Sentencia RP-1284-21 — Registro 17860
Resumen
Sentencia en revisión condenó a recurrente a una pena de once años y tres meses de reclusión, más penas accesorias, inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el delito de Extorsión simple en perjuicio del Testigo protegido AL-240; La Sala se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…". En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Mario Arnoldo Maldonado Galo, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable del delito de extorsión simple, en perjuicio del Testigo Protegido AL-240; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado Mario Arnoldo Maldonado Galo, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo marco imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes noviembre del año dos mil veintitrés (2023), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras,La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-1284-2021, promovido por el Abogado Ramón Matamoros, en favor de Mario Arnoldo Maldonado Galo, contra la sentencia de fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil catorce (2014), dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Mario Arnoldo Maldonado Galo, como autor penalmente responsable del delito consumado de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido AL-240, imponiéndole una pena de once (11) años y tres (3) meses de reclusión, que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en el Valle de Támara, Francisco Morazán y a la que habrá de descontarse el tiempo en que ha estado privado de libertad por la presente causa. Asimismo, se les impuso una pena de multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos. Segundo: Condenó a Mario Arnoldo Maldonado Galo, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal, así como a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. Tercero: Declaró la responsabilidad civil de Mario Arnoldo Maldonado Galo, la que será determinada en la fase de ejecución de la sentencia. Cuarto: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados.Son partes: 1) El Abogado Ramón Matamoros, en representación de Mario Arnoldo Maldonado Galo, como revisionista; 2) La Abogada Claudia Suyapa Mejía, fiscal del Ministerio Público. Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal.“´PRIMERO: Según relata el testigo protegido, es socio de un negocio en una de las colonias de Tegucigalpa, M.D.C., y han estado siendo objeto del delito de extorsión desde el día lunes 14 de abril de 2014 por sujetos que se hicieron presentes al lugar donde labora el ofendido, identificándose como miembro activo de la mara 18, obligándole a pagar el impuesto de guerra por la cantidad de treinta mil lempiras (Lps.30,000.00), como pago de extorsión única, advirtiéndole que si no colabora con ellos iban a quemar el negocio, ante esta situación el testigo protegido AL-240, interpuso la denuncia en la Fuerza Nacional Anti Extorsión y por recomendación del investigador asignado al caso se procedió a negociar con el supuesto extorsionador y llegaron a un acuerdo de pago de quince mil lempiras (Lps.15,000.00), para el día miércoles 16 de abril del 2014, y quedando pendiente con la cantidad de quince mil lempiras (Lps.15,000.00) para el día viernes 25 de abril del corriente. SEGUNDO: El día martes 15 de abril del año 2014 durante el transcurso de la tarde dos jóvenes a bordo de un VEHÍCULO MARCA DODGE PLYMOUTH, MODELO NEON, COLOR BLANCO, CON PLACA PCH 1286, se presentaron al lugar donde labora el ofendido para amenazarlo y le advirtieron que si no contestaba el celular iban a tener problemas con ellos, el día miércoles 16 de abril de 2014 a las 9:00 horas el testigo AL-240 se presentó a las oficinas de antiextorsión a elaborar acta de sereo de dos billetes de quinientos lempiras con series V6850666, V5566784 y varios recortes de papel periódico y copia del dinero, el mismo día a las 11:30 horas se conformaron tres equipos de agentes de investigación de la FUERZA NACIONAL ANTIEXTORSIÓN de la Policía Nacional con el propósito de realizar una entrega vigilada en el lugar donde se realizaría la misma, a fin de lograr de identificar y dar captura a los supuestos extorsionadores, llegando como a las 11:50 horas ubicándose estratégicamente para no ser identificados por los supuestos extorsionadores, aproximadamente a las 12:00 horas se observó a una persona con las siguientes características tés trigueña, contextura gruesa, pelo liso, estatura aproximadamente 1.80 mts., vestía camisa polo de color rojo a rayas color blanco y un short color blanco alusivo a un equipo de fútbol, dicho sujeto se acercó al testigo protegido de manera muy sospechosa, recibió una bolsa plástica de color negra que en su interior contiene un sobre de papel manila color amarillo que contiene dos billetes de quinientos con series V6850666, V5566784, y varios recortes de papel periódicos; y una vez que el joven se retiró del lugar se le dio seguimiento aproximadamente a 50mts luego se subió a un vehículo que estaba estacionado con las siguientes características MARCA DODGE PLYMOUTH, MODELO NEÓN, COLOR BLANCO, CON PLACA PCH1286, en el interior del mismo otro joven lo esperaba y cuando intentaba marcharse del lugar se procedió a requerirlos, uno de ellos identificado con el nombre MARIO ARNOLDO MALDONADO GALO a quien al practicarle registro personal se le encontró en la cintura del lado izquierdo el paquete pre elaborado en sede policial (dinero seriado), en la bolsa frontal izquierda del pantalón se le encontró un teléfono celular marca NYX color negro con verde, el agente de investigación KELVIN GIACOLETH, registro al joven RODOLFO MARTÍN COLÍNDRES MARADIAGA, quien vestía una camiseta de color blanco y un pantalón moteado a quien en la bolsa frontal derecha del pantalón se le encontró un teléfono celular SAMSUNG color negro, a este mismo se le decomisó el vehículo antes mencionado, razón por la cual motivó la detención de los dos sospechosos, posteriormente fueron trasladados para las instalaciones de la DNIC ubicada en la colonia la Cañada de Comayagüela, para realizar el procedimiento que la ley establece y ponerlos a la orden de la fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público.” Antecedentes PRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, el Abogado David Rodríguez Cerros, en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de Mario Arnoldo Maldonado Galo y otro, por considerarlos autores penalmente responsables del delito de extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido AL-240. SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil catorce (2014), mediante la cual falló condenar a Mario Arnoldo Maldonado Galo, a las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido AL-240; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias legales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. El Abogado Ramón Matamoros en representación de Mario Arnoldo Maldonado Galo, compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha doce (12) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor de sus representados, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil catorce (2014), por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), ordenándose, en consecuencia, la celebración de la audiencia respectiva. CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha once (11) de mayo de dos mil veintidós (2022), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el pleno de la Sala de lo Constitucional (f. 27), habiendo comparecido el Abogado Ramón Matamoros, en representación de Mario Arnoldo Maldonado Galo, como revisionista; y, la Abogada Claudia Suyapa Mejía, en su condición de fiscal del Ministerio Público; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando el revisionista que el NCP130-2017 contiene disposiciones más favorables para sus representados en el delito de extorsión simple, debiendo aplicarse el principio de retroactividad de la ley penal intermedia de conformidad a las disposiciones de dicha normativa, imponiendo a sus representados las penas de diez (10) años de prisión y multa equivalente a quinientos (500) días; por su parte, el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión, en virtud de que con la reforma al artículo 373 del NCP contenida en el decreto legislativo 93-2021, se establece el mismo marco abstracto en la pena privativa de la libertad y se agrava la pena de multa, lo que no implica un beneficio para el sentenciado, ya que, al realizar la rebaja por el proceso abreviado corresponde una pena abstracta de once (11) años con tres (3) meses a quince (15) años de prisión y una multa de 375 días, de tal forma que al efectuar el proceso matemático resulta en una cantidad de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). En este sentido, considera que el NCP no implica un beneficio para el sentenciado. FUNDAMENTACIÓN CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” .CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha once (11) de mayo de dos mil veintidós (2022), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Ramón Matamoros, en representación de Mario Arnoldo Maldonado Galo, como revisionista; y, la Abogada Claudia Suyapa Mejía, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El abogado Ramón Matamoros funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que sus representados fueron condenados por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, a una pena de de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable del delito de extorsión simple, en perjuicio del Testigo Protegido AL-240; ratifica su acción de revisión y pide se aplique el principio de retroactividad de la ley penal intermedia y se imponga a sus representados una pena de diez (10) años de prisión y multa equivalente a quinientos (500) días. Por su parte, el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión, en virtud de que con la reforma al artículo 373 del NCP contenida en el decreto legislativo 93-2021, se establece el mismo marco abstracto en la pena privativa de la libertad y se agrava la pena de multa, lo que no implica un beneficio para el sentenciado, ya que, al realizar la rebaja por el proceso abreviado corresponde una pena abstracta de once (11) años con tres (3) meses a quince (15) años de prisión y una multa de 375 días, de tal forma que al efectuar el proceso matemático resulta en una cantidad de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). En este sentido, considera que el NCP no implica un beneficio para el sentenciado. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Mario Arnoldo Maldonado Galo, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable del delito de extorsión simple, en perjuicio del Testigo Protegido AL-240; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado Mario Arnoldo Maldonado Galo, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo marco imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Ramón Matamoros, en favor del señor Mario Arnoldo Maldonado Galo. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. - NOTIFIQUESE. - Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce (12) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024) certificación de la Sentencia de fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO- 1284-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.