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Sentencia RP-1483-21 — Registro 17863

Resumen

Revisión de sentencia condenatoria en aplicabilidad del Principio de retroactividad en materia penal, con relación a la causa que se instruyó contra recurrente, por haber sido condenada por el delito de Facilitación de medios de transporte para el Trafico Ilícito de drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, La Sala Constitucional concluye después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente garantía Constitucional , por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva en favor de impetrante, de una nueva norma penal vigente al no resultarle más benigna

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

(23): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. IV- Que, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional: “Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)…, 2)…, 3)…, 4)…,5)…, 6) … 7)…, 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna…”; procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, en relación a una norma derogada, aplicada anteriormente y siendo cosa juzgada mediante una sentencia firme; debiéndose aplicarse la vigente, de resultar más favorable en definitiva, de la comparativa global de las penas por las que resultó condenado el señor SANTOS NAÚN CANALES; concluyéndose, después del estudio detenido de las diligencias, que la solicitud del revisionista cumple ajustadamente con los requisitos exigidos tanto por la Norma Constitucional, como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, para el otorgamiento de la presente garantía constitucional de revisión penal. CONSIDERANDO VEINTICUATRO (24): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. V- Que, finalmente, la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que el Código Penal derogado (Decreto 144-1983), establecía una pena global de VEINTISEIS AÑOS SEIS MESES DE RECLUSION, para los hechos ilícitos por los cuales resultó sentenciado el señor SANTOS NAÚN CANALES; mientras que, el Código Penal vigente (Decreto 130-2017) establece para la misma conducta delictiva, siempre de forma global, VEINTIUN AÑOS OCHO MESES DE PRISIÓN, MÁS LAS PENAS DE MULTA DE TRESCIENTOS CINCUENTA DÍAS (350) Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE POR UN (1) AÑO. Por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal en favor del señor SANTOS NAUN CANALES por resultarle más benigna, en términos materiales. - Procede también, por efecto del otorgamiento del presente recurso, aplicar lo señalado en el artículo 101 numeral 4 de la Ley sobre Justicia Constitucional: “La ejecución de la nueva pena o la práctica de un nuevo computo, cuando en la nueva sentencia se imponga pena al condenado, con abono del tiempo de que haya estado en prisión”.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado RAMÓN MATAMOROS, a favor de la señora DUNIA RAQUEL GONZALEZ ÁVILA, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintiséis de junio del año dos mil diecinueve, con relación a la causa que se instruyó contra la señora DUNIA RAQUEL GONZALES ÁVILA, por haber sido condenado por el delito de FACILITACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS.ANTECEDENTES 1) En fecha veintiuno de mayo del año dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Agente Fiscal del Ministerio Público, Abogada IRIS SAGRARIO GÓMEZ ERAZO, presentando requerimiento fiscal en contra de la señora DUNIA RAQUEL GONZALES ÁVILA, por suponerla responsable del delito de TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1-2 del antecedente)2) Que en fecha veintiséis de junio del año dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: “PRIMERO: Condenar, por conformidad de las partes, la señora DUNIA RAQUEL GONZALES AVILA, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO, ya definido y circunstanciado, a la pena principal de SIETE AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS (lps 50,000.00); la que deberá cumplir en un centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS) Penal de Támara, Francisco Morazán. SEGUNDO: Condenar, a la misma DUNIA RAQUEL GONZALES AVILA, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de inhabilitación e interdicción civil. Se decreta el comiso y destrucción de la droga sobrante…” (Folios 39-42 del antecedente)3) En fecha quince de diciembre del año dos mil veintiuno, compareció ante esta Sala, el Abogado RAMÓN MATAMOROS, interponiendo recurso de revisión a favor de la señora DUNIA RAQUEL GONZALEZ ÁVILA, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representada. (Folios 1-4 del recurso de mérito)4) En fecha trece de abril del año dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado WAGNER VALLECILLO PAREDES, con la comparecencia de la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado RAMÓN MATAMOROS, en su condición de Apoderado Legal de la señora DUNIA RAQUEL GONZALEZ AVILA; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que expresará lo siguiente: “…Se Aplique el Principio de la Retroactividad de la Ley Penal a la señora Dunia Raquel Gonzales Ávila, quien fue condenada por el delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Trafico de Drogas, en Perjuicio La Salud de la Población del Estado de Honduras, a una pena de 7 años y una multa de 50,000 Lempiras del artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, la cual establecía una pena de 6 a 9 años y una multa de 50,000 a 100,000.00 Lempiras. Sustituirle la pena y multa por el artículo 311 párrafo 2 del Código Penal vigente, sería una pena 2 a 5 años de reclusión. Que los más beneficioso para los intereses personales de la condenada es una pena mínima 2 años y una multa mínima de 100 días. Se ofrece como medio de prueba la sentencia de mérito, misma que se encuentra incorporada la presente pieza de autos…” El Ministerio Público consideró: “…De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de FACILITACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS por el cual se condenó a la señora DUNIA RAQUEL GONZALEZ AVILA. Según lo regulado en el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, que textualmente dice: “Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aun a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas.”. En el Nuevo Código Penal Vigente el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS se encuentra regulado en el artículo 311.- TRÁFICO DE DROGAS. “Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días… El artículo 53, señala.- PENA DE DÍAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5,000). De las normas trascritas se extrae que según lo dispuesto en el precitado artículo 311, el ilícito de TRÁFICO ILICITO DE DROGAS tiene dos rangos de penas, por lo que al revisar los hechos valorados en la sentencia de mérito, se colige que a la sentenciada le decomisaron 62 bolsitas de plástico, conteniendo cocaína/crack, con un peso de 11.28 g de cocaína, y 0.11g de cocaína crack, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311 del Código Penal, impone un marco punitivo diferente en ambos tipos de droga, atendiendo la gravedad del daño que causa a la salud, como bien jurídico protegido; en el caso sub judice corresponde aplicar una pena abstracta de siete (7) a diez (10) años de prisión, por tratarse de cocaína y ser una sustancia que causa grave daño a la salud de conformidad a lo establecido en el artículo 321 del Código Penal vigente, concurriendo asimismo la agravante contenida en el artículo 32 numeral 9, que refiere “La reincidencia. Cuando el culpable hubiere sido condenado ejecutoriamente por un delito de la misma naturaleza”, y en el caso sub-judice tal como se desprende de la sentencia que se pretende rever, la acusada ya había sido condenada por otro delito relacionado con el Tráfico de Drogas, en ese sentido corresponde imponer la pena en su término medio hasta el límite máximo, tal como lo señala el artículo 70 numeral 1, inciso b) de la norma sustantiva en comento. Asimismo, este ilícito penal contempla la pena de multa que le fue impuesta a la hoy condenada, equivalente a (L1,000,000.00), por lo que en aplicación al precitado artículo 53 del nuevo Código Penal, correspondería imponer una multa mínima de 100 a 500 días. Al examinar lo peticionado por el revisionista, se estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal, no son más favorables a la sentenciada, en virtud que la pena privativa de libertad resulta más gravosa (término medio hasta el límite máximo), a la que le fue impuesta conforme la legislación derogada; asimismo, aun y cuando la pena de multa si resulta más favorable no puede fraccionarse la norma tomando una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que le perjudique; por lo que no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado”; mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. OPINION: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados…”. (Folios 23-26 del recurso de mérito)CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO TRES (3): Posicionamiento de las partes en audiencia de oposición. El abogado de la parte recurrente expuso: “Se Aplique el Principio de la Retroactividad de la Ley Penal a la señora Dunia Raquel Gonzales Ávila, quien fue condenada por el delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Trafico de Drogas, en Perjuicio La Salud de la Población del Estado de Honduras, a una pena de 7 años y una multa de 50,000 Lempiras del artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, la cual establecía una pena de 6 a 9 años y una multa de 50,000 a 100,000.00 Lempiras. Sustituirle la pena y multa por el artículo 311 párrafo 2 del Código Penal vigente, sería una pena de 2 a 5 años de reclusión. Que lo más beneficioso para los intereses personales de la condenada es una pena mínima 2 años y una multa mínima de 100 días. Se ofrece como medio de prueba la sentencia de mérito, misma que se encuentra incorporada la presente pieza de autos.” La agente fiscal manifestó en audiencia: “De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de FACILITACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS por el cual se condenó a la señora DUNIA RAQUEL GONZALEZ AVILA. Según lo regulado en el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, que textualmente dice: “Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aun a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas.”. En el Nuevo Código Penal Vigente el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS se encuentra regulado en el artículo 311.- TRÁFICO DE DROGAS. “Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días… El artículo 53, señala: PENA DE DÍAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5,000). De las normas trascritas se extrae que según lo dispuesto en el precitado artículo 311, el ilícito de TRÁFICO ILICITO DE DROGAS tiene dos rangos de penas, por lo que al revisar los hechos valorados en la sentencia de mérito, se colige que a la sentenciada le decomisaron 62 bolsitas de plástico, conteniendo cocaína/crack, con un peso de 11.28 g de cocaína, y 0.11g de cocaína crack, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311 del Código Penal, impone un marco punitivo diferente en ambos tipos de droga, atendiendo la gravedad del daño que causa a la salud, como bien jurídico protegido; en el caso sub judice corresponde aplicar una pena abstracta de siete (7) a diez (10) años de prisión, por tratarse de cocaína y ser una sustancia que causa grave daño a la salud de conformidad a lo establecido en el artículo 321 del Código Penal vigente, concurriendo asimismo la agravante contenida en el artículo 32 numeral 9, que refiere “La reincidencia. Cuando el culpable hubiere sido condenado ejecutoriamente por un delito de la misma naturaleza”, y en el caso sub-judice tal como se desprende de la sentencia que se pretende rever, la acusada ya había sido condenada por otro delito relacionado con el Tráfico de Drogas, en ese sentido corresponde imponer la pena en su término medio hasta el límite máximo, tal como lo señala el artículo 70 numeral 1, inciso b) de la norma sustantiva en comento. Asimismo, este ilícito penal contempla la pena de multa que le fue impuesta a la hoy condenada, equivalente a (L1,000,000.00), por lo que en aplicación al precitado artículo 53 del nuevo Código Penal, correspondería imponer una multa mínima de 100 a 500 días. Al examinar lo peticionado por el revisionista, se estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal, no son más favorables a la sentenciada, en virtud que la pena privativa de libertad resulta más gravosa (término medio hasta el límite máximo), a la que le fue impuesta conforme la legislación derogada; asimismo, aun y cuando la pena de multa si resulta más favorable no puede fraccionarse la norma tomando una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que le perjudique; por lo que no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República.”CONSIDERANDO CUATRO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. "En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás.CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b) Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.CONSIDERANDO SEIS (6): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro-. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”.CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): Retroactividad de la ley. La palabra “retroactividad”, deriva del latín, significa “retro agüere” accionar, hacia atrás, obrar hacía atrás. De acuerdo con las fuentes romanas se acude a varias expresiones: “retroagitur”, “reducitur” o “res retroducitur” y activus, que produce efectos y por tanto significa actuar sobre el pasado. Suárez Collía, la define “en una sucesión temporal de leyes, la aplicación de la norma jurídica nueva, a supuestos de hecho, actos, relaciones y/o situaciones jurídicas nacidas o constituidas con anterioridad a su entrada en vigor y que tuvieron su origen bajo el imperio de otra norma derogada” CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto a juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia emitida por el juzgador primario y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal esta Sala aprecia que efectivamente la señora DUNIA RAQUEL GONZALES AVILA, en primer término fue condenada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de junio del año dos mil diecinueve, a la pena de SIETE AÑOS (7) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS; y a la multa de CINCUENTA MIL DE LEMPIRAS (L.50,000.00) más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en la Ley sobre el uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas, estimando que la acción ejecutada por la imputada se subsume en el tipo penal de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. III- Esta Sala realiza un examen de ambas normas penales aplicables el caso sub judice para verificar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. En virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a la señora DUNIA RAQUEL GONZALES AVILA, la pena principal de SIETE AÑOS DE RECLUSION Y MULTA DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS (Lps. 50,000.00), por el delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS; Así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme a la ley especial SOBRE USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS, derogada, la pena a imponer por el delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, era reclusión de seis (6) a nueve (9) años y multa de cincuenta a cien mil lempiras, mientras que en el artículo 311 del vigente Código Penal, se regulan dos supuesto de Tráfico y la pena oscila entre CUATRO (4) A SIETE (7) AÑOS, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; y de SIETE (7) A DIEZ (10) AÑOS en los demás casos, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista verde del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. en ambos supuestos se debe imponer una MULTA DE CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DIAS. II. En el caso de DUNIA RAQUEL GONZALEZ AVILA, en los hechos probados de la sentencia supra mencionada (folio 40 del expediente del Juzgado de Letras), se establece que la sustancia objeto del tráfico era cocaína. Siendo ese el hecho concreto por el cual fue condenado y que debe tomarse como punto de comparación con las leyes penales. III. Del análisis del hecho concreto a luz del Código Penal decreto 130-2017, estos encajan en lo establecido en el artículo 311 [del mismo cuerpo legal] que específicamente dice: TRÁFICO DE DROGAS. Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días. Las penas de prisión a imponer deben ser, en cada uno de los supuestos del párrafo anterior, de uno (1) a tres (3) años o de dos (2) a cinco (5) años de prisión, cuando de las circunstancias del hecho y de las personales del culpable, se deduzca una menor gravedad. No se puede hacer uso de esta regla si concurre alguna de las agravantes contempladas en el artículo siguiente. Artículo 312. Agravantes Especificas del Tráfico de Drogas…. IV. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y de fundamentación jurídica, y haciendo la operación aritmética correspondiente la pena aplicable al delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS quedaría de la siguiente manera: de siete (7) a diez (10) años de prisión y para efecto de determinar pena concreta se recurre al artículo 70 en relación al Artículo 32 del Código Penal vigente, que en caso de concurrir una o dos circunstancias agravantes y ninguna atenuante, se aplica la pena media hasta el límite máximo, concurriendo en este caso en concreto la agravante contenida en el numeral 9 del artículo 32 ya citado. Es así que tenemos un nuevo parámetro de pena que es de ocho (8) años seis (6) meses a diez (10) años de prisión y una multa de cien días. Bajo esta premisa, ponderando el quantum de la pena, se refleja que el Código Penal Vigente No le resulta más benigno para la encausada, pues si bien la multa es más beneficiosa, la pena privativa de la libertad resulta más gravosa que la impuesta por el Juzgado de Letras en sentencia de fecha veintiséis de junio del año dos mil diecinueve, por lo cual en consonancia con lo dispuesto en el artículo 616 del Código Penal Vigente, no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. V. Por tanto, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias concluye que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente garantía Constitucional de Revisión, por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva en favor de la señora DUNIA RAQUEL GONZALES DAVILA, de una nueva norma penal vigente porque no le resulta más benigna. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado RAMON MATAMOROS a favor de la señora DUNIA RAQUEL GONZALES AVILA. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente. REDACTÓ el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de febrero de dos mil veinticuatro, certificación del fallo de fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1483-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL