Sentencia RP-1014-21 — Registro 17644
Resumen
Se interpuso recurso de revisión penal SCO-1014-2021 Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual condenó como autores penalmente responsables de los delitos de asociación ilícita, uso indebido de uniformes y usurpación de funciones, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras y la Fe Pública.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
FALLA: PRIMERO: Declara Con Lugar la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada Carmen Carelia Rivera Rodríguez, en favor de Santos Adolfo Peña Melgar, Melvin Alexander Ponce y Óscar Armando Oliva Andrade. SEGUNDO: Anula Parcialmente la sentencia definitiva firme dictada por Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha quince (15) de diciembre de dos mil catorce (2014). TECERO: Se Reforman las penas impuestas a Santos Adolfo Peña Melgar, Melvin Alexander Ponce y Óscar Armando Oliva Andrade, por los delitos de Asociación Para Delinquir en perjuicio del Ejercicio de los Derechos Fundamentales, Uso Indebido de Uniforme, en perjuicio de la Fe Pública, y Usurpación de Funciones en perjuicio de la Administración Pública; las cuales deberán leerse de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos a los señores Santos Adolfo Peña Melgar, Melvin Alexander Ponce y Óscar Armando Oliva Andrade, por ser autores responsables penalmente del delito Asociación Para Delinquir en perjuicio del Ejercicio de los Derechos Fundamentales, a la pena de seis (6) años de prisión y multa de cien (100) días a razón de veinte lempiras (L 20.00), que equivalen a dos mil lempiras (L 2,000.00). A la pena de prisión deberá deducirse el tiempo en que los condenados hayan estado privados de su libertad por la misma causa criminal y que deberán cumplirla de conformidad con el Código Penal 130-2017; SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos a los señores Santos Adolfo Peña Melgar, Melvin Alexander Ponce y Óscar Armando Oliva Andrade, por ser autores responsables penalmente del delito de Uso Indebido de Uniforme, en perjuicio de la Fe Pública, a la pena de cuatro (4) años de prisión y multa de doscientos (200) días a razón de veinte lempiras (L 20.00) por día, que equivalen a cuatro mil lempiras (L 4,000.00). A la pena de prisión deberá deducirse el tiempo en que los condenados hayan estado privados de su libertad por la misma causa criminal y que deberán cumplirla de conformidad con el Código Penal 130-2017; los delitos fueron cometidos en concurso real, por lo cual deberá cumplir las penas de reclusión una en pos de la otra, comenzando por la más grave; TERCERO: Que debemos condenar y condenamos a los señores Santos Adolfo Peña Melgar, Melvin Alexander Ponce y Óscar Armando Oliva Andrade, por ser autores responsables penalmente del delito Usurpación de Funciones en perjuicio de la Administración Pública, a la pena de dos (2) años de prisión y multa de doscientos (200) días a razón de veinte lempiras (L 20.00) por día, que equivalen a cuatro mil lempiras (L 4,000.00). A la pena de prisión deberá deducirse el tiempo en que los condenados hayan estado privados de su libertad por la misma causa criminal y que deberán cumplirla de conformidad con el Código Penal 130-2017; los delitos fueron cometidos en concurso real, por lo cual deberá cumplir las penas de reclusión una en pos de la otra, comenzando por la más grave. CUARTO: Que debemos condenar y condenamos a los señores Santos Adolfo Peña Melgar, Melvin Alexander Ponce y Óscar Armando Oliva Andrade, como consecuencia de la pena de prisión, a la pena accesoria de inhabilitación absoluta, así como a la suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión, por disposición constitucional (Artículo 41.2), por el tiempo que dure la pena de prisión por el delito de Asociación Para Delinquir, en perjuicio del Ejercicio de los Derechos Fundamentales. Asimismo, la suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión, por disposición constitucional (Artículo 41.2), por el tiempo de la condena por los delitos de Uso Indebido de Uniforme, en perjuicio de la Fe Pública, y del delito de Usurpación de Funciones en perjuicio de la Administración Pública. CUARTO: Se declara a los señores los señores Santos Adolfo Peña Melgar, Melvin Alexander Ponce y Óscar Armando Oliva Andrade, responsables civilmente de los delitos por los cuales son condenados. QUINTO: No condena en costas a los señores los señores Santos Adolfo Peña Melgar, Melvin Alexander Ponce y Óscar Armando Oliva Andrade. SEXTO: Se decreta comiso de: 1) Cinco chalecos antibalas que en su parte frontal se lee Policía; 2) Cinco Pasamontañas color negro; 3) Un arma de fuego tipo fusil, marca no legible, modelo no legible, calibre 5.56x45mm, número de serie 173517, con su cargador; 4) Un arma de fuego tipo fusil, marca Bushmáster, modelo AR-15, calibre 5.56x45mm. Ordenando el Tribunal que las mismas sean entregadas por el Ministerio Público a la Policía Nacional para su utilización en funciones policiales.”.
Legislación citada
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia - Sala de lo Constitucional. Sentencia de revisión penal. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-1014-2021, promovido por la Abogada Carmen Carelia Rivera Rodríguez en favor de Santos Adolfo Peña Melgar, Melvin Alexander Ponce y Óscar Armando Oliva Andrade, contra la sentencia de fecha quince (15) de diciembre de dos mil catorce (2014), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Santos Adolfo Peña Melgar, Melvin Alexander Ponce y Óscar Armando Oliva Andrade, como autores penalmente responsables de los delitos de asociación ilícita, uso indebido de uniformes y usurpación de funciones, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras y la Fe Pública, respectivamente. Imponiéndoles a cada uno de los condenados Santos Adolfo Peña Melgar y Óscar Armando Oliva Andrade, la pena de quince (15) años de reclusión por el delito de Asociación Ilícita; la pena de seis (6) años de reclusión por el delito de Uso Indebido de Uniformes; y, la pena de tres (3) años de reclusión por el delito de Usurpación de Funciones. Entretanto, a Melvin Alexander Ponce se le impone la pena de catorce (14) años de reclusión por el delito de Asociación Ilícita, la pena de cinco (5) años y seis (6) meses de reclusión por el delito de Uso Indebido de Uniformes; y, la pena de dos (2) años y seis (6) meses de reclusión por el delito de Usurpación de Funciones. Segundo: Las penas de reclusión deberán cumplirla los condenados una en pos de la otra, comenzando por la más grave, en la Penitenciaría Nacional de Támara, Francisco Morazán o en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución determine, computándoles el tiempo en que han permanecido en efectiva prisión por esta causa; además, se les condena a cada uno a las penas accesorias de: 1) Inhabilitación Absoluta por las penas de reclusión de los delitos Asociación Ilícita y Uso Indebido de Uniformes; 2) Inhabilitación Especial por la pena de reclusión por el delito de Usurpación de Funciones; y, 3) Interdicción Civil. Todas durante el tiempo de duración de la pena principal. Tercero: Absolvió a los señores Santos Adolfo Peña Melgar, Melvin Alexander Ponce y Óscar Armando Oliva Andrade, por los delitos de Robo de Vehículo Agravado, Portación Ilegal de Armas Prohibidas y Portación Ilegal de Armas de Uso Comercial, en perjuicio de Testigo Protegido D y la Seguridad Interior del Estado de Honduras, respectivamente. Cuarto: Declaró a los condenados responsables civilmente. Quinto: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Sexto: Declaró el comiso de: 1) 5 Chalecos antibalas que en su parte frontal se lee Policía; 2) 5 Pasamontañas color negro; 3) Un arma de fuego tipo fusil, marca no legible, modelo no legible, calibre 5.56x45mm, número de serie 173517, con su cargador; 4) Un arma de fuego tipo fusil, marca Bushmáster, modelo AR-15, calibre 5.56x45mm. Ordenando el Tribunal que las mismas sean entregadas por el Ministerio Público a la Policía Nacional para su utilización en funciones policiales. Son partes: 1) La Abogada Carmen Carelia Rivera Rodríguez, en favor de Santos Adolfo Peña Melgar, Melvin Alexander Ponce y Óscar Armando Oliva Andrade, como revisionista; 2) La Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, fiscal del Ministerio Público. Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal. “PRIMERO: El día martes catorce de febrero del año 2012, a eso de las cinco de la mañana, los señores SANTOS ADOLFO PEÑA MELGAR, MELVIN ALEXANDER PONCE Y ÓSCAR ARMANDO OLIVA ANDRADE, miembros de la Mara MS, junto con otras personas no identificadas, llegaron a una vivienda ubicada en el barrio Cabañas, de la ciudad de Tegucigalpa, a bordo de un vehículo marca Toyota, modelo Hilux, año 2006, tipo Pick Up, color blanco, propiedad del TESTIGO PROTEGIDO D; los cuales vestían chalecos anti balas con leyenda de la Policía Nacional y pasamontañas y portaban las siguientes armas de fuego, cuya tenencia no fue individualizada; 1) un arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm., serie 97303946, marca IMI, modelo Eagle, con 9 cartuchos sin percutir y con reporte de robo; 2) un arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm., serie VLM9200, marca Smith & Wesson, modelo 915, con cinco cartuchos sin percutir y con reporte de robo; 3) un arma de fuego tipo fusil, marca no legible, calibre 5.56x45mm, serie 173517, de tenencia prohibida para los particulares; y, 4) un arma de fuego tipo fusil, marca Bushmáster, modelo AR-15, calibre 5.56x45mm, serie no legible, de tenencia prohibida para los particulares. SEGUNDO: Luego de estacionarse frente a la casa en mención, los señores SANTOS ADOLFO PEÑA MELGAR, MELVIN ALEXANDER PONCE Y ÓSCAR ARMANDO OLIVA ANDRADE, junto con las otras personas no identificadas, ingresaron a dicha vivienda; en eso, una persona llamó a la central de comunicaciones, informando que unas personas que se hacían pasar por policías habían ingresado a esa vivienda. Debido a lo anterior, una patrulla de la Policía Nacional Preventiva, llegó al lugar, se percató de la presencia del vehículo Toyota, color blanco, que se encontraba encendido frente a la vivienda, del cual salió corriendo el conductor cuando vio a la Policía, motivo por el cual los Policías ingresaron a la vivienda del barrio Cabañas, encontrando en el interior a SANTOS ADOLFO PEÑA MELGAR, MELVIN ALEXANDER PONCE Y ÓSCAR ARMANDO OLIVA ANDRADE, junto con otras personas no identificadas, quienes les dijeron a los Policías que estuvieran tranquilos, ya “que ellos eran policías”, en eso una persona llegó y les dijo que no eran Policías, por lo que SANTOS ADOLFO PEÑA MELGAR, MELVIN ALEXANDER PONCE Y ÓSCAR ARMANDO OLIVA ANDRADE, junto con otras personas no identificadas, salieron corriendo por los techos de la vivienda, botando las armas, chalecos y pasamontañas que llevaban; hasta que SANTOS ADOLFO PEÑA MELGAR, MELVIN ALEXANDER PONCE Y ÓSCAR ARMANDO OLIVA ANDRADE, fueron detenidos por la Policía a inmediaciones de una iglesia, que quedaba como a una cuadra del lugar.” Antecedentes PRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha quince (15) de febrero de dos mil doce (2012), compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial en Materia Penal, la Abogada Tania Leticia Cano en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de Santos Adolfo Peña Melgar, Melvin Alexander Ponce y Óscar Armando Oliva Andrade; por suponerlos autores penalmente responsables de los delitos de Asociación Ilícita, Portación Ilegal de Armas y Atentado, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras y la Fe Pública (f. 1). SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley correspondiente, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial en Materia Penal, dictó sentencia en fecha quince (15) de diciembre de dos mil catorce (2014), mediante la cual falló condenar a Santos Adolfo Peña Melgar y Óscar Armando Oliva Andrade, la pena de quince (15) años de reclusión por el delito de Asociación Ilícita; la pena de seis (6) años de reclusión por el delito de Uso Indebido de Uniformes; y, la pena de tres (3) años de reclusión por el delito de Usurpación de Funciones. Entretanto, a Melvin Alexander Ponce, se le impuso la pena de catorce (14) años de reclusión por el delito de Asociación Ilícita; la pena de cinco (5) años y seis (6) meses de reclusión por el delito de Uso Indebido de Uniformes; y, la pena de dos (2) años y seis (6) meses de reclusión por el delito de Usurpación de Funciones; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y las consecuencias legales de responsabilidad civil y trabajo en obras públicas o labores dentro del establecimiento penitenciario durante el tiempo de la condena. TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. La Abogada Carmen Carelia Rivera Rodríguez en representación de Santos Adolfo Peña Melgar, Melvin Alexander Ponce y Óscar Armando Oliva Andrade, compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor de sus representados, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha quince (15) de diciembre de dos mil catorce (2014), por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha ocho (8) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), ordenándose, en consecuencia, la celebración de la audiencia respectiva (f. 36). CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil veintidós (2022), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante la Sala de lo Constitucional (f. 49), habiendo comparecido la Abogada Carmen Carelia Rivera Rodríguez, en favor de Santos Adolfo Peña Melgar, Melvin Alexander Ponce y Óscar Armando Oliva Andrade, como revisionista; y, la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, fiscal del Ministerio Público; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando la revisionista que según el NCP 130-2017, el delito de Asociación Ilícita es conocido actualmente como Asociación Para Delinquir que conlleva una pena abstracta de seis (6) a diez (10) años de prisión y multa de 100 a 500 días conforme al artículo 554; el delito de Uso Indebido de Uniforme es sancionado conforme al artículo 493 con pena de dos (2) a cuatro (4) años de prisión y multa de 200 a 400 días; y, por el delito de Usurpación de Funciones según el artículo 507 es sancionado con pena de seis (6) meses a dos (2) años y multa de 100 a 200 días. Continúa expresando que para Santos Adolfo Peña Melgar y Óscar Armando Silva Andrade, corresponde imponerles la pena entre el límite mínimo y medio en virtud de haber sido condenados con tres circunstancias agravantes; entretanto, a Melvin Alexander Ponce, corresponde la imposición de las penas en su límite mínimo en virtud de no existir circunstancias agravantes. Por su parte, el Ministerio Público manifestó que efectivamente el NCP 130-2017 establece penas más favorables a los hoy condenados, define los márgenes abstractos que corresponde para cada uno de los delitos tomando en consideración las agravantes específicas de conformidad con los artículos 554, 473 y 507; y, emitió opinión en el sentido que se otorgue la acción de revisión. Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[1]. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[2], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[3]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”[4]. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” [5]. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil veintidós (2022), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la Abogada Carmen Carelia Rivera Rodríguez en representación de Santos Adolfo Peña Melgar, Melvin Alexander Ponce y Óscar Armando Oliva Andrade, como revisionista; y, la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de fiscal del Ministerio Público. La Abogada Carmen Carelia Rivera Rodríguez, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que según el NCP 130-2017 el delito de Asociación Ilícita es conocido actualmente como Asociación Para Delinquir que conlleva una pena abstracta de seis (6) a diez (10) años de prisión y multa de 100 a 500 días conforme al artículo 554; el delito de Uso Indebido de Uniforme es sancionado conforme al artículo 493 con pena de dos (2) a cuatro (4) años de prisión y multa de 200 a 400 días; y, por el delito de Usurpación de Funciones, según el artículo 507 es sancionado con pena de seis (6) meses a dos (2) años y multa de 100 a 200 días. Continúa expresando que para Santos Adolfo Peña Melgar y Óscar Armando Silva Andrade, corresponde imponerles la pena entre el límite mínimo y medio en virtud de haber sido condenados con tres circunstancias agravantes; entretanto, a Melvin Alexander Ponce, corresponde la imposición de las penas en su límite mínimo en virtud de no existir circunstancias agravantes. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que, efectivamente el NCP 130-2017 establece penas más favorables a los hoy condenados, define los márgenes abstractos que corresponde para cada uno de los delitos tomando en consideración las agravantes específicas de conformidad con los artículos 554, 473 y 507; y, emitió opinión en el sentido que se otorgue la acción de revisión. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de concurso real, los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa. Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: i. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y, ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o iii. Para hacer efectivo el limite subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: *. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; **. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. b. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: i. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. ii. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: *. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; **. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; ***. Si el concurso real está compuesto por penas conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias.
Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Santos Adolfo Peña Melgar y Óscar Armando Oliva Andrade, la pena de quince (15) años de reclusión por ser autores penalmente responsables del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; la pena de seis (6) años de reclusión, por ser autores penalmente responsables del delito de Uso Indebido de Uniformes, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; y, la pena de tres (3) años de reclusión por ser autores penalmente responsables del delito de Usurpación de Funciones en perjuicio de la Fe Pública; asimismo, condenó a Melvin Alexander Ponce a la pena de catorce (14) años de reclusión por ser autor penalmente responsable del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; a la pena de cinco (5) años y seis (6) meses de reclusión por ser autor penalmente responsable del delito de Uso Indebido de Uniformes, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; y, la pena de dos (2) años y seis (6) meses de reclusión, por ser autor penalmente responsable del delito de Usurpación de Funciones, en perjuicio de la Fe Pública. Más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y las consecuencias legales de responsabilidad civil y trabajo en obras públicas o labores dentro del establecimiento penitenciario durante el tiempo de la condena. En el caso presente, la Sala ha constatado que el delito de Asociación Para Delinquir el mismo se encuentra contemplado en el artículo 554 del NCP 130-2017, el cual contempla una pena de 10 a 15 años de prisión y multa de 500 a 1000 días para los que ostenten la condición de cabecillas, y de 6 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días a los que ostenten la condición de integrantes. Este último margen es el aplicable al caso concreto pues el fáctum de la sentencia no define que alguno de los sentenciados haya ostentado la condición de cabecilla de la Mara MS. Respecto al delito de Uso Indebido de Uniforme, el mismo se encuentra contemplado en el artículo 473 del NCP 130-2017, el cual contempla una pena de 2 a 4 años de prisión y multa de 200 a 400 días. El margen abstracto de la pena de prisión debe aumentarse de 4 a 8 años de prisión en virtud de concurrir la agravante del segundo párrafo del mismo artículo porque el uniforme se empleó para facilitar la comisión de otros delitos. Respecto al delito de Usurpación de Funciones en perjuicio de la Administración Pública, el mismo se encuentra contemplado en el artículo 507 del NCP, el cual contiene un margen abstracto de 6 meses a 2 años y multa de 100 a 200 días, a estos márgenes corresponde aumentarles un cuarto (1/4) de conformidad con la agravante específica del artículo 508 numeral 2) del NCP, en virtud que el delito se cometió en el ámbito de un grupo delictivo organizado (artículo 136 del NCP), quedando el nuevo margen abstracto de prisión de 2 años a 2 años y 6 meses de prisión y multa de 200 a 250 días.
Ergo, al hacer la comparación de las penas impuestas en la sentencia venida en revisión (pena acumulada de 24 años de reclusión para Santos Adolfo Peña Melgar y Óscar Armando Oliva Andrade y de 22 años de reclusión para Melvin Alexander Ponce) versus los marcos abstractos imponibles con el NCP (12 años de prisión a 20 años y 6 meses de prisión, más la multa correspondiente), se verifica que es más benévolo o consecuente el NCP en comparación con la norma derogada. Así las cosas, una vez concluido que sí corresponde aplicar el beneficio de retroactividad de la ley penal, corresponde como siguiente paso hacer el análisis jurídico y determinar dentro del marco abstracto la pena concreta a imponer según las circunstancias establecidas del artículo 70 en relación con los artículos 31 y 32 todos del NCP. En este caso, el juzgador de instancia determinó en su sentencia que concurrían circunstancias modificativas de la responsabilidad penal para dos de los tres sentenciados, mismas que ahora no son contempladas en el NCP 130-2017, y por tanto, no deben tomarse en consideración para agravar el quantum de la pena; y atendiendo a las circunstancias personales de los condenados, así como la modalidad criminosa empleada, es consecuente imponer las penas en su límite mínimo: i. Seis (6) años de prisión y multa de cien (100) días a razón de veinte lempiras (L 20.00) por día, por ser autores penalmente responsables del delito de Asociación Para Delinquir en calidad de integrantes, en perjuicio del Ejercicio de los Derechos Fundamentales; ii. Cuatro (4) años de prisión y multa de doscientos (200) días en su valor mínimo (L 20.00), por ser autores penalmente responsables del delito de Uso Indebido de Uniforme, en perjuicio de la Fe Pública; iii. Dos (2) años de prisión y multa de doscientos (200) días en su valor mínimo (L 20.00), por ser autores penalmente responsables del delito de Usurpación de Funciones en perjuicio de la Administración Pública. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: PRIMERO: Declara Con Lugar la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada Carmen Carelia Rivera Rodríguez, en favor de Santos Adolfo Peña Melgar, Melvin Alexander Ponce y Óscar Armando Oliva Andrade. SEGUNDO: Anula Parcialmente la sentencia definitiva firme dictada por Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha quince (15) de diciembre de dos mil catorce (2014). TECERO: Se Reforman las penas impuestas a Santos Adolfo Peña Melgar, Melvin Alexander Ponce y Óscar Armando Oliva Andrade, por los delitos de Asociación Para Delinquir en perjuicio del Ejercicio de los Derechos Fundamentales, Uso Indebido de Uniforme, en perjuicio de la Fe Pública, y Usurpación de Funciones en perjuicio de la Administración Pública; las cuales deberán leerse de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos a los señores Santos Adolfo Peña Melgar, Melvin Alexander Ponce y Óscar Armando Oliva Andrade, por ser autores responsables penalmente del delito Asociación Para Delinquir en perjuicio del Ejercicio de los Derechos Fundamentales, a la pena de seis (6) años de prisión y multa de cien (100) días a razón de veinte lempiras (L 20.00), que equivalen a dos mil lempiras (L 2,000.00). A la pena de prisión deberá deducirse el tiempo en que los condenados hayan estado privados de su libertad por la misma causa criminal y que deberán cumplirla de conformidad con el Código Penal 130-2017; SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos a los señores Santos Adolfo Peña Melgar, Melvin Alexander Ponce y Óscar Armando Oliva Andrade, por ser autores responsables penalmente del delito de Uso Indebido de Uniforme, en perjuicio de la Fe Pública, a la pena de cuatro (4) años de prisión y multa de doscientos (200) días a razón de veinte lempiras (L 20.00) por día, que equivalen a cuatro mil lempiras (L 4,000.00). A la pena de prisión deberá deducirse el tiempo en que los condenados hayan estado privados de su libertad por la misma causa criminal y que deberán cumplirla de conformidad con el Código Penal 130-2017; los delitos fueron cometidos en concurso real, por lo cual deberá cumplir las penas de reclusión una en pos de la otra, comenzando por la más grave; TERCERO: Que debemos condenar y condenamos a los señores Santos Adolfo Peña Melgar, Melvin Alexander Ponce y Óscar Armando Oliva Andrade, por ser autores responsables penalmente del delito Usurpación de Funciones en perjuicio de la Administración Pública, a la pena de dos (2) años de prisión y multa de doscientos (200) días a razón de veinte lempiras (L 20.00) por día, que equivalen a cuatro mil lempiras (L 4,000.00). A la pena de prisión deberá deducirse el tiempo en que los condenados hayan estado privados de su libertad por la misma causa criminal y que deberán cumplirla de conformidad con el Código Penal 130-2017; los delitos fueron cometidos en concurso real, por lo cual deberá cumplir las penas de reclusión una en pos de la otra, comenzando por la más grave. CUARTO: Que debemos condenar y condenamos a los señores Santos Adolfo Peña Melgar, Melvin Alexander Ponce y Óscar Armando Oliva Andrade, como consecuencia de la pena de prisión, a la pena accesoria de inhabilitación absoluta, así como a la suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión, por disposición constitucional (Artículo 41.2), por el tiempo que dure la pena de prisión por el delito de Asociación Para Delinquir, en perjuicio del Ejercicio de los Derechos Fundamentales. Asimismo, la suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión, por disposición constitucional (Artículo 41.2), por el tiempo de la condena por los delitos de Uso Indebido de Uniforme, en perjuicio de la Fe Pública, y del delito de Usurpación de Funciones en perjuicio de la Administración Pública. CUARTO: Se declara a los señores los señores Santos Adolfo Peña Melgar, Melvin Alexander Ponce y Óscar Armando Oliva Andrade, responsables civilmente de los delitos por los cuales son condenados. QUINTO: No condena en costas a los señores los señores Santos Adolfo Peña Melgar, Melvin Alexander Ponce y Óscar Armando Oliva Andrade. SEXTO: Se decreta comiso de: 1) Cinco chalecos antibalas que en su parte frontal se lee Policía; 2) Cinco Pasamontañas color negro; 3) Un arma de fuego tipo fusil, marca no legible, modelo no legible, calibre 5.56x45mm, número de serie 173517, con su cargador; 4) Un arma de fuego tipo fusil, marca Bushmáster, modelo AR-15, calibre 5.56x45mm. Ordenando el Tribunal que las mismas sean entregadas por el Ministerio Público a la Policía Nacional para su utilización en funciones policiales.”. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. -Notifíquese. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de agosto de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1014-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[2] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[3] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[4] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[5] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.