Sentencia RP-1081-21 — Registro 17676
Resumen
Acto recurrido contra la sentencia Condenatoria dictada en contra del impetrante, por haber sido encontrado responsable de la comisión del delito de Cómplice de Trata de Personas en la Modalidad de Explotación Sexual Comercial, por considerar entrada en vigencia de legislación mas favorable
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" consta en autos que el señor WILSON MIGUEL PONCE ANDINO conmutó la pena de reclusión; asimismo consta en autos que ha pagado en la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA la cantidad de doce mil quinientos lempiras en virtud de la conmuta. Respecto de la ejecución de la pena queda pendiente lo relativo a la pena de multa por trabajo comunitario. No obstante, y en virtud del artículo 622 penúltimo párrafo, resulta obligación de esta Sala de lo Constitución no revisar la pena en virtud de que en dicha normativa se establece que “En los casos en que la pena esté ejecutada, aunque queden pendientes algunos otros pronunciamientos del fallo, tampoco se revisará la pena”. Es importante hacer un breve análisis de la norma que deriva del artículo 622 del Nuevo Código Penal. Dos son los elementos que se deben desarrollar. Por una parte, la norma es precisa en cuanto a enunciar que se aplicará el artículo 622 del Nuevo Código Penal cuando la pena esté ejecutada; ello cual acontece en el caso de mérito toda vez que la pena de reclusión, que es, al fin y al cabo, la norma esencial a considerar ya ha sido ejecutada en virtud de la conmuta y posterior pago que se derivó de ésta. Como se expresó en el considerando anterior respecto de que si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad; siendo que en este caso particular la de reclusión (i.e., la de privación de libertad) ya ha sido ejecutada. Siguiendo esta misma línea argumentativa, que no se haya ejecutado completamente la pena no es impedimento para aplicar lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 622 del Nuevo Código Penal en la medida en que éste establece que no cabe revisar la pena, aunque queden pendientes pronunciamientos de fallo, lo cual es el caso. En consideración de todo lo expuesto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal en virtud de que la pena se encuentra ejecutada, aunque queden pendientes otros aspectos de fallo. Esto, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 622 del Nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Código Penal, art. 622 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
…" consta en autos que el señor WILSON MIGUEL PONCE ANDINO conmutó la pena de reclusión; asimismo consta en autos que ha pagado en la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA la cantidad de doce mil quinientos lempiras en virtud de la conmuta. Respecto de la ejecución de la pena queda pendiente lo relativo a la pena de multa por trabajo comunitario. No obstante, y en virtud del artículo 622 penúltimo párrafo, resulta obligación de esta Sala de lo Constitución no revisar la pena en virtud de que en dicha normativa se establece que “En los casos en que la pena esté ejecutada, aunque queden pendientes algunos otros pronunciamientos del fallo, tampoco se revisará la pena”. Es importante hacer un breve análisis de la norma que deriva del artículo 622 del Nuevo Código Penal. Dos son los elementos que se deben desarrollar. Por una parte, la norma es precisa en cuanto a enunciar que se aplicará el artículo 622 del Nuevo Código Penal cuando la pena esté ejecutada; ello cual acontece en el caso de mérito toda vez que la pena de reclusión, que es, al fin y al cabo, la norma esencial a considerar ya ha sido ejecutada en virtud de la conmuta y posterior pago que se derivó de ésta. Como se expresó en el considerando anterior respecto de que si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad; siendo que en este caso particular la de reclusión (i.e., la de privación de libertad) ya ha sido ejecutada. Siguiendo esta misma línea argumentativa, que no se haya ejecutado completamente la pena no es impedimento para aplicar lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 622 del Nuevo Código Penal en la medida en que éste establece que no cabe revisar la pena, aunque queden pendientes pronunciamientos de fallo, lo cual es el caso. En consideración de todo lo expuesto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal en virtud de que la pena se encuentra ejecutada, aunque queden pendientes otros aspectos de fallo. Esto, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 622 del Nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Código Penal, art. 622 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023) Vista: en el Pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-1081-2021, promovido por el Abogado JAVIER GÓMEZ DÍAZ, a favor del señor WILSON MIGUEL PONCE ANDINO contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, de fecha cuatro de febrero de dos mil veinte, con relación a la causa instruida contra el señor Wilson Miguel Ponce Andino, por haber sido encontrado responsable de la comisión del delito de Cómplice de Trata de Personas en la Modalidad de Explotación Sexual Comercial, en perjuicio de Testigo Protegido Cromo y Testigo Protegido Roma. Sentencia en la que se Falló: (SIC): )“…PRIMERO: CONDENANDO al imputado WILSON MIGUEL PONCE ANDINO, por el tipo penal de TRATA DE PERSONAS CON LA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL A TITULO DE CÓMPLICE, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CROMO y TESTIGO PROTEGIDO ROMA, a una pena de CINCO (5) AÑOS RECLUSIÓN, más una multa de SETENTA Y CINCO (75) SALARIOS MÍNIMOS, más las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena.- Medida Que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional Femenina de Tamara, Departamento de Francisco Morazán, quedando sujeto a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario. SEGUNDO: Se declara la responsabilidad civil de la imputado WILSON MIGUEL PONCE ANDINO, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. TERCERO: No procede la condena en costas personales ni procesales. CUARTO: No se notifica a las partes de la presente Sentencia en virtud que renunciaron a los términos.” (Folios 581-584 del antecedente). SON PARTES: 1)El Abogado Javier Gómez Díaz, como revisionista; 2)La Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, fiscal del Ministerio Público. Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal Primero: Que en el mes de enero del año 2017 se recibió denuncia en la cual ponían en conocimiento que en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula funcionaba una agencia de mujeres que prestaban servicios sexuales, la cual era conocida como “Diosas Doll House” y que el número de teléfono de dicha agencia era 31524951, siendo manejada por una persona a quien únicamente se le identificaba como “Richard” y también como “Alex”. En base a dicha información se solicitó a la Unidad de Intervención de las Comunicaciones que se realizara la diligencia de intervención del número 31524951, la cual quedo registrado bajo el número 32-2007.- En fecha 31 de marzo del 2017 se recibió alerta por parte de la Unidad de Intervenciones de las Comunicaciones, en la que ponía en conocimiento lo siguiente: “Un desconocido le pregunto por los servicios que anunciaba, Alex dijo que enviaba las fotos de las muchachas por WhatsApp una vez que estuviera hospedado en algún hotel le mandaría la muchacha, además que los precios eran de 1500 a 4000 lempiras pero que Alex trabajaba con el Hotel La Unión ubicado en Comayagüela frente a Transportes Junqueños y lo atenderían MARVIN o Josué empleados del Hotel, posteriormente desconocido dijo que ya estaba en el Hotel La Unión y le habían asignado la habitación número uno en la parte de abajo, Alex le dijo que ya le enviaría las fotos en donde le recomendaba una flaquita de 18 años.- Por lo que se procedió a realizar la vigilancia en dicho hotel identificando un vehículo Toyota Corola y que posteriormente se obtuvo información era propiedad del señor imputado quien se dedicaba a prestar servicios como taxi VIP.- De igual manera se obtuvo declaración de Testigo Protegido Roma quien manifestó que en fecha 31 de marzo del 2017, WILLIAMS RUBÉN FLORES BONILLA le indicó había un cliente que atender en el Hotel La Unión por lo que le enviaría un motorista para que la trasladara hacia dicho lugar, y que una vez prestado el servicio sexual el mismo motorista la recogió y le entregó el dinero recibido como pago para que este se lo diera a Williams Flores. Antecedentes PRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha veintiséis de abril de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, el Abogado Erick Orellana, actuando como Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra los señores Williams Rubens Flores Bonilla, Rafael Antonio Andino Argueta, Wilson Antonio Andino Argueta, Kevin Mijaíl Gonzales Morales, Marvin Mauricio Rodríguez Hernández y Wilmer Omar Mondragón Álvarez, por suponerlos responsables de la comisión del delito de Trata de Personas Agravado en la Modalidad de Explotación Sexual Comercial, en perjuicio de Testigo Protegido Cromo y Varias Mujeres. (Folios 1-10 del antecedente). SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley, el cuatro de febrero de dos mil veinte, el Juzgado de Letras con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, dictó sentencia mediante la cual falló condenar a WILSON MIGUEL PONCE ANDINO por el tipo penal de TRATA DE PERSONAS CON LA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL A TITULO DE CÓMPLICE, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CROMO y TESTIGO PROTEGIDO ROMA, a una pena de CINCO (5) AÑOS RECLUSIÓN, más una multa de SETENTA Y CINCO (75) SALARIOS MÍNIMOS, más las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena. TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal. El Abogado Javier Gómez Díaz en representación de Wilson Miguel Ponce Andino, compareció ante esta Sala de lo Constitucional fecha trece de octubre de dos mil veintiuno presentando recurso de revisión penal a favor de sus representado, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por ser este más benigno a su representado. (Folios 1-2 vuelto del recurso de mérito). CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. Que en fecha uno de junio de dos mil veintidós, se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el pleno de la Sala de lo Constitucional, habiendo comparecido el Abogado Javier Gómez Díaz en representación de Wilson Miguel Ponce Andino, como revisionista; la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; en dicha audiencia cada una de las partes expresó sus razones jurídicas respecto del presente recurso de revisión, manifestando en síntesis el revisionista que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017). Por su parte, la representante del Ministerio Público fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión. (Folios 98-101 del recurso de mérito) Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha uno de junio del año 2022, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Javier Gómez Díaz, en representación de Wilson Miguel Ponce Andino, como revisionista; la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición de fiscal del Ministerio Público. El Abogado Javier Gómez Díaz, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que ratifica el recurso presentado en aplicación del artículo 96 de la Constitución de la República, aplicada respecto de lo dispuesto para el delito de TRATA DE PERSONAS EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL por considerar él que la nueva regulación resulta más benigna Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso, en síntesis que, no debía otorgarse el recurso en virtud de que: “el hoy condenado, conmutó la pena de reclusión se le impuso, pagando a la Tesorería General de la República, la cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS, quedando pendiente de ejecutar únicamente la pena de multa por trabajo comunitario, en tal razón y en consonancia con lo establecido en el artículo 622 penúltimo párrafo del Código Penal Vigente que reza: "En los casos en que la pena este ejecutada aunque queden pendientes algunos otros pronunciamientos del fallo, tampoco se revisará la pena. Razón por la cual esta representación fiscal, estima que las disposiciones contenidas en la norma supra citada, impide que se revea la sentencia condenatoria de fecha cuatro (04) de febrero del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, contra WILSON MIGUEL PONCE ANDINO por el delito de TRATA DE PERSONAS EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL A TÍTULO DE CÓMPLICE”. (Folios 18-21 del recurso de mérito) CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que se encuentra bajo estudio a efectos de la revisión penal, se impuso a Wilson Miguel Ponce Andino, las penas principales CINCO (5) AÑOS RECLUSIÓN, más una multa de SETENTA Y CINCO (75) SALARIOS MÍNIMOS por ser autor penalmente responsable del delito TRATA DE PERSONAS CON LA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL A TÍTULO DE CÓMPLICE, en perjuicio del Testigo Protegido Cromo y Testigo Protegido Roma; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado Wilson Miguel Ponce Andino está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de Trata de personas. Está regulado de conformidad con el artículo 219 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. En dicha normativa puede encontrarse que las penas principales para el delito de Trata de personas en la modalidad de explotación comercial son: prisión de diez (10) a quince (15) años. Asimismo, de conformidad con el artículo 61 del Nuevo Código Penal que se debe rebajar 1/3; ello significa que la pena abstracta queda en seis (6) años ocho meses a diez (10) años. A lo anterior, debe tenerse en cuenta que al señor Wilson Miguel Ponce Andino se le impuso la pena rebajada en un ¼ en virtud de que el señor Wilson Miguel Ponce Andino se sometió al Procedimiento Abreviado, quedando por tanto la pena abstracta en cinco (5) años a seis (6) años ocho meses. Como puede observarse la pena concreta que se le aplicó de CINCO (5) AÑOS RECLUSIÓN, más una multa de SETENTA Y CINCO (75) SALARIOS MÍNIMOS. Sin embargo, consta en autos que el señor WILSON MIGUEL PONCE ANDINO conmutó la pena de reclusión; asimismo consta en autos que ha pagado en la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA la cantidad de doce mil quinientos lempiras en virtud de la conmuta. Respecto de la ejecución de la pena queda pendiente lo relativo a la pena de multa por trabajo comunitario. No obstante, y en virtud del artículo 622 penúltimo párrafo, resulta obligación de esta Sala de lo Constitución no revisar la pena en virtud de que en dicha normativa se establece que “En los casos en que la pena esté ejecutada, aunque queden pendientes algunos otros pronunciamientos del fallo, tampoco se revisará la pena”. Es importante hacer un breve análisis de la norma que deriva del artículo 622 del Nuevo Código Penal. Dos son los elementos que se deben desarrollar. Por una parte, la norma es precisa en cuanto a enunciar que se aplicará el artículo 622 del Nuevo Código Penal cuando la pena esté ejecutada; ello cual acontece en el caso de mérito toda vez que la pena de reclusión, que es, al fin y al cabo, la norma esencial a considerar ya ha sido ejecutada en virtud de la conmuta y posterior pago que se derivó de ésta. Como se expresó en el considerando anterior respecto de que si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad; siendo que en este caso particular la de reclusión (i.e., la de privación de libertad) ya ha sido ejecutada. Siguiendo esta misma línea argumentativa, que no se haya ejecutado completamente la pena no es impedimento para aplicar lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 622 del Nuevo Código Penal en la medida en que éste establece que no cabe revisar la pena, aunque queden pendientes pronunciamientos de fallo, lo cual es el caso. En consideración de todo lo expuesto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal en virtud de que la pena se encuentra ejecutada, aunque queden pendientes otros aspectos de fallo. Esto, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 622 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el ABOGADO Javier Gómez Díaz, en favor de Wilson Miguel Ponce Andino. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. – FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes enero de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-1081-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONALJP