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Sentencia RP-1069-22 — Registro 17984

Resumen

Revisión de sentencia condenatoria en aplicación del Principio de retroactividad en materia Penal por ser recurrente autor del delito de Tráfico Ilícito de Drogas considerando la Sala Constitucional la aplicación retroactividad el nuevo código penal por ser mas beneficiosa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal.En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal se impuso a Raúl Osman Oquelí Corrales, la pena de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y el pago de una multa de setecientos cincuenta mil lempiras (L 750,000.00), por ser autor penalmente responsable del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, y las consecuencias legales de responsabilidad civil y trabajo en obras públicas o labores dentro del establecimiento penitenciario durante el tiempo de la condena. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo (artículo 311), cuya pena es: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o, ii.De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. En el caso del señor Raúl Osman Oquelí Corrales, conforme a los hechos probados, se encontraba en posesión de treinta y un (31) bolsitas conteniendo en su interior cocaína, considerada una droga que causa grave daño a la salud conforme a la Lista de Estupefacientes Sometidos a Fiscalización Internacional o Lista Amarilla (Lista I - Sección 1); cantidad no considerada compatible para el consumo personal inmediato conforme el dictamen de medicina forense; conducta que castiga el NCP con la pena de 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días. Al hacer la disminución de este margen abstracto en un cuarto (¼) por la aplicación del procedimiento abreviado, se determina como nueva pena abstracta de cinco (5) años y tres (3) meses a siete (7) años de prisión, y multa de setenta y cinco (75) a cien (100) días. A partir de lo anterior, se puede concluir que es procedente la aplicación retroactiva del NCP 130-2017, pues la pena privativa de la libertad como la de multa, son más favorables al sentenciado en comparación con las contempladas en la ley especial vigente al momento de la realización del delito, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Como siguiente paso corresponde determinar dentro del margen abstracto la pena concreta a imponer según las circunstancias establecidas del artículo 70 en relación con los artículos 31 y 32 todos del NCP. El juzgador de instancia determinó en su sentencia que no concurrían circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que agravasen el quantum de la pena, y atendiendo las circunstancias personales del condenado, así como la modalidad criminosa empleada, es consecuente imponer las penas en su límite mínimo: i. cinco (5) años y tres (3) meses de prisión; y, ii. Multa de setenta y cinco días en su valor mínimo (L 20.00), que equivalen a mil quinientos lempiras (L 1,500.00). POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: Primero: Declara Con Lugar la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Henry Alexander Fuentes Mejía, a favor del señor Raúl Osman Oquelí Corrales. Segundo: Se Anula Parcialmente la sentencia definitiva firme dictada en fecha dieciocho (18) de febrero de dos mil veinte (2020), por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Tercero: Se Reforman las penas impuestas al señor Raúl Osman Oquelí Corrales, por el delito Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, las cuales deberán leerse de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos al señor Raúl Osman Oquelí Corrales, por ser autor responsable penalmente del delito Tráfico de Drogas, en perjuicio de la Salud Pública del Estado de Honduras, a las penas siguientes: i. Cinco (5) años y tres (3) meses de prisión, a la cual deberá deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad por la misma causa criminal y que deberá cumplirla de conformidad con el Código Penal 130-2017; ii. Multa de setenta y cinco días en su valor mínimo (L 20.00) que equivalen a mil quinientos lempiras (L 1,500.00). SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al señor Raúl Osman Oquelí Corrales, como consecuencia de la pena de prisión, a la pena accesoria de inhabilitación absoluta, así como a la suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión, por disposición constitucional (Artículo 41.2).”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice:”Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Constitucional Sentencia de revisión penal En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-1069-2022, promovido por el Abogado Henry Alexander Fuentes Mejía, en favor de Raúl Osman Oquelí Corrales, contra la sentencia de fecha dieciocho (18) de febrero de dos mil veinte (2020), dictada por la Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Raúl Osman Oquelí Corrales, a las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y el pago de una multa de setecientos cincuenta mil lempiras (L 750,000.00), por ser autor penalmente responsable del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, la que deberá cumplir en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, ubicado en el Valle de Támara, departamento de Francisco Morazán. Segundo: Como consecuencia de la pena de reclusión, se condenó también a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal. Tercero: Declaró la responsabilidad civil del condenado que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. Cuarto: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.Son partes: 1)El Abogado Henry Alexander Fuentes Mejía, en favor de Raúl Osman Oquelí Corrales, como revisionista; 2)La Abogada Claudia Suyapa Mejía, fiscal del Ministerio Público.Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal.“Este Juzgado declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: se interpone el día seis (6) de junio del año dos mil diecinueve (2019), en la Central Telefónica de la Dirección de la Lucha Contra el Narcotráfico, una denuncia en donde manifiestan que hay una persona del sexo masculino de nombre OSMAN, de tez trigueña, estatura media, contextura delgada, quien se dedica a la venta de droga en la colonia Cerro Grande, Zona 2, por la subida de la Gasolinera Texaco, en una casa de habitación número: 2320, de la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., departamento de Francisco Morazán, se procedió a ubicar el bien inmueble en la Colonia Cerro Grande Zona 2, Casa de Habitación Número 2320, de la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., departamento de Francisco Morazán, con el objeto de confirmar o desvirtuar la información recibida, y donde se realizaron diligencias investigativas de vigilancia en las cuales en fecha ocho (8) de junio del año dos mil diecinueve (2019), se observó los movimientos de la venta de la supuesta droga, en fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil diecinueve (2019), se observó venta de la droga cocaína, a lo que llamamos pase de mano, observándose que en el negocio de ventas de bebidas alcohólicas que tiene el señor Raúl Osman Oquelí Corrales, ingresan y luego salen sin observárseles bebidas alcohólicas y un corto de tiempo típico de la venta de droga, por lo que el viernes seis (6) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), se realizó un operativo en horas de la tarde, consistente en ejecutar una orden judicial de allanamiento en la colonia Cerro Grande Zona 2, Casa de Habitación Número 2320, de la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., departamento de Francisco Morazán, a fin de realizar inspección y registro por parte de la Dirección de la Lucha Contra el Narcotráfico dando como resultado que al realizar una inspección encontrándose en un cuarto de la vivienda treinta y un (31) bolsitas conteniendo en su interior cocaína, en el local de bebidas alcohólicas se encontraron bolsitas plásticas bajo el lavamanos, en el registro vehicular que manejaba Raúl Osman Oquelí Corrales, se le encontró un teléfono celular y en el registro personal se le encontraron TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS (L 375.00), por lo que se procedió a su detención y fue puesto a la orden de la fiscalía.” Antecedentes PRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha siete (7) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), en el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial del Distrito Central, la Abogada Ana Reyes en su condición de fiscal del Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en contra de Raúl Osman Oquelí Corrales, por considerarlo responsable penalmente del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, dictó sentencia de proceso abreviado en fecha dieciocho (18) de febrero de dos mil veinte (2020), mediante la cual falló condenar a Raúl Osman Oquelí Corrales, a las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y el pago de una multa de setecientos cincuenta mil lempiras (L 750,000.00), por ser autor penalmente responsable del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y las consecuencias legales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. El Abogado Henry Alexander Fuentes Mejía, en representación de Raúl Osman Oquelí Corrales, compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha veinte (20) de julio de dos mil veintidós (2022), presentando recurso de revisión penal a favor de su representado, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en fecha dieciocho (18) de febrero de dos mil veinte (2020), mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha cinco (5) de agosto de dos mil veintidós (2022), ordenándose, en consecuencia, la celebración de la audiencia respectiva (f. 5).CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante la Sala de lo Constitucional (f. 18), habiendo comparecido el Abogado Henry Alexander Fuentes Mejía, en favor de Raúl Osman Oquelí Corrales, como revisionista; y, la Abogada Claudia Suyapa Mejía, fiscal del Ministerio Público; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando el revisionista que, su representado fue juzgado de conformidad con la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, habiéndose aplicado un procedimiento abreviado y quedando su condena en once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de setecientos cincuenta mil lempiras (L 750,000.00), más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, y las consecuencias legales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Asimismo, expresa que de conformidad con el NCP 130-2017, el delito de tráfico de drogas se encuentra regulado en el artículo 311 y contiene una pena mínima de 7 años de prisión, a la cual si se disminuye un cuarto (1/4) por el procedimiento abreviado, quedaría en 5 años y 3 meses de prisión, por lo cual le favorece el principio de retroactividad de la ley penal.Por su parte, el Ministerio Público manifestó que en el presente caso es aplicable la pena de 7 a 10 años de prisión y con la rebaja de ¼ por la aplicación del procedimiento abreviado queda en una pena abstracta de cuatro (4) años, seis (6) meses a siete (7) años y multa de 75 a 375 días de conformidad con los artículos 53 y 616 del NCP 130-2017, por lo cual es del parecer que se otorgue la acción de revisión.Fundamentación. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[1]. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[2], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[3]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”[4]. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” [5]. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Henry Alexander Fuentes Mejía, en favor de Raúl Osman Oquelí Corrales, como revisionista; y, la Abogada Claudia Suyapa Mejía, fiscal del Ministerio Público. El Abogado Henry Alexander Fuentes Mejía, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que que su representado fue juzgado de conformidad con la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, habiéndose aplicado un procedimiento abreviado y quedando su condena en once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de setecientos cincuenta mil lempiras (L 750,000.00), más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, y las consecuencias legales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Asimismo, expresa que de conformidad con el NCP 130-2017, el delito de tráfico de drogas se encuentra regulado en el artículo 311 y contiene una pena mínima de siete (7) años, a la cual si se disminuye en un cuarto (¼) por la aplicación del procedimiento abreviado, quedaría en cinco (5) años y tres (3) meses de prisión, por lo cual le favorece el principio de retroactividad de la ley penal. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que, en el presente caso es aplicable la pena de siete (7) a diez (10) años de prisión y con la rebaja de (¼) por la aplicación del procedimiento abreviado queda en una pena abstracta de cuatro (4) años, seis (6) meses a siete (7) años y multa de 75 a 375 días, de conformidad con los artículos 53 y 616 del NCP 130-2017, por lo cual es del parecer que se otorgue la acción de revisión.CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal.En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal se impuso a Raúl Osman Oquelí Corrales, la pena de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y el pago de una multa de setecientos cincuenta mil lempiras (L 750,000.00), por ser autor penalmente responsable del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, y las consecuencias legales de responsabilidad civil y trabajo en obras públicas o labores dentro del establecimiento penitenciario durante el tiempo de la condena. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo (artículo 311), cuya pena es: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o, ii.De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. En el caso del señor Raúl Osman Oquelí Corrales, conforme a los hechos probados, se encontraba en posesión de treinta y un (31) bolsitas conteniendo en su interior cocaína, considerada una droga que causa grave daño a la salud conforme a la Lista de Estupefacientes Sometidos a Fiscalización Internacional o Lista Amarilla (Lista I - Sección 1); cantidad no considerada compatible para el consumo personal inmediato conforme el dictamen de medicina forense; conducta que castiga el NCP con la pena de 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días. Al hacer la disminución de este margen abstracto en un cuarto (¼) por la aplicación del procedimiento abreviado, se determina como nueva pena abstracta de cinco (5) años y tres (3) meses a siete (7) años de prisión, y multa de setenta y cinco (75) a cien (100) días. A partir de lo anterior, se puede concluir que es procedente la aplicación retroactiva del NCP 130-2017, pues la pena privativa de la libertad como la de multa, son más favorables al sentenciado en comparación con las contempladas en la ley especial vigente al momento de la realización del delito, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Como siguiente paso corresponde determinar dentro del margen abstracto la pena concreta a imponer según las circunstancias establecidas del artículo 70 en relación con los artículos 31 y 32 todos del NCP. El juzgador de instancia determinó en su sentencia que no concurrían circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que agravasen el quantum de la pena, y atendiendo las circunstancias personales del condenado, así como la modalidad criminosa empleada, es consecuente imponer las penas en su límite mínimo: i. cinco (5) años y tres (3) meses de prisión; y, ii. Multa de setenta y cinco días en su valor mínimo (L 20.00), que equivalen a mil quinientos lempiras (L 1,500.00). POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: Primero: Declara Con Lugar la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Henry Alexander Fuentes Mejía, a favor del señor Raúl Osman Oquelí Corrales. Segundo: Se Anula Parcialmente la sentencia definitiva firme dictada en fecha dieciocho (18) de febrero de dos mil veinte (2020), por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Tercero: Se Reforman las penas impuestas al señor Raúl Osman Oquelí Corrales, por el delito Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, las cuales deberán leerse de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos al señor Raúl Osman Oquelí Corrales, por ser autor responsable penalmente del delito Tráfico de Drogas, en perjuicio de la Salud Pública del Estado de Honduras, a las penas siguientes: i. Cinco (5) años y tres (3) meses de prisión, a la cual deberá deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad por la misma causa criminal y que deberá cumplirla de conformidad con el Código Penal 130-2017; ii. Multa de setenta y cinco días en su valor mínimo (L 20.00) que equivalen a mil quinientos lempiras (L 1,500.00). SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al señor Raúl Osman Oquelí Corrales, como consecuencia de la pena de prisión, a la pena accesoria de inhabilitación absoluta, así como a la suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión, por disposición constitucional (Artículo 41.2).”. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFIQUESE. – SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de agosto de dos mil veintitrés, certificación el fallo de fecha dieciséis de agosto de dos mil veintitrés recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1069-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[2] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[3] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[4] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[5] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.