Sentencia RP-1191-21 — Registro 17432
Resumen
Sentencia en revisión dictada por Autoridad recurrida condenó a la pena de Quince (5) años Seis (6) meses de reclusión por el delito de Violación Especial, con penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, declarándo su responsabilidad civil; La Sala concluyó que la presente causa cumple con los requisitos legales, en consecuencia es procedente la aplicación retroactiva en favor de recurrente; Se ordenó al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor SELVIN JAVIER HERNÁNDEZ DEL CID, fue condenado por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de El Progreso, departamento de Yoro, mediante la Sentencia Definitiva y firme de fecha catorce(14) de febrero de dos mil dieciocho ( 2018), a la pena de QUINCE AÑOS y SEIS MESES DE RECLUSIÓN, por el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 140; del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de Violación Especial. III- Esta Sala considera que el caso sub examine encaja en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional;.."..."en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor SELVIN JAVIER HERNÁNDEZ DEL CID, la pena principal de QUINCE AÑOS y SEIS MESES DE RECLUSIÓN más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de Y. Y. B. C....."..."En el caso que nos ocupa, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, al acusado el Tribunal sentenciador le impuso una pena superior a la mínima establecida para este ilícito penal (QUINCE AÑOS Y SEIS MESES DE RECLUSIÓN). Y en base al principio pro- homine procede aplicar una nueva pena en iguales circunstancias. III- Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia en revisión, se concluye que al imputado se le debe imponer la pena de TRECE (13) AÑOS y SEIS MESES de Prisión y prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de Prisión. IV. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión, Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor SELVIN JAVIER HERNÁNDEZ DEL CID de una norma vigente que le resulta más benigna V. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 373 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 95 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 96, 8 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de abril del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado José Darío Hernández Lagos, a favor del señor SELVIN JAVIER HERNÁNDEZ DEL CID, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de El Progreso, departamento de Yoro, de fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor SELVIN JAVIER HERNÁNDEZ DEL CID, por suponerlo responsable de los delitos de Violación Especial, en perjuicio de Y. Y. B. C.. ANTECEDENTES 1) Que en fecha catorce de septiembre de dos mil doce, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de El Progreso, departamento de Cortés, la Abogada Melinda Castillo Velásquez, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Selvin Javier Hernández Del Cid, por considerarlo responsable del delito de Violación Especial en perjuicio de la menor Y. Y. B. C. (12 años de edad). (Folios 1-3 del antecedente) 2) Que en fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de El Progreso, departamento de Yoro, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: Que debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS al señor SELVIN JAVIER HERNANDEZ DEL CID, cuyas menciones de generales ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente de un delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, en perjuicio de la menor Y. Y. B. C., a la pena de QUINCE (15) AÑOS y SEIS (6) MESES de reclusión, como pena principal, que deberá cumplir en el Centro Penal correspondiente. SEGUNDO: Se le imponen al señor SELVIN JAVIER HERNANDEZ DEL CID, como consecuencia de la pena principal, las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal y trabajar durante el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con lo que regula el sistema penitenciario nacional. TERCERO: Se declara al condenado responsable civilmente, lo que deberá ser reclamado de conformidad a lo establecido en los artículos 432 y demás aplicables del Código Procesal Penal. CUARTO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. NOTIFÍQUESE A LAS PARTES PROCESALES DE LA PRESENTE SENTENCIA. ASÍ LO DECLARAMOS, MANDAMOS Y FIRMAMOS." (Folios 271-281 vuelto del antecedente) 3) Que el Abogado José Darío Hernández Lagos, compareció ante este Tribunal, en fecha tres de noviembre de dos mil veintiuno, presentando recurso de revisión penal a favor del señor Selvin Javier Hernández Del Cid, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017). (Folio 1 vuelto del recurso de mérito) 4) En fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, habiéndose recibido los antecedentes en este Tribunal, cítese a las partes para audiencia que se celebrará el día miércoles cuatro (4) de mayo de dos mil veintidós (2022), a las once con treinta minutos de la mañana (11: 30 a.m.), a efecto de que la parte afectada con la admisión del recurso, se pueda oponer al mismo y ambas partes presenten las pruebas en que se fundan sus pretensiones, debiendo oírse en la misma audiencia la opinión del Fiscal. (Folio 27 del recurso de mérito) 5) En fecha cuatro de mayo de dos mil veintidós, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, con la comparecencia de la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado José Darío Hernández Lagos, en su condición de Apoderado Legal del señor Selvin Javier Hernández Del Cid; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: “…ratifico el recurso de revisión penal a favor de mi representado, el señor Selvin Javier Hernández Del Cid…” El Ministerio Público consideró: “…Artículo 616: "CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique...De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, por el cual se condenó al hoy imputado SELVIN JAVIER HERNANDEZ DEL CID. En el Código Penal derogado el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL establecía en el Artículo 140. Constituye DELITO DE VIOLACIÓN: El acceso carnal con persona de uno u otro sexo mediante violencia o amenaza de ocasionarle al sujeto pasivo, al cónyuge de éste o compañero de hogar, a uno de sus parientes dentro del cuarto (4to) grado de consanguinidad o segundo (2do) de afinidad un perjuicio grave e inminente.... Son casos especiales de violación el acceso carnal con persona de uno u otro sexo cuando sin mediar violencia o cualquiera de las circunstancias siguientes..., Tales casos serán sancionados con pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión... 1) Cuando la víctima sea menor de catorce (14) años de edad. En el Nuevo Código Penal Vigente, el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL se encuentra regulado en el ARTÍCULO 249.- VIOLACIÓN. Constituye delito de violación el acceso carnal no consentido por vía vaginal, anal o bucal con persona de uno u otro sexo, así como la introducción de órganos corporales u objetos por cualquiera de las dos (2) primeras vías. En todo caso, se debe considerar no consentido cuando se ejecuten concurriendo alguna de las circunstancias siguientes 1...; 2) La víctima es menor de catorce (14) años, aún cuando se cuente con su consentimiento; o, 3)...; El autor de un delito de violación debe ser castigado con las penas de prisión de nueve (9) a trece (13) años, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Las penas anteriores se deben aumentar en un tercio (1/3) si concurre la circunstancia del numeral 3) del artículo 255 por ser la víctima especialmente vulnerable por razón de edad (12 años cuando ocurrieron los hechos). Al examinar el fallo sub- judice, se extrae que el hoy imputado fue condenado a la pena de QUINCE (15) años SEIS (6) meses de reclusión por el delito de VIOLACION ESPECIAL, y de conformidad al nuevo Código Penal la pena a imponer por el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL es de TRECE (13) años a DIECISIETE (17) años CUATRO (4) meses de prisión, más la prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Ante las premisas expuestas, estima esta Representación fiscal que en el caso sub examine, las disposiciones contempladas en el Nuevo Código Penal establecen una pena más favorable al hoy condenado, por lo que lo peticionado por el revisionista se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el cual regula el principio de retroactividad de la ley penal, por ser ésta más benigna al condenado. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, por ser más beneficiosa.” Se le cedió nuevamente la palabra al revisionista “…propondré medios de prueba documental, consistente en constancia de antecedentes penales, constancia del Juzgado de Paz de lo Penal, de El Progreso departamento de Yoro, dictamen psicológico emitida por la psicóloga del Centro Penal de El Progreso departamento de Yoro, constancia de conducta psicológica emitidos a favor de mi representado, para acreditar el comportamiento que ha tenido en el centro penal en el que está recluido, asimismo, que antes de esta pena, no ha tenido ningún tipo de denuncia, ni pena anterior…” Se le cedió la palabra al Ministerio Público para que manifestara alguna oposición a la prueba presentada por el recurrente o si tenía algún medio de prueba que presentar, manifestando lo siguiente: “no tenemos medios de prueba que presentar, …”. El Magistrado manifiesta: En virtud de no haber medios de prueba por evacuar, en este acto se da por suspendida la presente audiencia para efectos de dictar la sentencia que corresponda oportunamente. (Folios 29-32 del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. La recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró el día cuatro de mayo del año dos mil veintidós, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado José Darío Hernández Lagos en su condición de Apoderado Legal del señor Selvin Javier Hernández Del Cid, quien manifestó lo siguiente: “ratifico el recurso de revisión penal a favor de mi representado el señor Selvin Javier Hernández del Cid, para lo cual me fundamento en los hechos del caso consideraciones legales y medios probatorios documentales siguientes; primero en fecha catorce de febrero del año dos mil dieciocho el Tribunal de Sentencia de la ciudad de El Progreso, Yoro; fundamentándose en el artículo 140 párrafo tercero numeral uno del código penal anterior condeno a mi representado a la pena de reclusión de quince años seis meses cero días cero horas, por el delito de violación especial dicha pena se encuentra en el parámetro de la pena de 15 a 20 años el cual estaba tipificado anteriormente ese delito, es decir el Tribunal de Sentencia en este caso prácticamente le aplico la mínima; segundo en fecha diez de mayo del año dos mil diecinueve entro en vigencia nuestra nueva normativa penal y con ello impone una nueva pena al delito de violación de nueve a trece años, pero en este caso aumentada en un tercio en virtud de que la víctima es menor de edad de catorce años de edad, la pena concreta en este caso aumentada en un tercio en el nuevo código penal es de trece años mínima a diecisiete años cuatro meses máxima, la nueva normativa Penal es un claro ejemplo que le favorece a mi representado….” la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición de Fiscal del Ente Acusador consideró: “…De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, por el cual se condenó al hoy imputado SELVIN JAVIER HERNANDEZ DEL CID. En el Código Penal derogado el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL establecía en el Artículo 140.- Constituye DELITO DE VIOLACIÓN: El acceso carnal con persona de uno u otro sexo mediante violencia o amenaza de ocasionarle al sujeto pasivo, al cónyuge de éste o compañero de hogar, a uno de sus parientes dentro del cuarto (4to) grado de consanguinidad o segundo (2do) de afinidad un perjuicio grave e inminente…. Son casos especiales de violación el acceso carnal con persona de uno u otro sexo cuando sin mediar violencia o amenaza, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes..., Tales casos serán sancionados con pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión… 1) Cuando la víctima sea menor de catorce (14) años de edad. En el Nuevo Código Penal Vigente, el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL se encuentra regulado en el ARTÍCULO 249.- VIOLACIÓN. Constituye delito de violación el acceso carnal no consentido por vía vaginal, anal o bucal con persona de uno u otro sexo, así como la introducción de órganos corporales u objetos por cualquiera de las dos (2) primeras vías. En todo caso, se debe considerar no consentido cuando se ejecuten concurriendo alguna de las circunstancias siguientes 1…; 2) La víctima es menor de catorce (14) años, aún cuando se cuente con su consentimiento; o, 3)….; El autor de un delito de violación debe ser castigado con las penas de prisión de nueve (9) a trece (13) años, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Las penas anteriores se deben aumentar en un tercio (1/3) si concurre la circunstancia del numeral 3) del artículo 255 por ser la víctima especialmente vulnerable por razón de edad (12 años cuando ocurrieron los hechos). Al examinar el fallo subjudice, se extrae que el hoy imputado fue condenado a la pena de QUINCE (15) años SEIS (6) meses de reclusión por el delito de VIOLACION ESPECIAL, y de conformidad al nuevo Código Penal la pena a imponer por el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL es de TRECE (13) años a DIECISIETE (17) años CUATRO (4) meses de prisión, más la prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Ante las premisas expuestas, estima esta Representación fiscal que en el caso sub –examine, las disposiciones contempladas en el Nuevo Código Penal establecen una pena más favorable al hoy condenado, por lo que lo peticionado por el revisionista se encuentra conforme a Ley, tal como lo que dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal por ser esta más benigna al condenado. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, por ser más beneficiosa.” CONSIDERANDO CINCO (5): Que el Artículo 615 del Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. “En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta N.º 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor SELVIN JAVIER HERNÁNDEZ DEL CID, fue condenado por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de El Progreso, departamento de Yoro, mediante la Sentencia Definitiva y firme de fecha catorce(14) de febrero de dos mil dieciocho ( 2018), a la pena de QUINCE AÑOS y SEIS MESES DE RECLUSIÓN, por el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 140; del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de Violación Especial. III- Esta Sala considera que el caso sub examine encaja en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor SELVIN JAVIER HERNÁNDEZ DEL CID, la pena principal de QUINCE AÑOS y SEIS MESES DE RECLUSIÓN más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de Y. Y. B. C.. I- Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, establecía una pena abstracta de quince (15) a veinte (20) años de reclusión. (Artículo 140) y el Código Penal Vigente Decreto 130-2017. Establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta de prisión de nueve (9) a trece (13) años, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Pena aumentada en un tercio (1/3) si concurre la circunstancia del numeral 1) del segundo párrafo y la víctima es menor de catorce (14) años (Artículo 249). Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado. II- En el examen de los concretos hechos estampados en el expediente del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de El Progreso, estos encuadran en el artículo 249 del Código Penal Vigente que expresamente dice: “Constituye delito de violación el acceso carnal no consentido por vía vaginal anal o bucal con persona de uno u otro sexo, así como la introducción de órganos corporales u objetos por cualquiera de las dos (2) primeras vías. En todo caso, se debe considerar no consentido cuando se ejecuten concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1) Empleo de violencia o intimidación; 2) La víctima es menor de catorce (14) años, aun cuando se cuente con su consentimiento; o, 3) Abuso de la enajenación mental de la víctima o anulación de su voluntad originada por cualquier causa, incluido el aprovechamiento de una situación de absoluta indefensión de la víctima. El autor de un delito de Violación debe ser castigado con las penas de prisión de nueve (9) a trece (13) años, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Pena que será aumentada en un tercio (1/3) en virtud de concurrir la circunstancia del numeral 1) del segundo párrafo y la víctima es menor de catorce (14) años. Resultando una nueva pena abstracta de TRECE (13) Años a DIECISIETE (17) Años CUATRO (4) Meses de Prisión, más la prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de Prisión III. En el caso que nos ocupa, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, al acusado el Tribunal sentenciador le impuso una pena superior a la mínima establecida para este ilícito penal (QUINCE AÑOS Y SEIS MESES DE RECLUSIÓN). Y en base al principio pro- homine procede aplicar una nueva pena en iguales circunstancias. III- Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia en revisión, se concluye que al imputado se le debe imponer la pena de TRECE (13) AÑOS y SEIS MESES de Prisión y prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de Prisión. IV. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión, Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor SELVIN JAVIER HERNÁNDEZ DEL CID de una norma vigente que le resulta más benigna V. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 35, 38, 58, 249 Y Demas aplicables del Código Penal Vigente. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta el Abogado José Darío Hernández Lagos, a favor del señor SELVIN JAVIER HERNÁNDEZ DEL CID; II) ANULA PARCIALMENTE la Sentencia condenatoria Definitiva y Firme dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de El Progreso, departamento de Yoro, de fecha catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho (2018). III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor SELVIN JAVIER HERNÁNDEZ DEL CID, por el delito VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de Y. Y. B. C., la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: CONDENANDO al señor SELVIN JAVIER HERNÁNDEZ DEL CID, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de VIOLACIÓN a la pena de TRECE (13) AÑOS y SEIS MESES de Prisión y prohibición de residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito o aquel en que resida la víctima o su familia y prohibición de aproximarse a la víctima, por el doble del tiempo de la pena de Prisión. Más las penas Accesorias correspondientes, Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda a la ejecución del presente fallo practicando un nuevo computo de la pena. Redactó la Magistrada SONIA MARLINA DUBON. NOTIFÍQUESE. –FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de mayo de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha veinte de abril de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-1191-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.
[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.
[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.