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Sentencia RP-1013-21 — Registro 18648

Resumen

Se solicita revisión de la sentencia de condena en relacion al juicio seguido por delito de Secuestro en perjuicio de Testigo Protegido, en consideración a aplicabilidad de legislación que le beneficia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" … En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Fernando Antonio Reyes Melgares y Jessy Jackeline Reyes Melgares, la pena de veinte (20) años de reclusión por ser coautores penalmente responsables de un delito de secuestro, en perjuicio de Testigo Protegido AL-305-M; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fueron condenados Fernando Antonio Reyes Melgares y Jessy Jackeline Reyes Melgares, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de secuestro, cuyas penas principales son: prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. Según los hechos probados de la sentencia, este margen abstracto debe aumentarse de doce (12) a quince (15) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena, en virtud de concurrir la agravante específica contemplada en el artículo 240 numeral 7) del NCP 130-2017, que establece la circunstancia de que el delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado, entendiendo por este cualquier grupo estructurado de tres (3) o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves (artículo 136 del NCP). Al hacer la comparativa de las penas privativas de la libertad, la concreta impuesta en instancia (20 años) versus la que corresponde según el NCP, se verifica que excede el margen abstracto del tipo penal de secuestro agravado que contempla el NCP (12 a 15 años de prisión), siendo esta la razón para determinar la procedencia del beneficio de retroactividad; por lo que corresponde como siguiente paso hacer el análisis y determinar dentro del margen abstracto la pena concreta a imponer según las circunstancias establecidas del artículo 70 en relación con los artículos 31 y 32 todos del NCP. El juzgador de instancia determinó en su sentencia que no concurrían circunstancias agravantes de la responsabilidad penal que pudiesen aumentar el quantum de la pena (f. 70), tampoco se aprecia que las mismas concurran de conformidad con la presente normativa, y atendiendo las circunstancias personales de los condenados, así como la modalidad criminosa empleada, es consecuente imponer las penas en su límite mínimo: i. Doce (12) años de prisión; y, ii. Prohibición de residir en el Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, por veinticuatro (24) años..."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

…" … En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Fernando Antonio Reyes Melgares y Jessy Jackeline Reyes Melgares, la pena de veinte (20) años de reclusión por ser coautores penalmente responsables de un delito de secuestro, en perjuicio de Testigo Protegido AL-305-M; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fueron condenados Fernando Antonio Reyes Melgares y Jessy Jackeline Reyes Melgares, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de secuestro, cuyas penas principales son: prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. Según los hechos probados de la sentencia, este margen abstracto debe aumentarse de doce (12) a quince (15) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena, en virtud de concurrir la agravante específica contemplada en el artículo 240 numeral 7) del NCP 130-2017, que establece la circunstancia de que el delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado, entendiendo por este cualquier grupo estructurado de tres (3) o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves (artículo 136 del NCP). Al hacer la comparativa de las penas privativas de la libertad, la concreta impuesta en instancia (20 años) versus la que corresponde según el NCP, se verifica que excede el margen abstracto del tipo penal de secuestro agravado que contempla el NCP (12 a 15 años de prisión), siendo esta la razón para determinar la procedencia del beneficio de retroactividad; por lo que corresponde como siguiente paso hacer el análisis y determinar dentro del margen abstracto la pena concreta a imponer según las circunstancias establecidas del artículo 70 en relación con los artículos 31 y 32 todos del NCP. El juzgador de instancia determinó en su sentencia que no concurrían circunstancias agravantes de la responsabilidad penal que pudiesen aumentar el quantum de la pena (f. 70), tampoco se aprecia que las mismas concurran de conformidad con la presente normativa, y atendiendo las circunstancias personales de los condenados, así como la modalidad criminosa empleada, es consecuente imponer las penas en su límite mínimo: i. Doce (12) años de prisión; y, ii. Prohibición de residir en el Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, por veinticuatro (24) años..."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia.- Sala de lo Constitucional En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (07) días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-1013-2021, interpuesto por la Abogada Carmen Carelia Rivera Rodríguez, en favor de los señores Fernando Antonio Reyes Melgares y Jessy Jackeline Reyes Melgares, contra la sentencia de fecha once (11) de octubre de dos mil diecinueve (2019), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: Primero: Condenó a los señores Francisco Alexander Ochoa, Jessy Jackeline Reyes Melgares y Fernando Antonio Reyes Melgares, como coautores responsables de un delito de Secuestro, en perjuicio del Testigo Protegido AL-305-M; imponiéndoles a cada uno de ellos, la pena principal de veinte (20) años de reclusión, debiéndose computar la misma desde el día que fueron recluidos de manera efectiva en el Centro Penitenciario por esta misma causa. Segundo: Condenó a los señores Francisco Alexander Ochoa, Jessy Jackeline Reyes Melgares y Fernando Antonio Reyes Melgares, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. Tercero: Declaró la responsabilidad civil de los señores a los señores Francisco Alexander Ochoa, Jessy Jackeline Reyes Melgares y Fernando Antonio Reyes Melgares, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. Cuarto: No condenó en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Quinto: No decretó comiso por no haberse puesto a disposición del tribunal ninguna pieza de ejecución o de convicción. Sexto: Declaró sin lugar los incidentes de nulidad interpuestos por la defensa. Son partes: 1) La Abogada Carmen Carelia Rivera Rodríguez, en favor de los señores Fernando Antonio Reyes Melgares y Jessy Jackeline Reyes Melgares, como revisionista; 2) La Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, fiscal del Ministerio Público. Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal.“PRIMERO: En fecha 17 de mayo del 2014, a eso de las 7:50 de la mañana, la Testigo Protegido AL-305-M salía de su casa de habitación con rumbo a su trabajo, en la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central y cuando se disponía a abordar su vehículo marca Hyundai, color azul, año 2013, fue interceptada por tres individuos, quienes cubrían sus rostros con pasamontañas y portando armas de fuego, la obligaron a que abordara en la parte trasera de su vehículo, ubicándose dos de ellos, uno a cada lado de la Testigo Protegido, mientras que el tercer sujeto conducía el referido vehículo; procediendo estos a cubrirle los ojos con una venda, llevándola con rumbo desconocido. Siendo coordinada tanto la interceptación como el traslado de la Testigo Protegido, en los términos antes indicados, por el señor Francisco Alexander Álvarez Ochoa. Siendo así como, luego de un lapso de tiempo que transitaron en el vehículo, llegaron hasta donde estaba otro vehículo de color ocre, tipo turismo, en el cual introdujeron a la Testigo Protegido AL-305-M, donde el sujeto que conducía la despojó de su cartera, teléfono celular marca IPhone y una IPad, siendo dichos objetos entregados a Francisco Alexander Álvarez Ochoa, desplazándose con rumbo desconocido nuevamente; mientras esto ocurría, la Testigo Protegido era interrogada por los sujetos, respecto a su identidad y la de sus familiares, obteniendo finalmente el número de teléfono del Testigo Protegido AL-305, a quien momentos después llamaron del teléfono de la Testigo Protegido AL-305-M, exigiéndole la cantidad de DOS MILLONES DE LEMPIRAS a cambio de su libertad. Luego de un lapso de tiempo, las personas que llevaban cautiva a la Testigo Protegido AL-305-M, llegaron con ésta a un sitio no identificado, donde la bajaron y procedieron a introducirla en un cuarto, lugar donde la Testigo Protegido AL-305-M, fue introducida dentro de un barril, llevándola en un vehículo hasta un segundo sitio, es decir, a una casa de habitación ubicada en la colonia El Progreso, de la ciudad de Comayagüela; lugar donde fue dejada en una habitación, con sus ojos vendados, siendo custodiada por la Testigo Protegido AL-305-H y el señor Fernando Reyes Melgares, quienes se encargaban de pasarle los alimentos y artículos de higiene persona, los cuales eran llevados hasta ese cuarto por la señora Jessy Jacqueline Reyes Melgares, hermana de Fernando Reyes Melgares. SEGUNDO: En meses anteriores a este hecho, la unidad de intervención de las comunicaciones, había autorizado, entre otros, la intervención del número telefónico 99570606, el cual pertenece al señor Francisco Alexander Álvarez Ochoa y otro número de un sujeto no habido en este caso; y es a través de esta intervención telefónica, que se ubicó que en la colonia El Progreso, de la ciudad de Comayagüela, se encontraba la joven Jessy Jacqueline Reyes Melgares, quien era una de las personas encargadas de mantener informado a uno de los sujetos que participaba activamente en este hecho, que era otro de sus familiares y de quien también se tenía intervenido su número telefónico, para lo cual, los agentes del orden y de investigación, procedieron a realizar una saturación en la referida colonia, situación ésta que fue percibida por la joven Jessy Jacqueline Reyes Melgares, quien procedió a referir tal evento al otro sujeto que participaba en el hecho. Por lo que en horas de la noche de ese mismo día, los señores Francisco Alexander Álvarez Ochoa y el otro sujeto, le ordenaron a la joven Jessy que le diera la orden a la Testigo Protegido AL-305-H, de que sacara a la Testigo Protegido AL-305-M de ese lugar donde la tenían cautiva, en la colonia El Progreso, de la ciudad de Comayagüela, que lo hicieran por la parte de atrás de la vivienda que posteriormente la sacaran por el río, hasta llevarla a un lugar donde las recogerían en un vehículo, por lo que inmediatamente salieron corriendo del lugar; encontrando en el lugar indicado, a una persona que trasladó a ambas testigos protegidos hasta las inmediaciones de la colonia El Álamo de la ciudad de Comayagüela, donde la Testigo Protegido AL-305-M fue dejada en libertad a eso de las 10:30 minutos de la noche, procediendo dicha Testigo Protegido a buscar ayuda en una posta policial del barrio La Granja, lugar donde fue recogida posteriormente por sus familiares.” ANTECEDENTES PRIMERO: De la sentencia condenatoria. El Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó sentencia en fecha once (11) de octubre de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual falló condenar a Fernando Antonio Reyes Melgares y Jessy Jackeline Reyes Melgares, a la pena de veinte (20) años de reclusión, por ser coautores penalmente responsables de un delito de secuestro, en perjuicio de Testigo Protegido AL-305-M; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias legales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. SEGUNDO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. En fecha veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), la Abogada Carmen Carelia Rivera Rodríguez, en representación de Fernando Antonio Reyes Melgares y Jessy Jackeline Reyes Melgares, compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, interponiendo recurso de revisión penal en favor de sus representados, contra la sentencia dictada en fecha once (11) de octubre de dos mil diecinueve (2019), por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mismo que fue admitido mediante el auto de fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), ordenándose, en consecuencia, la celebración de la audiencia respectiva (f. 31). TERCERO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil veintidós (2022), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el pleno de la Sala de lo Constitucional (f. 41), habiendo comparecido la Abogada Carmen Carelia Rivera Rodríguez, en representación de Fernando Antonio Rivera Rodríguez y Jessy Jackeline Reyes Melgares, como revisionista; y, la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de fiscal del Ministerio Público; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando en síntesis la revisionista que sus representados fueron condenados por el delito de secuestro en perjuicio del Testigo Protegido AL-305-M, a la pena de veinte (20) años de reclusión de conformidad con el artículo 192 del VCP 144-83; sin embargo, de conformidad con el artículo 239 del NCP 130-2017 les corresponde una pena de prisión de 8 a 12 años, lo que beneficia a sus representados de conformidad con los artículos 615 y 616 del NCP-2017.Por su parte, el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que se otorgue la acción de revisión, en virtud de que es visible que la nueva norma le es favorable a los sentenciados al contemplar una pena menor que la impuesta en la sentencia condenatoria, siendo de esta forma procedente aplicar el principio de retroactividad de la ley penal preceptuado en el artículo 96 de la Constitución de la República. FUNDAMENTACIÓNCONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil veintidós (2022), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la Abogada Carmen Carelia Rivera Rodríguez, en representación de Fernando Antonio Reyes Melgares y Jessy Jackeline Reyes Melgares, como revisionista; y, la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. La Abogada Carmen Carelia Rivera Rodríguez funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que sus representados fueron condenados por el delito de secuestro en perjuicio del Testigo Protegido AL-305-M, a la pena de veinte (20) años de reclusión de conformidad con el artículo 192 del VCP 144-83; sin embargo, arguye que de conformidad con el artículo 239 NCP 130-2017 les corresponde una pena de prisión de 8 a 12 años, lo que beneficia a sus representados de conformidad con los artículos 615 y 616 del NCP-2017. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que es visible que la nueva norma le es favorable a los sentenciados al contemplar una pena menor que la impuesta en la sentencia condenatoria, siendo de esta forma procedente aplicar el principio de retroactividad de la ley penal preceptuado en el artículo 96 de la Constitución de la República. Por ello es de la opinión que se otorgue la presente acción de revisión. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Fernando Antonio Reyes Melgares y Jessy Jackeline Reyes Melgares, la pena de veinte (20) años de reclusión por ser coautores penalmente responsables de un delito de secuestro, en perjuicio de Testigo Protegido AL-305-M; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fueron condenados Fernando Antonio Reyes Melgares y Jessy Jackeline Reyes Melgares, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de secuestro, cuyas penas principales son: prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. Según los hechos probados de la sentencia, este margen abstracto debe aumentarse de doce (12) a quince (15) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena, en virtud de concurrir la agravante específica contemplada en el artículo 240 numeral 7) del NCP 130-2017, que establece la circunstancia de que el delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado, entendiendo por este cualquier grupo estructurado de tres (3) o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves (artículo 136 del NCP). Al hacer la comparativa de las penas privativas de la libertad, la concreta impuesta en instancia (20 años) versus la que corresponde según el NCP, se verifica que excede el margen abstracto del tipo penal de secuestro agravado que contempla el NCP (12 a 15 años de prisión), siendo esta la razón para determinar la procedencia del beneficio de retroactividad; por lo que corresponde como siguiente paso hacer el análisis y determinar dentro del margen abstracto la pena concreta a imponer según las circunstancias establecidas del artículo 70 en relación con los artículos 31 y 32 todos del NCP. El juzgador de instancia determinó en su sentencia que no concurrían circunstancias agravantes de la responsabilidad penal que pudiesen aumentar el quantum de la pena (f. 70), tampoco se aprecia que las mismas concurran de conformidad con la presente normativa, y atendiendo las circunstancias personales de los condenados, así como la modalidad criminosa empleada, es consecuente imponer las penas en su límite mínimo: i. Doce (12) años de prisión; y, ii. Prohibición de residir en el Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, por veinticuatro (24) años. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: Primero: Declara Con Lugar la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada Carmen Carelia Rivera Rodríguez, a favor de los señores Fernando Antonio Reyes Melgares y Jessy Jackeline Reyes Melgares. Segundo: Se Anula Parcialmente la sentencia definitiva firme dictada en fecha once (11) de octubre de dos mil diecinueve (2019), por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. Tercero: Se Reforman las penas impuestas a los señores Fernando Antonio Reyes Melgares y Jessy Jackeline Reyes Melgares, por el delito Secuestro, en perjuicio de Testigo Protegido AL-305-M; las cuales deberán leerse de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos a los señores Fernando Antonio Reyes Melgares y Jessy Jackeline Reyes Melgares, por ser coautores responsables penalmente del delito Secuestro Agravado, en perjuicio de Testigo Protegido AL-305-M, a las penas siguientes: i. Doce (12) años de prisión, a la cual deberá deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad por la misma causa criminal y que deberá cumplirla de conformidad con el Código Penal 130-2017; ii. Prohibición de residir en el Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, por veinticuatro (24) años; SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos a los señores Fernando Antonio Reyes Melgares y Jessy Jackeline Reyes Melgares, como consecuencia de la pena de prisión, a la pena accesoria de inhabilitación absoluta, así como a la suspensión de la ciudadanía de los señores Fernando Antonio Reyes Melgares y Jessy Jackeline Reyes Melgares, por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión, por disposición constitucional (Artículo 41.2).”. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó la magistrada ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. Notifíquese. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA, Magistrada presidenta. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, Magistrado. WAGNER VALLECILLO PAREDES, Magistrado. FRANCISCA VILLELA ZAVALA, Magistrada. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ Magistrada. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX Secretario Sala de lo Constitucional.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha siete de septiembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1013-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.