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Sentencia RP-1411-21 — Registro 17901

Resumen

Acto recurrido contra la sentencia de condena dictada en Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, que Casó la sentencia del Tribunal de Sentencia de la Ceiba y emitió el siguiente pronunciamiento: I) Condenó al impetrante como coautor responsable del delito consumado de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido CX156-2013; por existir nueva legislación mas favorable

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Manuel de Jesús Hernández Canales, las penas principales de quince (15) años de reclusión y una multa de cincuenta (50) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido CX156-2013; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado Manuel de Jesús Hernández Canales, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen abstracto de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia, y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 excede por mucho el importe pecuniario impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dicen: ”Corte Suprema de Justicia Sala de lo Constitucional Sentencia de revisión penal. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, pronuncian En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-1411-2021, promovido por la Abogada Brenda Janeth Cruz Hernández, en favor del señor Manuel de Jesús Hernández Canales, contra la sentencia de fecha veintiocho (28) de abril de dos mil veinte (2020), dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante la cual falló: Primero: Declaró Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por la Abogada Liana Lourdes Soto, actuando en su condición de agente fiscal del Ministerio Público. Segundo: Casó la sentencia de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ceiba, departamento de Atlántida, y emitió el siguiente pronunciamiento: I) Condenó a Manuel de Jesús Hernández Canales, como coautor responsable del delito consumado de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido CX156-2013, imponiéndole una pena principal de quince años de reclusión, a quien se le restará el tiempo en que el ahora condenado haya estado privado de su libertad por esta causa y la que deberá cumplir en el Centro Penal de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, sin perjuicio que sea trasladado a otros Centros Penitenciarios del país por efectos de ordenamiento interno del Centro Penitenciario o cuando las circunstancias así lo exijan por seguridad; II) Condenó a Manuel de Jesús Hernández Canales, a la pena principal de multa de cincuenta salarios mínimos, misma que deberá enterar a la Tesorería General de la República o en la Institución del Sistema Financiero Nacional que la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas haya autorizado para tal fin; III) Condenó a Manuel de Jesús Hernández Canales, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo señalado para la pena de reclusión, debiendo el Juzgado de Ejecución realizar las gestiones pertinentes para su estricto cumplimiento; IV) Condenó a Manuel de Jesús Hernández Canales, como consecuencia de la pena de reclusión, a trabajar en obras públicas o en labores dentro del Centro Penitenciario, por el tiempo señalado para la pena de reclusión, de conformidad con la Ley del Sistema Penitenciario Nacional; V) Declaró la responsabilidad civil del condenado Manuel de Jesús Hernández Canales, consistente en la reparación del daño moral y la indemnización de perjuicios, que deberá ser exigida y cuantificada en la etapa de ejecución de la sentencia; VI) Declaró la no procedencia de condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente proceso criminal; y, VII) Declaró el comiso de la evidencia decomisada. Son partes:1)El Abogado José Rafael Erazo Paisano, en representación de Manuel de Jesús Hernández Canales, como revisionista;2)La Abogada Nellie Jeannette Vallejo Díaz, fiscal del Ministerio Público. Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal. “PRIMERO: Que el día 7 de noviembre de 2013, la testigo protegido clave CX156-2013, recibió una nota manuscrita de persona desconocida, en su negocio ubicado en esta ciudad de La Ceiba, Atlántida, en donde le exigía el pago del denominado “impuesto de guerra”, advirtiéndole que conocían a su familia, que no llamaran a la policía y que llamara al día siguiente al número de teléfono 31874517, para recibir más información, de lo contrario recibirían la visita de las personas que enviaron la nota. SEGUNDO: Que el día 8 de noviembre del año 2013, en horas de la mañana, la testigo protegido CX156-2013, se presenta a denunciar el hecho ante los órganos policiales, quienes ordenan la conformación de un grupo de investigación. En horas de la tarde a eso de las 4pm de ese mismo día, la testigo protegido clave CX156-2013, quien había ya recibido instrucciones acerca de la entrega de dinero, en la terminal de buses del mercado San José de esta ciudad, al llegar a dicho lugar, procedió a entregarle al señor Manuel de Jesús Hernández Canales, un billete por la cantidad de 500 lempiras, en efectivo, con serie U6463008, quien laboraba en ese momento para la Municipalidad de esta ciudad, como colaborador del peaje diario de los buses de ruta interurbana de dicha terminal siendo capturado casi de inmediato el señor Hernández Canales, por los agentes policiales que previamente habían llegado a la terminal, y que montaban vigilancia.” Antecedentes PRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha nueve (9) de noviembre del año dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, la Abogada Milgia Melissa Murcia Martínez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Manuel de Jesús Hernández Canales, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido CX156-2013. SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley correspondiente, la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, dictó sentencia de casación en fecha veintiocho (28) de abril de dos mil veinte (2020), mediante la cual falló condenar a Manuel de Jesús Hernández Canales, a las penas principales de quince (15) años de reclusión y una multa de cincuenta (50) salarios mínimos, por ser coautor penalmente responsable de un delito de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido CX156-2013; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias legales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. La Abogada Brenda Janeth Cruz Hernández en representación de Manuel de Jesús Hernández Canales, compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha ocho (8) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor de su representado, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha veintiocho (28) de abril de dos mil veinte (2020), por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veintidós (2022), ordenándose, en consecuencia, la celebración de la audiencia respectiva (f. 7). CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el pleno de la Sala de lo Constitucional (f. 22), habiendo comparecido el Abogado Rony Alfredo Lanza Cruz, en representación de Manuel de Jesús Hernández Canales, como revisionista; y, la Abogada Nellie Jeannette Vallejo Díaz, en su condición de fiscal del Ministerio Público; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando el revisionista que el NCP130-2017 contiene disposiciones más favorables para su representado respecto al delito de extorsión simple, debiendo aplicarse el principio de retroactividad de la ley penal de conformidad a las disposiciones de dicha normativa; por su parte, el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión, en virtud de que con la reforma al artículo 373 del NCP contenida en el decreto legislativo 93-2021, se establece el mismo margen en la pena privativa de la libertad y se agrava la pena de multa, lo que no implica un beneficio para el sentenciado.Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Rony Alfredo Lanza Cruz, en representación de Manuel de Jesús Hernández Canales, como revisionista; y, la Abogada Nellie Jeannette Vallejo Díaz, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El Abogado Rony Alfredo Lanza Cruz funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que su representado fue condenado por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, a una pena de quince (15) años de reclusión y una multa de cincuenta (50) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido CX156-2013; ratifica su acción de revisión y pide se aplique el principio de retroactividad de la ley penal y se imponga a su representado una pena de 10 años de prisión y una multa de cien (100) días a razón de veinte lempiras (L 20.00) por día. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que en virtud de la reforma al artículo 373 del NCP, contenida en el decreto legislativo 93-2021, es visible que la nueva norma penal sanciona el delito en referencia con la misma pena privativa de la libertad a la que fue condenado Manuel de Jesús Hernández Canales, aunado a ello, la pena de multa es mayor a la que le fue impuesta en la sentencia, ya que al efectuar el cálculo aritmético de quinientos (500) días por cinco mil lempiras (L 5, 000.00), por corresponder el nivel más alto, da como resultado la cantidad de dos millones quinientos mil lempiras (L 2, 500,000.00), por ello es de la opinión que no se otorgue la presente acción de revisión. CONSIDERANDO TRS (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal.En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Manuel de Jesús Hernández Canales, las penas principales de quince (15) años de reclusión y una multa de cincuenta (50) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido CX156-2013; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado Manuel de Jesús Hernández Canales, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen abstracto de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia, y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 excede por mucho el importe pecuniario impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada Brenda Janeth Cruz Hernández, en favor del señor Manuel de Jesús Hernández Canales. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó la magistrada Francisca Villela Zavala. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil veintitrés, certificación del fallo de fechas veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1411-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.