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Sentencia RP-1258-21 — Registro 17856

Resumen

Sentencia en revisión condenó a recurrente a una pena de once años y tres meses de reclusión más multa dineraria, más penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y responsabilidad civil por el delito Extorsión en perjuicio de Testigo protegido TCOM-002; La Sala concluye que no procede aplicar retroactividad de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, según 616 de la nueva normativa penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Jenny Lizeth Perez, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y una multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autora penalmente responsable de un delito de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido TCOM-002; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenada Jenny Lizeth Perez, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia Sala de lo Constitucional Sentencia de revisión penal. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, pronuncian En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-1258-2021, promovido por el Abogado Ramón Matamoros, en favor de la señora Jenny Lizeth Perez, contra la sentencia de fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), dictada por Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Jenny Lizeth Pérez, por haber cometido el delito de extorsión en perjuicio de Testigo Protegido TCOM-002, a las penas de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y una multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, pena de reclusión que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, ubicada en el Valle de Támara, Departamento de Francisco Morazán, quedando sujeta a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. Segundo: Condenó a Jenny Lizeth Pérez, como consecuencia de la pena de reclusión, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena. Tercero: Declaró la responsabilidad civil de a Jenny Lizeth Pérez, la que será objeto de tasación en fase de ejecución de la sentencia. Cuarto: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.Son partes: 1) El Abogado Ramón Matamoros, en representación de Jenny Lizeth Perez, como revisionista; 2) La Abogada Nellie Jeannette Vallejo Díaz, fiscal del Ministerio Público. Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal. “PRIMERO: El día martes diez (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018), el testigo protegido TCOM-002 denunció que el día martes doce de junio del año dos mil dieciocho, encontró una nota en el portón del lugar de su trabajo, identificándole por su nombre mediante amenazas con hacerle daño a él y a su familia si no entrega la cantidad de cien mil lempiras (Lps. 100,000.00), manifestándole que lo tienen vigilado y le advirtieron que no avisara a otras personas de lo que está sucediendo; posteriormente el día 29 de junio del mismo año, empezó a recibir mensajes de texto de un número de teléfono 9781-7418 en el que le llamaban por su nombre advirtiéndole que si no entregaba el dinero lo matarían a él y su familia, y recibió el último mensaje el día martes 10 de julio de 2018 a las 8:00 de la mañana, al llegar al lugar de trabajo encontró una nota en el portón en donde le manifestaron que necesitaban la cantidad de 100,000.00 lempiras para ese mismo día a las 2:40 de la tarde frente a la Iglesia Evangélica del Barrio San Miguel. SEGUNDO: El día martes diez (10) de julio del año dos mil dieciocho a las 12:40 del mediodía se conformó un equipo de agentes adscritos a la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) a realizar entrega controlada en el municipio de Siguatepeque en el Barrio San Miguel en las cercanías de la iglesia evangélica, por lo que elaboraron el paquete controlado consignando en el acta las series CH6136889 y CE6789353 de dos billetes de cien lempiras. TERCERO: Siendo la 1:30 de la tarde del mismo día (martes 10 de julio del año 2018) los agentes de la FNAMP observaron que una persona del sexo femenino de tez trigueña, estatura de 1.50 metros, contextura gruesa, que vestía una camisa de color morada, un short color azul con franjas blancas, a quien los agentes observaron cuando el testigo protegido TCOM-002 le hizo entrega de un sobre color blanco conteniendo en su interior el dinero de la cantidad solicitada, por lo que al momento de retirarse del lugar fue requerida de manera infraganti y al momento en que los agentes realizaron el registro personal le encontraron en la mano derecha un sobre de papel color blanco conteniendo en su interior dos billetes de cien lempiras con las series CH6136889 y CE6789353 y varios recortes de papel periódico y en la mano izquierda un teléfono celular marca Superin World, identificándose con el nombre de JENNI LIZETH PEREZ.” Antecedentes PRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de la Siguatepeque, departamento de Comayagua, el Abogado Saúl Rodríguez Álvarez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de la señora Jenny Lizeth Perez, por considerarla autora penalmente responsable del delito de extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido TCOM-002. SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley correspondiente, Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, dictó sentencia de procedimiento abreviado en fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual falló condenar a Jenny Lizeth Perez, a las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y una multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autora penalmente responsable de un delito de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido TCOM-002; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias legales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. El Abogado Ramón Matamoros en representación de Jenny Lizeth Perez, compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor de su representada, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), por Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), ordenándose, en consecuencia, la celebración de la audiencia respectiva (f. 7). CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el pleno de la Sala de lo Constitucional (f. 18), habiendo comparecido el Abogado Ramón Matamoros, en representación de Jenny Lizeth Perez, como revisionista; y, la Abogada Nellie Jeannette Vallejo Díaz, en su condición de fiscal del Ministerio Público; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando el revisionista que el NCP130-2017 contiene disposiciones más favorables para su representada respecto al delito de extorsión simple, debiendo aplicarse el principio de retroactividad de la ley penal intermedia de conformidad a las disposiciones de dicha normativa; por su parte, el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión, en virtud de que con la reforma al artículo 373 del NCP contenida en el decreto legislativo 93-2021, se establece el mismo marco abstracto en la pena privativa de la libertad y se agrava la pena de multa, lo que no implica un beneficio para la sentenciada, ya que, al realizar la rebaja por el proceso abreviado corresponde una pena abstracta de once (11) años con tres (3) meses a quince (15) años de prisión y una multa de 375 a 750 días, de tal forma que al efectuar el proceso matemático resulta en una cantidad mínima de multa de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00), desprendiéndose que no aplica la retroactividad peticionada en vista que la nueva norma penal contempla una pena de multa mayor. Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Ramón Matamoros, en representación de Jenny Lizeth Perez, como revisionista; y, la Abogada Nellie Jeannette Vallejo Díaz, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El Abogado Ramón Matamoros funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que su representada fue condenada por Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, a una pena de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y una multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autora penalmente responsable de un delito de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido TCOM-002; ratifica su acción de revisión y pide se aplique el principio de retroactividad de la ley penal intermedia y se imponga a su representada una pena de 10 años de prisión y una multa de quinientos (500) días a razón de veinte lempiras (L 20.00) por día. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que en virtud de que con la reforma al artículo 373 del NCP contenida en el decreto legislativo 93-2021, se establece el mismo marco abstracto en la pena privativa de la libertad y se agrava la pena de multa, lo que no implica un beneficio para la sentenciada, ya que, al realizar la rebaja por el proceso abreviado corresponde una pena abstracta de once (11) años con tres (3) meses a quince (15) años de prisión y una multa de 375 a 750 días, de tal forma que al efectuar el proceso matemático resulta en una cantidad mínima de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00), desprendiéndose que no aplica la retroactividad peticionada en vista que la nueva norma penal contempla una pena de multa mayor. CONSIDERANDO TRS (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal.En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Jenny Lizeth Perez, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y una multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autora penalmente responsable de un delito de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido TCOM-002; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenada Jenny Lizeth Perez, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Ramón Matamoros, en favor de la señora Jenny Lizeth Perez. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó la magistrada Francisca Villela Zavala. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de febrero de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1258-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL