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Sentencia RP-132-22 — Registro 17782

Resumen

Delitos de Extorsión y Facilitación de los Medios de Transporte Para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de Testigo Protegido. Se declaró sin lugar el recurso

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal se impuso a Ever Daniel Del Cid España, las penas siguientes: i. Once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, en perjuicio de Testigo Protegido “AF194”. ii. Cuatro (4) años y seis (6) meses de reclusión y multa de treinta y siete mil quinientos lempiras (L 37,500.00), en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. Las penas de reclusión anteriores fueron impuestas en concurso real (artículo 35 del VCP 144-83) las cuales en acumulado ascienden a un total de quince (15) años y nueve (9) meses de reclusión, más la multa correspondiente a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, y treinta y siete mil quinientos lempiras (L 37,500.00); más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de la pena de reclusión y las consecuencias legales de responsabilidad civil y trabajo en obras públicas o labores dentro del establecimiento penitenciario durante el tiempo de la condena. La conducta de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), tiene como penas principales: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales deben aumentarse un tercio (1/3) en su límite superior por la agravante contemplada en el artículo 374 numeral 1) del NCP 130-2017, la cual debe contemplarse si el culpable es miembro de un grupo delictivo organizado o se ejecuta el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado; en este sentido, el artículo 136 del NCP 130-2017 define grupo delictivo organizado como cualquier grupo estructurado de tres (3) o más personas, que exista durante cierto tiempo y actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados conforme a lo dispuesto en el NCP 130-2017. De los hechos probados de la sentencia se desprende que el sentenciado al momento de realizar las acciones extorsivas que ocasionaron su condena se asumió miembro de la Mara MS 13 y lo realizó en compañía de tres personas más, lo que cumple la agravante específica antes citada y ofrece un nuevo margen abstracto de veinte (20) años a veintiséis (26) años y ocho (8) meses de prisión y mil (1000) días a mil trescientos treinta y tres (1333.33) días multa. Asimismo, estas penas al ser rebajadas en un cuarto (1/4) en su límite inferior por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión y una multa de setecientos cincuenta (750) a mil (1000) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa. Respecto al delito de tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo (artículo 311), las penas, a saber: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o, ii. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarillahttps://www.incb.org/documents/NarcoticDrugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde:https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. En el caso del señor Ever Daniel Del Cid España, conforme a los hechos probados se encontraba en posesión de cuatro paquetes de cinta adhesiva, conteniendo en su interior 1526,2g de marihuana, considerada una droga que no causa grave daño a la salud y no compatible para el consumo personal inmediato; conducta que castiga el NCP 130-2017 con la pena de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días. Al hacer la disminución de este margen abstracto en un cuarto (¼) por la aplicación del procedimiento abreviado, se determina como nueva pena abstracta de uno (1) a cuatro (4) años de prisión, y multa de setenta y cinco (75) a cien (100) días. Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia (15 años y 9 meses) es menor al margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta con el NCP 130-2017 (de 16 a 24 años de prisión); y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del NCP

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-0132-2022, promovido por el Abogado Ramón Matamoros en favor de Ever Daniel Del Cid España, contra la sentencia de fecha veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Ever Daniel Del Cid España, por ser autor penalmente responsable de los delitos de Extorsión y Facilitación de los Medios de Transporte Para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de Testigo Protegido “AF194” y la Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos como penas principales, más las penas accesorias que correspondan por el delito de extorsión; y, cuatro (4) años y seis (6) meses de reclusión y multa de treinta y siete mil quinientos lempiras (L 37,500.00), como penas principales, más las penas accesorias que correspondan por el delito de Facilitación de Medios de Transporte Para el Tráfico Ilícito de Drogas. Segundo: Condenó a Ever Daniel Del Cid España, como consecuencia de la pena de reclusión, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena. Tercero: Declaró la responsabilidad civil de Ever Daniel Del Cid España, la que será objeto de sanción en la fase de ejecución de esta sentencia. Cuarto: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Son partes: 1) La Abogada Ramón Matamoros, en favor de Ever Daniel Del Cid España, como revisionista; 2) La Abogada Sagrario Risible Gutiérrez, fiscal del Ministerio Público.Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal.“PRIMERO: El día sábado veinticuatro (24) de marzo de dos mil dieciocho (2018), el testigo protegido AF194 se presentó a las oficinas de la Fuerza Nacional Antiextorsión, manifestando que hace dos meses está siendo víctima de extorsión por cuatro personas del sexo masculino, identificándose con los alias de RAZITA, CHINO, LONCHIN Y QUEOBO, quienes manifestaron ser miembros activos de la Mara Salvatrucha MS13 y mediante amenazas a muerte le exigieron el pago de quinientos lempiras los días lunes en horas de la mañana, siendo asesorado por el agente de investigación asignado al caso para realizar una entrega vigilada, por lo que procedieron a registrar la serie X7883937 de un billete de quinientos lempiras. SEGUNDO: El día veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), siendo las seis cero cinco horas de la mañana (06:05 A.M.) agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión se encontraban realizando vigilancia en la Colonia San Miguel, Municipio de El Paraíso, Departamento de El Paraíso, observaron que cuatro personas del sexo masculino, llegaron al lugar de trabajo del Testigo Protegido AF194, una vez que recibieron se disponían abandonar la zona, cuando fueron interceptados por los agentes de investigación, encontrándole al señor EVER DANIEL DEL CID ESPAÑA un bolso que contenía en su interior cuatro paquetes de cinta adhesiva, conteniendo hierba seca marihuana con una cantidad de 1536,2g (un mil quinientos treinta y seis coma dos gramos) no siendo compatible con la dosis considerada como consumo personal inmediato, mientras a otro de sus acompañantes se le encontró el dinero que previamente había seriado.” Antecedentes PRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional, la Abogada Sandra Joaquín, fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de Ever Daniel Del Cid España y otros; por suponerlos autores penalmente responsables de los delitos de Extorsión Continuada en perjuicio del Testigo Protegido AF194; Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; y, Facilitación de Medios de Transporte Para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras (f. 1). SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión dictó sentencia en fecha veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual falló condenar a Ever Daniel Del Cid España, como autor penalmente responsable de los delitos de Extorsión Simple en perjuicio del Testigo Protegido AF-194, a la pena de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos como penas principales; y Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, a las penas de cuatro (4) años y seis (6) meses de reclusión y multa de treinta y siete mil quinientos lempiras (L 37,500.00), como penas principales; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de la pena de reclusión y las consecuencias legales de responsabilidad civil y trabajo en obras públicas o labores dentro del establecimiento penitenciario durante el tiempo de la condena. TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. El Abogado Ramón Matamoros en representación de Ever Daniel Del Cid España, compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha diecinueve (19) de enero de dos mil veintidós (2022), presentando recurso de revisión penal a favor de su representado, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), ordenándose, en consecuencia, la celebración de la audiencia respectiva (f. 22).CUARTO: Dela celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante la Sala de lo Constitucional (f. 22), habiendo comparecido el Abogado Ramón Matamoros, en favor de Ever Daniel Del Cid España, como revisionista; y, la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, fiscal del Ministerio Público; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando el revisionista que pide se aplique el principio de retroactividad penal sustituyendo la pena del delito de Extorsión Simple, por la establecida en el artículo 373 del NCP 130-2017 (ley intermedia) de diez (10) años y quinientos (500) días a razón de veinte lempiras (L 20.00), equivalentes a diez mil lempiras (L 10,000.00). Entretanto, para el delito de Facilitación de Medios de Transporte Para el Tráfico Ilícito de Drogas, solicitó la aplicación del artículo 311 párrafo segundo del NCP 130-2017 con la pena de un (1) año de reclusión y multa de cien (100) días. Por su parte, el Ministerio Público fue de la opinión que no se otorgue la acción de revisión por cuanto la nueva legislación aplicable al caso concreto no le es más favorable al sentenciado al no ser admisible la aplicación fragmentada de las dos normas en análisis. Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”.El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la Abogada Ramón Matamoros, en favor de Ever Daniel Del Cid España, como revisionista; y, la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, fiscal del Ministerio Público. El Abogado Ramón Matamoros funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Solicita se aplique el principio de retroactividad penal sustituyendo la pena del delito de Extorsión Simple, por la establecida en el artículo 373 del NCP 130-2017 (ley intermedia) de diez (10) años y quinientos (500) días a razón de veinte lempiras (L 20.00), equivalentes a diez mil lempiras (L 10,000.00). Entretanto, para el delito de Facilitación de Medios de Transporte Para el Tráfico Ilícito de Drogas, solicitó la aplicación del artículo 311 párrafo segundo del NCP 130-2017 con la pena de un (1) año de reclusión y multa de cien (100) días. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que, no se otorgue la acción de revisión por cuanto la nueva legislación aplicable al caso concreto no le es más favorable al sentenciado al no ser admisible la aplicación fragmentada de las dos normas en análisis. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena concursada, los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa. Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: i. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y, ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o iii. Para hacer efectivo el limite subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: *. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; **. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. b. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: i. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. ii. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: *. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; **. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; ***. Si el concurso real está compuesto por penas conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal se impuso a Ever Daniel Del Cid España, las penas siguientes: i. Once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, en perjuicio de Testigo Protegido “AF194”. ii. Cuatro (4) años y seis (6) meses de reclusión y multa de treinta y siete mil quinientos lempiras (L 37,500.00), en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. Las penas de reclusión anteriores fueron impuestas en concurso real (artículo 35 del VCP 144-83) las cuales en acumulado ascienden a un total de quince (15) años y nueve (9) meses de reclusión, más la multa correspondiente a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, y treinta y siete mil quinientos lempiras (L 37,500.00); más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de la pena de reclusión y las consecuencias legales de responsabilidad civil y trabajo en obras públicas o labores dentro del establecimiento penitenciario durante el tiempo de la condena. La conducta de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), tiene como penas principales: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales deben aumentarse un tercio (1/3) en su límite superior por la agravante contemplada en el artículo 374 numeral 1) del NCP 130-2017, la cual debe contemplarse si el culpable es miembro de un grupo delictivo organizado o se ejecuta el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado; en este sentido, el artículo 136 del NCP 130-2017 define grupo delictivo organizado como cualquier grupo estructurado de tres (3) o más personas, que exista durante cierto tiempo y actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados conforme a lo dispuesto en el NCP 130-2017. De los hechos probados de la sentencia se desprende que el sentenciado al momento de realizar las acciones extorsivas que ocasionaron su condena se asumió miembro de la Mara MS 13 y lo realizó en compañía de tres personas más, lo que cumple la agravante específica antes citada y ofrece un nuevo margen abstracto de veinte (20) años a veintiséis (26) años y ocho (8) meses de prisión y mil (1000) días a mil trescientos treinta y tres (1333.33) días multa. Asimismo, estas penas al ser rebajadas en un cuarto (1/4) en su límite inferior por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión y una multa de setecientos cincuenta (750) a mil (1000) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa. Respecto al delito de tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo (artículo 311), las penas, a saber: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o, ii. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarillahttps://www.incb.org/documents/NarcoticDrugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde:https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. En el caso del señor Ever Daniel Del Cid España, conforme a los hechos probados se encontraba en posesión de cuatro paquetes de cinta adhesiva, conteniendo en su interior 1526,2g de marihuana, considerada una droga que no causa grave daño a la salud y no compatible para el consumo personal inmediato; conducta que castiga el NCP 130-2017 con la pena de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días. Al hacer la disminución de este margen abstracto en un cuarto (¼) por la aplicación del procedimiento abreviado, se determina como nueva pena abstracta de uno (1) a cuatro (4) años de prisión, y multa de setenta y cinco (75) a cien (100) días. Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia (15 años y 9 meses) es menor al margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta con el NCP 130-2017 (de 16 a 24 años de prisión); y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del NCP. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada Ramón Matamoros, en favor del señor Ever Daniel Del Cid España. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. Notifíquese. - Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve (29) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024) certificación de la Sentencia de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO- 0132-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.