Sentencia RP-1020-21 — Registro 16155
Resumen
Sentencia en revisión condenó a recurrente como autor del delito de Trata de Personas agravado en la modalidad de explotación sexual comercial en perjuicio de Testigo Protegido KSPS-1, imponiendole una pena de once (11) años tres meses de reclusión y penas accesorias de Inhabilitación espeicial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena con multa de 168.75 salarios mínimos; La Sala concluyó que la presente causa cumple con los requisitos legales, en consecuencia determina aplicar el control difuso establecido en la Constitución de la República y Ley Sobre Justicia Constitucional; en consecuencia, en la Parte Dispositiva se modifica la sentencia revisada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD..."..."en el caso sub examine, los peticionarios SIONY GUSTAVO DIAZ PADILLA y LIDENY XIOMARA CARTAGENA RAMOS, compareció ante la Sala de lo Constitucional, en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil veintiuno, presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal y en consecuencia la aplicación de la ley más benigna vigente en ese momento, el Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal, en consideración a que su representada el señor VIDAL ALBERTO GARCIA PEÑA, fue condenada por el delito de TRATA DE PERSONAS estando vigente la ley y reglamento contra la trata de personas, decreto este último que fue desplazado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. La nueva norma penal establecía en el artículo 219 una pena más benigna para el delito de TRATA DE PERSONAS. castigado con la pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años. No obstante, a ello en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido y el dictado de la presente sentencia, entró en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021[11], mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 219 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión: -prisión de diez (10) a quince (15) años-. En el caso sujeto a estudio nos encontramos ante la situación de la aplicación de una ley más benigna que no se encuentra vigente el momento de dictar sentencia, ello es así pues el señor VIDAL ALBERTO GARCÍA PEÑA, fue condenado por el delito de TRATA DE PERSONAS, estando vigente la ley y reglamento contra la trata de personas, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Trata de Personas, peticionando sus Abogados Defensores la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia el Decreto 130-2017, mismo que establecía una pena más benigna para el delito de Trata de Personas, y posterior a la petición realizada y previo a dictar sentencia este Alto Tribunal, entra en vigencia el Decreto 93-2021 que de nuevo aumenta la pena para el delito de Trata de Personas como líneas arriba se dijo. En ese orden de ideas el Tribunal Supremo Español considera que, si la ley penal intermedia es más favorable que la ley vigente en el momento de comisión del delito y que la vigente en el momento de enjuiciamiento, debe ser aplicada al reo, «no solamente por razones humanitarias derivadas del principio proclamado en el art. 2.2 del Código Penal..."..."la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor VIDAL ALBERTO GARCÍA PEÑA fue condenado por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha ocho de marzo de dos mil diecinueve. 1. a la pena de ONCE AÑOS TRES MESES DE RECLUSIÓN así mismo a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL por el delito de TRATA DE PERSONAS en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO KSPS1. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la garantista, que la sentencia condenatoria mediante la cual se condenó al señor ERICK FERNANDO MEJÍA CERNA, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Juzgado aplicó lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley y Reglamento contra la Trata de Personas. III- Esta Sala procede a revisar las diferentes normas penales para determinar si el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."..."de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se constata que los hechos probados encajan con las descripciones del tipo penal desarrollado en el Código Penal decreto 130-2017. II. En la parte resolutiva se le impuso al señor VIDAL ALBERTO GARCÍA PEÑA, la pena principal de ONCE AÑOS TRES MESES DE RECLUSIÓN por el delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO ksps-1 y las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. III. Conforme las disposiciones del Código Penal vigente mediante Decreto 130-2017, el delito de TRATA DE PERSONAS, previsto en el artículo 219 dispone: “Debe ser castigado con la pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años, quien empleando violencia, intimidación, engaño o, abusando de una situación de superioridad o de necesidad de la víctima o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que posea el control de la misma, la capta, transporta, traslada, acoge o recibe, dentro o fuera del territorio nacional, con cualquiera de las finalidades siguientes:1) 2) La explotación sexual forzada…” Estableciendo el articulo 220.- AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Se debe incrementar la pena en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1), 2) La víctima es especialmente vulnerable por razón de la edad; Arrojando una pena abstracta de ocho años a diez años ocho meses de prisión. El tipo penal supra señalado encuadra en los hechos probados establecidos en el expediente del Juzgado de Letras. Por lo cual es patente que en el nuevo Código Penal existe una penalización más benigna para la imputada. IV. Siguiendo los parámetros aplicados en la sentencia por el juez primario, tomando en consideración que el sujeto sentenciado se sometió al procedimiento abreviado (Artículo 403 del Código Procesal Penal), y las fórmulas establecidas en el nuevo Código Penal, haciendo uso de iguales circunstancias, rebajando un cuarto de la pena mínima a cada delito, al encausado se le debe imponer por el delito de TRATA DE PERSONAS la pena concreta de SEIS AÑOS DE PRISIÓN; Más las penas accesorias correspondientes. V. La comparativa de penas entre las diferentes legislaciones penales aplicadas al caso concreto permiten determinar que el Código Penal vigente o ley intermedia prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme a la Ley Contra la Trata de Personas, y las estatuidas en el Decreto 93-2021. por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor VIDAL ALBERTO GARCÍA PEÑA y conforme al artículo 101.4 del La Ley sobre Justicia Constitucional que se proceda a emitir un nuevo computo de pena por parte del Juzgado de Ejecución competente..."..."esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 373 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 614 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 97 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 96, 8 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 98 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de enero del dos mil veintitrés.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por los Abogados SIONY GUSTAVO DIAZ PADILLA y LEDENY XIOMARA CARTAGENA RAMOS, a favor de los señor VIDAL ALBERTO GARCIA PEÑA, contra las sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencias con Competencia Nacional en Materia de Extorsión de fecha ocho (8) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con relación a la causa que se instruyó contra el señor VIDAL ALBERTO GARCIA PEÑA, por suponerlo responsable del delito de TRATA DE PERSONA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO KSPS-1.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha cuatro (4) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada TANIA LIZETH LOPEZ NIETO, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor VIDAL ALBERTO GARCIA PEÑA y MAVERICK JACKSEL PERDOMO MEDINA (alias Gigi), por suponerlos responsables del delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE EXTORSION SEXUAL COMERCIAL, en perjuicio de TESTIFO PROTEGIDO KSP-1.-(Folios 1 al 6 de pieza del Juzgado).-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha ocho (8) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia de Penal, dictó Sentencia mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al imputado VIDAL ALBERTO GARCIA PEÑA, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia como responsable en concepto de autor del delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO KSPS-1, a una pena de ONCE (11) AÑOS DE TRES MESES DE RECLUSION, pena que deberán cumplir en el Centro Penal que designe el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, sujeta a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario.- SEGUNDO: CONDENAR al señor VIDAL ALBERTO GARCIA PEÑA, a las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena.- TERCERO: Multar al señor VIDAL ALBERTO GARCIA PEÑA, por suponerlo responsable de la comisión del delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE EXPOLTACION SEXUAL COMERCIAL, a pagar la multa de 168.75 salarios mínimos.- CUARTO: No procede la condena en costas personales ni procesales...” (Folios 105 al 111 de la pieza del Juzgado).-3) Que los recurrentes Abogados SIONY GUSTAVO DIAZ PADILLA y LEDENY XIOMARA CARTAGENA RAMOS, comparecieron ante este Tribunal en fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor del señor VIDAL ALBERTO GARCIA PEÑA, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha ocho (8) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal.-5) Que en fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva.-6) Que en fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado SIONY GUSTAVO DIAZ PADILLA, en su condición de Apoderado Legal del señor VIDAL ALBERTO GARCIA PEÑA, y la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), La representante del Ministerio Público, fue de la opinión que NO SE OTORGUE la acción de revisión en los términos supra señalados, en virtud de que lo peticionado por el revisionista está conforme a la Ley.-CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[1] .-Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.-CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[2], en relación con el artículo 25 de la misma convención[3] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[4].-CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. Los garantistas fundan su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. En audiencia de oposición el recurrente manifestó: “actuando en mi condición de representante del señor VIDAL ALBERTO GARCIA PEÑA condenado por el delito de trata de personas en perjuicio de testigo protegido KSPS-1 tomando a bien ratificar y solicitar a esta honorable sala de lo constitucional el derecho que me asiste para aplicar a una ley que favorezca siempre y cuando mejore las condiciones de mi representado por lo cual establezco textualmente como lo dice en la convención de los derechos humanos en su artículo 9, especifica principio de legalidad y retroactividad, si con posterioridad a la comisión de delito de la ley se dispone de una pena más leve el delincuente se beneficiara de ello, es por eso que vengo a ratificar se pueda aplicar ya que entró en vigor una nueva Ley que beneficia a mi representado bajo el decreto 130-2017 específicamente para el delito de trata de personas donde es claro su determinada pena y la cual mi representado puede optar se le pueda reformar, la modificación de la sentencia por la cual fue condenado, y se pueda aplicar el nuevo decreto 130-2017 para establecer la normativa que ya habla sobre esta tipicidad por el cual mi representado fue condenado y siendo ahora una Ley que beneficia de manera personal sus condiciones favorables en su vida carcelaria; tomando en cuenta que nuestra normativa establece un criterio de la aplicación de la ley más favorable donde especifica que se comparara la ley que estaba anteriormente con la actual que entró en vigor a concreto hecho sometido de enjuiciamiento con la aplicación de las normas completas a la legislación derogada en este caso hablamos por el cual fue sentenciado él, del decreto 144-83 denominado el código penal anterior bajo el sustento legal de la revisión en materia penal de la ley de Justicia Constitucional en su artículo 95 y en esta caso el articulo 96 numeral 8 donde especifica procederá la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, es en este caso su señoría y partes procesales que estoy solicitando se le pueda aplicar a mi representado esta normativa que acaba de entrar en vigor y pues tomando en cuenta que el primero (1) de noviembre del dos mil veintiuno (2021) entro otro decreto EL 93-2021 para poder solicitar una reducción a la pena y la modificación y procedente se pueda notificar al juzgado de ejecución la modificación de la sentencia para que se le pueda reformular un nuevo computo.” Por su parte el Ministerio Publico expreso: “ De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL, por el cual se condenó al ciudadano VIDAL ALBERTO GARCIA PEÑA.- Según lo regulaba el artículo 52 de la Ley Contra la Trata de personas: incurre en el delito de Trata de Personas, quien facilite, promueva o ejecute la captación, la retención, el transporte, el traslado, la entrega, la acogida o la recepción de personas, dentro o fuera del territorito nacional, para someterlas a servidumbre, esclavitud o sus prácticas análogas, trabajos o servicios forzosos, mendicidad y embarazo forzado, matrimonio forzado o servil, tráfico ilícito de órganos, fluidos y tejidos humanos, venta de personas, explotación sexual comercial, adopción irregular y el reclutamiento de personas menores de dieciocho años para su utilización en actividades criminales, será sancionado con una pena de DIEZ (10) a QUINCE (15) años de reclusión, más inhabilitación absoluta por el doble tiempo que dure la reclusión y multa de ciento cincuenta (150) a doscientos (200) salarios mínimos.- Las penas anteriores se aumentaran en un medio (½) en las casos siguientes: 1.) cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad. 2.)…3.)…4)…5)…6)…7)….- Por lo que la pena abstracta es de QUINCE (15) años a VEINTIDOS (22) años, rebajada en un cuarto ¼ por haberse sometido al procedimiento abreviado, habiéndosele impuesto la pena concreta de ONCE (11) AÑOS, TRES (3) MESES DE RECLUSION y una multa de 168.75 salarios mínimos, equivalente a la cantidad de UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ( L. 1,740,841.88), más las penas accesorias de inhabilitación absoluta por el doble tiempo que dure la reclusión.- En el Nuevo Código Penal Vigente el delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACION COMERCIAL, se encuentra regulado en el artículo 219, mismo que fue reformado a través del Decreto Legislativo 93-2021, Que reza: “Incurre en el delito de trata de personas y será castigado con una pena de DIEZ (10) a QUINCE (15) AÑOS, quien facilite, promueva, o ejecute la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional, con la finalidad de que sean utilizadas o forzadas a cualquier tipo de explotación incluyendo: 1.) …2.) La explotación sexual forzada o comercial. 3.)…4.)…5)…6.)…7.).- Se agravará en un tercio 1/3 la pena cuando concurra cualquiera de las circunstancias siguientes: 1...) 2...)…3) que la víctima sea menor de 18 años….- Por lo que la pena abstracta es de QUINCE (15) a VEINTE (20) AÑOS, procediendo a hacer la rebaja de un cuarto ¼ por haberse sometido al Procedimiento abreviado, quedando en una nueva pena abstracta de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES A QUINCE (15) AÑOS.- Al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta conforme la legislación derogada, resulta también imponible con arreglo al Código Penal vigente, en tanto no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado.” Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. opinión: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión.”- CONSIDERANDO CUATRO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás.
CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b.Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.- Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador.- c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena.CONSIDERANDO SEIS (6): Retroactividad de la ley. La palabra “retroactividad”, deriva del latín, significa “retro agüere” accionar, hacia atrás, obrar hacía atrás. De acuerdo con las fuentes romanas se acude a varias expresiones: “retroagitur”, “reducitur” o “res retroducitur” y activus, que produce efectos y por tanto significa actuar sobre el pasado. Suárez Collía, la define “en una sucesión temporal de leyes, la aplicación de la norma jurídica nueva, a supuestos de hecho, actos, relaciones y/o situaciones jurídicas nacidas o constituidas con anterioridad a su entrada en vigor y que tuvieron su origen bajo el imperio de otra norma derogada.-
CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[5], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[6]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.”[7] Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[8] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”.- CONSIDERANDO OCHO (8): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Sobre la aplicación de la ley intermedia. En relación a la ley intermedia. Se les denomina así ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso hondureño no hablamos específicamente de una ley per se, empero se presenta una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisonomía normativa, así como su contenido básico. Para el jurista René Suazo Lagos[9] reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”[10].-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que en el caso sub examine, los peticionarios SIONY GUSTAVO DIAZ PADILLA y LIDENY XIOMARA CARTAGENA RAMOS, compareció ante la Sala de lo Constitucional, en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil veintiuno, presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal y en consecuencia la aplicación de la ley más benigna vigente en ese momento, el Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal, en consideración a que su representada el señor VIDAL ALBERTO GARCIA PEÑA, fue condenada por el delito de TRATA DE PERSONAS estando vigente la ley y reglamento contra la trata de personas, decreto este último que fue desplazado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. La nueva norma penal establecía en el artículo 219 una pena más benigna para el delito de TRATA DE PERSONAS. castigado con la pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años. No obstante, a ello en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido y el dictado de la presente sentencia, entró en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021[11], mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 219 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión: -prisión de diez (10) a quince (15) años-. En el caso sujeto a estudio nos encontramos ante la situación de la aplicación de una ley más benigna que no se encuentra vigente el momento de dictar sentencia, ello es así pues el señor VIDAL ALBERTO GARCÍA PEÑA, fue condenado por el delito de TRATA DE PERSONAS, estando vigente la ley y reglamento contra la trata de personas, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Trata de Personas, peticionando sus Abogados Defensores la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia el Decreto 130-2017, mismo que establecía una pena más benigna para el delito de Trata de Personas, y posterior a la petición realizada y previo a dictar sentencia este Alto Tribunal, entra en vigencia el Decreto 93-2021 que de nuevo aumenta la pena para el delito de Trata de Personas como líneas arriba se dijo. En ese orden de ideas el Tribunal Supremo Español considera que, si la ley penal intermedia es más favorable que la ley vigente en el momento de comisión del delito y que la vigente en el momento de enjuiciamiento, debe ser aplicada al reo, «no solamente por razones humanitarias derivadas del principio proclamado en el art. 2.2 del Código Penal [español], sino que se perjudicaría al reo por razones ajenas a él, como la tardanza en juzgarle, resultando de ese modo en peor situación» (STS, 2.ª, 953/2013, de 16-XII). Otras resoluciones que aplican la ley penal intermedia más favorable son las SSTS, 2.ª, 140/2002, de 8-II; 692/2008, de 4-XI; 1026/2009, de 16-X; y 1078/2012, de 16-VI. -CONSIDERANDO ONCE (11): Esta Sala Constitucional considera que una vez iniciado un trámite de Revisión materia penal, al momento de aplicar las normas penales a la sustanciación del Recurso, se deberá ejecutar la norma que fue invocada por el recursista y que al momento de peticionar estaba en vigencia. Asimismo, al momento de comparar las normas penales, como es el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. Se deberá comparar la norma que fue aplicada en la sentencia (norma considerada derogada en el momento de interposición del recurso) con la nueva norma penal. Y en el caso de que, en el lapsus de presentación del Recurso y la emisión de la resolución final, la norma invocada fuese derogada o reformada, se tomara en consideración la más benigna entre todas las normas que hayan estado vigentes en ese ínterin, ya que el cambio de circunstancias es por causas ajenas al peticionario y por tanto no puede ser afectado. Esto atendiendo el mandato constitucional, que coloca a la persona humana y su protección como fin y prioridad del Estado. Así también, bajo la órbita del principio pro homine, ampliamente reconocido por la Sala Constitucional. Cuando exista la posibilidad de tomar diferentes decisiones, así como en el caso demérito, donde encuentran varias posibilidades en debate, el juez deberá preferir, aquella que contenga mejores protecciones, o que sean más favorables para el individuo. Por tanto, se debe aplicar la norma que más favorezca al encausado, puesto que su petición se realizó al amparo de una norma más benigna que al momento de interponer el Recurso se encontraba en vigencia y el hecho de que esa norma haya sido desplazada no puede ser imputable o acarrear consecuencia para quien peticiono o se apegó a ella en tiempo y forma.- CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor VIDAL ALBERTO GARCÍA PEÑA fue condenado por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha ocho de marzo de dos mil diecinueve. 1. a la pena de ONCE AÑOS TRES MESES DE RECLUSIÓN así mismo a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL por el delito de TRATA DE PERSONAS en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO KSPS1. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la garantista, que la sentencia condenatoria mediante la cual se condenó al señor ERICK FERNANDO MEJÍA CERNA, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Juzgado aplicó lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley y Reglamento contra la Trata de Personas. III- Esta Sala procede a revisar las diferentes normas penales para determinar si el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. -CONSIDERANDO TRECE (13): I. Que de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se constata que los hechos probados encajan con las descripciones del tipo penal desarrollado en el Código Penal decreto 130-2017. II. En la parte resolutiva se le impuso al señor VIDAL ALBERTO GARCÍA PEÑA, la pena principal de ONCE AÑOS TRES MESES DE RECLUSIÓN por el delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO ksps-1 y las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. III. Conforme las disposiciones del Código Penal vigente mediante Decreto 130-2017, el delito de TRATA DE PERSONAS, previsto en el artículo 219 dispone: “Debe ser castigado con la pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años, quien empleando violencia, intimidación, engaño o, abusando de una situación de superioridad o de necesidad de la víctima o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que posea el control de la misma, la capta, transporta, traslada, acoge o recibe, dentro o fuera del territorio nacional, con cualquiera de las finalidades siguientes:1) 2) La explotación sexual forzada…” Estableciendo el articulo 220.- AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Se debe incrementar la pena en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1), 2) La víctima es especialmente vulnerable por razón de la edad; Arrojando una pena abstracta de ocho años a diez años ocho meses de prisión. El tipo penal supra señalado encuadra en los hechos probados establecidos en el expediente del Juzgado de Letras. Por lo cual es patente que en el nuevo Código Penal existe una penalización más benigna para la imputada. IV. Siguiendo los parámetros aplicados en la sentencia por el juez primario, tomando en consideración que el sujeto sentenciado se sometió al procedimiento abreviado (Artículo 403 del Código Procesal Penal), y las fórmulas establecidas en el nuevo Código Penal, haciendo uso de iguales circunstancias, rebajando un cuarto de la pena mínima a cada delito, al encausado se le debe imponer por el delito de TRATA DE PERSONAS la pena concreta de SEIS AÑOS DE PRISIÓN; Más las penas accesorias correspondientes. V. La comparativa de penas entre las diferentes legislaciones penales aplicadas al caso concreto permiten determinar que el Código Penal vigente o ley intermedia prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme a la Ley Contra la Trata de Personas, y las estatuidas en el Decreto 93-2021. por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor VIDAL ALBERTO GARCÍA PEÑA y conforme al artículo 101.4 del La Ley sobre Justicia Constitucional que se proceda a emitir un nuevo computo de pena por parte del Juzgado de Ejecución competente.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.-POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Articulo 24, 25, 35, 38, 53, 58 y 373 del Código Penal vigente; 403 y 404 del Código Procesal Penal. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada SIONY GUSTAVO DIAZ PADILLA y LIDENY XIOMARA CARTAGENA, a favor del señor VIDAL ALBERTO GARCÍA PEÑA; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor VIDAL ALBERTO GARCÍA PEÑA por el delito TRATA DE PERSONAS en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO KSPS-1, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor VIDAL ALBERTO GARCÍA PEÑA de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de TRATA DE PERSONAS, a la pena de SEIS AÑOS DE PRISIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO KSPS-1. Mas las penas accesorias inhabilitación absoluta. Mas las penas accesorias inhabilitación absoluta. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes y proceda a realizar un nuevo computo de la pena. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. -Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintidós (2023), recaída en el Recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1020-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
[1] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[2]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[3]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[4]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[5] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[6] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[7] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[8] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[9] Suazo Lagos R. (2010), Lecciones de Derecho Penal. Editorial La Nueva Honduras.
[10] Calderón, G. (2004) ¿Debe Aplicarse La Ley Penal Intermedia Más Favorable? Pontificia Universidad Católica De Valparaíso, Chile.
[11] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 35,760 de fecha 1 de noviembre del año dos mil veintiuno y vigente según el artículo 11 al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario oficial “La Gaceta”.