Sentencia RP-1247-21 — Registro 17993
Resumen
Se interpuso recurso de revisión penal contra la sentencia de delito de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido “AA186”.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal.En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Yerson Javier Núñez Hernández y Marvin Ariel Sánchez, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos que equivalen a trescientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres lempiras con setenta y cinco centavos (L 386,853.75), por ser autores penalmente responsables de un delito de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido “AA186”; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fueron condenados Yerson Javier Núñez Hernández y Marvin Ariel Sánchez, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96, Numeral 8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia - Sala de lo Constitucional Sentencia de revisión penal En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-1247-2021, promovido por el Abogado Ramón Matamoros en favor de Yerson Javier Núñez Hernández y Marvin Ariel Sánchez, contra la sentencia de fecha trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial en Materia de Extorsión, mediante la cual falló: Primero: Primero: Condenó a Yerson Javier Núñez Hernández y Marvin Ariel Sánchez, como autores penalmente responsables del delito de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido “AA186”, imponiéndoles una pena de once (11) años y tres (03) meses de reclusión y una multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, los que deberá pagar a favor del Estado de Honduras a través de la Tesorería General de la República, en la fase de ejecución de la sentencia. La pena de reclusión deberán cumplirla en el Centro Penitenciario Marco Aurelio Soto, ubicada en el Valle de Támara, Departamento de Francisco Morazán, quedando sujetos a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. Segundo: Condenó a Yerson Javier Núñez Hernández y Marvin Ariel Sánchez, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal. Tercero: Declaró responsable civilmente a Yerson Javier Núñez Hernández y Marvin Ariel Sánchez, la que será tasada en fase de ejecución de la sentencia. Cuarto: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio a Yerson Javier Núñez Hernández y Marvin Ariel Sánchez. Son partes: 1) El Abogado Ramón Matamoros en favor de Yerson Javier Núñez Hernández y Marvin Ariel Sánchez, como revisionista; 2)La Abogada Claudia Suyapa Mejía, fiscal del Ministerio Público. Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal. “PRIMERO: El día treinta (30) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), en horas de la tarde, llegaron al lugar de trabajo del testigo protegido AA186, dos individuos del sexo masculino, quienes mediante amenazas a muerte y portando arma de fuego le entregaron un teléfono celular con imei: 35468408092776, minutos después comenzó a recibir llamadas telefónicas procedentes del número 3189-9850 y mediante amenazas a muerte le exigieron la cantidad de cuatro mil quinientos lempiras (Lps. 4,500.00) como pago del impuesto de guerra, sino lo hacía mataría a uno de sus empleados, procediendo a negociar, acordando la entrega de dos mil ochocientos lempiras (Lps.2,800.00) semanales. SEGUNDO: El día doce (12) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), se procedió a realizar una acta de seriado de dinero de dos billetes de cien lempiras CJ7150635, CF2990934, posteriormente se conformaron dos equipos de agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, trasladándose a la entrada de la Colonia Prados Universitarios de la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo la una y cuarenta y cinco de la tarde (01:45 P.M.) observaron que dos personas del sexo masculino, se acercaban al lugar donde se encontraba el testigo protegido AA186, uno de ellos recibió el dinero junto con el que previamente se había seriado, una vez que el testigo protegido AA186 se retiró del lugar, los agentes procedieron a requerirlos identificando al señor YERSON JAVIER NÚÑEZ HERNÁNDEZ a quien se le encontró en la bolsa frontal del pantalón derecho, un teléfono celular marca blue, color dorado, y en la bolsa frontal izquierda la cantidad de mil ochocientos lempiras dispuestos en tres billetes de quinientos lempiras (Lps.500) y tres billetes de cien lempiras (Lps.100.00), dentro de los cuales estaban los dos billetes previamente seriados, mientras la otra persona se identificó con el nombre de MARVIN ARIEL SÁNCHEZ, se le encontró un teléfono celular marca Samsung.” Antecedentes PRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha treinta (30) de octubre de dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial en Materia de Extorsión, la Abogada Karla Zavala en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de Yerson Javier Núñez Hernández y Marvin Ariel Sánchez, por suponerlos autores penalmente responsables del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido AA186 (f. 1). SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial en Materia de Extorsión, dictó sentencia de procedimiento abreviado en fecha trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual falló condenar a Yerson Javier Núñez Hernández y Marvin Ariel Sánchez, a las penas principales de once (11) años y tres (03) meses de reclusión y una multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autores penalmente responsable de un delito de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido AA186; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias legales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito.TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. El Abogado Ramón Matamoros en representación de Yerson Javier Núñez Hernández y Marvin Ariel Sánchez, compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor de sus representados, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial en Materia de Extorsión, mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), ordenándose, en consecuencia, la celebración de la audiencia respectiva (f. 8).CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha doce (12) de octubre de dos mil veintidós (2022), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante la Sala de lo Constitucional (f. 22), habiendo comparecido el Abogado Ramón Matamoros, en favor de Santos Yerson Javier Núñez Hernández y Marvin Ariel Sánchez, como revisionista; y, la Abogada Claudia Suyapa Mejía, fiscal del Ministerio Público; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando el revisionista que el NCP130-2017 contiene disposiciones más favorables para su representado en el delito de extorsión simple, debiendo aplicarse el principio de retroactividad de la ley penal intermedia de conformidad a las disposiciones de dicha normativa, en su pena mínima de diez (10) años y quinientos (500) días, y rebajarse en un cuarto (1/4) por haberse realizado un proceso abreviado de conformidad con los artículos 403 y 404 del Código Procesal Penal; por su parte, el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión en virtud de que con la reforma al artículo 373 del NCP contenida en el decreto legislativo 93-2021, se establece el mismo marco abstracto en la pena privativa de la libertad y se agrava la pena de multa, lo que no implica un beneficio para el sentenciado, ya que, al realizar la rebaja por el proceso abreviado corresponde una pena abstracta de once (11) años con tres (3) meses a quince (15) años de prisión y una multa de 375 a 750 días, de tal forma que al efectuar el proceso matemático resulta en una cantidad mínima de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00).Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[1].El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[2], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[3]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”[4]. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” [5]. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha doce (12) de octubre de dos mil veintidós (2022), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de el Abogado Ramón Matamoros, en favor de Santos Yerson Javier Núñez Hernández y Marvin Ariel Sánchez, como revisionista; y, la Abogada Claudia Suyapa Mejía, en su condición de fiscal del Ministerio Público. El Abogado Ramón Matamoros, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que el NCP130-2017 contiene disposiciones más favorables para su representado en el delito de extorsión simple, debiendo aplicarse el principio de retroactividad de la ley penal intermedia de conformidad a las disposiciones de dicha normativa en su pena mínima de diez (10) años y quinientos (500) días, debiendo rebajarse en un cuarto (1/4) por haberse realizado un proceso abreviado de conformidad con los artículos 403 y 404 del Código Procesal Penal. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión, en virtud de que con la reforma al artículo 373 del NCP contenida en el decreto legislativo 93-2021, se establece el mismo marco abstracto en la pena privativa de la libertad y se agrava la pena de multa, lo que no implica un beneficio para el sentenciado, ya que, al realizar la rebaja por el proceso abreviado corresponde una pena abstracta de once (11) años con tres (3) meses a quince (15) años de prisión y una multa de 375 a 750 días, de tal forma que al efectuar el proceso matemático resulta en una cantidad mínima de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal.En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Yerson Javier Núñez Hernández y Marvin Ariel Sánchez, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos que equivalen a trescientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres lempiras con setenta y cinco centavos (L 386,853.75), por ser autores penalmente responsables de un delito de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido “AA186”; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fueron condenados Yerson Javier Núñez Hernández y Marvin Ariel Sánchez, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Ramón Matamoros, en favor del señor Yerson Javier Núñez Hernández y Marvin Ariel Sánchez. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. - NOTIFIQUESE. – SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de agosto de dos mil veintitrés, certificación del fallo de fecha nueve de junio de dos mil veintitrés recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1247-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[2] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[3] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[4] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[5] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.