Sentencia RP-130-22 — Registro 17007
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria con relación a la causa que se instruyó por haber sido condenado por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, en perjuicio de la salud de la población del estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia emitida por el juzgador primario y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal, esta Sala aprecia, que efectivamente el señor ANTONY RICARDO GONZALES LÓPEZ, fue condenado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, mediante la Sentencia Definitiva Y Firme, de fecha once (11) de agosto de dos mil diecisiete (2017), a la pena, de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE RECLUSION por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS; y a la multa de SETECIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L.750,000.00) más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 18 RELACIONADO CON EL 32 DE LA LEY SOBRE USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS, estimando que la acción ejecutada por el imputado se subsume en el tipo penal de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. Y en cuanto al sometiendo del encausado a la medida desjudicializadora denominada procedimiento abreviado se aplicó el artículo 403 del Código Procesal Penal. III- Esta Sala realiza un examen de ambas normas penales aplicables el caso sub judice para verificar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. En virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor ANTONY RICARDO GONZALES LÓPEZ, la Pena, de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE RECLUSION, y Multa de SETECIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L.750,000.00) por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS; Más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme a la ley especial SOBRE USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS DECRETO NÚMERO 126-89, derogada, la pena a imponer por el delito de TRAFICO DE DROGAS era reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de un millón a cinco millones de lempiras, mientras que la pena regulada en el artículo 311 del vigente Código Penal, se regulan dos supuesto de tráfico y la pena oscila entre CUATRO (4) A SIETE (7) AÑOS, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; y de SIETE (7) A DIEZ (10) AÑOS en los demás casos, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista verde del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. En ambos supuestos se debe imponer una MULTA DE CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DIAS. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código benefician al encausado. II. En el caso subjudice, en los hechos probados de la sentencia supra mencionada (folio 97 del expediente judicial), se establece que los ochocientos envoltorios de seis gramos corresponden a marihuana. Siendo ese el hecho concreto por el cual fue condenado y que debe tomarse como punto de comparación con las leyes penales. III. De análisis del hecho concreto a luz del Código Penal decreto 130-2017, estos encajan en lo establecido en el artículo 311 [del mismo cuerpo legal] que específicamente dice: TRÁFICO DE DROGAS. Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días. IV. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y tomando en cuenta que la droga encontrada era marihuana, que de acuerdo, a lo establecido en el artículo 321 del mismo cuerpo legal, consiste en una droga que no causa grave daño a la salud, por lo que de conformidad al precitado párrafo primero del artículo 311, le corresponde una pena de PRISIÓN DE CUATRO (4) A SIETE (7) AÑOS Y MULTA DE CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DÍAS, la cual rebajada en un cuarto (1/4), por la aplicación del Procedimiento Abreviado quedaría en una nueva pena abstracta de TRES (3) A CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE SETENTA Y CINCO (75) A CIEN (100) DÍAS, con un valor mínimo por día de veinte lempiras (L 20.00) y máximo de cinco mil lempiras (L 5,000.00) (Artículo 53 del nuevo Código Penal). En tal sentido, la pena a aplicar es de TRES (03) AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE SETENTA Y CINCO (75) DIAS, pena de multa que se impondrá a razón de cien lempiras (L. 100.00) por día, dando como resultado el valor de SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 7,500.00) como pena de multa. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva, como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor ANTONY RICARDO GONZALES LÓPEZ, de una norma vigente que le resulta más benigna. VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal, es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101. 1)Y 4) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena. Y de lo que resulte, del nuevo computo, ordenar la libertad del condenado en caso de ser procedente.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado RAMÓN MATAMOROS, a favor del señor ANTONY RICARDO GONZALES LÓPEZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, de fecha once de agosto de dos mil diecisiete, con relación a la causa que se instruyó contra el señor Antony Ricardo Gonzales López, por haber sido condenado por el delito de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. ANTECEDENTES 1) En fecha once de junio de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Agente Fiscal del Ministerio Público, Abogada Wendy Xiomara Murillo, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Antony Ricardo Gonzales López, por suponerlo responsable de los delitos de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Asociación Ilícita, en perjuicio de la Salud de la Población y la Seguridad Interior del Estado de Honduras, respectivamente. (Folios 2-6 del antecedente) 2) Que en fecha once de agosto de dos mil diecisiete, el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, y con las facultades que la ley le confiere CONDENA al señor ANTONY RICARDO GONZALES LOPEZ como autor del delito de TRAFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES, a la pena principal de ONCE (11) AÑOS Y TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN, los que deberá cumplir en el Centro Nacional Penitenciario de Tamara, con sede en Támara, Francisco Morazán.-Y UNA MULTA DE SETENCIENTOS CINCUENTA (Lps. 750,000.00) LEMPIRAS EXACTOS, SEGUNDO: Condenando a ANTONY RICARDO GONZALES LOPEZ, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la ley.-TERCERO: SEXTO: Se ordena el Comiso de la marihuana tal como consta en el dictamen número 2016-0801-0506-4599 que obran a folio veintiséis frente y vuelto y veintisiete frente y vuelto del expediente de mérito, cantidad antes mencionada de Marihuana que deberán de ser incinerada en el momento procesal oportuno.-CUARTO: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados en el juicio.-QUINTO: Que se notifique esta sentencia a las partes en el proceso y una vez firme la sentencia definitiva, se ordena que se libre copia certificada de la misma al señor Director del Centro Penitenciario Nacional de Tamara para el envío respectivo de la Sentencia condenatoria del encausado; Asimismo que a través de la Unidad de Sentencias que tiene este Juzgado se envíe las certificaciones correspondientes a dichas Instituciones y que esta Unidad de Sentencia sea la encargada de remitir el expediente Judicial al Juzgado de Ejecución de esta Sección Judicial, para los efectos legales correspondientes…” (Folios 96-99 del antecedente) 3) En fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós, compareció ante esta Sala, el Abogado Ramón Matamoros, interponiendo recurso de revisión a favor del señor Antony Ricardo Gonzales López, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado. (Folios 1-4 del recurso de mérito) 4) En fecha trece de abril de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Isbela Bustillo Hernández, con la comparecencia de la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Ramón Matamoros, en su condición de Apoderado Legal del señor Antony Ricardo Gonzales López; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que expresará lo siguiente: “…Se Aplique el Principio de la Retroactividad de la Ley Penal al señor Anthony Ricardo Gonzales López, quien fue condenado mediante procedimiento abreviado por el delito de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, en Perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, a una pena de 11 años 3 reclusión y una multa de 750,000.000 de Lempiras, del artículo 18 de la Ley de Uso Indebido de Sustancia Psicotrópicas establecía una pena de 15 a 20 años y una multa de 1,000.000 a 5,000.000 millones de lempiras. Sustituirle la pena y multa por el artículo 311 párrafo 1 del Código Penal vigente, sería una pena 7 a 10 años de reclusión una multa de 100 a 500 días. Que los más beneficioso para los intereses personales del condenado es una pena mínima 7 años y una multa mínima de 100 días. Se ofrece como medio de prueba la sentencia de mérito, misma que se encuentra incorporada la presente pieza de autos…” El Ministerio Público consideró: “…De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales invocadas por el compareciente y que señalan las sanciones correspondientes al delito de TRAFICO DE DROGAS por el cual se condenó mediante Procedimiento Abreviado al señor ANTONY RICARDO GONZALES LOPEZ, pudiéndose observar que, el artículo 311 en su párrafo primero del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) establece lo siguiente: “Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días.” En relación a lo cual el artículo 321 señala que: “Se entiende que no causan grave daño a la salud los derivados del cáñamo índico o americano o del cannabis sativa. El resto de las drogas incluidas en las listas a las que se refiere el párrafo anterior se debe considerar que causan grave daño a la salud a los efectos del presente Código” y habiéndose determinado mediante el respectivo dictamen toxicológico que la droga decomisada consiste en 1,892,6 gramos de marihuana se puede establecer que consiste en una droga que no causa grave daño a la salud, por lo que de conformidad al precitado párrafo primero del articulo 311 le corresponde una pena de PRISIÓN DE CUATRO (4) A SIETE (7) AÑOS Y MULTA DE CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DÍAS, la cual rebajada en un cuarto por la aplicación del Procedimiento Abreviado quedaría en una pena de TRES (3) A CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE SETENTA Y CINCO (75) A CIEN (100) DÍAS la cual aplicada aun en su nivel más alto equivale a TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (L. 375,000.00) a diferencia de las penas establecidas por la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas que en su artículo 18 señalaba la pena de RECLUSIÓN DE QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y MULTA DE UN MILLÓN A CINCO MILLONES DE LEMPIRAS. Al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable contenidos en el artículo 616 del Código Penal vigente, esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal si le son más favorables al sentenciado, en virtud que las penas principales impuestas conforme a la nueva legislación, resultan ser más bajas que las penas señaladas por el mismo delito en la legislación anterior, por lo que es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado.” Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. III. PRONUNCIAMIENTO: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, por cuanto la legislación vigente es más favorable al sentenciado, por lo que se deberán modificar las penas principales y accesorias impuestas siendo aplicable la pena señalada por el artículo 311 del Código Penal para drogas que no causan grave daño a la salud y no la pena señalada por el revisionista en la acción planteada…” La Magistrada manifiesta: En virtud de no haber medios de prueba por evacuar, en este acto se da por suspendida la presente audiencia para efectos de dictar la sentencia que corresponda oportunamente. (Folios 25-28 del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Posicionamiento de las partes en audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha trece (13) de abril del año dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado RAMÓN MATAMOROS, en su condición de Apoderado Legal del señor ANTONY RICARDO GONZALES LÓPEZ, quien manifestó lo siguiente: “…Se Aplique el Principio de la Retroactividad de la Ley Penal al señor Anthony Ricardo Gonzales López, quien fue condenado mediante procedimiento abreviado por el delito de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, en Perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, a una pena de 11 años 3 reclusión y una multa de 750,000.000 de Lempiras, del artículo 18 de la Ley de Uso Indebido de Sustancia Psicotrópicas establecía una pena de 15 a 20 años y una multa de 1,000.000 a 5,000.000 millones de lempiras. Sustituirle la pena y multa por el artículo 311 párrafo 1 del Código Penal vigente, sería una pena 7 a 10 años de reclusión una multa de 100 a 500 días. Que los más beneficioso para los intereses personales del condenado es una pena mínima 7 años y una multa mínima de 100 días.” La Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en representación del Ente Acusador expreso lo Siguiente: “…De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales invocadas por el compareciente y que señalan las sanciones correspondientes al delito de TRAFICO DE DROGAS por el cual se condenó mediante Procedimiento Abreviado al señor ANTONY RICARDO GONZALES LOPEZ, pudiéndose observar que, el artículo 311 en su párrafo primero del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) establece lo siguiente: “Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días.” En relación a lo cual el artículo 321 señala que: “Se entiende que no causan grave daño a la salud los derivados del cáñamo índico o americano o del cannabis sativa. El resto de las drogas incluidas en las listas a las que se refiere el párrafo anterior se debe considerar que causan grave daño a la salud a los efectos del presente Código” y habiéndose determinado mediante el respectivo dictamen toxicológico que la droga decomisada consiste en 1,892,6 gramos de marihuana se puede establecer que consiste en una droga que no causa grave daño a la salud, por lo que de conformidad al precitado párrafo primero del articulo 311 le corresponde una pena de PRISIÓN DE CUATRO (4) A SIETE (7) AÑOS Y MULTA DE CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DÍAS, la cual rebajada en un cuarto por la aplicación del Procedimiento Abreviado quedaría en una pena de TRES (3) A CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE SETENTA Y CINCO (75) A CIEN (100) DÍAS la cual aplicada aun en su nivel más alto equivale a TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (L. 375,000.00) a diferencia de las penas establecidas por la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas que en su artículo 18 señalaba la pena de RECLUSIÓN DE QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y MULTA DE UN MILLÓN A CINCO MILLONES DE LEMPIRAS. Al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable contenidos en el artículo 616 del Código Penal vigente, esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal si le son más favorables al sentenciado, en virtud que las penas principales impuestas conforme a la nueva legislación, resultan ser más bajas que las penas señaladas por el mismo delito en la legislación anterior, por lo que es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado.” Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. III. PRONUNCIAMIENTO: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, por cuanto la legislación vigente es más favorable al sentenciado, por lo que se deberán modificar las penas principales y accesorias impuestas siendo aplicable la pena señalada por el artículo 311 del Código Penal para drogas que no causan grave daño a la salud y no la pena señalada por el revisionista en la acción planteada…” CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. Así mismo es importante señalar que la Revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar el artículo 186 del Constitución de la Republica. Articulo 95 y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia emitida por el juzgador primario y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal, esta Sala aprecia, que efectivamente el señor ANTONY RICARDO GONZALES LÓPEZ, fue condenado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, mediante la Sentencia Definitiva Y Firme, de fecha once (11) de agosto de dos mil diecisiete (2017), a la pena, de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE RECLUSION por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS; y a la multa de SETECIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L.750,000.00) más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 18 RELACIONADO CON EL 32 DE LA LEY SOBRE USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS, estimando que la acción ejecutada por el imputado se subsume en el tipo penal de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. Y en cuanto al sometiendo del encausado a la medida desjudicializadora denominada procedimiento abreviado se aplicó el artículo 403 del Código Procesal Penal. III- Esta Sala realiza un examen de ambas normas penales aplicables el caso sub judice para verificar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. En virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor ANTONY RICARDO GONZALES LÓPEZ, la Pena, de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE RECLUSION, y Multa de SETECIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L.750,000.00) por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS; Más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme a la ley especial SOBRE USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS DECRETO NÚMERO 126-89, derogada, la pena a imponer por el delito de TRAFICO DE DROGAS era reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de un millón a cinco millones de lempiras, mientras que la pena regulada en el artículo 311 del vigente Código Penal, se regulan dos supuesto de tráfico y la pena oscila entre CUATRO (4) A SIETE (7) AÑOS, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; y de SIETE (7) A DIEZ (10) AÑOS en los demás casos, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista verde del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. En ambos supuestos se debe imponer una MULTA DE CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DIAS. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código benefician al encausado. II. En el caso subjudice, en los hechos probados de la sentencia supra mencionada (folio 97 del expediente judicial), se establece que los ochocientos envoltorios de seis gramos corresponden a marihuana. Siendo ese el hecho concreto por el cual fue condenado y que debe tomarse como punto de comparación con las leyes penales. III. De análisis del hecho concreto a luz del Código Penal decreto 130-2017, estos encajan en lo establecido en el artículo 311 [del mismo cuerpo legal] que específicamente dice: TRÁFICO DE DROGAS. Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días. IV. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y tomando en cuenta que la droga encontrada era marihuana, que de acuerdo, a lo establecido en el artículo 321 del mismo cuerpo legal, consiste en una droga que no causa grave daño a la salud, por lo que de conformidad al precitado párrafo primero del artículo 311, le corresponde una pena de PRISIÓN DE CUATRO (4) A SIETE (7) AÑOS Y MULTA DE CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DÍAS, la cual rebajada en un cuarto (1/4), por la aplicación del Procedimiento Abreviado quedaría en una nueva pena abstracta de TRES (3) A CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE SETENTA Y CINCO (75) A CIEN (100) DÍAS, con un valor mínimo por día de veinte lempiras (L 20.00) y máximo de cinco mil lempiras (L 5,000.00) (Artículo 53 del nuevo Código Penal). En tal sentido, la pena a aplicar es de TRES (03) AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE SETENTA Y CINCO (75) DIAS, pena de multa que se impondrá a razón de cien lempiras (L. 100.00) por día, dando como resultado el valor de SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 7,500.00) como pena de multa. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva, como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor ANTONY RICARDO GONZALES LÓPEZ, de una norma vigente que le resulta más benigna. VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal, es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101. 1)Y 4) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena. Y de lo que resulte, del nuevo computo, ordenar la libertad del condenado en caso de ser procedente. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 Numeral 1 Y 4, Y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado RAMÓN MATAMOROS, a favor del señor ANTONY RICARDO GONZALES LÓPEZ; II) ANULA PARCIALMENTE la Sentencia Definitiva Y Firme de fecha once (11) de agosto de dos mil diecisiete (2017), dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor ANTONY RICARDO GONZALES LÓPEZ, por el delito TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DEL ESTADO DE HONDURAS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor ANTONY RICARDO GONZALES LÓPEZ, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de TRAFICO DE DROGAS, a la pena de TRES (03) AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 7,500.00). SEGUNDO: CONDENANDO al señor ANTONY RICARDO GONZALES LÓPEZ, a la pena accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL, por el tiempo de la condena principal. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente, ordenando que realice la ejecución y computo de una nueva pena. Y de lo que resulte, del nuevo computo, ordenar la libertad del condenado en caso de ser procedente, Sin perjuicio que el condenado tenga otros procesos pendientes. REDACTO EL MAGISTRADO WAGNER VALLECILLO. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de enero de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-130-2022.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL