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Sentencia RP-1237-21 — Registro 17988

Resumen

Revisión de sentencia condenatoria en aplicación del Principio de retroactividad en materia penal por considerarlos autores de los delitos de asociación ilícita y extorsión continuada, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras y del Testigo Protegido, Estableciendo la Sala Constitucional que la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia venida en revisión se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad con el NCP 130-2017; y respecto a la pena de multa, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión, lo que lejos de beneficiar al sentenciado, más bien les perjudica. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

(4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Ashtoor Denyre Hernández Caballero, las penas principales de dieciséis (16) años de reclusión y multa de cincuenta (50) salarios mínimos equivalentes a cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos veinte lempiras (L 422,420.00), por ser autor penalmente responsable del delito de extorsión simple, en perjuicio del Testigo Protegido ER-266; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado Ashtoor Denyre Hernández Caballero, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia venida en revisión se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad con el NCP 130-2017; y respecto a la pena de multa, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión, lo que lejos de beneficiar al sentenciado, más bien les perjudica. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del NCP-130-2017. "

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia certifica la sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia - Sala de lo Constitucional. Sentencia de revisión penal. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras,La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-1237-2021, promovido por el Abogado Ramón Matamoros, en favor del señor Ashtoor Denyre Hernández Caballero, contra la sentencia de fecha doce (12) de marzo de dos mil diecinueve (2019), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Ashtoor Denyre Hernández Caballero, Wilson Daniel Sánchez Benítez y Gian Pool Hernández Caballero, como autores penalmente responsables de un delito de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido ER-266, imponiéndoles una pena de dieciséis (16) años de reclusión y una multa de cincuenta (50) salarios mínimos, equivalentes a cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos veinte lempiras (L 422,420.00), los que deberá pagar a favor del Estado de Honduras a través de la Tesorería General de la República, en la fase de ejecución de la sentencia, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar durante el tiempo que dure su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento que se les asigne de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. Segundo: Declaró responsables civilmente a Ashtoor Denyre Hernández Caballero, Wilson Daniel Sánchez Benítez y Gian Pool Hernández Caballero, la que será tasada en fase de ejecución de la sentencia. Tercero: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio a Ashtoor Denyre Hernández Caballero. Cuarto: Procedió la solicitud del representante del Ministerio Público que se declare el comiso de la evidencia decomisada al acusado consistente en dos billetes de Lps. 100 cada uno con las series CH6752082, CH6577020, misma que fue devuelta al representante fiscal en calidad de depósito y custodia en el almacén de evidencias del Ministerio Público para que sea puesto a la orden del Juez de Ejecución cuando lo requiera en la fase de ejecución de la sentencia, ya que el Tribunal no cuenta con almacén de evidencias. Son partes: 1)El Abogado Ramón Matamoros, en representación de Ashtoor Denyre Hernández Caballero, como revisionista; 2)La Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, fiscal del Ministerio Público. Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal. “En el mes de septiembre de 2017 llegaron al centro de trabajo del testigo protegido ER266, cinco personas identificándose como miembros de la mara MS y que eran los encargados del sector y que tenía que pagar Lps.500 semanales, que si se oponía le iban a dar muerte a él y a su familia, por lo que el testigo protegido pagó. En fecha 04 de octubre del año 2017, se presentó a la Fuerza Nacional Antiextorsión a denunciar, el agente asignado al caso le explicó el procedimiento de seriado de dinero y vigilancia el día de entrega, por lo que el testigo protegido proporcionó tres billetes de Lps.100, mismos que fueron seriados por el agente y devueltos. El día de entrega el 07 de octubre de 2017, se conformaron cuatro equipos de agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión y se trasladaron a la aldea La Jutosa, Choloma, Cortés, y se ubicaron en lugares estratégicos y montaron vigilancia, cuando de repente observaron a 6 jóvenes, 5 de sexo masculino y 1 de sexo femenino, 3 se acercaron al testigo protegido y 3 se quedaron a cierta distancia montando vigilancia, el testigo protegido se comunicó con el agente encargado del caso manifestándole la entrega realizada y dándole las características físicas y vestimenta de las 6 personas y una vez confirmado los agentes que eran los mismos que observaron procedieron a requerirlos, a uno identificado como Wilson Daniel Sánchez le encontraron Lps.100, a Gian Pool Hernández le encontraron un celular marca Huawei, a Ashtoor Denyre Hernández le encontraron Lps.100, los otros tres eran menores de edad y a la fémina le encontraron Lps.100, los Agentes una vez que verificaron que el dinero encontrado era el mismo que había sido previamente seriados procedieron a dar detención a las 6 personas.”Antecedentes PRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha siete (7) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, la Abogada Melba Zelaya, en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Ashtoor Denyre Hernández Caballero, Wilson Daniel Sánchez Benítez y Gian Pool Hernández Caballero, por considerarlos autores penalmente responsables de los delitos de asociación ilícita y extorsión continuada, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras y del Testigo Protegido ER-266. SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley correspondiente, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, dictó sentencia en fecha doce (12) de marzo de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual falló condenar a Ashtoor Denyre Hernández Caballero, Wilson Daniel Sánchez Benítez y Gian Pool Hernández Caballero a las penas principales de dieciséis (16) años de reclusión y una multa de cincuenta (50) salarios mínimos, equivalentes a cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos veinte lempiras (L 422,420.00), por ser autores penalmente responsables de un delito de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido ER-266; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias legales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. El Abogado Ramón Matamoros en representación de Ashtoor Denyre Hernández Caballero, compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor de su representado, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha doce (12) de marzo de dos mil diecinueve (2019), por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha ocho (8) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), ordenándose, en consecuencia, la celebración de la audiencia respectiva (f. 7). CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil veintidós (2022), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el pleno de la Sala de lo Constitucional (f. 16), habiendo comparecido el Abogado Ramón Matamoros, en representación de Ashtoor Denyre Hernández Caballero, como revisionista; y, la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de fiscal del Ministerio Público; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando el revisionista que el NCP130-2017 contiene disposiciones más favorables para su representado en el delito de extorsión simple, debiendo aplicarse el principio de retroactividad de la ley penal de conformidad a las disposiciones de dicha normativa aplicando concretamente una pena de diez años y multa de quinientos días; por su parte, el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión, en virtud de que con la reforma al artículo 373 del NCP contenida en el decreto legislativo 93-2021, se establece un marco abstracto superior a la pena privativa de la libertad y la pena de multa, lo que no implica un beneficio para el sentenciado. Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[1]. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[2], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[3]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”[4]. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” [5].CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintidós (2022), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Ramón Matamoros en representación de Ashtoor Denyre Hernández Caballero, como revisionista; y, la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El abogado Ramón Matamoros funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que su representado fue condenado por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, a una pena de dieciséis (16) años de reclusión y una multa de cincuenta salarios mínimos, la cual equivalente a cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos veinte lempiras (L 422,420.00), por ser autor penalmente responsable de un delito de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido ER-266; ratifica su acción de revisión y pide se aplique el principio de retroactividad de la ley penal y se imponga a su representado una pena de 10 años de prisión y una multa de quinientos (500) días. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que en virtud de la reforma al artículo 373 del NCP, contenida en el decreto legislativo 93-2021, es visible que la nueva norma penal sanciona el delito en referencia con la pena abstracta de veinte (20) a veintiséis (26) años y ocho (8) meses de prisión, marco superior al impuesto en instancia en virtud de concurrir una agravante específica al haberse realizado el delito en el ámbito de criminalidad organizada; aunado a ello, la pena de multa también es mayor a la que le fue impuesta en la sentencia venida en revisión, ya que al efectuar el cálculo aritmético corresponde de seiscientos sesenta y siete (667) días a mil (1000) días multa por cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por corresponder el nivel más alto; por ello es de la opinión que no se otorgue la presente acción de revisión. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece.CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Ashtoor Denyre Hernández Caballero, las penas principales de dieciséis (16) años de reclusión y multa de cincuenta (50) salarios mínimos equivalentes a cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos veinte lempiras (L 422,420.00), por ser autor penalmente responsable del delito de extorsión simple, en perjuicio del Testigo Protegido ER-266; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado Ashtoor Denyre Hernández Caballero, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia venida en revisión se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad con el NCP 130-2017; y respecto a la pena de multa, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión, lo que lejos de beneficiar al sentenciado, más bien les perjudica. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del NCP-130-2017. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Ramón Matamoros, en favor del señor Ashtoor Denyre Hernández Caballero. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de agosto de dos mil veintitrés, certificación del Fallo de fecha nueve de junio de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1237-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[2] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[3] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[4] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[5] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.