Sentencia RP-1160-21 — Registro 18515
Resumen
Se interpuso el recurso de revisión en representación contra la sentencia con relación a la causa que se instruyó por el delito de extorsión continuada y asociación ilícita, en perjuicio de testigo protegido R 362 y la seguridad interior del Estado de Honduras, respectivamente.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: Que, para el análisis de la solución del caso de mérito, se presupone que para efectuar la revisión de la pena en virtud de que se proceda a aplicar el principio de retroactividad de la ley más favorable, este principio no se debe entender desde la mera lectura abstracta y general del principio. Como todo principio, este debe aplicarse ya sea en la realización de una ponderación de derechos o mediante la normativa que el legislador haya ordenado. Esto último es lo que ocurre en materia penal en el que las formas constituyen la expresión de la legalidad penal. En ese sentido, la aplicación del principio de retroactividad de la ley se debe realizar con relación a las reglas que se establecen en los artículos 614, 615, 616 y demás aplicables del Código Penal (Decreto 130-2017). La aplicación de dicha normativa ordena hacer un análisis de cada caso para determinar si una nueva ley penal resulta más favorable que la que existía previamente; de ello se deriva entonces que la determinación de si una nueva norma es más favorable es, en general, un análisis complejo que no puede reducirse a una mera enunciación del principio de la retroactividad de la ley más favorable. CONSIDERANDO: Que con respecto a las reglas con se debe resolver el caso de mérito, se hace especial énfasis en las siguientes: que por tratarse de pena no concursada se debe proceder a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017 de conformidad con lo siguiente: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017. CONSIDERANDO: Que de las reglas supracitadas se debe resaltar la regla según la cual no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017. Como puede observarse para el caso de mérito, y como ya se ha debidamente motivado en la sentencia recurrida, la pena individualizada está en el margen abstracto por lo que no resulta favorable, es decir, la sentencia de instancia venida en revisión en lugar de beneficiar al sentenciado más bien les perjudica. CONSIDERANDO: Que en virtud de que esta Sala de lo Constitucional es por su propia naturaleza y por lo mandado por la normativa superior de nuestro ordenamiento un órgano de justicia constitucional y por ende un órgano de protección de las garantías constitucionales, no debe resolver las cuestiones a ellas expuesta al margen de lo determinado por la legalidad de nuestro ordenamiento jurídico por lo que para la aplicación de la revisión penal esta Sala de lo Constitucional no puede hacer otra cosa que aplicar la normativa penal más favorable bajo los parámetros establecidos por dicha norma. CONSIDERANDO: Que en el ámbito del recurso de reposición el Tribunal que debe resolverlo está en la obligación de denegar o admitir o enmendar la resolución recurrida. Deberá de proceder a ello sin más trámite y de conformidad con el derecho que considere que fundamenta la cuestión. CONSIDERANDO: Que, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional es del criterio por que se deniegue la resolución recurrida, dictada por este órgano jurisdiccional.”
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 614 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: Que, para el análisis de la solución del caso de mérito, se presupone que para efectuar la revisión de la pena en virtud de que se proceda a aplicar el principio de retroactividad de la ley más favorable, este principio no se debe entender desde la mera lectura abstracta y general del principio. Como todo principio, este debe aplicarse ya sea en la realización de una ponderación de derechos o mediante la normativa que el legislador haya ordenado. Esto último es lo que ocurre en materia penal en el que las formas constituyen la expresión de la legalidad penal. En ese sentido, la aplicación del principio de retroactividad de la ley se debe realizar con relación a las reglas que se establecen en los artículos 614, 615, 616 y demás aplicables del Código Penal (Decreto 130-2017). La aplicación de dicha normativa ordena hacer un análisis de cada caso para determinar si una nueva ley penal resulta más favorable que la que existía previamente; de ello se deriva entonces que la determinación de si una nueva norma es más favorable es, en general, un análisis complejo que no puede reducirse a una mera enunciación del principio de la retroactividad de la ley más favorable. CONSIDERANDO: Que con respecto a las reglas con se debe resolver el caso de mérito, se hace especial énfasis en las siguientes: que por tratarse de pena no concursada se debe proceder a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017 de conformidad con lo siguiente: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017. CONSIDERANDO: Que de las reglas supracitadas se debe resaltar la regla según la cual no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017. Como puede observarse para el caso de mérito, y como ya se ha debidamente motivado en la sentencia recurrida, la pena individualizada está en el margen abstracto por lo que no resulta favorable, es decir, la sentencia de instancia venida en revisión en lugar de beneficiar al sentenciado más bien les perjudica. CONSIDERANDO: Que en virtud de que esta Sala de lo Constitucional es por su propia naturaleza y por lo mandado por la normativa superior de nuestro ordenamiento un órgano de justicia constitucional y por ende un órgano de protección de las garantías constitucionales, no debe resolver las cuestiones a ellas expuesta al margen de lo determinado por la legalidad de nuestro ordenamiento jurídico por lo que para la aplicación de la revisión penal esta Sala de lo Constitucional no puede hacer otra cosa que aplicar la normativa penal más favorable bajo los parámetros establecidos por dicha norma. CONSIDERANDO: Que en el ámbito del recurso de reposición el Tribunal que debe resolverlo está en la obligación de denegar o admitir o enmendar la resolución recurrida. Deberá de proceder a ello sin más trámite y de conformidad con el derecho que considere que fundamenta la cuestión. CONSIDERANDO: Que, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional es del criterio por que se deniegue la resolución recurrida, dictada por este órgano jurisdiccional.”
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 614 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: del fallo y resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023),VISTA: El pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-1160-2021, promovido por el Abogado MANFREDO IVÁN GALINDO ALVARADO en representación de los señores YORDAN ROBERTO LEIVA NÚÑEZ, JORGE ALBERTO CUEBAS PAZ y LUIS FERNANDO MORALES RIVERA, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con relación a la causa que se instruyó contra los señores YORDAN ROBERTO LEIVA NÚÑEZ. JORGE ALBERTO CUEBAS PAZ y LUIS FERNANDO MORALES RIVERA , por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA Y ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO R 362 Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente, Falló: (SIC): : PRIMERO: CONDENAR por conformidad de las partes, al señor JORGE ALBERTO CUEVAS PAZ, de generales anteriormente detalladas como AUTOR responsable penalmente del delito de EXTORSIÓN AGRAVADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO R362, a la pena principal de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN, además a la pena principal de MULTA obligándole a pagar al Estado de Honduras el valor equivalente a sesenta y seis puntos sesenta y seis (66.66) salarios mínimos vigentes al 2016.- SEGUNDO: CONDENAR por conformidad de las partes al señor YORDAN ROBERTO LEIVA NÚÑEZ, como autor responsable penalmente del delito de EXTORSIÓN AGRAVADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO R362 a la pena principal de VEINTE AÑOS DE RECLUSIÓN a demás a la pena principal de MULTA obligándole a pagar al ESTADO DE HONDURAS el valor equivalente a sesenta y seis puntos sesenta y seis (66.66) salarios mínimos vigente al 2016.- TERCERO: CONDENAR por conformidad de las partes al señor LUIS FERNANDO MORALES RIVERA, como autor responsable penalmente del delito de EXTORSIÓN AGRAVADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO R362 a la pena principal de VEINTE AÑOS DE RECLUSIÓN a demás a la pena principal de MULTA obligándole a pagar al ESTADO DE HONDURAS el valor equivalente a sesenta y seis puntos sesenta y seis (66.66) salarios mínimos vigente al 2016.- CUARTO: Las penas deberán cumplirlas en el establecimiento penal que corresponda o determine el respectivo Juez de Ejecución, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario nacional, encontrándose el tiempo que se haya encontrado privados de libertad por esta causa.- QUINTO: Se condena a los señores YORDAN ROBERTO LEIVA NÚÑEZ, JORGE ALBERTO CUEVAS PAZ y LUIS FERNANDO MORALES RIVERA, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL durante el tiempo DE DURACIÓN DE LA PENA PRINCIPAL.- SEXTO: Se declara responsable civilmente de los señores, YORDAN ROBERTO LEIVA NÚÑEZ, Jorge Alberto cuevas paz Y Luis Fernando Morales Rivera, la que será objeto de tasación en fase de ejecución de esta sentencia.- SÉPTIMO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- OCTAVO: Se declara el decomiso de un arma de fuego tipo sub ametralladora con apuñadura de plástico, guarda mano de madera y porta cerrajo de aleación metálica, serie 95 746, con su respectivo cargador conteniendo en su interior nueve proyectiles sin percutir por tratarse de un objeto de ilícito comercio y que se proceda a su destrucción según los procedimientos establecidos en la ley; Que se devuelvan los L600.00 al testigo protegido R 362 y el teléfono celular que se devuelva al tercero no responsable de los hechos que acredite su legitima propiedad…”.(Folios 134 al 138 de la pieza del Juzgado). SON PARTES: 1)El Abogado MANFREDO IVÁN GALINDO ALVARADO, como revisionista; 2)La Abogada SANDRA LORENA ZÚNIGA GARCÍA, fiscal del Ministerio Público. Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal PRIMERO: Que, desde el 26 de noviembre del 2016, los señores JORDÁN ROBERTO LEIVA NÚÑEZ, JORGE ALBERTO CUEVAS PAZ Y LUIS FERNANDO MORALES, llegaron hasta el lugar de trabajo del testigo protegido R362, identificándose como miembros de la pandilla 18 a exigirle el pago de seiscientos lempiras (L. 600.00), bajo la advertencia de que de no acceder le causarían la muerte, razón por la cual se vio obligado a entregarles el efectivo. SEGUNDO: Que en horas de la mañana del 3 de diciembre del año 2016, agentes de la Unidad Antiextorsión, procedieron a realizar acta de seriado de dinero en presencia del testigo protegido clave R362, con los seiscientos lempiras en diferentes denominaciones que éste proporcionó, para realizar la entrega controlada, acto seguido se desplazaron hasta la colonia 15 de septiembre del sector Chamelecón de San Pedro Sula, Cortés y en horas de la tarde, observaron cuando los acusados se acercaron al protegido y que JORGE ALBERTO CUEVAS PAZ, fue quien recibió el dinero y luego se los entregó a sus acompañantes; las tres personas fueron detenidas por los agentes que realizaban la vigilancia, encontrándose a JORGE ALBERTO CUEVAS PAZ y a JORDÁN ROBERTO LEIVA NÚÑEZ, dos billetes de cien lempiras a cada uno, cuyas series correspondían a los billetes previamente seriados y un teléfono celular al segundo. Antecedentes PRIMERO: Del inicio del proceso penal. Que en fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada LESLY MARITZA GÓMEZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores YORDAN ROBERTO LEIVA NÚÑEZ, JORGE ALBERTO CUEBAS PAZ y LUIS FERNANDO MORALES RIVERA, por el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA y EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO R-362 y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.” (Folio 01 AL 04 de pieza del Juzgado).SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley, diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), el Tribunal de Sentencias de San Pedro Sula, departamento de Cortés mediante la cual falló condenar a YORDAN ROBERTO LEIVA NÚÑEZ, JORGE ALBERTO CUEBAS PAZ y LUIS FERNANDO MORALES RIVERA, por el delito de EXTORSIÓN AGRAVADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO R 362 por lo cual se les impuso la pena de pena principal de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN, además a la pena principal de MULTA obligándole a pagar al Estado de Honduras el valor equivalente a sesenta y seis puntos sesenta y seis (66.66) salarios mínimos vigentes al 2016, así como a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la pena de reclusión. TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. El Abogado MANFREDO IVÁN GALINDO ALVARADO en representación de YORDAN ROBERTO LEIVA NÚÑEZ, JORGE ALBERTO CUEBAS PAZ y LUIS FERNANDO MORALES RIVERA, compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil veintiuno (202l), presentando recurso de revisión penal a favor de sus representado, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencias de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), la que fue admitida por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), ordenándose, en consecuencia, la celebración de la audiencia respectiva. CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. Que en fecha tres (3) de agosto del año dos mil veintidós (2022), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el pleno de la Sala de lo Constitucional, habiendo comparecido el Abogado MANFREDO IVÁN GALINDO ALVARADO en representación de YORDAN ROBERTO LEIVA NÚÑEZ, JORGE ALBERTO CUEBAS PAZ y LUIS FERNANDO MORALES RIVERA, como revisionista; la Abogada SANDRA LORENA ZÚNIGA GARCÍA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; en dicha audiencia cada una de las partes expresó sus razones jurídicas respecto del presente recurso de revisión, manifestando en síntesis el revisionista que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017). Por su parte, la representante del Ministerio Público fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión. (Folios 98-101 del recurso de mérito) Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha tres (3) de agosto del 2022, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado MANFREDO IVÁN GALINDO ALVARADO, en representación de YORDAN ROBERTO LEIVA NÚÑEZ, JORGE ALBERTO CUEBAS PAZ y LUIS FERNANDO MORALES RIVERA, como revisionista; la Abogada SANDRA LORENA ZÚNIGA GARCÍA, en su condición de fiscal del Ministerio Público. El Abogado MANFREDO IVÁN GALINDO ALVARADO, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que ratifica el recurso presentado en aplicación del artículo 96 de la Constitución de la República, aplicada respecto de lo dispuesto para el delito de extorsión por considerar él que la nueva regulación resulta más benigna. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que, no debía otorgarse el recurso en virtud de que ninguna de las nuevas penas resulta más beneficiosa al sentenciado. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy bajo estudio a efectos de la revisión penal, se impuso a YORDAN ROBERTO LEIVA NÚÑEZ, JORGE ALBERTO CUEBAS PAZ y LUIS FERNANDO MORALES RIVERA, las penas principales de veinte (20) años de reclusión y multa por el valor equivalente de sesenta y seis puntos sesenta y seis (66.66) salarios mínimos vigentes al 2016 por ser autores penalmente responsables del delito de extorsión agravada, en perjuicio del Testigo Protegido R362; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fueron condenados YORDAN ROBERTO LEIVA NÚÑEZ, JORGE ALBERTO CUEBAS PAZ y LUIS FERNANDO MORALES RIVERA, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión. Está regulado de conformidad con el artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. En dicha normativa puede encontrarse que las penas principales para el delito de extorsión son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000). Aplicado al caso concreto, con respecto a la multa en su nivel más alto, nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). A lo anterior, debe tenerse en cuenta que a los señores YORDAN ROBERTO LEIVA NÚÑEZ, JORGE ALBERTO CUEBAS PAZ y LUIS FERNANDO MORALES RIVERA se les impuso la pena de extorsión aumentada en un 1/3 por la agravante establecida en el numeral 1) del artículo 374 del Código Penal vigente” “cuando los hechos se comentan en el ámbito de un grupo delictivo organizado” lo cual deja el margen abstracto de veinte (20) a veintiséis (26) años con ocho meses de prisión y multa de 1000 días, razón por la cual, y en virtud de la estricta conformidad, la pena concreta queda finalmente en veinte (20) años de prisión y multa de 1000 días. Por todo lo anterior, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia venida en revisión se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad con el NCP 130-2017; y respecto a la pena de multa, el importe pecuniario excede el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión, en lugar de beneficiar al sentenciado, más bien les perjudica. En consideración de todo lo expuesto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal en virtud de no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del NCP-130-2017. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el ABOGADO MANFREDO IVÁN GALINDO ALVARADO, en favor de YORDAN ROBERTO LEIVA NÚÑEZ, JORGE ALBERTO CUEBAS PAZ y LUIS FERNANDO MORALES RIVERA. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. - FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. - SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia que resuelve el recurso de reposición penal interpuesto por el Abogado MANFREDO IVÁN GALINDO ALVARADO, a favor de los señores YORDAN ROBERTO LEIVA NÚÑEZ, JORGE ALBERTO CUEBAS PAZ y LUIS FERNANDO MORALES RIVERA, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional fecha ocho (8) de noviembre del año 2023, que falla denegando el Recurso de Revisión Penal por él interpuesto a favor de sus representados; dicho recursos es contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con relación a la causa que se instruyó contra los señores YORDAN ROBERTO LEIVA NÚÑEZ. JORGE ALBERTO CUEBAS PAZ y LUIS FERNANDO MORALES RIVERA, por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA Y ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO R 362 Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente. Motivación CONSIDERANDO: Que el abogado MANFREDO IVÁN GALINDO ALVARADO actuando en su condición de representante procesal de los señores YORDAN ROBERTO LEIVA NÚÑEZ, JORGE ALBERTO CUEBAS PAZ y LUIS FERNANDO MORALES RIVERA en fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil veintiuno (202l) compareció ante esta Sala de lo Constitucional interponiendo recurso de revisión penal a favor de sus representados. Habiendo realizado todo el trámite que exige y que ordena la Ley sobre Justicia Constitucional, la Corte Suprema de Justicia a través de esta Sala de lo Constitucional, dictó sentencia en fecha ocho (8) de noviembre del año 2023 en la que falló declarando sin lugar la Garantía Constitucional de Revisión Penal, de conformidad con las razones jurídicas constitucionales y convencionales que establece el ordenamiento jurídico hondureño. CONSIDERANDO: Que en fecha 19 de enero del 2024, el abogado MANFREDO IVÁN GALINDO ALVARADO compareció ante esta Sala de lo Constitucional para interponer recurso de reposición contra la sentencia proferida por este Órgano Jurisdiccional. Esto, en virtud de considerar que el criterio jurídico que se desprende de la sentencia recurrida debió ser el de haber declarado con lugar el recurso interpuesto. El argumento esgrimido por el recurrente estriba en que esta Sala de lo Constitucional debió aplicar el principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de sus representados, de conformidad a las disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017). CONSIDERANDO: Que, para el análisis de la solución del caso de mérito, se presupone que para efectuar la revisión de la pena en virtud de que se proceda a aplicar el principio de retroactividad de la ley más favorable, este principio no se debe entender desde la mera lectura abstracta y general del principio. Como todo principio, este debe aplicarse ya sea en la realización de una ponderación de derechos o mediante la normativa que el legislador haya ordenado. Esto último es lo que ocurre en materia penal en el que las formas constituyen la expresión de la legalidad penal. En ese sentido, la aplicación del principio de retroactividad de la ley se debe realizar con relación a las reglas que se establecen en los artículos 614, 615, 616 y demás aplicables del Código Penal (Decreto 130-2017). La aplicación de dicha normativa ordena hacer un análisis de cada caso para determinar si una nueva ley penal resulta más favorable que la que existía previamente; de ello se deriva entonces que la determinación de si una nueva norma es más favorable es, en general, un análisis complejo que no puede reducirse a una mera enunciación del principio de la retroactividad de la ley más favorable. CONSIDERANDO: Que con respecto a las reglas con se debe resolver el caso de mérito, se hace especial énfasis en las siguientes: que por tratarse de pena no concursada se debe proceder a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017 de conformidad con lo siguiente: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017. CONSIDERANDO: Que de las reglas supracitadas se debe resaltar la regla según la cual no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017. Como puede observarse para el caso de mérito, y como ya se ha debidamente motivado en la sentencia recurrida, la pena individualizada está en el margen abstracto por lo que no resulta favorable, es decir, la sentencia de instancia venida en revisión en lugar de beneficiar al sentenciado más bien les perjudica. CONSIDERANDO: Que en virtud de que esta Sala de lo Constitucional es por su propia naturaleza y por lo mandado por la normativa superior de nuestro ordenamiento un órgano de justicia constitucional y por ende un órgano de protección de las garantías constitucionales, no debe resolver las cuestiones a ellas expuesta al margen de lo determinado por la legalidad de nuestro ordenamiento jurídico por lo que para la aplicación de la revisión penal esta Sala de lo Constitucional no puede hacer otra cosa que aplicar la normativa penal más favorable bajo los parámetros establecidos por dicha norma. CONSIDERANDO: Que en el ámbito del recurso de reposición el Tribunal que debe resolverlo está en la obligación de denegar o admitir o enmendar la resolución recurrida. Deberá de proceder a ello sin más trámite y de conformidad con el derecho que considere que fundamenta la quaestio. CONSIDERANDO: Que, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional es del criterio por que se deniegue la resolución recurrida, dictada por este órgano jurisdiccional. Por tanto: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 80, 82, 90, 186, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado MANFREDO IVÁN GALINDO ALVARADO, por las razones que se dejan ya señaladas.- Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. - SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de julio de dos mil veinticuatro, certificación del fallo y resolución de fecha ocho de noviembre del dos mil veintitrés y diez de febrero del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1160-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL