Sentencia RP-1426-21 — Registro 17862
Resumen
Acto recurrido contra la sentencia de condena, por considerar entrada en vigencia legislación mas favorable
Análisis jurisprudencial
(Sin análisis jurisprudencial en la ficha)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de noviembre del dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Sergio Garibaldi Albir Ferrera, a favor de la señora Roció Krissel Godoy Pineda, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, con relación a la causa que se instruyó contra la señora Rocío Krissel Godoy Pineda, por haber sido condenada por el delito de Extorsión Simple, en perjuicio de Testigo Protegido AC-472. ANTECEDENTES 1) En fecha quince de octubre de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, el Agente Fiscal, Abogado Marbin Zabala, presentando requerimiento fiscal en contra de las señoras Maria José Maradiaga Mendoza y Rocío Grisel Godoy Pineda, por suponerlas responsables del delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido “AC-472”. (Folios 2-5 del antecedente) 2) Que en fecha dieciocho de septiembre de dos mi dieciocho, el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…PRIMERO: Debemos condenar y condenamos a las señoras ROCIO KRISSEL GODOY PINEDA y MARIA JOSE MARADIAGA MENDOZA cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, a título de autoras de la comisión del delito consumado de EXTORSIÓN SIMPLE en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO AC- 472 a la pena principal de quince (15) años de reclusión y multa de cuatrocientos seis mil quinientos lempiras exactos (Lps. 406,500), más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, la pena de reclusión deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) ubicada en Tamara, debiéndose computar la misma desde el día en que fue detenido o privado de su libertad y la pena de multa la deberá enterar en la Tesorería General de la República de Honduras. SEGUNDO: Debemos condenar y condenamos a las señoras ROCIO KRISSEL GODOY PINEDA y MARIA JOSE MARADIAGA MENDOZA como consecuencia de la condena de reclusión a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal, así como a trabajar durante ese tiempo en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. TERCERO: Debemos declarar y declaramos la responsabilidad civil de las condenadas señoras ROCIO KRISSEL GODOY PINEDA Y MARIA JOSE MARADIAGA MENDOZA la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. CUARTO: No procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio a las señoras ROCIO KRISSEL GODOY PINEDA Y MARIA JOSE MARADIAGA MENDOZA. QUINTO: No procede declarar en comiso algún efecto del delito por no ser solicitada el mismo. SEXTO: Que se notifique la presente sentencia las partes procesales y una vez firme la misma remítase al Juzgado de Ejecución correspondiente. Cúmplase. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.” (Folios 188-200 del antecedente) 3) En fecha nueve de diciembre de dos mil veintiuno, compareció ante esta Sala, el Abogado Sergio Garibaldi Albir Ferrera, interponiendo recurso de revisión a favor de la señora Rocío Krissel Godoy Pineda, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representada. (Folios 1-6 del recurso de mérito) 4) En fecha veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Isbela Bustillo Hernández, con la comparecencia de la Abogada Nellie Jeannette Vallejo Díaz, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Sergio Garibaldi Albir Ferrera, en su condición de Apoderado Legal de la señora Rocío Krissel Godoy Pineda; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: “…bien en base a esta relación de la reforma que se llevó a cabo con el nuevo código hay una rebaja de la pena mínima a diez años por lo tanto con la venia y el análisis del dictamen del ministerio público consideramos que si le procede la rebaja de dicha pena por lo tanto debe de ser analizada la misma para ser reformado su computo de pena y pueda pues gozar a esta fecha ella los principios de libertad condicional los recursos de libertad condicional y gestionarse todo lo que se estime pertinente en los juzgado de ejecución…” El Ministerio Público consideró: “…III. PRONUNCIAMIENTO: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, por cuanto la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Penal ya emitió un pronunciamiento legal mediante sentencia dictada por la Sala de lo Penal en cuanto a la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, al momento de resolver el Recurso de Casación interpuesto ante la misma, pudiéndose observar que la presente acción de revisión planteada por el Abogado SERGIO GARIBALDI ALBIR FERRERA está fundamentada en los mismos motivos que dieron lugar a la revisión que realizara la sala de lo penal al momento de resolver la casación y por tanto pues no es procedente que se tramite a la acción de revisión solicitada…” La Magistrada manifiesta: En virtud de no haber medios de prueba por evacuar, en este acto se da por suspendida la presente audiencia para efectos de dictar la sentencia que corresponda oportunamente. (Folios 35-39 de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Posicionamiento de las partes en audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Sergio Garibaldi Albir Ferrera, en su condición de Apoderado Legal de la señora Rocío Krissel Godoy Pineda, quien manifestó lo siguiente: “resulta Honorables Magistrados, que al momento de emitirse la condena contra mi patrocinada, se encontraba vigente el código penal (decreto 144-84, de fecha 23 de agosto de 1983), el cual estipulaba el tipo penal de EXTORSIÓN SIMPLE que literalmente decía: ARTÍCULO 222.-DELITO DE EXTORSIÓN: comete el delito de extorsión, quien mediante amenazas, intimidación o violencia y con el fin de obtener para sí o para cualquier organización delictiva, dinero bienes, u otros servicios, obligare a persona natural o jurídica a: 1) Hacer o dejar hacer alguna cosa; 2) Al culpable de este delito se le impondrán las penas de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos.- La imposición de todas las penas aplicables a los delitos concurrentes. El día 25 de junio del 2020, entró en vigencia el DECRETO 130-2017, publicado en el Diario Oficial la Gaceta número 34,940 de fecha diez de mayo del año dos mil nueve, contentivo del CÓDIGO, en el cual se establece el tipo penal de EXTORSIÓN, Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años de multa y quinientos (500) a (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados, Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado , al cónyuge, compañero de hogar o miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad, bien en base a esta relación de la reforma que se llevó a cabo con el nuevo código hay una rebaja de la pena mínima a diez años por lo tanto con la venia y el análisis del dictamen del ministerio público consideramos que si le procede la rebaja de dicha pena por lo tanto debe de ser analizada la misma para ser reformado su computo de pena y pueda pues gozar a esta fecha ella los principios de libertad condicional y gestionarse todo lo que se estime pertinente en los juzgado de ejecución.” La Abogada NELLIE JEANNETTE VALLEJO DIAZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, expreso lo Siguiente:“De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales invocadas por el compareciente y que señalan las sanciones correspondientes al delito de EXTORSION SIMPLE por el cual se condenó a la señora ROCIO KRISSEL GODOY PINEDA resultando que, a la fecha en que fue presentado el escrito de Recurso Extraordinario de Revisión Penal, el 09 de diciembre del 2021, el artículo 373 del Código Penal (Decreto 130-2017) señalado por el revisionista ya había sido reformado mediante el Decreto 93-2021 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 01 de noviembre del 2021 y vigente a partir del día siguiente de su publicación, reforma que señala como penas principales a imponer al culpable del delito de EXTORSION la pena de PRISIÓN DE QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y MULTA DE QUINIENTOS (500) A MIL (1000) DÍAS EN SU NIVEL MÁS ALTO a diferencia de lo señalado por el artículo 222 del Código Penal derogado que señalaba una pena de PRISIÓN DE QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y MULTA DE CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS EN SU NIVEL MÁS ALTO. Sobre el particular, consta en autos que la Honorable Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Penal mediante sentencia de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021) se pronunció, antes de la reforma aprobada mediante decreto 93-2021, en cuanto a la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017 en los siguientes términos: “Ponderación en el Caso Concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a las señoras Rocío Krissel Godoy Pineda y María José Maradiaga Mendoza, las sanciones de quince (15) años de reclusión y multa de cuatrocientos seis mil quinientos lempiras exactos (L. 406,500), como responsable del delito de extorsión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal y la responsabilidad civil. Conforme a las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de extorsión debe ser sancionado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años de reclusión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, según el artículo 373 del Código Penal 130-2017. En suma, el marco abstracto de las penas que corresponde al delito cometido por la acusada, en la norma derogada es de 15 a 20 años de reclusión y multa de 50 salarios mínimos en su más alto nivel. En el caso concreto el sentenciador impuso la pena mínima de reclusión junto con la multa ya descrita. De aplicarse la nueva normativa penal, la pena mínima sería de diez (10) años de prisión y la multa consistiría en quinientos (500) días. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta a las acusadas, conforme el CP-144-83 al ser de 15 años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgados conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de diez (10) a quince (15) años de reclusión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal.” Criterio que es compartido por este Ministerio Público al estar claramente señalados en el Código Penal los criterios para determinar la legislación más favorable al condenado, estando la pena concreta de 15 años de reclusión por la cual fue condenada la señora ROCIO KRISSEL GODOY PINEDA dentro del rango de la pena abstracta señalada por la normativa cuya aplicación retroactiva se solicita, por lo que ésta no puede considerarse más favorable, tal y como señala el párrafo cuarto del artículo 616 del Código Penal vigente: “Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal.”. Asimismo, cabe señalar que si bien es cierto el ahora revisionista no solicitó la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable ante la Sala de lo Penal durante la tramitación del Recurso de Casación interpuesto, dicha Sala se encontraba facultada para pronunciarse en relación a dicho principio conforme a lo señalado por el numeral 3 del artículo 624 del Código Penal vigente que establece: “SENTENCIAS PENDIENTES DE RECURSO. En las sentencias dictadas de acuerdo con la legislación que se deroga y que no sean firmes por estar pendientes de recurso, se aplican las reglas siguientes: 1) … 2) …; y 3) En todo caso el Órgano Jurisdiccional competente tendrá en cuenta, de oficio, la nueva legislación de ser más favorable al condenado.” Y siendo que, al momento de emitir sentencia la Sala de lo Penal valoró la aplicación retroactiva del artículo 373 del Código Penal (Decreto 130-2017) siendo ésta la misma normativa invocada por el revisionista en la solicitud de Revisión que hoy nos ocupa, de conformidad con el artículo 100 de la Ley Sobre Justicia Constitucional no procede la revisión de la sentencia solicitada por cuanto la interposición debió fundamentarse en motivos distintos a los que ya dieron lugar a la no aplicabilidad de la retroactividad de la ley penal invocada, por lo que no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96 de la Constitución de la República, en cuanto dispone: “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado.”. Sumado a lo antes expuesto, es oportuno señalar que relación a la condena de multa, con la aplicación del nuevo Código Penal esta fue modificada a días multa, por lo que al hacer la conversión corresponde también la aplicación de la multa de quinientos (500) a mil (1000) días multa, cuyo valor oscila en no menor de veinte lempiras (L.20) ni mayor de cinco mil lempiras (L.5,000.00), que en su nivel más alto resulta una pena de multa de L.2,500,000.00, lo que en definitiva no resulta más beneficiosa para la sentenciada. III. PRONUNCIAMIENTO: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión.” CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. Así mismo es importante señalar que la Revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar el artículo 186 del Constitución de la Republica. Articulo 95 y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE(7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Que en el caso sub examine, el peticionario Abogado SERGIO GARIBALDI ALBIR FERRERA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha nueve de diciembre del dos mil veintiuno, presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal, y en consecuencia la aplicación de la pena de 10 años de prisión, por ser más beneficioso para su representada, en consideración a que la señora ROCIÓ KRISSEL GODOY PINEDA, fue condenada por el delito de EXTORSIÓN SIMPLE, estando vigente el Decreto 144-83, siendo este derogado, con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No.130-2017. Posteriormente entró en vigor el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017, estableciendo nuevamente una pena para el delito de Extorsión de quince (15) a veinte (20) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto. CONSIDERANDO CATORCE (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente la señora ROCIÓ KRISSEL GODOY PINEDA, fue condenada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, mediante la Sentencia Definitiva Y Firme de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN Y MULTA DE CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 406,500) por el delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC-472; Así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria, antes relacionada mediante la cual se condenó a la señora ROCIÓ KRISSEL GODOY PINEDA, el Tribunal Sentenciador aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 222 del CÓDIGO PENAL, contenido en el DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 144-83, estimando que la condenada cometió el delito de EXTORSION SIMPLE. III- Esta Sala procede a examinar si el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a la señora ROCIÓ KRISSEL GODOY PINEDA, la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN Y MULTA DE CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 406,500) por el delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC-472; Así mismo las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal de EXTORSION, enmarcado en el artículo 222 establecía una pena abstracta de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos. El Código Penal Vigente Decreto 130-2017, en el artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, dispone: “Quien, con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para si o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados.Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”. ósea dicha conducta delictiva, se castiga con la misma pena de privación contemplada en el Codigo Penal derogado. En ese orden de ideas, la descripción del tipo penal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folios 190 al 195 del expediente del Juzgado Judicial). II. En el caso subjudice, la encausada fue condenada a las penas mínimas de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, Y MULTA DE CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 406,500); Con el nuevo Código Penal, correspondería aplicar la misma pena de reclusión, que se le impuso en la sentencia revisada, Y MULTA DE QUINIENTOS (500 días), a razón de cinco mil lempiras (L.5,000.00 en su nivel más alto) por día multa, resultando la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (LPS 2,500.000) en concepto de Multa; Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia, que ambas legislaciones, sancionan con la misma pena privativa de libertad, y en cuanto a la pena de Días Multa, resulta más gravosa con relación a los 50 salarios mínimos, equivalentes a la suma de CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 406,500) a los que fue condenada, como se deja explicado entre líneas. III. Que del estudio de los antecedentes y del recurso de revisión impetrado, esta Sala estima, que las penas establecidas para el delito de Extorsión estatuidas en el Código Penal decreto 130-2017 artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021 no resultan más benignas que las establecidas en el Código Penal decreto 144-1983, derogado. (Artículo 222). Por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva en favor de la señora ROCIÓ KRISSEL GODOY PINEDA. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 95, 96 números 6 y 8, 99 párrafo primero. FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía CONSTITUCIONAL DE REVISIÓN PENAL, presentada por el Abogado SERGIO GARIBALDI ALBIR FERRERA, a favor de la señora ROCIÓ KRISSEL GODOY PINEDA, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente. REDACTO LA MAGISTRADA ISBELA BUSTILLO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de enero de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-1426-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL