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Sentencia RP-109-22 — Registro 17714

Resumen

Revisión de sentencia condenatoria en aplicación del Principio de retroactividad con relación a la causa que se instruyó contra impetrante por el delito de Extorsión simple en perjuicio de Testigo protegido

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Maria Paola López Cardozo, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autora penalmente responsable de un delito de extorsión simple. La conducta por la cual fue condenada Maria Paola López Cardozo, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373 reformado por Decreto Legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760, de fecha 1 de noviembre de 2021), cuyas penas principales son: de 15 a 20 años de prisión, quedando una pena de multa de 500 a 1,000 días, en su nivel más alto, al concurrir la agravante del 374.1, “Cometer el hecho en el ámbito de un grupo delictivo organizado”, por lo que dicha pena debe aumentarse en 1/3, quedando una pena abstracta de 20 a 26 años, 8 meses de prisión y una multa de 1,000 a 1,333 días; la que a su vez debe ser rebajada por la aplicación del procedimiento abreviado, quedando una pena abstracta de 15 a 20 años de prisión y multa entre 750 y 1,000 días. Al comparar las penas impuestas por el A-quo, con las penas que establece el nuevo código penal, se evidencia que las nuevas penas no resultan más favorables que las establecidas en el anterior código penal, tanto en la prisión, como la pena de multa, la que se eleva considerablemente el importe a pagar, en comparación con el código penal derogado. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de noviembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor de la señora MARIA PAOLA LOPEZ CARDOZO, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, con relación a la causa que se instruyó contra la señora MARIA PAOLA LOPEZ CARDOZO por el delito de EXTORSION SIMPLE en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB205. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL “PRIMERO: Con la declaración de Testigo Protegido AB205 establece que el día lunes veinticuatro (24), de abril del año dos mil diecisiete, a eso de las 12:45 de mediodía llego a su negocio una mujer trigueña, robusta andaba vestida una camisa negra sin mangas, tenia letras blancas en la parte de enfrente, una falda corta con rayas blancas y negras llego a identificándose como la DIABLA de la mara 18, manifestándole a la testigo protegido que a ella la enviaba alguien de nombre Luficer, y que llegada el cobro del impuesto de extorsión, que tenia que darle trescientos lempiras (LPS.300.00), los días lunes a la misma hora iba pasar haciendo lo mismo, y que si no lo hacia que nos iban a matar, de inmediata la testigo protegido le entrego el dinero de tres (3) billetes de cien lempiras (LPS. 100.00) tomando el dinero la imputada y reiterándose del lugar.- Y que durante unos minutos de que fue la imputada la testigo decide ir en busca de ayuda y fue en ese momento que miro que venia una patrulla de la Policía Militar y les explica a los Agentes que hacia unos minutos una persona con las características siguientes su vestimenta; tez trigueña fornida, tenia una camiseta color negra sin manga, con unas letras frente de color blanco y una falda corta a rayas y color blanco, le habían pedido el impuesto, inmediatamente ellas les facilito su número de teléfono a los agentes y asimismo facilitándole ellos un numero ya que si se tenia noticias de la referida persona le iban a informar. Y fue así que media hora después estaban llamando a testigo protegido habían capturado a una persona con las descripciones que le había dado ella. Y que tenia que presentar a FNA, interponer la denuncia.- Extremos que son acreditado con la declaración de la Policía Militar Mirian Hernandez Martínez que el día lunes 24 de abril del corriente año, se encontraban en un patrullaje de rutina, en la calle principal, segunda avenida, de la Ciudad de Comayagüela, aproximadamente 12:50 p.m. a 1:00 p.m de la tarde, se les acerco un ciudadano y les manifestó que una persona del sexo femenino, le había cobrado la cantidad de trescientos lempiras (LPS.300.00), dando la denuncia las características de dicha persona, como ser tez trigueña, fornida, vestía una camisa sin mangas color negro, una falda corta de rayas blancas y negras, y como aproximadamente como a la media hora de realizar el patrullaje miraron a una persona con las mismas características que el ciudadano les había dado, a lo cual se le hizo un registro persona a la cual se le encontró en su pacho izquierdo del brazier la cantidad de dos mil ochocientos lempiras (LPS.2,800.00), cinco billetes en denominaciones de quinientos lempiras (LPS. 500.00), y tres denominaciones de cien lempiras (LPS.100.00), mediante el acta de registro personal de fecha veinticuatro de abril del año en curso, la cual se encuentra debidamente firmada por la Policía Militar, en la cual se establece que al momento del registro personal fue identificada como con las características dadas por la Testigo Protegido que es de trigueña, fornida vestía una camisa sin mangas color negro, una falda corta de rayas blancas y negras, a quien se le encontró en su pacho izquierdo del brazier la cantidad de dos mil ochocientos lempiras (LPS.2800.00), cinco billetes en denominaciones de quinientos lempiras (LPS.500.00), estos indicios señalan como posible autora en el delito de Extorsión a la señora joven María Paola López Cardozo. ”ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticinco (25) de abril de dos mil diecisiete (2017), el Ministerio Público a través de su Agente de Tribunales, Abogado SANTIAGO RENE MONCADA SAUCEDA, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando requerimiento fiscal contra la señora MARIA PAOLA LOPEZ CARDOZO, por suponerla responsable a título de autor del delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AB205”. (Folios 01-08 de la pieza de antecedentes). 2) Que continuado que fue el proceso, en fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil diecisiete (2017), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, dictó Sentencia Definitiva mediante la cual resolvió: “PRIMERO: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, y con las facultades que la ley le confiere CONDENA a la señora MARIA PAOLA LOPEZ CARDOZO, de generales conocidas en el preámbulo de esta Sentencia como autor del delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AB205” a la pena principal de ONCE (11) AÑOS Y TRES (3) MESES DE RECLUSION más una multa de 37.5 salarios mínimos la que deberá cumplir en el Centro Penitenciario Nacional con sede en Támara, Francisco Morazán. SEGUNDO: CONDENANDO a la imputada MARIA PAOLA LOPEZ CARDOZO a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, así como a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario por el tiempo que dure la condena.…” (Folios 47-49 de la pieza de antecedentes).3) Que en fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado RAMÓN MATAMOROS, presentando recurso de revisión penal a favor de la señora MARIA PAOLA LOPEZ CARDOZO, contra la sentencia condenatoria de fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-03 del recurso).4) Que en fecha uno de junio de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado RAMÓN MATAMOROS, en su condición de apoderado legal de la señora MARIA PAOLA LOPEZ CARDOZO y la Abogada SOBEYDA ISABEL ZAPATA GRANDE, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017). La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque: “Que se declare sin lugar la Garantía Constitucional de Revisión interpuesta por el Abogado Defensor Público RAMON MATAMOROS a favor de la encartada MARIA PAOLA LOPEZ CARDOZA, por no favorecerle la aplicación retroactiva de la ley penal. (Folios 24 al 26 del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República, prohíbe en su artículo 186, abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha primero (1) de junio de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Ramón Matamoros, a favor de la señora Maria Paola López Cardozo, como revisionista; y, la Abogada Sobeida Isabel Zapata Grande, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. El Abogado Ramón Matamoros, solicita la revisión de la pena y que se aplique el principio de retroactividad de la ley, tomando en cuenta las nuevas penas vigentes en el Decreto 130-2017, quien fue condenada por el delito de extorsión simple y se sometieron a un procedimiento abreviado, quedando una pena de 11 años, 3 meses de reclusión y una multa de 37.5 salarios mínimos; con el un nuevo código penal vigente, las penas quedarían en 7 años 6 meses y una multa de 500 salarios mínimos. Por su parte, el Ministerio Público, estima que las disposiciones contenidas en el actual código penal, no son más favorables a la sentenciada, en virtud que la pena a imponer es de mayor cuantía, pues deberá imponérsele una pena entre 15 a 20 años de prisión, quedando una pena de multa de 500 a 1,000 días, en su nivel más alto, al concurrir la agravante del 374.1, “Cometer el hecho en el ámbito de un grupo delictivo organizado”, por lo que dicha pena debe aumentarse en 1/3, quedando una pena abstracta de 20 a 26 años, 8 meses de prisión, y una multa de 1,000 a 1,333 días; la que a su vez debe ser rebajada en ¼, por la aplicación del procedimiento abreviado, quedando una pena abstracta de 15 a 20 años de prisión y multa entre 750 y 1,000 días. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando, la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Maria Paola López Cardozo, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autora penalmente responsable de un delito de extorsión simple. La conducta por la cual fue condenada Maria Paola López Cardozo, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373 reformado por Decreto Legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760, de fecha 1 de noviembre de 2021), cuyas penas principales son: de 15 a 20 años de prisión, quedando una pena de multa de 500 a 1,000 días, en su nivel más alto, al concurrir la agravante del 374.1, “Cometer el hecho en el ámbito de un grupo delictivo organizado”, por lo que dicha pena debe aumentarse en 1/3, quedando una pena abstracta de 20 a 26 años, 8 meses de prisión y una multa de 1,000 a 1,333 días; la que a su vez debe ser rebajada por la aplicación del procedimiento abreviado, quedando una pena abstracta de 15 a 20 años de prisión y multa entre 750 y 1,000 días. Al comparar las penas impuestas por el A-quo, con las penas que establece el nuevo código penal, se evidencia que las nuevas penas no resultan más favorables que las establecidas en el anterior código penal, tanto en la prisión, como la pena de multa, la que se eleva considerablemente el importe a pagar, en comparación con el código penal derogado. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Código Penal reformado en el artículo 373 por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Ramón Matamoros, en favor de la señora MARIA PAOLA LOPEZ CARDOZO. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Wagner Vallecillo Paredes.- Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de enero de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha treinta de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0109-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.