Sentencia RP-1271-21 — Registro 17060
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal, contra la Sentencia, con relación a la causa que se instruyó contra el por el delito de extorsión, en perjuicio de testigo protegido AC-505
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
III. Que del estudio de los antecedentes y del recurso de revisión impetrado, esta Sala aprecia, que las penas establecidas para el delito de Extorsión estatuidas en el Código Penal decreto 130-2017 artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021 no resultan más benignas que las establecidas en el Código Penal decreto 144-1983, derogado. (Artículo 222). Por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor MARCO ANTONIO HERNANDEZ
Legislación citada
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION.
. El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés. - VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado RAMÓN MATAMOROS a favor del señor MARCO ANTONIO HERNANDEZ, contra la Sentencia condenatoria dictada por el Se interpuso Recurso de Revisión Penal, contra la Sentencia, con relación a la causa que se instruyó contra el por el delito de extorsion, en perjuicio de testigo protegido AC-505 de fecha ocho de junio de dos mil diecisiete, con relación a la causa que se instruyó contra el señor MARCO ANTONIO HERNANDEZ, por el delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC-505. ANTECEDENTES 1) Que en fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada ELSY ANDINO CRUZ, actuando en su condición de Agente de Tribunales de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal en contra el señor MARCO ANTONIO HERNANDEZ, por considerarlo responsable del delito de EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC 505. (Folios 2-5 de la pieza de antecedentes) 2) Que continuado el proceso, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha ocho de junio de dos mil diecisiete, mediante la cual Resolvió: “…1.-) CONDENAR a MARCO ANTONIO HERNANDEZ, a la pena principal de ONCE (11) AÑOS CON TRES (3) DE RECLUSIÓN Y UNA MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO SALARIOS MINIMOS, como autor del delito de EXTORSION SIMPLE en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC 505.-, las que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de Támara, departamento de Francisco Morazán.- 2).- Asimismo se condena al imputado MARCO ANTONIO HERNANDEZ; A LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL las que durarán el tiempo que dure la condena.-….” (Folios 52 al 54 de la pieza de antecedentes)3) Que el Abogado RAMÓN MATAMOROS, compareció ante este Tribunal, en fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno, presentando recurso de revisión penal a favor del MARCO ANTONIO HERNANDEZ, contra la sentencia de fecha ocho de junio de dos mil diecisiete, solicitando la aplicación del principio de retroactividad de la ley, por ser esta más benigna para su representado, mediante la implementación del nuevo Código Penal Vigente. (Folios 1-2 del recurso de revisión)4) En fecha nueve de diciembre de dos mil veintiuno, la Sala admite el recurso de mérito, y una vez recibidos los antecedentes se ordenó la celebración de la Audiencia de Oposición y presentación de pruebas. (Folios 7 y 13 del recurso de mérito)5) En fecha catorce de marzo de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, con la comparecencia de la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado RAMON MATAMOROS, en su condición de Apoderado Legal del señor MARCO ANTONIO HERNANDEZ; habiéndosele cedido la palabra a la parte recurrente quien manifestó que ratifica la acción constitucional de revisión penal a favor de su representado y solicitando la revisión de la sentencia condenatoria en el sentido de aplicar la retroactividad de la Ley penal más favorable, de conformidad a lo establecido en el Artículo 96 de la Constitución de la República y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Posteriormente se le cedió la palabra a la representante del Ministerio Público quien fue de la OPINIÓN: porque “NO SE OTORGUE la solicitud de revisión presentada en vista que las disposiciones del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme al Código anterior, en lo que respecta a la pena de multa impuesta, en la sentencia sujeta a revisión, siendo ésta más oneroso en el nuevo Código Penal.” (Folios 15 al 18 del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Posicionamiento de las partes en audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha catorce (14) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado RAMON MATAMOROS, en su condición de Apoderado Legal del señor MARCO ANTONIO HERNANDEZ, quien manifestó lo siguiente: “Se ratifica el contenido de la Solicitud de Revisión de la Sentencia Condenatoria, que fue presentada en fecha 12 de noviembre 2021, ante la Sala de lo Constitucional. Se Aplique el Principio de la Retroactividad de la Ley Penal al señor Marco Antonio Hernández, quien fue condenado por el delito de Extorsión Simple, en Perjuicio del Testigo Protegido Clave AC-505, a una pena de 11 años 3 de reclusión y una multa de 37.5 del artículo 222 del Código Penal derogado. Sustituirle la pena y multa por el artículo 373 del Código Penal Decreto 130-2017 (Ley Intermedia) en donde establece que para el delito Extorsión la pena es 10-15 años una multa de 500 a 1000 días.- Posteriormente se realizó una reforma al Código Penal Vigente, específicamente al artículo 373 del mismo cuerpo legal en donde establece que para el delito de Extorsión, su nueva pena seria 15 años a 20 años de reclusión y una multa de 500 a 1000 días.- Que lo más beneficioso para los intereses personales del acusado es la ley intermedia, en donde se solicita una pena minina de 10 años y una multa de 500 días, que razón de 20, equivalente 10,000 Lps.” La Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, expreso lo Siguiente: “De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de EXTORSIÓN SIMPLE por el cual se condenó al señor MARCO ANTONIO HERNANDEZ.- El Código Penal derogado establecía el delito de EXTORSIÓN en el artículo 222, que sancionaba al culpable de este delito con la pena de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, más las penas accesorias.- El Nuevo Código Penal vigente, contempla el delito de EXTORSIÓN en el artículo 373 norma que fue reformada mediante Decreto No. 93-2021, contemplando una pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto….- Que el artículo 53, dispone.- PENA DE DÍAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5, 000).- Al examinar lo peticionado por el revisionista y al realizar la comparación de las penas, es visible que la nueva norma penal sanciona el delito en referencia con la misma pena de prisión que fue condenado, aunado a ello la pena de Multa es mayor a la que le fue impuesta, ya que al efectuar el cálculo aritmético de los 500 días multa rebajado en ¼ por haberse sometido a Procedimiento Abreviado corresponden a 375 días, que al multiplicarlos por 5000 lempiras, por corresponder el nivel más alto, resulta la cantidad de UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (Lps.1,875,000.00) de MULTA, desprendiéndose así que no aplica la retroactividad peticionada.- Nuestro ordenamiento jurídico reconoce como principio general que la ley no tiene efectos retroactivos, conforme lo proclama el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República; “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado.” De ahí ante las premisas expuestas, estima esta Representación fiscal que en el caso sub –examine las disposiciones contempladas en el Nuevo Código Penal, no establecen una pena más favorable al hoy condenado respecto a la pena de multa por ser esta más gravosa a la que fue condenado (37.5 salarios mínimos), por lo que se estima que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, no cumpliéndose las disposiciones contenidas en el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal por no ser esta más benigna al condenado.- III.-OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión.”CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. Así mismo es importante señalar que la Revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar el artículo 186 del Constitución de la Republica. Artículo 95 y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE(7): Que cumpliéndose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.CONSIDERANDO TRECE(13): Que en el caso sub examine, el peticionario abogado RAMON MATAMOROS, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha doce de noviembre del dos mil veintiuno, presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal, y en consecuencia la aplicación de la pena de 10 años de prisión, por ser más beneficioso para su representado, en consideración a que el señor MARCO ANTONIO HERNANDEZ, fue condenado por el delito de EXTORSIÓN SIMPLE, estando vigente el Decreto 144-83, siendo este derogado, con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. Posteriormente entró en vigor el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017, estableciendo nuevamente una pena para el delito de Extorsión de quince (15) a veinte (20) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto. CONSIDERANDO CATORCE (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor MARCO ANTONIO HERNANDEZ, fue condenado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, mediante la Sentencia Definitiva Y Firme de fecha ocho(08) de junio del dos mil diecisiete (2017), a la pena principal de ONCE AÑOS Y TRES MESES DE RECLUSION Y MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC505; Así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria, antes relacionada mediante la cual se condenó al señor MARCO ANTONIO HERNANDEZ, el Juzgado Sentenciador aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 222 del CÓDIGO PENAL, contenido en el DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de EXTORSION SIMPLE. III- Esta Sala procede a examinar si el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho.CONSIDERANDO QUINCE (15): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor MARCO ANTONIO HERNANDEZ, la pena principal de ONCE AÑOS Y TRES MESES DE RECLUSION Y MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC505; Así mismo las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal de EXTORSION, enmarcado en el artículo 222 establecía una pena abstracta de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos. El Código Penal Vigente Decreto 130-2017, en el artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, dispone: “Quien, con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para si o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”. ósea dicha conducta delictiva, se castiga con la misma pena de privación contemplada en el Código Penal derogado. En ese orden de ideas, la descripción del tipo penal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folios 53 al 54 del expediente del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial). II. En el caso subjudice, el encausado fue condenado mediante la figura desjudicializadora del proceso abreviado, es así que para realizar una ponderación que constituya la igualdad en cuanto a juzgamiento, debemos transitar sobre la figura procesal a la que se sometió el encartado; Aplicando la rebaja de un cuarto ¼ a la pena. (Artículo 404 del Código Procesal Penal). Resultando la misma pena de prisión, que se le impuso en la sentencia revisada y multa de 375 a 500 días, a razón de cinco mil lempiras (L.5,000.00 en su nivel más alto) por día multa, reflejando la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (LPS 1,875,000.00) en concepto de Multa, pena que es más gravosa con relación a los 37.5 salarios mínimos, a los que fue condenado. III. Que del estudio de los antecedentes y del recurso de revisión impetrado, esta Sala aprecia, que las penas establecidas para el delito de Extorsión estatuidas en el Código Penal decreto 130-2017 artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021 no resultan más benignas que las establecidas en el Código Penal decreto 144-1983, derogado. (Artículo 222). Por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor MARCO ANTONIO HERNANDEZ.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 95, 96 números 6 y 8, 99 párrafo primero. FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía CONSTITUCIONAL DE REVISIÓN PENAL presentada por el Abogado RAMÓN MATAMOROS a favor del señor MARCO ANTONIO HERNANDEZ, contra las Sentencia Condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente. NOTIFÍQUESE. - Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (09) días del mes de enero de dos mil veinticuatro (2024) certificación de la Sentencia de fecha once de septiembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO- 1271-2021. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.JAP