Código Penal, el cual establece los criterios para determinar la ley más favorable, se aprecia que la pena anterior impuesta al hecho con todas sus circunstancias, resulta también imponible con arreglo al presente Código Penal, en ese sentido la nueva norma no resulta más favorable, por lo que lo peticionado por las revisionistas no se encuentra conforme a Ley, tal como lo que dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal por no ser esta más benigna al condenado. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.” (Folios 17 AL 19 del recurso de mérito). CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. CONSIDERANDO (2): En ese mismo orden de ideas, la revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” CONSIDERANDO (3): Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho (8) de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (4): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (5): Resumen sobre los alegatos de las Garantistas expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho (8) del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista en su escrito de interposición del Recurso señala que solicita la revisión penal de la pena, en virtud que la pena por la cual se condenó al señor MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ARITA según el nuevo Código Penal, trae una pena más baja a la que se le aplicó en la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, por lo que la pena que establece el actual Código Penal para el delito de ASESINATO en perjuicio de JUAN ALBERTO CRUZ, le favorece al señor MIGUEL ANGEL ARITA RODRIGUEZ, por haber sido condenado a una pena de veinticinco (25) años de reclusión y penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil y la pena que establece el actual Código Penal es de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión y según la regla que más le favorece; por lo que debe ser revisada de acuerdo a los artículos 96 y 186 constitucional; 615 del actual Código Penal; 1 del Código Procesal Penal y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Se debe adecuar una nueva sentencia con la pena mínima del delito de ASESINATO, aplicarse a una pena de veinte (20) años de prisión de forma concreta, tomando en cuenta que en la sentencia fue condenado a una pena de veinticinco (25) años ya que ha cumplido la totalidad de diecisiete (17) años, nueve (9) meses con catorce (14) días de pena, de la actual sentencia a la fecha de interposición del Recurso de Revisión de la actual sentencia. CONSIDERANDO (6): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición y presentación de pruebas. Que la audiencia de oposición y presentación de pruebas se celebró en fecha dieciocho de mayo del año dos mil veintitrés, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de las abogadas RUDI SARAHI LOZANO RAUDALES Y DAYSI LILIANA SILVA RODRIGUEZ, como garantistas a favor del ciudadano MIGUEL ANGEL ARITA RODRIGUEZ y la abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra a la abogada RUDI SARAHI LOZANO RAUDALES, quien solicita la modificación de la sentencia y aplicar la pena mínima de veinte (20) años de prisión de forma concreta a su representado y que ratifica la sentencia de fecha veinte 20 de Junio del dos mil seis (2006), en la que su representado fue condenado con la pena del Código Penal derogado, en el artículo 117 numeral 1; en donde la pena máxima era de 30 años y en el código penal vigente es de veinticinco (25) años y que de acuerdo con lo establecido en el artículo 615 del Código Penal Vigente y con el 93 de la Constitución de la República; así como lo estipula el numeral Quinto de la Fundamentación Jurídica de la sentencia que se establece en el presente por parte del Juzgador en aquel momento que no concurren circunstancias atenuantes ni agravantes o atenuantes que sean modificativas de la Responsabilidad Penal, por lo que solicita la pena mínima de veinte (20)años de prisión como lo establece el Código Penal vigente, en base al principio constitucional de retroactividad de la ley penal más favorable, establecido en el artículo 96 de la Constitución de la República de Honduras, que establece que la ley no tiene efecto retroactivo excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado y en aplicación al Decreto No. 130-2017 teniendo una pena mínima de 20 años en su artículo 193, pena que le favorece a su representado según los artículos 615 del actual Código Penal vigente y artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional.-Seguidamente se le cedió la palabra a la Fiscal del Ministerio Público Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, quien en su análisis jurídico hace referencia a los artículos 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, 616 que no es admisible esta aplicación por la fragmentación de normas, considerando que recibe la que le favorece y rechaza lo que perjudica, revisando ambas leyes penales y estableciendo que sí se comete bajo pago, recompensa o promesa remuneratoria en el Código Derogado la pena es de 30 años a privación de por vida de la libertad y en el nuevo Código Penal Vigente es de 25 a 30 años de prisión. Por lo que la Opinión del Ministerio Público es que NO SE OTORGUE la revisión, porque la nueva norma penal no resulta más favorable, por lo que la petición de las revisionistas no se encuentra conforme a Ley porque no cumple lo establecido en los artículos 96 constitucional, 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional el cual regula el principio de retroactividad y por la fragmentación de normas que se dan en el caso, al examinar lo peticionado por el revisionista de conformidad con lo dispuesto en los artículos fijados para determinar la ley más favorable, el Ministerio Público estima que las disposiciones contenidas en el actual Código no son favorables al aplicarlas. CONSIDERANDO (7): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. CONSIDERANDO (8): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO (9): Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO (10): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (11): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, el señor MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ARITA, fue condenado mediante sentencia dictada en fecha veinte (20) de junio del año dos mil seis (2006), por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el delito de Asesinato, tipificado en el Artículo 117, no concurriendo ninguna agravante y ni atenuantes, según lo establece en el numeral Quinto de los Fundamentos Jurídicos de la Sentencia. Dicho artículo 117 que disponía “Es reo de asesinato, quién dé muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía, que es el caso concreto por el que se condenó en donde la pena es de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión”, como consta en el apartado segundo de los fundamentos jurídicos de la sentencia. La nueva norma en vigencia a partir del veinticinco de junio del año dos mil veinte, tipifica en el artículo 193 “ASESINATO. Quien da muerte a una persona concurriendo Alevosía o ensañamiento, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) y que sí concurre la circunstancia de precio, recompensa o promesa remuneratoria la pena de prisión debe ser de veinticinco (25) años a treinta (30) años; No observándose por la sala que en la presente causa exista dicha circunstancia, ya que no se establece en la Sentencia condenatoria de la fecha veinte (20) de Junio del dos mil seis (2006); como lo ha manifestado el Ministerio Público y en relación al artículo setenta (70) del Código Penal vigente establece en cuanto a la concurrencia o ausencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad Penal.- Que Órgano Jurisdiccional competente debe individualizar motivadamente la duración de la pena a imponer, sujetándose a las reglas siguientes: “a)Sí no concurren circunstancias agravantes, ni atenuantes, la pena se fija dentro del marco establecido para el delito de que se trate, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho; b)…c)…d)…e)……f)…”, por el que, en el caso en concreto no se observan circunstancias agravantes, ni atenuantes; y con relación a las causas personales del señor MIGUEL ANGEL ARITA RODRIGUEZ, no se establecen tampoco en la sentencia condenatoria. CONSIDERANDO (12): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo resaltado y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (13): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor MIGUEL ANGEL ARITA RODRIGUEZ fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha veintinueve (29) de febrero del dos mil ocho (2008) a la PENA PRINCIPAL de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de ASESINATO, en perjuicio de JUAN ALBERTO CRUZ; asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la garantista, que la sentencia condenatoria de fecha veinte de junio del año dos mil seis mediante la cual se condenó al ciudadano MIGUEL ANGEL ARITA RODRIGUEZ, estableciendo en la sentencia definitiva y firme, que se aplicó por el Tribunal lo dispuesto en el artículo 117 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de ASESINATO. III- Esta Sala considera que el caso sub júdice se subsume en la causal número ocho (8), del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma más favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. CONSIDERANDO (15): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor MIGUEL ANGEL ARITA RODRIGUEZ, la pena principal de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN y las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de ASESINATO, en perjuicio JUAN ALBERTO CRUZ. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de ASESINATO, previsto en el artículo 193, prevé una pena abstracta de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. En la sentencia que se revisa de fecha veinte de junio del año dos mil seis, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, apreció que el condenado había sido procesado previo al hecho que se juzga por actividades orientadas a la delincuencia, que se ha inferido en juicio su peligrosidad; por ello al momento de determinar la pena concreta, estimó proporcionado imponer el término medio de la pena privativa de libertad, al señor Miguel Ángel Arita Rodríguez, ello en atención de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal derogado en cuanto a su peligrosidad que se infirió en juicio, extremos que el Tribunal no estableció, ni los mencionó en su Sentencia, en cuanto al resultado de dichas actividades delincuenciales, que se infirieron de dichos procesos para poder juzgar la peligrosidad del señor MIGUEL ANGEL ARIA RODRIGUEZ, por lo que relacionado con el artículo 70 numeral 1 A) y 2 del nuevo código penal, se puede determinar dentro del máximo y el mínimo que la Ley señala al delito de que se trate, no concurriendo en el caso en concreto ninguna agravante y ni atenuante, ya que la nueva pena se determina dentro del marco establecido para el delito, misma que se fijará motivadamente la duración de la pena en atención a las circunstancias personales del culpable y a la mayor o menor gravedad del hecho, misma que se puede observar por la sala que no fue motivada esa peligrosidad, siendo el rango de la pena de ese delito con el nuevo código penal de veinte (20) a veinticinco (25) años, cuando no concurran agravantes, ni atenuantes; En ese orden de ideas la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la Ley penal en favor del señor MIGUEL ANGEL ARITA RODRIGUEZ. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 92, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 70,193, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por las abogadas RUDI SARAHI LOZANO RAUDALES Y DAYSI LILIANA SILVA RODRIGUEZ, a favor del señor MIGUEL ANGEL ARITA RODRIGUEZ; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha VEINTE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL SEIS; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor MIGUEL ANGEL ARITA RODRIGUEZ, por el delito ASESINATO, en perjuicio de JUAN ALBERTO CRUZ, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor MIGUEL ANGEL ARITA RODRIGUEZ, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de ASESINATO, en perjuicio de JUAN ALBERTO CRUZ, a la pena de VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal; ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente, para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó la Magistrado Luis Fernando Padilla Castellanos.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de diciembre de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1534-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.