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Sentencia RP-1493-21 — Registro 17686

Resumen

Acto recurrido contra la sentencia de condena dictada por el a-quo, con relación a la causa que se instruyó por el delito de Robo Agravado.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que en la parte resolutiva de la Sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor EDWIN JOEL CASTELLANOS TOLEDO, la pena Principal de CINCO (5) AÑOS de RECLUSION por el delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO VIRAYA, y las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal del delito de Robo establecían en el Artículo 217. “Comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Se equipará a la violencia contra las personas el hecho de arrebatar por sorpresa a la víctima la cosa que lleva consigo, o el de uso de medios que debiliten o anulen su resistencia. Y el Artículo 218. “El culpable de robo será castigado con cinco (5) a nueve (9) años de reclusión…”. Sumado a lo anterior, el Artículo 225 numeral 3 señalaba. “Las penas aplicables según el artículo anterior se aumentarán en un tercio (1/3) si el hecho se cometiere: 1) … 2) …3) …4) Con la cooperación de dos o más personas o por una sola que se finja agente de la autoridad, o empleado de un servicio público…”. Pena que al hacer el aumento en un tercio (1/3), nos da una pena abstracta de Seis (6) años 8 meses (8) como mínima a Doce (12) años como máxima. En el Código Penal vigente Decreto 130-2017, este ilícito penal se encuentra regulado en el Artículo 361: Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia e intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice.” Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado. II. El delito de Robo con Violencia e Intimidación, apreciando lo establecido en el artículo 361 del Código Penal Vigente y encajándolo con los hechos concretos estatuidos en la sentencia revisada (folio 78 del expediente de la Sala), la acción se encuadra en ese tipo penal. En consecuencia, la pena abstracta a imponer por esta conducta es de cuatro (4) a ocho (8) años de Prisión. III. Tomando en cuenta en la fundamentación jurídica de la sentencia supra mencionada y virtud de haberse acogido el condenado a la figura procesal del Procedimiento Abreviado se hace la rebaja de un cuarto (¼) según lo estipulado en el artículo 404 del Código Procesal Penal, quedando una nueva pena de Tres (3) Años a Cuatro (4) Años de Prisión, y siendo que al procesado se le impuso la pena mínima en la sentencia revisada, es procedente aplicar la pena de Tres (3) Años de Prisión. IV. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente garantía constitucional de Revisión, Por lo que es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor EDWIN JOEL CASTELLANOS TOLEDO de una norma vigente que le resulta más benigna. V. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de abril del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia del Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, a favor del Señor EDWIN JOEL CASTELLANOS TOLEDO, contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, con relación a la causa que se instruyó contra el Señor EDWIN JOEL CASTELLANOS TOLEDO por el delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO VIRAYA. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha seis (06) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada WENDY MELISSA LAGOS, en su condición de Agentes de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el Señor EDWIN JOEL CASTELLANOS TOLEDO y CRISTIAN ALEXIS MORALES BANEGAS por suponerlos responsables del delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO VIRAYA. (Folios 01-14 de la pieza del A-Quo) 2) Que una vez evacuado el procedimiento, en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán dictó Sentencia Definitiva mediante la cual Falló: (SIC): “PRIMERO: CONDENANDO A LOS IMPUTADOS: EDWIN JOEL CASTELLANOS TOLEDO y CRISTIAN ALEXIS MORALES BANEGAS, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia a la pena de CINCO (5) AÑOS DE RECLUSION, que deberá cumplir en el Centro Penitenciario Nacional de Tamara del Municipio de Tamara, por el delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO VIRAYA. SEGUNDO: Asimismo se le CONDENA A LOS IMPUTADOS: EDWIN JOEL CASTELLANOS TOLEDO y CRISTIAN ALEXIS MORALES BANEGAS, A LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL POR EL TIEMPO QUE DURE LA CONDENA. TERCERO: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.- CUARTO: Se declara la responsabilidad civil de los imputados EDWIN JOEL CASTELLANOS TOLEDO y CRISTIAN ALEXIS MORALES BANEGAS. La que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. SIENDO: Que las partes han renunciado al termino de ley para interponer el recurso de apelación, declárese firme la misma y se ordena remitir las presentes diligencias al Juzgado de ejecución competente para su cumplimiento. - además. . .” (Folios 77-80 de la pieza del A-Quo) 3) Que el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES compareció ante este Tribunal en fecha quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor del Señor EDWIN JOEL CASTELLANOS TOLEDO, contra la Sentencia Definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), fundamentando su acción en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 01-08 del recurso de mérito) 4) Que en fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil veintidós (2022), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 15 del recurso de mérito) 5) Que en fecha tres (03) de agosto de dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES en su condición de Apoderado Legal del Señor EDWIN JOEL CASTELLANOS TOLEDO, en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión, que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), La representante del Ministerio Público, fue de la opinión QUE SE OTORGUE la presente acción de revisión. (Folios 31-33 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal… reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[1] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[2], en relación con el artículo 25 de la misma convención[3] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[4]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de Oposición Y Presentación de pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró el día tres de agosto del año dos mil veintidos, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, como garantista a favor del Señor EDWIN JOEL CASTELLANOS TOLEDO y la abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra al abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, quien expuso lo siguiente: ”ratificamos la solicitud en materia penal a favor de mi representado EDWIN JOEL CASTELLANOS TOLEDO por el delito de robo agravado fundamentamos la presente solicitud en el artículo 615 y 616, el articulo 96 así mismo el principio de retroactividad de la ley, y la ley más favorable al reo para que se le aplique la nueva pena del código penal vigente decreto 130-2017 establecido en el artículo 360, 361 y 362 del código penal vigente sin más que decir me reservo el uso de la palabra.” Seguidamente se le cedió la palabra a la representante del Ministerio Publico quien manifestó: “De lo expuesto por el revisionista el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales, indicando las sanciones correspondientes al delito de ROBO AGRAVADO por el cual se condenó al señor: EDWIN JOEL CASTELLANOS TOLEDO, según lo regulado en el artículo 217, 218 párrafo segundo, 219 último párrafo y 225 numeral 3 del Código Penal Derogado, que establecían: Artículo 217. Comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Se equipará a la violencia contra las personas el hecho de arrebatar por sorpresa a la víctima la cosa que lleva consigo, o el de uso de medios que debiliten o anulen su resistencia. - Artículo 218. El culpable de robo será castigado con cinco (5) a nueve (9) años de reclusión… Artículo 225. Las penas aplicables según el artículo anterior se aumentarán en un tercio (1/3) si el hecho se cometiere: 1)… 2)…3)…4) Con la cooperación de dos o más personas o por una sola que se finja agente de la autoridad, o empleado de un servicio público… Siendo condenado a la pena de 5 años por la aplicación del Procedimiento Abreviado.- En el Nuevo Código Penal Vigente, encontramos que este tipo penal se encuentra regulado en el artículo 361: Quien con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia e intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice.- Siendo que la presente causa, el ahora condenado aceptó la aplicación del procedimiento abreviado se hace la rebaja de un cuarto (¼) quedando una pena abstracta de tres (3) a cuatro (4) años.- Conforme a lo antes expuesto, nuestro ordenamiento jurídico reconoce como principio general que la ley no tiene efectos retroactivos, conforme lo proclama el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República; “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado. “De ahí que dicho precepto constitucional contempla el principio de favorabilidad, que establece una importante excepción en el caso de que la nueva ley sea más favorable al reo, ante las premisas expuestas, estima esta Representación Fiscal que el Nuevo Código Penal efectivamente establece una pena más favorable al hoy condenado, en ese sentido se estima que lo peticionado por el revisionista se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal por ser esta más benigna al condenado.- OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el Artículo 615 del Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. “En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [5] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[6], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[7]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[8]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[9] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[10]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[11] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta N.º 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor EDWIN JOEL CASTELLANOS TOLEDO fue condenado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN mediante la Sentencia Definitiva y Firme, de fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, a la pena de CINCO (5) AÑOS DE RECLUSION por el delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO VIRAYA, y las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria de fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, mediante la cual se condenó al ciudadano EDWIN JOEL CASTELLANOS TOLEDO, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en los artículos 217, 218 y 225 numeral 3 del Código Penal, contenido en el Decreto legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió el delito ROBO AGRAVADO. III- Esta Sala considera que el caso sub examine encaja en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la Sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor EDWIN JOEL CASTELLANOS TOLEDO, la pena Principal de CINCO (5) AÑOS de RECLUSION por el delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO VIRAYA, y las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal del delito de Robo establecían en el Artículo 217. “Comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Se equipará a la violencia contra las personas el hecho de arrebatar por sorpresa a la víctima la cosa que lleva consigo, o el de uso de medios que debiliten o anulen su resistencia. Y el Artículo 218. “El culpable de robo será castigado con cinco (5) a nueve (9) años de reclusión…”. Sumado a lo anterior, el Artículo 225 numeral 3 señalaba. “Las penas aplicables según el artículo anterior se aumentarán en un tercio (1/3) si el hecho se cometiere: 1) … 2) …3) …4) Con la cooperación de dos o más personas o por una sola que se finja agente de la autoridad, o empleado de un servicio público…”. Pena que al hacer el aumento en un tercio (1/3), nos da una pena abstracta de Seis (6) años 8 meses (8) como mínima a Doce (12) años como máxima. En el Código Penal vigente Decreto 130-2017, este ilícito penal se encuentra regulado en el Artículo 361: Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia e intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice.” Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado. II. El delito de Robo con Violencia e Intimidación, apreciando lo establecido en el artículo 361 del Código Penal Vigente y encajándolo con los hechos concretos estatuidos en la sentencia revisada (folio 78 del expediente de la Sala), la acción se encuadra en ese tipo penal. En consecuencia, la pena abstracta a imponer por esta conducta es de cuatro (4) a ocho (8) años de Prisión. III. Tomando en cuenta en la fundamentación jurídica de la sentencia supra mencionada y virtud de haberse acogido el condenado a la figura procesal del Procedimiento Abreviado se hace la rebaja de un cuarto (¼) según lo estipulado en el artículo 404 del Código Procesal Penal, quedando una nueva pena de Tres (3) Años a Cuatro (4) Años de Prisión, y siendo que al procesado se le impuso la pena mínima en la sentencia revisada, es procedente aplicar la pena de Tres (3) Años de Prisión. IV. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente garantía constitucional de Revisión, Por lo que es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor EDWIN JOEL CASTELLANOS TOLEDO de una norma vigente que le resulta más benigna. V. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 35, 38, 58, 361 Y Demas aplicables del Código Penal Vigente FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, a favor del Señor EDWIN JOEL CASTELLANOS TOLEDO; II) ANULA PARCIALMENTE la Sentencia Definitiva Firme dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al Señor EDWIN JOEL CASTELLANOS TOLEDO por el delito ROBO AGRAVADO, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO VIRAYA, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al Señor EDWIN JOEL CASTELLANOS TOLEDO, de generales ya expresadas en el preámbulo de la Sentencia por el delito de ROBO AGRAVADO a la pena de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO VIRAYA. más las penas accesorias correspondientes, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda a la ejecución del presente fallo practicando un nuevo computo de la pena. Redactó NOTIFIQUESE. –FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de julio de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha veinte de abril de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-1493-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[2]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[3]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[4]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[5] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.

[6] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[7] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[8] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[9] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.

[10] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.

[11] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.