Sentencia RP-1000-21 — Registro 17891
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión interpuesto contra la sentencia Condenatoria con relación a la causa que se instruyó contra el señor X, por el delito de pornografía infantil, en perjuicio del MENOR1.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “II- En el examen de los concretos hechos estampados en el expediente del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, del Departamento de Francisco Morazán, estos encuadran en el artículo 261 del Código Penal Vigente que establece: “ELABORACION Y UTILIZACION DE PORNOGRAFIA INFANTIL. La elaboración, venta, distribución o difusión de material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de dieciocho (18) años o personas con discapacidad necesitadas de protección, debe ser castigada con la pena de prisión de cuatro (4) a seis (6) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días, sin perjuicio de las que proceda imponer, además, por los actos delictivos realizados para elaborar el material pornográfico…”. Pena que será aumentada en un tercio (1/3), en virtud de concurrir las circunstancias siguientes: 1) La víctima es especialmente vulnerable por razón de edad, y en todo caso, cuando sea menor de seis años (6) años; y 2) El material pornográfico refleja una imagen particularmente degradante o vejatoria para la víctima. En el caso bajo estudio se acreditó que al momento de los hechos el menor MENOR1 tenía 2 años de edad, asimismo se colocó en estado de vulnerabilidad, al ser grabado y circular el video vía WhatsApp al teléfono celular de la madre; Al haberse acreditado las circunstancias antes señaladas, resulta una nueva pena abstracta de 6 A 8 AÑOS DE PRISIÓN Y UNA MULTA DE CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) A SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE (667) DÍAS MULTAS. III. En el caso que nos ocupa, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, al acusado el Tribunal Sentenciador le impuso la pena mínima establecida para este ilícito penal, y en base al principio pro- homine procede aplicar una nueva pena en iguales circunstancias. IV- Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia en revisión, se concluye que al imputado se le debe imponer la pena de SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN Y UNA MULTA DE CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) DÍAS MULTAS. los cuales según el artículo 53 del nuevo Código Penal se encuentran en un rango de veinte lempiras (L. 20.00) a cinco mil lempiras (L. 5,000.00) días multa, debiéndose aplicar el mínimo ósea veinte lempiras (L. 20.00), resultando una pena de multa, de dos mil seiscientos ochenta lempiras (L. 2,680.00), que se le deberá imponer al condenado. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente garantía constitucional de Revisión, Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor X de una norma vigente que le resulta más benigna. VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 35, 38, 58, 249 Y Demas aplicables del Código Penal Vigente.”
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 261 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado CARLOS EDUARDO AVILA FUNEZ, a favor del señor X, contra la sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, de fecha ocho (8) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con relación a la causa que se instruyó contra el señor X, por el delito de PORNOGRAFIA INFANTIL, en perjuicio del MENOR1. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada KEYLIE MELISSA VASQUEZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor X, por el delito de PORNOGRAFIA INFANTIL en perjuicio del MENOR1. - (Folios 01 al 05 De la pieza del Juzgado) 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha ocho (8) de abril del año dos mil diecinueve (2019), el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, dictó Sentencia mediante la cual: “FALLA: “PRIMERO: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al señor X EN SU GRDO DE PARTICIPACION DE CO AUTOR por el delito de PORNOGRAFIA INFANTIL, en perjuicio del MENOR1, a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSION, MAS UNA MULTA DE 200 SALARIOS MINIMOS a favor del Estado.- SEGUNDO: Que Debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al señor X A LA INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena.- TERCERO: No procede condenar en COSTAS procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio al Ministerio Publico.- CUARTO: Se declara no ha lugar el comiso en virtud de no haberse puesto a la orden de este Tribunal objeto con el cual se haya cometido el delito.- QUINTO. Se declara responsabilidad civil del señor X, misma que será tasada en la fase de la ejecución a favor del menor MENOR1…”. - (folio 186 al 192 de la pieza del Tribunal de Sentencias). 3) Que el recurrente Abogado CARLOS EDUARDO AVILA FUNEZ, compareció ante este Tribunal en fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor del señor X, contra la sentencia condenatoria en fecha ocho (8) de abril del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), por ser esta la más favorable a su representado.4) Que en fecha doce (12) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. 5) Que en fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado CARLOS EDUARDO AVILA FUNEZ, en su condición de apoderado legal del señor X y la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), La representante del Ministerio Público, fue de la opinión Se Otorgue, en la presente acción de revisión, en virtud de que lo peticionado por la revisionista está conforme a la Ley.CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precept autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veintidós (2022), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de el Abogado CARLOS EDUARDO AVILA FUNEZ, en su condición de apoderado legal del señor X, quien manifestó lo siguiente:” Ratifico la solicitud de recurso de revisión penal contra la sentencia condenatoria de fecha ocho de diciembre del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, por el delito de pornografía infantil en perjuicio de MENOR1, a una pena de diez (10) años de reclusión, y la pena de multa de 200 salarios mínimos condenado a penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, solicito a esta honorable sala modificar dicha sentencia y aplicarle la pena mínima de cuatro (4) años de prisión de forma concreta y eximirle los seis (6) años de prisión de la actual sentencia, y modificar la pena de multa de doscientos salarios mínimos ya que con el nuevo código penal no se establece la pena en valor multa ni salarios mínimos sino que es el sistema días multas considero que la pena debe oscilar en cien (100) días multas a razón de veinte (20) lempiras por cada día multa”. La Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, consideró lo siguiente: “…el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de PORNOGRAFIA INFANTIL, por el cual se condenó al hoy imputado antes mencionado. - En el nuevo Código Penal el delito de PORNOGRAFIA INFANTIL se encuentra regulado en el Artículo 261, que establece: “-ELABORACION Y UTILIZACION DE PORNOGRAFIA INFANTIL. La elaboración, venta, distribución o difusión de material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de dieciocho (18) años o personas con discapacidad necesitadas de protección, debe ser castigada con la pena de prisión de cuatro (4) a seis (6) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días, sin perjuicio de las que proceda imponer, además, por los actos delictivos realizados para elaborar el material pornográfico. La posesión de dicho material pornográfico se debe castigar: 1) con las mismas penas, si la tenencia es para la venta, distribución o difusión del material pornográfico; 2) con las penas reducidas en dos tercios (2/3), si la tenencia es para el propio consumo.-La penas previstas en los párrafos anteriores se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando concurran algunas de las circunstancias siguientes:1) La víctima es especialmente vulnerable por razón de edad, situación, enfermedad, o escaso desarrollo intelectual o físico y en todo caso, cuando sea menor de seis años (6) años; 2) El material pornográfico refleja una imagen particularmente degradante o vejatoria para la victima; o 3) Los hechos se llevan a cabo en el marco de un grupo delictivo organizado.- Al examinar el fallo subjudice, se extrae de los hechos probados que el hoy imputado, como padre del menor ofendido, permitió que su hermano menor2 filmara el video en el cual el menor ofendido aparece masturbándose y en ese momento el acusado le preguntaba a su hermano que si se estaba grabando y luego permitió que se pusiera en circulación dicho video enviándolo vio WhatsApp al teléfono celular de la madre del menor ofendido, colocando al menor MENOR1 en un estado de vulnerabilidad, por lo que concurren las circunstancias previstas en dicho tipo penal consistente en: 1) La víctima es especialmente vulnerable por razón de edad, y en todo caso, cuando sea menor de seis años (6) años; tal como acontece en el caso de autos ya que el menor MENOR1 tenia 2 años de edad al momento de la ocurrencia de los hechos; y 2) El material pornográfico refleja una imagen particularmente degradante o vejatoria para la victima.- Al haberse acreditado las circunstancias antes señaladas, la pena con que se castiga dicho ilícito de (4) a seis (6) años de prisión y una multa de cien (100) a quinientos (500) días, deben ser aumentadas en un tercio(1/3), resultando una nueva pena de 6 a 8 años de prisión y una multa de ciento treinta y cuatro (134) a seiscientos sesenta y siete (667) días multas, estima esta Representación fiscal que en el caso sub –examine, las disposiciones contempladas en el Nuevo Código Penal establecen una pena más favorable al hoy condenado, por lo que lo peticionado por el revisionista se encuentra conforme a Ley, tal como lo que dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal por ser esta más benigna al condenado. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, por ser más beneficiosa.” CONSIDERANDO CINCO (5): Que el Artículo 615 del Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. “En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”.CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”.CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta N.º 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor X fue condenado por el Tribunal de Sentencia De Tegucigalpa, del Departamento de Francisco Morazán, mediante la Sentencia Definitiva y firme de fecha ocho (8) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSION, MAS UNA MULTA DE 200 SALARIOS MINIMOS por el delito de PORNOGRAFIA INFANTIL, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 149-D; del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de PORNOGRAFIA INFANTIL. III- Esta Sala considera que el caso sub examine encaja en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor X, la pena principal de DIEZ AÑOS DE RECLUSION Y UNA MULTA DE 200 SALARIOS MINIMOS, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable como Co-Autor de un delito de PORNOGRAFIA INFANTIL en perjuicio del MENOR1. I- Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, establecía una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de reclusión. (Artículo 149-D) y el Código Penal Vigente Decreto 130-2017. Establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta de prisión de cuatro (4) a seis (6) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días. (Artículo 261). Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado. II- En el examen de los concretos hechos estampados en el expediente del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, del Departamento de Francisco Morazán, estos encuadran en el artículo 261 del Código Penal Vigente que establece: “ELABORACION Y UTILIZACION DE PORNOGRAFIA INFANTIL. La elaboración, venta, distribución o difusión de material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de dieciocho (18) años o personas con discapacidad necesitadas de protección, debe ser castigada con la pena de prisión de cuatro (4) a seis (6) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días, sin perjuicio de las que proceda imponer, además, por los actos delictivos realizados para elaborar el material pornográfico…”. Pena que será aumentada en un tercio (1/3), en virtud de concurrir las circunstancias siguientes: 1) La víctima es especialmente vulnerable por razón de edad, y en todo caso, cuando sea menor de seis años (6) años; y 2) El material pornográfico refleja una imagen particularmente degradante o vejatoria para la víctima. En el caso bajo estudio se acreditó que al momento de los hechos el menor MENOR1 tenía 2 años de edad, asimismo se colocó en estado de vulnerabilidad, al ser grabado y circular el video vía WhatsApp al teléfono celular de la madre; Al haberse acreditado las circunstancias antes señaladas, resulta una nueva pena abstracta de 6 A 8 AÑOS DE PRISIÓN Y UNA MULTA DE CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) A SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE (667) DÍAS MULTAS. III. En el caso que nos ocupa, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, al acusado el Tribunal Sentenciador le impuso la pena mínima establecida para este ilícito penal, y en base al principio pro- homine procede aplicar una nueva pena en iguales circunstancias. IV- Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia en revisión, se concluye que al imputado se le debe imponer la pena de SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN Y UNA MULTA DE CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) DÍAS MULTAS. los cuales según el artículo 53 del nuevo Código Penal se encuentran en un rango de veinte lempiras (L. 20.00) a cinco mil lempiras (L. 5,000.00) días multa, debiéndose aplicar el mínimo ósea veinte lempiras (L. 20.00), resultando una pena de multa, de dos mil seiscientos ochenta lempiras (L. 2,680.00), que se le deberá imponer al condenado. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente garantía constitucional de Revisión, Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor X de una norma vigente que le resulta más benigna. VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 35, 38, 58, 249 Y Demas aplicables del Código Penal Vigente. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado CARLOS EDUARDO AVILA FUNEZ, a favor del señor X; II) ANULA PARCIALMENTE la Sentencia condenatoria definitiva y firme dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, del departamento de Francisco Morazán, de fecha ocho (8) de abril del año dos mil diecinueve (2019). III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor X, por el delito PORNOGRAFIA INFANTIL en perjuicio del MENOR1, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: CONDENANDO al señor X, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de PORNOGRAFIA INFANTIL a la pena de SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN Y UNA PENA DE DIAS MULTA DE DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS (L. 2,680.00). Más la Pena Accesoria de Inhabilitación Absoluta, Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda a la ejecución del presente fallo practicando un nuevo computo de la pena. - NOTIFIQUESE. – SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiuno días del mes de agosto de dos mil veintitrés, certificación del Fallo de fecha nueve de junio de dos mil veintitrés recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1000-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.
[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.
[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.