Sentencia RP-114-22 — Registro 18509
Resumen
Sentencia en revisión condenó a recurrente a una pena principal de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y pena de multa dineraria, con penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, declarándole la responsabilidad civil; La Sala de lo Constitucional concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Víctor Moisés Vásquez Pérez y Jairo Joel Andara Jiménez, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos que equivalen a trescientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres lempiras con setenta y cinco centavos (L 386,853.75), por ser autores penalmente responsables de un delito de extorsión simple. La conducta por la cual fueron condenados Víctor Moisés Vásquez Pérez y Jairo Joel Andara Jiménez, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Al comparar las penas impuestas por el A-quo, con las penas que establece el nuevo código penal, se evidencia que la pena de prisión está dentro del rango imponible en ambas normas (11 años tres meses de prisión), no así la pena de multa, que con el nuevo código se eleva considerablemente el importe a pagar, en comparación con el código penal derogado. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
- Código Penal, art. 373 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Víctor Moisés Vásquez Pérez y Jairo Joel Andara Jiménez, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos que equivalen a trescientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres lempiras con setenta y cinco centavos (L 386,853.75), por ser autores penalmente responsables de un delito de extorsión simple. La conducta por la cual fueron condenados Víctor Moisés Vásquez Pérez y Jairo Joel Andara Jiménez, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Al comparar las penas impuestas por el A-quo, con las penas que establece el nuevo código penal, se evidencia que la pena de prisión está dentro del rango imponible en ambas normas (11 años tres meses de prisión), no así la pena de multa, que con el nuevo código se eleva considerablemente el importe a pagar, en comparación con el código penal derogado. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
- Código Penal, art. 373 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Víctor Moisés Vásquez Pérez y Jairo Joel Andara Jiménez, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos que equivalen a trescientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres lempiras con setenta y cinco centavos (L 386,853.75), por ser autores penalmente responsables de un delito de extorsión simple. La conducta por la cual fueron condenados Víctor Moisés Vásquez Pérez y Jairo Joel Andara Jiménez, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Al comparar las penas impuestas por el A-quo, con las penas que establece el nuevo código penal, se evidencia que la pena de prisión está dentro del rango imponible en ambas normas (11 años tres meses de prisión), no así la pena de multa, que con el nuevo código se eleva considerablemente el importe a pagar, en comparación con el código penal derogado. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
- Código Penal, art. 373 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Víctor Moisés Vásquez Pérez y Jairo Joel Andara Jiménez, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos que equivalen a trescientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres lempiras con setenta y cinco centavos (L 386,853.75), por ser autores penalmente responsables de un delito de extorsión simple. La conducta por la cual fueron condenados Víctor Moisés Vásquez Pérez y Jairo Joel Andara Jiménez, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Al comparar las penas impuestas por el A-quo, con las penas que establece el nuevo código penal, se evidencia que la pena de prisión está dentro del rango imponible en ambas normas (11 años tres meses de prisión), no así la pena de multa, que con el nuevo código se eleva considerablemente el importe a pagar, en comparación con el código penal derogado. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
- Código Penal, art. 373 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Víctor Moisés Vásquez Pérez y Jairo Joel Andara Jiménez, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos que equivalen a trescientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres lempiras con setenta y cinco centavos (L 386,853.75), por ser autores penalmente responsables de un delito de extorsión simple. La conducta por la cual fueron condenados Víctor Moisés Vásquez Pérez y Jairo Joel Andara Jiménez, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Al comparar las penas impuestas por el A-quo, con las penas que establece el nuevo código penal, se evidencia que la pena de prisión está dentro del rango imponible en ambas normas (11 años tres meses de prisión), no así la pena de multa, que con el nuevo código se eleva considerablemente el importe a pagar, en comparación con el código penal derogado. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: del fallo y resolución que literalmente dicen: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de octubre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por la Abogada MARIA SANTOS VASQUEZ PEREZ, a favor de los señores VICTOR MOISES VASQUEZ PEREZ y JAIRO JOEL ANDARA JIMENEZ, contra la sentencia Condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en fecha quince (15) de enero del año dos mil veinte (2020), con relación a la causa que se instruyó contra de los señores VICTOR MOISES VASQUEZ PEREZ y JAIRO JOEL ANDARA JIMENEZ, por el delito de EXTORSION SIMPLE en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO BB 650. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL PRIMERO: El día veintitrés (23) de julio del años dos mil diecinueve (2019) EL TESTIGO PROTEGIDO BB-650 interpuso denuncia en la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas donde manifestó que: es víctima del cobro de impuesto de guerra, por parte de personas que se identifican como miembros de la pandilla 18, amenazándole con matarlo le exigen la cantidad de cuarenta mil lempiras (Lps.40,000.00) como concepto de “prima” y la cantidad de diez mil lempiras (Lps.10,000.00) que debe pagar mensualmente, razón que motivó para realizar un acta de seriado de dinero, consignando las series AK2532393 y AD4213975 correspondientes a dos billetes de quinientos lempiras. SEGUNDO: El día miércoles treinta y uno (31) de julio del año dos mil diecinueve (2019), siendo las seis de la tarde (6:00 p.m.) se presentó el señor JAIRO JOEL ANDARA JIMÉNES, identificándose como miembro de la pandilla 18, indicándole bajo amenazas a EL TESTIGO PROTEGIDO BB-650 que a las once de la noche de la noche (ll:00 p.m.) debía entregar el dinero frente a la cancha de futbol de la colonia Cerro Grande, zona 2, procediendo los agentes adscritos a la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas a desplazarse hacia el lugar indicado para presenciar la entrega del dinero producto del cobro del impuesto de guerra, cuando observaron que en un vehículo tipo taxi con registro 1066, se conducían tres personas, acercándose EL TESTIGO PROTEGIDO BB-650 a uno de ellos y le hizo entrega del sobre color blanco que contenía los billetes previamente seriados, luego de recibir el sobre se dirigieron hacia la salida al Departamento de Olancho, por lo que inmediatamente fueron requeridos siendo identificados con los nombres de VÍCTOR MOISÉS VÁSQUEZ PÉREZ, ARMANDO JOSUÉ AGUILAR CANO y JAIRO JOEL ANDARA JIMÉNEZ y al momento de practicarles el registro personal a el señor VÍCTOR MOISÉS VÁSQUEZ PÉREZ se le encontró el sobre de color blanco conteniendo en su interior los dos billetes de quinientos lempiras previamente seriados, con varios recortes de papel periódico, un teléfono celular marca Samsung, color negro, al señor ARMANDO JOSUÉ AGUILAR CANO se le encontró un teléfono celular marca M4 y un vehículo tipo taxi, marca Nissan Centra, año 2002, placa AAS3087 y al señor JAIRO JOEL ANDARA JIMÉNEZ se le encontró un teléfono celular marca Huawei. ANTECEDENTES 1)Que en fecha uno (1) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, la Abogada SANA DELIA REYES TURCIOS, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra de los señores VICTOR MOISES VASQUEZ PEREZ y JAIRO JOEL ANDARA JIMENEZ, por el delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO BB650.- (Folios 01 al 06 de la pieza del Juzgado). 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha quince (15) de enero del año dos mil veinte (2020), el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión dictó sentencia en la cual falló: “PRIMERO: CONDENANDO a los señores VÍCTOR MOISÉS VÁSQUEZ PÉREZ, ARMANDO JOSUÉ AGUILAR CANO Y JAIRO JOEL ANDARA JIMÉNEZ por haber cometido el delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO "BB- 650" a las penas principales de ONCE (11) AÑOS TRES (03) MESES de reclusión y una multa de TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MÍNIMOS, penas que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional de Marco Aurelio Soto, ubicada en el Valle de Tamara Departamento de Francisco Morazán, quedando obligados a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario.- SEGUNDO: CONDENANDO a los imputados VÍCTOR MOISÉS VÁSQUEZ PÉREZ, ARMANDO JOSUÉ AGUILAR CANO y JAIRO JOEL ANDARA JIMÉNEZ, como consecuencia de la pena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena.- TERCERO: Se declara la responsabilidad civil de los co- imputados, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia.- CUARTO: No procede la condena en costas personales ni procesales.- QUINTO: Que se notifique la presente Sentencia a las Partes intervinientes. (Folios 167 al 169 de la pieza de Antecedentes). 3) Que la recurrente Abogada MARIA SANTOS VASQUEZ PEREZ, compareció ante este Tribunal en fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil veintidós (2022), presentando recurso de revisión penal a favor de los señores VICTOR MOISES VASQUEZ PEREZ y JAIRO JOEL ANDARA JIMENEZ contra la sentencia condenatoria dictada en fecha quince (15) de enero del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión. 4) Que en fecha dos (2) de febrero del año dos mil veintidós (2022), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. 5) Que en fecha uno (1) de junio del año dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido a la Abogada MARIA SANTOS VASQUEZ PEREZ, en su condición de apoderada legal de los señores VICTOR MOISES VASQUEZ PEREZ y JAIRO JOEL ANDARA JIMENEZ, y el Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Quien es de la opinión que NO SE OTORGUE la presente acción de Revisión en los términos supra señalados. FUNDAMENTACION CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha primero (1) de junio de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la Abogada Maria Santos Vásquez Pérez, a favor de los señores Víctor Moisés Vásquez Pérez y Jairo Joel Andará Jiménez, como revisionista; y, la Abogada René Mauricio Aceituno Ulloa, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. La Abogada Maria Santos Vásquez Pérez, solicita la revisión de la pena y que se aplique el principio de retroactividad de la ley, tomando en cuenta las nuevas penas vigente en el Decreto 130-2017, quienes fueron condenados por el delito de extorsión simple y se sometieron a un procedimiento abreviado, quedando una pena de 11 años, 3 meses de reclusión y una multa de 37.5 salarios mínimos; con el nuevo código penal vigente, las penas quedarían en 7 años 6 meses y una multa de 500 salarios mínimos. Por su parte el Ministerio Público, estima que las disposiciones contenidas en el actual código penal, no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena a imponer es de mayor cuantía, pues deberá imponérsele una pena entre 15 a 20 años de prisión, quedando una pena de multa de 500 a 667 días, cuyo valor oscila no menor de L. 20 ni mayor de L. 5 mil., aplicado en su nivel más alto, corresponde imponer una multa de L. 3,335,000. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Víctor Moisés Vásquez Pérez y Jairo Joel Andara Jiménez, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos que equivalen a trescientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres lempiras con setenta y cinco centavos (L 386,853.75), por ser autores penalmente responsables de un delito de extorsión simple. La conducta por la cual fueron condenados Víctor Moisés Vásquez Pérez y Jairo Joel Andara Jiménez, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Al comparar las penas impuestas por el A-quo, con las penas que establece el nuevo código penal, se evidencia que la pena de prisión está dentro del rango imponible en ambas normas (11 años tres meses de prisión), no así la pena de multa, que con el nuevo código se eleva considerablemente el importe a pagar, en comparación con el código penal derogado. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Código Penal reformado en el artículo 373 por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogado Maria Santos Vásquez Pérez, en favor del señor Víctor Moisés Vásquez Pérez y Jairo Joel Andara Jiménez. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó Magistrado Wagner Vallecillo. - Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. - SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. CORTE SUPREMA DE JUSTICIASALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de abril de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar AUTO resolviendo el Recurso de Reposición interpuesto por la Abogada MARIA SANTOS VASQUEZ PEREZ, a favor de los señores VICTOR MOISES VASQUEZ PEREZ y JAIRO JOEL ANDARA JIMENEZ, contra la sentencia de revisión penal dictada por la Sala Constitucional, en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil veintitrés (2023), con relación a la causa que se instruyó contra de los señores VICTOR MOISES VASQUEZ PEREZ y JAIRO JOEL ANDARA JIMENEZ, por el delito de EXTORSION SIMPLE en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO BB 650. ANTECEDENTE Primero: En fecha 23 de enero de 2024, fue interpuesto Recurso de Reposición por la Abogada MARIA SANTOS VASQUEZ PEREZ, a favor de los señores VICTOR MOISES VASQUEZ PEREZ y JAIRO JOEL ANDARA JIMENEZ, contra la sentencia de Revisión Penal dictada por la Sala Constitucional, en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil veintitrés (2023), en la que se declara sin lugar la garantía de Revisión Penal interpuesta a favor de los condenados. Segundo: La recurrente plantea no estar de acuerdo con la sentencia de revisión mencionada, ya que el nuevo código penal decreto 130-2017, es una ley que no fue transitoria en virtud que estuvo vigente y que favoreció a gran cantidad de personas imputadas por el delito de extorsión, por lo que se solicita sea admitido y declarado con lugar en virtud de estar peticionado de acuerdo a derecho. FUNDAMENTACION. Primero: El artículo 120.2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece que: “Contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional y los que en su caso dicte el pleno de la Corte Suprema de Justicia, solo cabra el recurso de reposición que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho”. Segundo: La Constitución de la República establece que: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. Para esta Sala, la ley intermedia no es una norma vigente y solo pueden aplicarse leyes de manera retroactiva y que favorezcan a los acusados o condenados, cuando sean normas que forman parte de la legislación vigente, de lo contrario se estaría transgrediendo el principio de legalidad, ya que se tomaría en cuenta una ley que al momento de los hechos y al momento del juzgamiento no estaba vigente, aun cuando fuera favorable, por lo que no es procedente en el caso concreto la aplicación de una ley intermedia; razón por la cual, no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva ley penal. En consecuencia, esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Declara: SIN LUGAR el Recurso de Reposición interpuesto por la Abogada MARIA SANTOS VASQUEZ PEREZ, a favor de los señores VICTOR MOISES VASQUEZ PEREZ y JAIRO JOEL ANDARA JIMENEZ, contra la sentencia de revisión penal dictada por la Sala de lo Constitucional, en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil veintitrés (2023). Redacto Magistrado Wagner Vallecillo. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. - SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de julio de dos mil veinticuatro, certificación del fallo y resolución de fecha veinte de octubre del dos mil veintitrés, y diez de abril del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0114-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL