Sentencia RP-1089-22 — Registro 17853
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal, contra la sentencia condenatoria con relación a la causa que se instruyó el delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, robo agravado en su grado de ejecución de tentativa, en portación ilegal de armas, en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que de la aplicación de la Norma contenida en el Artículo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional se desprende, que si bien para la interposición de la garantía constitucional de revisión en materia penal se puede invocar está bajo el caso de que procede la aplicación retroactiva de una Ley Penal por ser más benigna, que el alcance y la aplicación de este motivo va orientado a que la nueva pena contemplada para el tipo penal por el cual ha sido condenado el impetrante sea más favorable a este.- Se señala lo anterior, pues en el presente caso de autos, el ahora recurrente NEWMAN ANIBAL MEJIA AMAYA, fue condenado por el delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio de JUAN CARLOS CASTRO, a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSIÓN; Por el delito de ROBO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio de KAREN VANESSA BANDY HERNANDEZ, a la pena de CUATRO (04) AÑOS, CINCO (5) MESES, Y DIEZ (10) DIAS DE RECLUSIÓN; Y por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSION. Ya con el Código Penal (Decreto 130-2017), tenemos, que en cuanto al delito de Homicidio en su grado de Ejecución de Tentativa, establecido en el artículo 192, en relación con el artículo 21 y 62, prevén una pena abstracta de 10 a 15 años de prisión. El delito de Robo con Violencia o Intimidación, artículo 363 numerales 4 y 9, por sus circunstancias nos arrojan una pena abstracta de 8 a 13 años, 4 meses de prisión, y por la Tentativa Inacabada, artículos 62 y 21 literal a), una pena abstracta de 5 AÑOS, 4 MESES A 8 AÑOS. Por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Permitida, artículo 580 numeral 1 del nuevo Código Penal determina una pena abstracta de cuatro (4) años a cinco (5) años, cuatro meses de prisión. Por lo anterior, se puede observar que las penas señaladas en el nuevo Código Penal con respecto a los delitos antes referidos, son DESFAVORALES para el recurrente ya que prevén penas más graves que las establecidas en el Código Penal, creado mediante Decreto 144-83, con el cual fue condenado, sin que le represente al recurrente ventaja alguna con la aplicación retroactiva de lo señalado en el nuevo Código Penal.- Por lo anterior, se debe declarar sin lugar la presente garantía constitucional de revisión penal.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Catorce de diciembre de dos mil veintitrés.VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Marvin Yovany Castro Romero, a favor del señor Newman Aníbal Mejía Amaya, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha diez de enero de dos mil trece, con relación a la causa que se instruyó contra el señor Newman Aníbal Mejía Amaya, por haber sido condenado por el delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del señor Juan Carlos Castro.ANTECEDENTES 1).-En fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogando Marvin Benavides, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Newman Aníbal Mejía Amaya, por suponerlo responsable de los delitos de Robo y Tentativa de Homicidio, en perjuicio del señor Juan Carlos Castro. (Folios 1-4 del antecedente). 2).- Que en fecha diez de enero de dos mil trece, el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: CONDENAR al señor NEWMAN ANIBAL MEJIA AMAYA, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, como responsable penalmente a título de AUTOR, del delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio del señor JUAN CARLOS CASTRO, a la pena de DIEZ AÑOS DE RECLUSIÓN SEGUNDO: CONDENAR al señor NEWMAN ANIBAL MEJIA AMAYA de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, como responsable penalmente a título de AUTOR, del delito de ROBO AGRAVADO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio de la señora KAREN VANESSA BANDY HERNANDEZ, a la pena de CUATRO AÑOS, CON CINCO MESES Y DIEZ DIAS DE RECLUSION. TERCERO: CONDENAR al señor NEWMAN ANIBAL MEJIA AMAYA, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, como responsable penalmente a título de AUTOR, del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de TRES AÑOS DE RECLUSION. Las penas antes descritas deberá cumplirlas el condenado una en pos de otra, iniciando por la de mayor gravedad, en el establecimiento penitenciario correspondiente, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad a la Ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional, debiéndose descontar el tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva por esta causa. CUARTO: Como consecuencia de las penas de reclusión, se condena asimismo al señor NEWMAN ANIBAL MEJIA AMAYA, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, durante el tiempo de duración de las penas principales correspondientes. QUINTO: Se declara la responsabilidad civil del condenado NEWMAN ANIBAL MEJIA AMAYA. SEXTO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al señor NEWMAN ANIBAL MEJIA AMAYA SEPTIMO Se declara el comiso de un arma de fuego, tipo revólver. pavón color negro, marca ARMASCOR, calibre 38 MM, serie A1053301, cacha plástica color negro y seis cartuchos percutidos, a la que deber dársele el destino legal correspondiente. Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales. ASÍ LO PRONUNCIAMOS, MANDAMOS Y FIRMAMOS…” (Folios 183-193 del antecedente).3).- En fecha veintidós de julio de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado Marvin Yovany Castro Romero, a favor del señor Newman Aníbal Mejía Amaya, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado. (Folios 1-11 del recurso de mérito).4).- En fecha veintidós de junio de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante Felipe René Speer Laínez, con la comparecencia de la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Marvin Yovany Castro Romero, en su condición de Apoderada Legal del señor Newman Aníbal Mejía Amaya; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que expresará lo siguiente: “…ratifico la interposición del recurso de revisión de penas en materia penal…” El Ministerio Público consideró: “…del análisis de la sentencia objeto de revisión y del examen de hechos declarados probados, se desprende que el sentenciador condeno NEWMAN ANIBAL MEJÍA AMAYA, por el delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, conducta delictiva que se encuentra regulada conforme el código penal vigente, en el artículo 192, castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años, relacionado con los artículos 62 y 21, literal a), que refiere a) Tentativa Inacabada la cual se produce cuando el agente ejecuta parte de los actos encaminados a producir la consumación del delito, no concluyéndolos por causas ajenas a su voluntad; en cuyo caso a los autores de tentativa de delito se les debe imponer la pena del delito consumado rebajada en un tercio (1/3) en caso de tentativa inacabada, resultando una pena abstracta de 10 a 15 años. Por su parte, el Código Penal vigente tipifica en su artículo 361, el delito de ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN, el cual debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice, no obstante, del análisis. de los hechos probados establecidos en la sentencia se determina que en la causa de mérito concurren las circunstancias específicas del ARTÍCULO 363, consistentes en: 4) El hecho reviste especial gravedad atendiendo al valor de los efectos sustraídos y 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto; de cuyo último párrafo se extrae que en el caso de concurrir dos o más de las anteriores circunstancias, la pena del hurto o del robo se debe aumentar en dos tercios (2/3), resultando en nueva pena abstracta de 8 a 13 años, 4 meses de prisión, relacionado con los artículos 62 y 21, literal a), que refiere a) Tentativa Inacabada; en cuyo caso a los autores de tentativa de delito se les debe imponer la pena del delito consumado, rebajada en un tercio (1/3) en caso de tentativa inacabada, resulta una pena abstracta de 5 años 4 meses a 8 años. Asimismo, el Código Penal Vigente sanciona el delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Permitida, en el artículo 580 numeral 1 con una pena de uno (1) a cuatro (4) años de reclusión, aumentada en un tercio (1/3) conforme su último párrafo, resultando una pena de cuatro (4) años a cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión. De lo expuesto, al realizar el análisis comparativo entre las penas impuestas en la presente causa y las penas aplicables conforme el Código Penal vigente, se aprecia que las mismas se ven incrementadas en su totalidad, por lo que no resultan más favorable al hoy condenado, en ese sentido se estima que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal por ser esta más benigna al condenado. III. OPINION: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.” (Folios 24-26 vuelto del recurso de mérito).CONSIDERANDO UNO (1): Que en fecha veintidós (22) de julio de dos mil veintidós (2022), se presenta ante esta Sala de lo Constitucional Recurso de Revisión Penal a favor del Señor NEWMAN ANIBAL MEJIA AMAYA, contra las sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha diez (10) de enero del dos mil trece (2013), con relación a la causa que se instruyó contra el señor Newman Aníbal Mejía Amaya, por haber sido condenado por el delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del señor Juan Carlos Castro, fundamentando su acción en el artículo 186 de la Constitución de la República, 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, asimismo, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), enmarcándolo en el artículo 361, al referir que establece una pena aplicable al delito de Robo de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice…; en el artículo 580, que condena la Tenencia Ilicita de Armas de Fuego a una pena de uno (1) a cuatro (4) años de prisión y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas…”.CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo adopta la garantía Constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte de un proceso penal, pueda practicar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentra firme; en este sentido manda que la Ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir.- En ese orden el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece que las sentencias condenatorias penales pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedido de estos, de cualquier persona, del Ministerio Publico o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme, tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.CONSIDERANDO TRES (3): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado Hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos del Garantista expresados en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho (8) del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y 186 de la Constitución de la República, que determinan la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los antecedentes “La objeción contra la sentencia firme, dictada por el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, y de donde resulta el motivo del recurso extraordinario de revisión lo constituye que al hacer estudio de la sanción correspondiente de delito juzgado, con aplicación de una ley vigente al momento de cometerse los hechos pero novada con posterioridad al juzgamiento respetivo, esta resulta por ahora arbitraria y por supuesto violatoria, a la sanción penal establecida en el tipo penal correspondiente, ya que ahora es menor la sanción por ese ilícito penal, por haber sido reducida la misma en el nuevo código penal vigente…”CONSIDERANDO CINCO (5): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que en fecha veintidós de junio de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, con la comparecencia de la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Marvin Yovany Castro Romero, en su condición de Apoderado del señor Newman Aníbal Mejía Amaya; manifestando este último que por este acto2903220775144510972807741920661098575457055532120750887550977807508875429768075044303863340750443027844757504430216725575184001097280749046010883907225665 ratifica el Recurso de Revisión interpuesto con anterioridad contra la sentencia definitiva condenatoria de fecha diez (10) de enero de dos mil trece (2013), emitida por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, condenando a su representado por los delitos de Homicidio en su grado de Ejecución de Tentativa, Robo en su grado de Ejecución de Tentativa y portación ilegal de armas, pero con la entrada en vigencia del Código Penal bajo Decreto 130-2017, se muestra una disminución de la pena abstracta de los delitos antes referidos. APRECIACION JURIDICA: El Ministerio Público señala que la sentencia definitiva dictada en fecha diez (10) de enero del dos mil trece (2013), por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, mediante la cual se Condenó al señor NEWMAN ANIBAL MEJIA AMAYA, por el delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio de JUAN CARLOS CASTRO, a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSIÓN; Por el delito de ROBO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio de KAREN VANESSA BANDY HERNANDEZ, a la pena de CUATRO (04) AÑOS, CINCO (5) MESES, Y DIEZ (10) DIAS DE RECLUSIÓN; Y por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSION. Del análisis de la sentencia objeto de revisión y del examen de hechos declarados probados, se desprende que el sentenciador condeno al señor NEWMAN ANIBAL MEJIA AMAYA, por el delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio de JUAN CARLOS CASTRO, a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSIÓN, conducta regulada en el nuevo Código Penal en el artículo 192, castigando con una pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años, relacionado con el artículo 62 y 21 literal a), que refiere a) Tentativa Inacabada la cual se produce cuando el agente ejecuta parte de los actos encaminados a reproducir la consumación del delito, no concluyéndolos por causas ajenas a su voluntad; en cuyo caso a los autores de tentativa de delito se les debe de imponer la pena del delito consumado rebajada en un tercio (1/3), en caso de tentativa inacabada, resultando una pena abstracta de 10 a 15 años de prisión. En cuanto al delito de ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN, se castiga de acuerdo al nuevo Código Penal con una pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice, concurriendo en esta causa la circunstancia del artículo 363, consistentes en: 4).- Que el hecho reviste especial gravedad atendiendo al valor de los efectos sustraídos; 9).- Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto; de cuyo último párrafo se extrae que en el caso de concurrir dos o más de las anteriores circunstancias, la pena del robo se debe de aumentar en dos tercios (2/3), resultando una nueva pena abstracta de 8 a 13 años, 4 meses de prisión, relacionado con los artículos 62 y 21 literal a) que se refiere a la TENTATIVA INACABADA, imponiéndole la penal del delito consumado rebajada en un tercio (1/3), resultando una pena abstracta de 5 AÑOS, 4 MESES A 8 AÑOS. Por el delito de PORTACION ILEAL DE ARMA DE FUEGO PERMITIDA, el artículo 580 numeral 1 del nuevo Código Penal determina una pena de uno (1) a cuatro (4) años de prisión, aumentada en un tercio (1/3) conforme su último párrafo, resultando una pena abstracta de cuatro (4) años a cinco (5) años, cuatro meses de prisión. CONCLUSION DEL MINISTERIO PUBLICO: De lo expuesto, al realizar el análisis comparativo entre las penas impuestas en la presente causa y las penas aplicables conforme al nuevo Código Penal vigente, se aprecia que las mismas se ven incrementadas en su totalidad, por lo que no resultan más favorables al hoy condenado, en ese sentido se estima que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 Constitucional y 96.8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de Retroactividad de la Ley Penal por ser esta más benigna al condenado.- OPINION: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia por que NO SE OOTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Artículo 615 del Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor… Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás.CONSIDERANDO SIETE (7): Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.CONSIDERANDO NUEVE(9): Que en todo caso, cuando concurren los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen acerca de la benignidad de la ley, interpretando lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualizan los hechos concretos y probados, esbozados en la sentencia condenatoria así mismo sus penas y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la que sea más favorable.CONSIDERANDO DIEZ (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. CONSIDERANDO DOCE (12): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO TRECE (13): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República de Honduras en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.CONSIDERANDO CATORCE (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. La Sala hace su exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal I.- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan a la presente garantía constitucional de revisión penal, esta Sala aprecia que efectivamente el señor NEWMAN ANIBAL MEJIA AMAYA, fue condenado por el delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio de JUAN CARLOS CASTRO, a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSIÓN; Por el delito de ROBO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio de KAREN VANESSA BANDY HERNANDEZ, a la pena de CUATRO (04) AÑOS, CINCO (5) MESES, Y DIEZ (10) DIAS DE RECLUSIÓN; Y por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSION. II.- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que en la sentencia condenatoria firme antes señalada, el Órgano Jurisdiccional competente aplico lo dispuesto en el Artículo 13, 15, 39, 40, 48, 62, 101, 116, 217, 218, 219, 332-B, del Código Penal; 1, 338 y 432 del Código Procesal Penal; estimando que el condenado cometió los delitos antes mencionados. CONSIDERANDO QUINCE (15): Sentencia que se recurre a través de la presente Garantía Constitucional de Revisión Penal. La emitida por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes de fecha diez de enero de dos mil trece, mediante la cual FALLA: “…PRIMERO: CONDENAR al señor NEWMAN ANIBAL MEJIA AMAYA, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, como responsable penalmente a título de AUTOR, del delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio del señor JUAN CARLOS CASTRO, a la pena de DIEZ AÑOS DE RECLUSIÓN SEGUNDO: CONDENAR al señor NEWMAN ANIBAL MEJIA AMAYA de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, como responsable penalmente a título de AUTOR, del delito de ROBO AGRAVADO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio de la señora KAREN VANESSA BANDY HERNANDEZ, a la pena de CUATRO AÑOS, CON CINCO MESES Y DIEZ DIAS DE RECLUSION. TERCERO: CONDENAR al señor NEWMAN ANIBAL MEJIA AMAYA, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, como responsable penalmente a título de AUTOR, del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de TRES AÑOS DE RECLUSION. Las penas antes descritas deberá cumplirlas el condenado una en pos de otra, iniciando por la de mayor gravedad, en el establecimiento penitenciario correspondiente, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad a la Ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional, debiéndose descontar el tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva por esta causa. CUARTO: Como consecuencia de las penas de reclusión, se condena asimismo al señor NEWMAN ANIBAL MEJIA AMAYA, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, durante el tiempo de duración de las penas principales correspondientes. QUINTO: Se declara la responsabilidad civil del condenado NEWMAN ANIBAL MEJIA AMAYA. SEXTO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al señor NEWMAN ANIBAL MEJIA AMAYA SEPTIMO Se declara el comiso de un arma de fuego, tipo revólver. pavón color negro, marca ARMASCOR, calibre 38 MM, serie A1053301, cacha plástica color negro y seis cartuchos percutidos, a la que deber dársele el destino legal correspondiente. Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales. ASÍ LO PRONUNCIAMOS, MANDAMOS Y FIRMAMOS…” (Folios 183-193 del antecedente).CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que de la aplicación de la Norma contenida en el Artículo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional se desprende, que si bien para la interposición de la garantía constitucional de revisión en materia penal se puede invocar está bajo el caso de que procede la aplicación retroactiva de una Ley Penal por ser más benigna, que el alcance y la aplicación de este motivo va orientado a que la nueva pena contemplada para el tipo penal por el cual ha sido condenado el impetrante sea más favorable a este.- Se señala lo anterior, pues en el presente caso de autos, el ahora recurrente NEWMAN ANIBAL MEJIA AMAYA, fue condenado por el delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio de JUAN CARLOS CASTRO, a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSIÓN; Por el delito de ROBO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio de KAREN VANESSA BANDY HERNANDEZ, a la pena de CUATRO (04) AÑOS, CINCO (5) MESES, Y DIEZ (10) DIAS DE RECLUSIÓN; Y por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSION. Ya con el Código Penal (Decreto 130-2017), tenemos, que en cuanto al delito de Homicidio en su grado de Ejecución de Tentativa, establecido en el artículo 192, en relación con el artículo 21 y 62, prevén una pena abstracta de 10 a 15 años de prisión. El delito de Robo con Violencia o Intimidación, artículo 363 numerales 4 y 9, por sus circunstancias nos arrojan una pena abstracta de 8 a 13 años, 4 meses de prisión, y por la Tentativa Inacabada, artículos 62 y 21 literal a), una pena abstracta de 5 AÑOS, 4 MESES A 8 AÑOS. Por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Permitida, artículo 580 numeral 1 del nuevo Código Penal determina una pena abstracta de cuatro (4) años a cinco (5) años, cuatro meses de prisión. Por lo anterior, se puede observar que las penas señaladas en el nuevo Código Penal con respecto a los delitos antes referidos, son DESFAVORALES para el recurrente ya que prevén penas más graves que las establecidas en el Código Penal, creado mediante Decreto 144-83, con el cual fue condenado, sin que le represente al recurrente ventaja alguna con la aplicación retroactiva de lo señalado en el nuevo Código Penal.- Por lo anterior, se debe declarar sin lugar la presente garantía constitucional de revisión penal.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia el pronunciamiento del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los Artículos1.1, 9, 11.2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 13, 15, 39, 40, 48, 62, 101, 116, 217, 218, 219, 332-B, del Código Penal Decreto 144-83; 1, 338 y 432 del Código Procesal Penal; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 21,62, 363 numerales 4 y 9; 580 numeral 1, todos del Código Penal Decreto130-2017; FALLA: Declarar SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada MARVIN YOVANY CASTRTO ROMERO, a favor de NEWMAN ANIBAL MEJIA AMAYA, en vista que no procede la aplicación retroactiva de la nueva ley penal, por no ser más benigna.- Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia, se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente, para su conocimiento; Redacto la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de abril de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha catorce de diciembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1089-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.