Sentencia RP-1186-21 — Registro 17493
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria en aplicación del Principio de retroactividad en materia penal a favor de condenado como autores responsables penalmente del delito de secuestro imponiéndoles por el mismo la pena de 20 años y un (1) mes de reclusión, beneficiándole la aplicabilidad del Código penal vigente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal.-En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Edwin Josué Gutiérrez Rodríguez, la pena de veinte (20) años y un (1) mes de reclusión por ser autor penalmente responsable de un delito de secuestro, en perjuicio de Jonathan Domingo Chinchilla Castillo; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito.-La conducta por la cual fue condenado a Edwin Josué Gutiérrez Rodríguez, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de secuestro, cuyas penas principales son: prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. Según los hechos probados de la sentencia, este margen abstracto debe aumentarse de doce (12) a quince (15) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena, en virtud de concurrir la agravante específica contemplada en el artículo 240 numeral 7) del NCP 130-2017, que establece la circunstancia de que el delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado, entendiendo por este cualquier grupo estructurado de tres (3) o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves (artículo 136 del NCP). -Al hacer la comparativa de las penas privativas de la libertad, la concreta impuesta en instancia (20 años y 1 mes) versus la que corresponde según el NCP, se verifica que excede el margen abstracto del tipo penal de secuestro agravado que contempla el NCP (12 a 15 años de prisión), siendo esta la premisa fundamental para determinar la procedencia del beneficio de retroactividad; por lo que corresponde como siguiente paso hacer el análisis y determinar dentro del margen abstracto la pena concreta a imponer según las circunstancias establecidas del artículo 70 en relación con los artículos 31 y 32 todos del NCP. -El juzgador de instancia determinó en su sentencia que no concurrían circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que pudiesen agravar el quantum de la pena, y atendiendo las circunstancias personales del condenado, así como la modalidad criminosa empleada, es consecuente imponer las penas en su límite mínimo: i. Doce (12) años de prisión; y, ii. Prohibición de residir y acudir a la ciudad de La Paz, Departamento de La Paz, por veinticuatro (24) años.-Finalmente, y contrario expone la representación del Ministerio Público en la audiencia de oposición y presentación de pruebas, no concurre la agravante contemplada en el numeral 3) del artículo 240 del NCP, pues según los hechos probados de la sentencia, el ofendido fue privado de su libertad el día lunes 18 de enero de 2016 a las 6:30pm., siendo puesto en libertad por los agentes de la dirección de investigación criminal, el día miércoles 20 de enero de 2016 alrededor de las 3:57pm., no excediendo el tiempo de las 72 horas que exige la normativa penal para la configuración de la agravante específica"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96, numeral 8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional.-En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, pronuncian.-En nombre del Estado de Honduras.-La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-1186-2021, interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, en favor del señor Edwin Josué Gutiérrez Rodríguez, contra la sentencia de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: Primero: Condenó a los señores Carlos Humberto Castillo Suazo, Edwin Josué Gutiérrez Rodríguez, Raúl Daniel Matamoros Hernández y Selvin Omar Martínez López, como autores responsables penalmente del delito de secuestro, en perjuicio de Jonathan Domingo Chinchilla Castillo, imponiéndoles una pena de veinte (20) años y un (1) mes de reclusión, la cual deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución estime pertinente; quedando obligados a trabajar por el tiempo de la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con la ley que regule el Sistema Penitenciario Nacional; además, se les imponen las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, ambas se imponen durante el tiempo de duración de la condena. Segundo: Declaró a los condenados Carlos Humberto Castillo Suazo, Edwin Josué Gutiérrez Rodríguez, Raúl Daniel Matamoros Hernández y Selvin Omar Martínez López, responsables civilmente, la cual deberá ser fijada en la fase de ejecución de la pena. Tercero: No se decreta comiso por no haber sido puesto a disposición del Tribunal, pieza de ejecución o de convicción. Cuarto: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.-Son partes: El Abogado Ramón Matamoros, en favor del señor Edwin Josué Gutiérrez Rodríguez, como revisionista; 1)La Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, fiscal del Ministerio Público.-Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal.-“PRIMERO: El día lunes dieciocho (18) de enero del año dos mil dieciséis (2016), cuando eran aproximadamente las seis y treinta (6:30) de la tarde, el joven Jonathan Domingo Chinchilla, salió de su casa de habitación, en el taxi con registro número 103 a trabajar a la Ciudad de la Paz, dirigiéndose al punto de taxi del Hospital ubicado en el Barrio La Trinidad de dicha ciudad. Estando en dicho lugar dos jóvenes, que resultaron ser Edwin Josué Gutiérrez Rodríguez y Raúl Daniel Matamoros Hernández, se acercaron al joven Jonathan Domingo Chinchilla, y le manifestaron a éste que le diera servicio de transporte hacia el desvío El Conejo, acordando el joven Jonathan Domingo Chinchilla, que los llevaría por la cantidad de 10 lempiras, siendo así como abordaron todos, la unidad de taxi dirigiéndose al sector antes referido. Cuando llegaron al desvío, el joven Edwin Josué Gutiérrez Rodríguez, sacó un arma de fuego y se la colocó en la cabeza al joven Jonathan Domingo Chinchilla, a quien movieron del asiento de enfrente hacia el asiento del pasajero, colocándole de inmediato entre su nariz y su boca un pañuelo que lo sedó. Inmediatamente, aprovechando esta situación, lo amarraron de las manos y lo llevaron por un rumbo desconocido, y una vez que la víctima reaccionó y se despertó, lo introdujeron a una casa de habitación ubicada en la colonia Iván Betancourt de la ciudad de Comayagua, donde lo acostaron en un colchón viejo y donde ya lo esperaba ahí, el señor Selvin Omar Martínez López, quien sería la persona que a partir de ese momento cuidaría del joven Jonathan Domingo Chinchilla, durante su cautiverio. SEGUNDO: El día siguiente, diecinueve (19) de enero del año 2016, siendo aproximadamente las seis (6:00) de la mañana, la esposa del señor Jonathan Domingo Chinchilla, le comunicó al señor Elmer Roberto Chinchilla, que el joven Jonathan no había llegado a dormir en la noche, situación que angustió a la familia, por tal razón, el señor Elmer Roberto Chinchilla, padre de Jonathan Domingo Chinchilla Castillo, acudió a interponer formal denuncia. Una vez interpuesta la denuncia, y siendo aproximadamente las nueve (9:00) de la mañana de ese día, el señor Chinchilla, recibió una llamada telefónica proveniente del abonado celular 8908-5552, el cual estaba siendo portado por el señor Raúl Daniel Matamoros, a su abonado celular 3209-7881, donde le manifestaron que tenían a su hijo secuestrado y que para su liberación, le exigían el pago de quinientos mil lempiras (L 500,000.00), recibiendo posteriormente el señor Elmer Roberto Chinchilla, una nueva comunicación de otro abonado celular 8776-1954, propiedad de Jonathan Domingo Chinchilla Castillo y en uso del aparato telefónico del señor Raúl Daniel Matamoros, quien le realizó la misma exigencia económica. De igual manera, el señor Carlos Humberto Castillo también en un momento dado, llamó al señor Elmer Roberto Chinchilla haciéndole la exigencia económica. TERCERO: Por su parte, Raúl Daniel Matamoros Hernández se comunicaba vía telefónica con Carlos Humberto Chinchilla y este con Edwin Josué Gutiérrez Rodríguez, intercambiando información y coordinando actividades para el cobro, repartición y traslado del joven Jonathan Domingo Chinchilla Castillo a otro sitio, así como también preocupación por la existencia de la noticia del hecho en las redes sociales y operativos en todos los barrios, comunicaciones que se dan en fecha veinte (20) de enero del mismo año. Ese mismo día, siendo las tres y cincuenta y siete (3:57) de la tarde, el señor Edwin Josué Gutiérrez, se comunicaba nuevamente con el señor Carlos Humberto Castillo, manifestándole que la policía lo había detenido, que le habían solicitado su documentación y que él les había dicho que se llamaba Edwin Josué Gutiérrez, por lo que aconsejaba que hicieran la actividad hasta el día siguiente, sin embargo, Edwin Josué Gutiérrez, encontrándose en la gasolinera Texaco ubicada cerca del puente de buses Lejamaní – Comayagua, dispusieron los tres verse en dicho lugar, al que llegaron los señores Raúl Daniel Matamoros Hernández y Carlos Humberto Castillo Suazo, a bordo de un taxi, siendo así requeridos por agentes de investigación, quienes al tener información de lo que iba a acontecer, se habían apostado de manera previa en dicha gasolinera a realizar vigilancias. CUARTO: Ese mismo día veinte (20) de enero del año 2016, otro equipo de investigadores realizó saturaciones en las colonias aledañas a la gasolinera Texaco antes mencionada, entre ellas, la colonia Iván Betancourt, donde una persona les manifestó que había movimiento de personas en una casa deshabitada, por lo que, al llegar a dicha vivienda, el señor Selvin Omar Martínez López, al percatarse de la llegada del vehículo policial, salió en veloz carrera de la casa, siendo en ese momento detenido por los agentes de investigación. QUINTO: Finalmente, una vez que los agentes de investigación ingresaron a la vivienda de la colonia Iván Betancourt, encontraron al joven Jonathan Domingo Chinchilla Castillo atado de sus manos con una cuerda negra y ubicado sobre un colchón de cama, de donde fue rescatado por los agentes de investigación, indicándoles a estos, que había permanecido bajo el cuidado de la persona que había pretendido huir de la vivienda.” .-ANTECEDENTES :PRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha veintiuno (21) de enero de dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, la Abogada Karla Yaneth Zavala Mendoza, fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de Carlos Humberto Castillo Suazo, Edwin José Gutiérrez Rodríguez, Raúl Daniel Matamoros Hernández y Selvin Omar Martínez Lopez, por considerarlos autores penalmente responsables del delito de secuestro, en perjuicio de Jonathan Domingo Chinchilla Castillo.-SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley correspondiente, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó sentencia en fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual falló condenar a Carlos Humberto Castillo Suazo, Edwin Josué Gutiérrez Rodríguez, Raúl Daniel Matamoros Hernández y Selvin Omar Martínez López, a la pena de veinte (20) años y un (1) mes de reclusión, por ser autores penalmente responsables de un delito de secuestro, en perjuicio de Jonathan Domingo Chinchilla Castillo; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias legales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito.-TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. En fecha dos (2) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), el Abogado Ramón Matamoros, en representación de Edwin Josué Gutiérrez Rodríguez, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo recurso de revisión penal en favor de su representado, contra la sentencia dictada en fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil dieciocho (2018), por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, el cual fue admitido mediante el auto de fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), ordenándose, en consecuencia, la celebración de la audiencia respectiva (f. 7).-CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha doce (12) de octubre del año dos mil veintidós (2022), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el pleno de la Sala de lo Constitucional (f. 19), habiendo comparecido el Abogado Ramón Matamoros, en representación de Edwin Josué Gutiérrez Rodríguez, como revisionista; y, la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de fiscal del Ministerio Público; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando en síntesis el revisionista que conforme al Código Penal derogado 144-83, su representado fue condenado a una pena de veinte (20) años y un (1) mes de reclusión, por ser autor penalmente responsable del delito de secuestro, en perjuicio de Jonathan Domingo Chinchilla Castillo; y conforme al NCP 130-2017, le corresponde la aplicación de una pena de ocho (8) años de prisión, por lo cual le resulta más beneficioso y solicita la aplicación de retroactividad de la ley penal.-Por su parte, el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que se otorgue la acción de revisión, en virtud de que es visible que con la nueva norma penal se contempla una pena abstracta de quince (15) a veinte (20) años de prisión al concurrir dos agravantes del artículo 240 del NCP: “…3) Cuando la privación de la libertad exceda de setenta y dos horas (72hrs);… 7) Cuando el delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado….”, considera de esta forma procedente aplicar el principio de retroactividad de la ley penal preceptuado en el artículo 96 de la Constitución de la República.-FUNDAMENTACIÓN: CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[1]. -El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[2], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[3]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”[4]. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” [5]. -CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en doce (12) de octubre de dos mil veintidós (2022), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Ramón Matamoros, en representación de Edwin Josué Gutiérrez Rodríguez, como revisionista; y, la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. -El abogado Ramón Matamoros funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que mediante la sentencia dictada en fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, falló condenar a Edwin Josué Gutiérrez Rodríguez, como autor penalmente responsable del delito de secuestro, en perjuicio de Jonathan Domingo Chinchilla Castillo, a la pena de veinte (20) años y un (1) mes de reclusión, de conformidad con el Código Penal 144-83. Asimismo, considera que según el artículo 239 del NCP 130-2017, el delito de secuestro debe ser castigado con una pena de ocho (8) a doce (12) años de prisión, pena considerablemente baja en relación a la establecida con el código anterior, por lo cual le favorece el principio de retroactividad de la ley penal. -Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que es visible que con la nueva norma penal se contempla una pena abstracta de quince (15) a veinte (20) años de prisión al concurrir dos agravantes del artículo 240 del NCP: “…3) Cuando la privación de la libertad exceda de setenta y dos horas (72hrs);… 7) Cuando el delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado….”, considera de esta forma procedente aplicar el principio de retroactividad de la ley penal preceptuado en el artículo 96 de la Constitución de la República, y es de la opinión que se otorgue la presente acción de revisión.-CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal.-En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Edwin Josué Gutiérrez Rodríguez, la pena de veinte (20) años y un (1) mes de reclusión por ser autor penalmente responsable de un delito de secuestro, en perjuicio de Jonathan Domingo Chinchilla Castillo; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito.-La conducta por la cual fue condenado a Edwin Josué Gutiérrez Rodríguez, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de secuestro, cuyas penas principales son: prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. Según los hechos probados de la sentencia, este margen abstracto debe aumentarse de doce (12) a quince (15) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena, en virtud de concurrir la agravante específica contemplada en el artículo 240 numeral 7) del NCP 130-2017, que establece la circunstancia de que el delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado, entendiendo por este cualquier grupo estructurado de tres (3) o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves (artículo 136 del NCP). -Al hacer la comparativa de las penas privativas de la libertad, la concreta impuesta en instancia (20 años y 1 mes) versus la que corresponde según el NCP, se verifica que excede el margen abstracto del tipo penal de secuestro agravado que contempla el NCP (12 a 15 años de prisión), siendo esta la premisa fundamental para determinar la procedencia del beneficio de retroactividad; por lo que corresponde como siguiente paso hacer el análisis y determinar dentro del margen abstracto la pena concreta a imponer según las circunstancias establecidas del artículo 70 en relación con los artículos 31 y 32 todos del NCP. -El juzgador de instancia determinó en su sentencia que no concurrían circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que pudiesen agravar el quantum de la pena, y atendiendo las circunstancias personales del condenado, así como la modalidad criminosa empleada, es consecuente imponer las penas en su límite mínimo: i. Doce (12) años de prisión; y, ii. Prohibición de residir y acudir a la ciudad de La Paz, Departamento de La Paz, por veinticuatro (24) años.-Finalmente, y contrario expone la representación del Ministerio Público en la audiencia de oposición y presentación de pruebas, no concurre la agravante contemplada en el numeral 3) del artículo 240 del NCP, pues según los hechos probados de la sentencia, el ofendido fue privado de su libertad el día lunes 18 de enero de 2016 a las 6:30pm., siendo puesto en libertad por los agentes de la dirección de investigación criminal, el día miércoles 20 de enero de 2016 alrededor de las 3:57pm., no excediendo el tiempo de las 72 horas que exige la normativa penal para la configuración de la agravante específica. -POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: Primero: Declara Con Lugar la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Ramón Matamoros, a favor del señor Edwin Josué Gutiérrez Rodríguez. Segundo: Se Anula Parcialmente la sentencia definitiva firme dictada en fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. Tercero: Se Reforman las penas impuestas al señor Edwin Josué Gutiérrez Rodríguez, por el delito Secuestro, en perjuicio de Jonathan Domingo Chinchilla Castillo; las cuales deberán leerse de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos al señor Edwin Josué Gutiérrez Rodríguez, por ser autor responsable penalmente del delito Secuestro Agravado, en perjuicio de Jonathan Domingo Chinchilla Castillo, a las penas siguientes: i. Doce (12) años de prisión, a la cual deberá deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad por la misma causa criminal y que deberá cumplirla de conformidad con el Código Penal 130-2017; ii. Prohibición de residir y acudir a la ciudad de La Paz, Departamento de La Paz, por veinticuatro (24) años; asimismo, debemos condenar y condenamos al señor Edwin Josué Gutiérrez Rodríguez, como consecuencia de la pena de prisión, a la pena accesoria de inhabilitación absoluta, así como a la suspensión de la ciudadanía, por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión, por disposición constitucional (Artículo 41.2).”. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó…. Notifíquese.- Firmas y Sello. Abogada SONIA MARLINA DUBON VILLEDA .- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- WAGNER VALLECILLO PAREDES .- FRANCISCA VILLELA ZAVALA.- ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veinticinco (25) días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha veinte (20) de abril del año dos mil veintitrés (2023) recaída en el Recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1186-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[2] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[3] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[4] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[5] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.