Sentencia RP-1232-21 — Registro 17685
Resumen
Acto recurrido contra la sentencia de condena mediante la cual falló Primero: Condenó a Robin Fernando Rodríguez Guerra, como autor penalmente responsable del delito consumado de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido ER 281-2017, imponiéndole una pena de quince (15) años de reclusión. En perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" … se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia venida en revisión se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad con el NCP 130-2017; y respecto a la pena de multa, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión, lo que lejos de beneficiar al sentenciado, más bien le perjudica, por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del NCP-130-2017..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99, Numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-1232-2021, promovido por el Abogado Ramón Matamoros, en favor de Robin Fernando Rodríguez Guerra, contra la sentencia de fecha tres (3) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Robin Fernando Rodríguez Guerra, como autor penalmente responsable del delito consumado de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido ER 281-2017, imponiéndole una pena de quince (15) años de reclusión, que deberá cumplir en la penitenciaría de la ciudad de El Progreso, Yoro, y a la que habrá de descontarse el tiempo en que ha estado privado de libertad por la presente causa. Asimismo, se le impuso una pena de multa de cincuenta (50) salarios mínimos equivalentes a doscientos noventa y tres mil, cuatrocientos ochenta y nueve lempiras con cinco centavos (L 293,489.05), la que deberá pagar a favor del Estado de Honduras, en la Tesorería General de la República, en la fase de ejecución de esta sentencia. Segundo: Condenó a Robin Fernando Rodríguez Guerra, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal, así como a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. Tercero: Declaró la responsabilidad civil de Robin Fernando Rodríguez Guerra, la que será determinada en la fase de ejecución de la sentencia. Cuarto: Decretó el comiso de los tres aparatos celulares siguientes: 1) Un teléfono celular color negro con bordes grises, marca Amgoo; 2) Un teléfono celular color azul con bordes negros marca Amgoo; y, 3) Un teléfono celular color blanco, pantalla táctil, marca Huawei. Dichos aparatos se dejan en custodia del Ministerio Público. Quinto: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio a Robin Fernando Rodríguez Guerra. Son partes: 1) El Abogado Ramón Matamoros, en representación de Robin Fernando Rodríguez Guerra, como revisionista; 2) La Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, fiscal del Ministerio Público. Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal. “ÚNICO: A principios del año dos mil diecisiete, varios individuos llegaron al negocio del Testigo Protegido ER 281-2017, e identificándose como miembros de la pandilla 18 le manifestaron que tenía que pagar la cantidad de dos mil lempiras el día lunes de cada semana, advirtiéndole que si no entregaba el dinero lo mataría a él o a sus parientes, razón por la cual accedió y comenzó a entregar el dinero solicitado a partir de ese momento. El día lunes veintitrés de octubre del año dos mil diecisiete, a eso de las dos de la tarde el señor Robin Fernando Rodríguez Guerra llegó al negocio del testigo protegido y éste le entregó la cantidad de dos mil lempiras en cuatro billetes de quinientos, después de recibir el dinero fue requerido por agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, quienes se encontraban realizando una vigilancia en el lugar de los hechos, por lo que fue detenido y se le encontró en posesión del dinero que le fue entregado por el testigo protegido.” Antecedentes PRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, la Abogada María Rosibel Bonilla Abrego, en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de Robin Fernando Rodríguez Guerra, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de extorsión simple, en perjuicio del Testigo Protegido ER 281-2017. SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley correspondiente, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, dictó sentencia en fecha tres (3) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual falló condenar a Robin Fernando Rodríguez Guerra, a las penas principales de quince (15) años de reclusión y multa de cincuenta (50) salarios mínimos equivalentes a doscientos noventa y tres mil, cuatrocientos ochenta y nueve lempiras con cinco centavos (L 293,489.05), por ser autor penalmente responsable de un delito de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido ER 281-2017; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias legales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. El Abogado Ramón Matamoros en representación de Robin Fernando Rodríguez Guerra, compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor de su representado, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha tres (3) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), ordenándose, en consecuencia, la celebración de la audiencia respectiva (f. 7). CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil veintidós (2022), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el pleno de la Sala de lo Constitucional (f. 22), habiendo comparecido el Abogado Ramón Matamoros, en representación de Robin Fernando Rodríguez Guerra, como revisionista; y, la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de fiscal del Ministerio Público; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando el revisionista que el NCP130-2017 contiene disposiciones más favorables para su representado en el delito de extorsión simple, debiendo aplicarse el principio de retroactividad de la ley penal intermedia de conformidad a las disposiciones de dicha normativa, imponiendo a su representado las penas de diez (10) años de prisión y multa equivalente a quinientos (500) días; por su parte, el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión, ello de conformidad con los artículos 373 y 374 del NCP, según los cuales corresponde la aplicación de una pena abstracta de quince (15) a veinte (20) años de prisión y multa de seiscientos sesenta y seis (666) a mil trescientos treinta y tres (1333) días multa en su valor más alto. En este sentido, considera que el NCP no implica un beneficio para el sentenciado. Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[1]. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[2], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[3]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”[4]. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” [5]. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil veintidós (2022), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Ramón Matamoros, en representación de Robin Fernando Rodríguez Guerra, como revisionista; y, la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El abogado Ramón Matamoros funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que su representado fue condenado por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, a una pena de de quince (15) años de reclusión y multa de cincuenta (50) salarios mínimos equivalentes a doscientos noventa y tres mil, cuatrocientos ochenta y nueve lempiras con cinco centavos (L 293,489.05), por ser autor penalmente responsables del delito de extorsión simple, en perjuicio del Testigo Protegido ER 281-2017; ratifica su acción de revisión y pide se aplique el principio de retroactividad de la ley penal intermedia y se imponga a su representado una pena de diez (10) años de prisión y multa equivalente a quinientos (500) días, por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que de conformidad con los artículos 373 y 374 del NCP, corresponde la aplicación de una pena abstracta de quince (15) a veinte (20) años de prisión y multa de seiscientos sesenta y seis (666) a mil trescientos treinta y tres (1333) días multa en su valor más alto. En este sentido, considera que la pena de prisión se encuentra dentro del mismo margen imponible con arreglo al NCP y no implica un beneficio para el sentenciado, por ello es de la opinión que no se otorgue la presente acción de revisión. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal, en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Robin Fernando Rodríguez Guerra, las penas principales de quince (15) años de reclusión y multa de cincuenta (50) salarios mínimos equivalentes a doscientos noventa y tres mil, cuatrocientos ochenta y nueve lempiras con cinco centavos (L 293,489.05), por ser autor penalmente responsable del delito de extorsión simple, en perjuicio del Testigo Protegido ER 281-2017; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito, la conducta por la cual fue condenado Robin Fernando Rodríguez Guerra, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia venida en revisión se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad con el NCP 130-2017; y respecto a la pena de multa, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión, lo que lejos de beneficiar al sentenciado, más bien le perjudica, por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del NCP-130-2017. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Ramón Matamoros, en favor del señor Robin Fernando Rodríguez Guerra. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de junio de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha dos de mayo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-1232-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[2] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[3] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[4] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[5] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.