Sentencia RP-1421-21 — Registro 18075
Resumen
Sentencia en revisión condenó a recurrente a las penas de veintisiete (27) años de reclusión con multa, con penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, con responsabilidad civil, como autor responsable del Delito de Extorsión continuada en perjuicio de Testigo Protegido "AX269"; La Sala concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a José Marcial Sauceda Moreno, las penas principales de veintisiete (27) años de reclusión y una multa de ochenta y tres punto cuatro (83.4) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de extorsión continuada, en perjuicio del testigo protegido “AX269”; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado José Marcial Sauceda Moreno, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión agravada continuada (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales deben aumentarse un tercio (1/3) en su límite superior por la agravante contemplada en el artículo 374 numeral 1) del NCP 130-2017, la cual debe contemplarse si el culpable es miembro de un grupo delictivo organizado o se ejecuta el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado; en este sentido, el artículo 136 del NCP 130-2017 define grupo delictivo organizado como cualquier grupo estructurado de tres (3) o más personas, que exista durante cierto tiempo y actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados conforme a lo dispuesto en el NCP 130-2017. De los hechos probados de la sentencia se desprende que el sentenciado al momento de realizar las acciones extorsivas que ocasionaron su condena por el concurso continuado se asumió miembro de la panilla 18 y en compañía de dos y tres personas más, lo que cumple la agravante específica antes citada y lo que ofrece un nuevo margen abstracto de veinte (20) años a veintiséis (26) años y ocho (8) meses de prisión y mil (1000) días a mil trescientos treinta y tres (1333.33) días multa. Asimismo, este margen abstracto debe aumentarse en un tercio (1/3) por la figura del concurso continuado (artículo 68 NCP 130-2017), lo que ofrece un nuevo margen abstracto de veintiséis (26) años y ocho (8) meses a treinta y cinco (35) años nueve (9) meses y diez (10) días de prisión, y mil trescientos treinta tres (1333) días a mil setecientos setenta y siete (1777) días multa en su valor máximo que equivalen de seis millones seiscientos sesenta y cinco mil lempiras (L 6,665,000.00) a ocho millones ochocientos ochenta y cinco mil lempiras (L 8,885,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad y la pena de multa impuestas en instancia, son inferiores a las penas que pudiesen corresponder con el NCP 130-2017. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a José Marcial Sauceda Moreno, las penas principales de veintisiete (27) años de reclusión y una multa de ochenta y tres punto cuatro (83.4) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de extorsión continuada, en perjuicio del testigo protegido “AX269”; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado José Marcial Sauceda Moreno, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión agravada continuada (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales deben aumentarse un tercio (1/3) en su límite superior por la agravante contemplada en el artículo 374 numeral 1) del NCP 130-2017, la cual debe contemplarse si el culpable es miembro de un grupo delictivo organizado o se ejecuta el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado; en este sentido, el artículo 136 del NCP 130-2017 define grupo delictivo organizado como cualquier grupo estructurado de tres (3) o más personas, que exista durante cierto tiempo y actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados conforme a lo dispuesto en el NCP 130-2017. De los hechos probados de la sentencia se desprende que el sentenciado al momento de realizar las acciones extorsivas que ocasionaron su condena por el concurso continuado se asumió miembro de la panilla 18 y en compañía de dos y tres personas más, lo que cumple la agravante específica antes citada y lo que ofrece un nuevo margen abstracto de veinte (20) años a veintiséis (26) años y ocho (8) meses de prisión y mil (1000) días a mil trescientos treinta y tres (1333.33) días multa. Asimismo, este margen abstracto debe aumentarse en un tercio (1/3) por la figura del concurso continuado (artículo 68 NCP 130-2017), lo que ofrece un nuevo margen abstracto de veintiséis (26) años y ocho (8) meses a treinta y cinco (35) años nueve (9) meses y diez (10) días de prisión, y mil trescientos treinta tres (1333) días a mil setecientos setenta y siete (1777) días multa en su valor máximo que equivalen de seis millones seiscientos sesenta y cinco mil lempiras (L 6,665,000.00) a ocho millones ochocientos ochenta y cinco mil lempiras (L 8,885,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad y la pena de multa impuestas en instancia, son inferiores a las penas que pudiesen corresponder con el NCP 130-2017. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a José Marcial Sauceda Moreno, las penas principales de veintisiete (27) años de reclusión y una multa de ochenta y tres punto cuatro (83.4) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de extorsión continuada, en perjuicio del testigo protegido “AX269”; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado José Marcial Sauceda Moreno, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión agravada continuada (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales deben aumentarse un tercio (1/3) en su límite superior por la agravante contemplada en el artículo 374 numeral 1) del NCP 130-2017, la cual debe contemplarse si el culpable es miembro de un grupo delictivo organizado o se ejecuta el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado; en este sentido, el artículo 136 del NCP 130-2017 define grupo delictivo organizado como cualquier grupo estructurado de tres (3) o más personas, que exista durante cierto tiempo y actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados conforme a lo dispuesto en el NCP 130-2017. De los hechos probados de la sentencia se desprende que el sentenciado al momento de realizar las acciones extorsivas que ocasionaron su condena por el concurso continuado se asumió miembro de la panilla 18 y en compañía de dos y tres personas más, lo que cumple la agravante específica antes citada y lo que ofrece un nuevo margen abstracto de veinte (20) años a veintiséis (26) años y ocho (8) meses de prisión y mil (1000) días a mil trescientos treinta y tres (1333.33) días multa. Asimismo, este margen abstracto debe aumentarse en un tercio (1/3) por la figura del concurso continuado (artículo 68 NCP 130-2017), lo que ofrece un nuevo margen abstracto de veintiséis (26) años y ocho (8) meses a treinta y cinco (35) años nueve (9) meses y diez (10) días de prisión, y mil trescientos treinta tres (1333) días a mil setecientos setenta y siete (1777) días multa en su valor máximo que equivalen de seis millones seiscientos sesenta y cinco mil lempiras (L 6,665,000.00) a ocho millones ochocientos ochenta y cinco mil lempiras (L 8,885,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad y la pena de multa impuestas en instancia, son inferiores a las penas que pudiesen corresponder con el NCP 130-2017. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a José Marcial Sauceda Moreno, las penas principales de veintisiete (27) años de reclusión y una multa de ochenta y tres punto cuatro (83.4) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de extorsión continuada, en perjuicio del testigo protegido “AX269”; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado José Marcial Sauceda Moreno, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión agravada continuada (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales deben aumentarse un tercio (1/3) en su límite superior por la agravante contemplada en el artículo 374 numeral 1) del NCP 130-2017, la cual debe contemplarse si el culpable es miembro de un grupo delictivo organizado o se ejecuta el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado; en este sentido, el artículo 136 del NCP 130-2017 define grupo delictivo organizado como cualquier grupo estructurado de tres (3) o más personas, que exista durante cierto tiempo y actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados conforme a lo dispuesto en el NCP 130-2017. De los hechos probados de la sentencia se desprende que el sentenciado al momento de realizar las acciones extorsivas que ocasionaron su condena por el concurso continuado se asumió miembro de la panilla 18 y en compañía de dos y tres personas más, lo que cumple la agravante específica antes citada y lo que ofrece un nuevo margen abstracto de veinte (20) años a veintiséis (26) años y ocho (8) meses de prisión y mil (1000) días a mil trescientos treinta y tres (1333.33) días multa. Asimismo, este margen abstracto debe aumentarse en un tercio (1/3) por la figura del concurso continuado (artículo 68 NCP 130-2017), lo que ofrece un nuevo margen abstracto de veintiséis (26) años y ocho (8) meses a treinta y cinco (35) años nueve (9) meses y diez (10) días de prisión, y mil trescientos treinta tres (1333) días a mil setecientos setenta y siete (1777) días multa en su valor máximo que equivalen de seis millones seiscientos sesenta y cinco mil lempiras (L 6,665,000.00) a ocho millones ochocientos ochenta y cinco mil lempiras (L 8,885,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad y la pena de multa impuestas en instancia, son inferiores a las penas que pudiesen corresponder con el NCP 130-2017. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario De La Sala De Lo Constitucional De La Corte Suprema De Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dicen: “Corte Suprema de Justicia Sala de lo Constitucional Sentencia de revisión penal. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, pronuncian En nombre del Estado de Honduras,La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-1421-2021, promovido por el Abogado Ronald Ariel Cortés Romero, en favor del señor José Marcial Sauceda Moreno, contra la sentencia de fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil diecisiete (2017), dictada por El Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: Primero: Condenó a José Marcial Sauceda Moreno, como autor responsable penalmente del delito de extorsión continuada en perjuicio de Testigo Protegido “AX269”, a las penas de veintisiete (27) años de reclusión, pena que se le ha de computar el tiempo en que ha estado en efectiva prisión por el cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, y que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que el juez de ejecución determine; y multa de ochenta y tres punto cuatro (83.4) salarios mínimos, la cual deberá enterar en la Tesorería General de la República. Segundo: Condenó a José Marcial Sauceda Moreno, como consecuencia de la pena de reclusión, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena, así como a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. Tercero: Declaró a José Marcial Sauceda Moreno, responsable civilmente de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito por el que es condenado, a favor del Testigo Protegido “AX269”. Cuarto: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio a José Marcial Sauceda Moreno. No decretó comiso.Son partes: 1)El Abogado Ronald Ariel Cortés Romero, en representación de José Marcial Sauceda Moreno, como revisionista; 2)La Abogada Nellie Jeannette Vallejo Diaz, fiscal del Ministerio Público. Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal.“PRIMERO: En fecha cuatro de septiembre del año dos mil trece, a eso de las seis de la tarde, llegaron hasta el negocio del Testigo Protegido AX269, dos personas, una de sexo masculino y otra de sexo femenino, esta última en estado de embarazo, quienes se hicieron pasar como miembros de la pandilla 18, indicándole al Testigo Protegido AX269, que debía contestar una llamada telefónica que se cursaba en ese momento, mediante la cual le exigían que debía entregar la cantidad de treinta mil lempiras como pago del impuesto de guerra, y que de no hacerlo, sufrirían daños tanto el testigo protegido AX269, como su familia; asimismo le indicaban que debía dar un teléfono al cual se comunicarían con él; es así, que luego de esa llamada y de que se retiraran de su negocio los dos sujetos, a eso de las 7:45 de la noche el testigo protegido AX269, procedió a entregar en una bolsa plástica la cantidad de cinco mil lempiras, a las personas que se conducían en un vehículo tipo turismo, color blanco, placas AAI9894, marca Toyota, con número de registro taxi 3612, en el cual se conducía una persona de sexo femenino en estado de embarazo y el señor José Marcial Sauceda. SEGUNDO: En fecha 5 de septiembre del mismo año, el testigo protegido AX269, a eso de las nueve de la mañana recibió una llamada telefónica mediante la cual le exigían la cantidad de diez mil lempiras como pago del impuesto de guerra, exigencia que le realizaban bajo las mismas circunstancias de que si se negaba a entregar dicha cantidad de dinero podrían sufrir daños su familia y sus bienes, por lo que a eso de las diez de la mañana el testigo protegido AX269 se dirigió hasta el lugar concertado para la entrega del dinero, lugar este donde estaba esperándole el señor José Marcial Sauceda, quien se conducía en el mismo vehículo y era acompañado de la misma persona en estado de embarazo, a quien el testigo protegido AX269 le entregó la cantidad de diez mil lempiras, momento en el cual el señor José Marcial Sauceda, le día al testigo protegido que no debía denunciar los hechos, porque de hacerlo corrían riesgo su vida y la de su familia. TERCERO: Minutos después, ese mismo día el testigo protegido AX269 nuevamente recibió una llamada telefónica, mediante la cual le exigían la entrega de la cantidad de quince mil lempiras, haciéndole las mismas advertencias de sufrir daños tanto el testigo como su familia, luego de varias llamadas telefónicas el testigo protegido concertó la entrega de la cantidad de diez mil lempiras, a quien le indicaron que debía bajar a entregarlos, por lo que a eso de las doce y cuarenta del medio día, el testigo protegido llegó al lugar indicado, donde le entregó la mencionada cantidad de dinero, a una persona joven del sexo femenino que se conducía junto con el señor José Marcial Sauceda, el vehículo tipo turismo, color blanco, placas AAI9894, con registro de taxi 3612, el cual era conducido por este, advirtiéndole el señor Sauceda al testigo protegido, que no debía interponer ninguna denuncia. Minutos después, al llegar a su casa el testigo protegido AX269 recibió nuevamente llamada telefónica, exigiéndole que debía entregar más dinero, por lo que después de varias llamadas telefónicas, acordó la entrega de cinco mil lempiras más, entrega que realizó en el mismo lugar a las tres y cuarenta de la tarde y a las mismas personas, joven de sexo femenino que se conducía junto al señor José Marcial Sauceda, este conducía el mismo vehículo con registro de taxi 3612. CUARTO: Una hora después, ese mismo día, el testigo protegido AX269 recibió llamada telefónica mediante la cual le advertían que debía pagar la cantidad de veinte mil lempiras, que si se negaba hacerlo le causarían daños a su persona y a su familia, por lo que el testigo protegido decidió interponer una denuncia en la unidad anti-extorsión de la Policía Nacional, en ese mismo día. Luego de que los agentes de la unidad anti-extorsión de la Policía Nacional junto al testigo protegido realizaran un paquete de dinero que conteniendo dos billetes de quinientos lempiras con series V1596167 y W5845892, y varios recortes de papel periódico, simulando billetes, el testigo protegido AX269 acordó la entrega del dinero, en el mismo lugar donde se habían realizado las entregas anteriormente, es así, que los agentes de la unidad anti-extorsión realizaron una vigilancia en la colonia Alemán de esta ciudad, lugar donde se aproximó el vehículo tipo turismo, color blanco, marca Toyota, placas AAI9894, con registro de taxi 3216 conducido por el señor José Marcial Sauceda, quien se acompañaba en ese momento de dos personas de sexo masculino y una persona de sexo femenino, quien estaba en estado de embarazo, luego de que el testigo protegido AX269 entregó el paquete de dinero a la persona de sexo femenino, se produjo un cruce de disparos entre el ocupante del vehículo y los agentes de policía, momento en que huyó del lugar el vehículo siendo este ubicado minutos después, resultando detenido el señor José Marcial Sauceda.” Antecedentes PRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha seis (6) de septiembre de dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada Dilcia Yamil González, en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor José Marcial Sauceda Moreno, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de extorsión continuada, en perjuicio del Testigo Protegido “AX269”. SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley correspondiente, El Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó sentencia en fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual falló condenar a José Marcial Sauceda Moreno, a las penas principales de veintisiete (27) años de reclusión y una multa de ochenta y tres punto cuatro (83.4) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de extorsión continuada, en perjuicio del testigo protegido “AX269”; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias legales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito.TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. El Abogado Ronald Ariel Cortés Romero en representación de José Marcial Sauceda Moreno, compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor de su representado, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil diecisiete (2017), por El Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil veintidós (2022), ordenándose, en consecuencia, la celebración de la audiencia respectiva (f. 7). CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el pleno de la Sala de lo Constitucional (f. 18), habiendo comparecido el Abogado Ronald Ariel Cortés Romero, en representación de José Marcial Sauceda Moreno, como revisionista; y, la Abogada Nellie Jeannette Vallejo Diaz, en su condición de fiscal del Ministerio Público; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando el revisionista que el NCP130-2017 contiene disposiciones más favorables para su representado respecto al delito de extorsión continuada, debiendo aplicarse el principio de retroactividad de la ley penal de conformidad a las disposiciones de dicha normativa; por su parte, el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión, en virtud de que con la reforma al artículo 373 del NCP contenida en el decreto legislativo 93-2021, se agrava tanto la pena privativa de la libertad como la pena de multa, así como que no corresponde la figura del delito continuado y debe aplicarse un concurso real, de tal forma que aun cuando se le imponga la pena mínima por cada uno de los delitos le corresponde una pena de prisión de setenta y cinco (75) años y una multa de doce millones quinientos mil lempiras (L 12,500,000.00), lo cual no implica un beneficio para el sentenciado. Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Ronald Ariel Cortés Romero, en representación de José Marcial Sauceda Moreno, como revisionista; y, la Abogada Nellie Jeannette Vallejo Diaz, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El Abogado Ronald Ariel Cortés Romero funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que el NCP130-2017 contiene disposiciones más favorables para su representado respecto al delito de extorsión continuada, debiendo aplicarse el principio de retroactividad de la ley penal de conformidad a las disposiciones de dicha normativa; ratifica su acción de revisión y pide se aplique el principio de retroactividad de la ley penal y se imponga a sus representado una pena de 10 años de prisión y una multa de quinientos (500) días a razón de veinte lempiras (L 20.00) por día. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público fue de la opinión que no se otorgue la acción de revisión, en virtud de que con la reforma al artículo 373 del NCP contenida en el decreto legislativo 93-2021, se agrava tanto la pena privativa de la libertad como la pena de multa, así como que no corresponde la figura del delito continuado y debe aplicarse un concurso real, de tal forma que aun cuando se le imponga la pena mínima le corresponde una pena de prisión de setenta y cinco (75) años y una multa de doce millones quinientos mil lempiras (L 12,500,000.00), lo cual no implica un beneficio para el sentenciado. CONSIDERANDO TRS (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia sometida a revisión se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito (artículo 617 NCP 130-2017). Al apreciarse un concurso continuado (artículo 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP 130-2017) se procederá conforme a las siguientes reglas: a. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso continuado según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso continuado del NCP130-2017. Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso continuado; b. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; o, c. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso continuado, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i. Limite subjetivo, ii. Limite objetivo ordinario; y, iii. Limite objetivo extraordinario. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicará la pena que le sea más favorable al procesado y con ello se definirá que cuerpo normativo corresponde aplicar. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a José Marcial Sauceda Moreno, las penas principales de veintisiete (27) años de reclusión y una multa de ochenta y tres punto cuatro (83.4) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de extorsión continuada, en perjuicio del testigo protegido “AX269”; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado José Marcial Sauceda Moreno, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión agravada continuada (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales deben aumentarse un tercio (1/3) en su límite superior por la agravante contemplada en el artículo 374 numeral 1) del NCP 130-2017, la cual debe contemplarse si el culpable es miembro de un grupo delictivo organizado o se ejecuta el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado; en este sentido, el artículo 136 del NCP 130-2017 define grupo delictivo organizado como cualquier grupo estructurado de tres (3) o más personas, que exista durante cierto tiempo y actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados conforme a lo dispuesto en el NCP 130-2017. De los hechos probados de la sentencia se desprende que el sentenciado al momento de realizar las acciones extorsivas que ocasionaron su condena por el concurso continuado se asumió miembro de la panilla 18 y en compañía de dos y tres personas más, lo que cumple la agravante específica antes citada y lo que ofrece un nuevo margen abstracto de veinte (20) años a veintiséis (26) años y ocho (8) meses de prisión y mil (1000) días a mil trescientos treinta y tres (1333.33) días multa. Asimismo, este margen abstracto debe aumentarse en un tercio (1/3) por la figura del concurso continuado (artículo 68 NCP 130-2017), lo que ofrece un nuevo margen abstracto de veintiséis (26) años y ocho (8) meses a treinta y cinco (35) años nueve (9) meses y diez (10) días de prisión, y mil trescientos treinta tres (1333) días a mil setecientos setenta y siete (1777) días multa en su valor máximo que equivalen de seis millones seiscientos sesenta y cinco mil lempiras (L 6,665,000.00) a ocho millones ochocientos ochenta y cinco mil lempiras (L 8,885,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad y la pena de multa impuestas en instancia, son inferiores a las penas que pudiesen corresponder con el NCP 130-2017. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Ronald Ariel Cortés Romero, en favor del señor José Marcial Sauceda Moreno. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó la magistrada Francisca Villela Zavala. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil veintitrés, certificación del fallo de fechas once de septiembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1421-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.