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Sentencia RP-1246-21 — Registro 17992

Resumen

Revisión de sentencia condenatoria en aplicabilidad del Principio de Retroactividad en materia penal interpuesto en relación al delito de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido a favor de impetrante la Sala Constitucional concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia venida en revisión se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad con el NCP 130-2017; y respecto a la pena de multa, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión, lo que lejos de beneficiar al sentenciado, más bien les perjudica

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

(4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a José Luis Martínez Méndez, las penas principales de quince (15) años de reclusión y multa de cincuenta (50) salarios mínimos equivalentes a cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos veinte lempiras (L 422,420.00), por ser autor penalmente responsable del delito de extorsión simple, en perjuicio del Testigo Protegido ER-49; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito, la conducta por la cual fue condenado José Luis Martínez Méndez, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia venida en revisión se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad con el NCP 130-2017; y respecto a la pena de multa, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión, lo que lejos de beneficiar al sentenciado, más bien les perjudica. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del NCP-130-2017"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia certifica la sentencia que literalmente dice: ”SENTENCIA DE REVISION PENAL. En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras,La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-1246-2021, promovido por el Abogado Ramón Matamoros, en favor del señor José Luis Martínez Méndez, contra la sentencia de fecha tres (3) de abril del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, mediante la cual falló: Primero: Condenó a José Luis Martínez Méndez, como autor penalmente responsable de un delito de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido ER-49, imponiéndole una pena de quince (15) años de reclusión y una multa de cincuenta (50) salarios mínimos, equivalentes a cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos veinte lempiras (L 422,420.00), los que deberá pagar a favor del Estado de Honduras a través de la Tesorería General de la República, en la fase de ejecución de la sentencia. La pena de reclusión deberá cumplir en el Centro Penitenciario ubicado en Morocelí, Departamento de El Paraíso, debiéndose descontar al cómputo desde el día en que fue detenido o privado de su libertad de manera efectiva en el centro penal respectivo. Segundo: Condenó a José Luis Martínez Méndez, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar durante el tiempo que dure su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. Tercero: Declaró responsable civilmente a José Luis Martínez Méndez, la que será tasada en fase de ejecución de la sentencia. Cuarto: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio a José Luis Martínez Méndez.Son partes: 1)El Abogado Ramón Matamoros, en representación de José Luis Martínez Méndez, como revisionista;2) La Abogada Sandra Lorena Zúniga García, fiscal del Ministerio Público.Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal.“PRIMERO: Que el día primero de marzo del año dos mil diecisiete, en horas de la mañana, llegaron dos personas del sexo masculino a su negocio, uno era contextura delgada, piel trigueña, de estatura alta, a quien conoce con el alias el chino, y el segundo contextura delgada, estatura mediana a quien conoce con el alias el flaco, quienes se identificaron como miembros de la organización criminal conocida como Pandilla 18, manifestándole que ellos controlaban el sector, que si no quería que lo mataran tenía que pagar quinientos lempiras semanales como impuesto de guerra, de esa manera nada le pasará, si no lo hacía no vivirá para contarlo. En fecha dos de marzo del año dos mil diecisiete, el agente encargado del caso le asesoró en realizar un seriado de dinero para una entrega controlada para lo cual el testigo protegido proporcionó un billete de quinientos lempiras con la serie Y1701045 a fin de entregar el dinero cuando llegaran a recogerlo, ese mismo día, aproximadamente a las nueve y veinticinco horas se desplazaron dos equipos de la Fuerza Nacional Antiextorsión a realizar vigilancia en la colonia la Providencia sector Chamelecón, para observar cuando el testigo protegido ER-49 efectuara el pago, logrando observar a dos personas del sexo masculino cuando el señor José Luis Martínez Méndez alias chino se dirigió al testigo protegido ER-49, e interactuó una breve conversación y seguidamente el testigo protegido le hizo entrega del dinero, quedando la otra persona realizando labores de vigilancia, posteriormente salieron rápidamente por lo que los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión le dieron seguimiento interceptándolos aproximadamente a tres cuadras requiriéndolos a quienes lo identificaron como José Luis Martínez Méndez, alias el chino y un menor de edad no objeto del presente juicio, dándoles detención y realizando el trámite correspondiente. SEGUNDO: El acusado mostró su conformidad con lo convenido aceptando de manera expresa los hechos expuestos por el Ministerio Público, la condena solicitada y demás consecuencias que derivan, así mismo la defensa del acusado manifestó su acuerdo con que se dicte sentencia condenatoria de estricta conformidad de acuerdo a lo solicitado.” AntecedentesPRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha dos (2) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Abogado David Aceituno, en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor José Luis Martínez Méndez, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido ER-49. SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley correspondiente, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, dictó sentencia en fecha tres (3) de abril del año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual falló condenar a José Luis Martínez Méndez, a las penas principales de quince (15) años de reclusión y una multa de cincuenta (50) salarios mínimos, equivalentes a cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos veinte lempiras (L 422,420.00), por ser autor penalmente responsable de un delito de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido ER-49; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias legales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. El Abogado Ramón Matamoros en representación de José Luis Martínez Méndez, compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor de su representado, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha tres (3) de abril del año dos mil diecinueve (2019), por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), ordenándose, en consecuencia, la celebración de la audiencia respectiva (f. 7). CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha doce (12) de octubre del año dos mil veintidós (2022), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el pleno de la Sala de lo Constitucional (f. 21), habiendo comparecido el Abogado Ramón Matamoros, en representación de José Luis Martínez Méndez, como revisionista; y, la Abogada Sandra Lorena Zúniga García, en su condición de fiscal del Ministerio Público; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando el revisionista que el NCP130-2017 contiene disposiciones más favorables para su representado en el delito de extorsión simple, debiendo aplicarse el principio de retroactividad de la ley penal intermedia de conformidad a las disposiciones de dicha normativa; por su parte, el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión, en virtud de que con la reforma al artículo 373 del NCP contenida en el decreto legislativo 93-2021, se establece el mismo marco abstracto en la pena privativa de la libertad y se agrava la pena de multa, lo que no implica un beneficio para el sentenciado. FundamentaciónCONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[1]. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[2], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[3]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”[4]. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” [5]. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha doce (12) de octubre de dos mil veintidós (2022), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Ramón Matamoros en representación de José Luis Martínez Méndez, como revisionista; y, la Abogada Sandra Lorena Zúniga García, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El abogado Ramón Matamoros funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que su representado fue condenado por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, a una pena de quince (15) años de reclusión y una multa de cincuenta salarios mínimos, la cual equivalente a cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos veinte lempiras (L 422,420.00), por ser autor penalmente responsable de un delito de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido ER-49; ratifica su acción de revisión y pide se aplique el principio de retroactividad de la ley penal intermedia y se imponga a su representado una pena de 10 años de prisión y una multa de quinientos (500) días. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que en virtud de la reforma al artículo 373 del NCP, contenida en el decreto legislativo 93-2021, es visible que la nueva norma penal sanciona el delito en referencia con la pena abstracta de quince (15) a veinte (20) años de prisión, lo que de conformidad con el artículo 616 del NCP, la pena impuesta en instancia resulta también imponible con el NCP 130-2017 con el mismo marco abstracto; aunado a ello, la pena de multa es mayor a la que le fue impuesta en la sentencia venida en revisión, ya que al efectuar el cálculo aritmético de quinientos (500) días por cinco mil lempiras (L 5, 000.00), por corresponder el nivel más alto, da como resultado la cantidad de dos millones quinientos mil lempiras (L 2, 500,000.00); por ello es de la opinión que no se otorgue la presente acción de revisión. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a José Luis Martínez Méndez, las penas principales de quince (15) años de reclusión y multa de cincuenta (50) salarios mínimos equivalentes a cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos veinte lempiras (L 422,420.00), por ser autor penalmente responsable del delito de extorsión simple, en perjuicio del Testigo Protegido ER-49; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito, la conducta por la cual fue condenado José Luis Martínez Méndez, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia venida en revisión se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad con el NCP 130-2017; y respecto a la pena de multa, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión, lo que lejos de beneficiar al sentenciado, más bien les perjudica. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del NCP-130-2017. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Ramón Matamoros, en favor del señor José Luis Martínez Méndez. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de agosto de dos mil veintitrés, certificación del Fallo de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1246-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[2] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[3] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[4] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[5] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.