Sentencia RP-02-22 — Registro 17709
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria en aplicabilidad de Principio de retroactividad en materia penal,), con relación a la causa que se instruyó a recurrente por los delitos de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, Y PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
- A CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE HASTA DOS (2) AÑOS. V. Ponderando el quantum de las penas, es palmario que, en el marco de penas abstractas, el Código Penal vigente es menos gravoso para el encausado, por cuanto, nos encontramos ante un concurso real donde la comparación se tiene que hacer de forma global, con la suma de todas las penas, se refleja que el actual Código resulta más benigno para el acusado. VI. En el caso que nos ocupa, la fiscalía expuso que no procedía la retroactividad de la ley penal más favorable invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Codigo Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme el Código anterior, ya que no es admisible la aplicación fragmentando las dos normas sustantivas. En respuesta a ello el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, norma jurídica aplicable a las cuestiones de Revisión de leyes penales, ya indica que la suma de penas se deberá hacer de manera global cuando se trate de un concurso real, como es el caso de esta Sentencia en Revisión, puesto que hay concurso real cuando un mismo sujeto realiza dos (2) o más acciones u omisiones y con ello infringe una misma norma penal varias veces o varias normas penales (Articulo 66 Código Penal decreto 130-2017). Siendo de esta manera que, aunque un delito no refleje benignidad en el quantum de la pena, pero la suma de este junto a los otros deja un total de pena que conlleva mayor beneficio al encausado, a razón de lo cual no se está fragmentando la norma penal, solo se está haciendo una ponderación global de la pena lo cual permite aplicar la retroactividad de la ley penal. VII Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y observando la fundamentación jurídica de la sentencia donde al encausado se le impuso la pena mínima para ambos delitos por no concurrir circunstancias atenuantes y agravantes. En tal sentido, en base al principio pro homine esta Sala, es del criterio que la pena a aplicar es de DIEZ (10) AÑOS de Prisión para el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, y MULTA DE TRESCIENTOS (300) DÍAS, en vista del impacto de la conducta delictiva y acatando los cánones del artículo 53 del Código Penal vigente se impondrá la multa a razón de DOS MIL LEMPIRAS (2,000.00) POR DÍA, Delito cometido EN PERJUICIO DE LA SALUD PUBLICA, más la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena. Y Por el Delito DE TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, A LA PENA DE UN (1) AÑO DE PRISION Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE DOS (2) AÑOS, EN PERJUICIO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO Y SU INTEGRIDAD TERRITORIAL, más la pena accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL por el tiempo que dure la condena. Lo cual hace un total de ONCE (11) AÑOS, DE PRISIÓN, EN CONCURSO REAL. VIII. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la Presente Garantía Constitucional de Revisión; Por lo que es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor EDWIN GERARDO TEJADA HERNANDEZ, de una norma vigente que le resulta más benigna IX. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 numeral 8 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
- A CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE HASTA DOS (2) AÑOS. V. Ponderando el quantum de las penas, es palmario que, en el marco de penas abstractas, el Código Penal vigente es menos gravoso para el encausado, por cuanto, nos encontramos ante un concurso real donde la comparación se tiene que hacer de forma global, con la suma de todas las penas, se refleja que el actual Código resulta más benigno para el acusado. VI. En el caso que nos ocupa, la fiscalía expuso que no procedía la retroactividad de la ley penal más favorable invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Codigo Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme el Código anterior, ya que no es admisible la aplicación fragmentando las dos normas sustantivas. En respuesta a ello el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, norma jurídica aplicable a las cuestiones de Revisión de leyes penales, ya indica que la suma de penas se deberá hacer de manera global cuando se trate de un concurso real, como es el caso de esta Sentencia en Revisión, puesto que hay concurso real cuando un mismo sujeto realiza dos (2) o más acciones u omisiones y con ello infringe una misma norma penal varias veces o varias normas penales (Articulo 66 Código Penal decreto 130-2017). Siendo de esta manera que, aunque un delito no refleje benignidad en el quantum de la pena, pero la suma de este junto a los otros deja un total de pena que conlleva mayor beneficio al encausado, a razón de lo cual no se está fragmentando la norma penal, solo se está haciendo una ponderación global de la pena lo cual permite aplicar la retroactividad de la ley penal. VII Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y observando la fundamentación jurídica de la sentencia donde al encausado se le impuso la pena mínima para ambos delitos por no concurrir circunstancias atenuantes y agravantes. En tal sentido, en base al principio pro homine esta Sala, es del criterio que la pena a aplicar es de DIEZ (10) AÑOS de Prisión para el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, y MULTA DE TRESCIENTOS (300) DÍAS, en vista del impacto de la conducta delictiva y acatando los cánones del artículo 53 del Código Penal vigente se impondrá la multa a razón de DOS MIL LEMPIRAS (2,000.00) POR DÍA, Delito cometido EN PERJUICIO DE LA SALUD PUBLICA, más la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena. Y Por el Delito DE TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, A LA PENA DE UN (1) AÑO DE PRISION Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE DOS (2) AÑOS, EN PERJUICIO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO Y SU INTEGRIDAD TERRITORIAL, más la pena accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL por el tiempo que dure la condena. Lo cual hace un total de ONCE (11) AÑOS, DE PRISIÓN, EN CONCURSO REAL. VIII. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la Presente Garantía Constitucional de Revisión; Por lo que es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor EDWIN GERARDO TEJADA HERNANDEZ, de una norma vigente que le resulta más benigna IX. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 numeral 8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia y la Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés. -VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado ROGER ORELLANA PINEL, a favor del señor EDWIN GERARDO TEJADA HERNANDEZ, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIAS CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil veinte (2020), con relación a la causa que se instruyó contra el señor EDWIN GERARDO TEJADA HERNADEZ por los delitos de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, Y PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS A N T E C E D E N T E S 1)Que en fecha once (11) de octubre del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia y Jurisdicción Nacional, de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado INMER M. HUETE, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra de los señores EDWIN GERARDO TEJADA HENRIQUEZ, OSLIN DANIEL MUÑOZ SANDOVAL, JUAN ANTONIO FIALLOS SALVADOR y VICTOR HUGO MEJIA CASERES, por los delitos de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS Y PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- (Folios 1 al 4 de pieza del Juzgado) 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil veinte (2020), el Tribunal de Sentencias con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó Sentencia mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: Que debemos Condenar y Condenamos al señor EDWIN GERARDO TEJADA HENRIQUEZ y VICTOR HUGO MEJIA CACERES, cuyas generales de identidad ya han sido mencionadas anteriormente, como autores responsables del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena principal de quince (15) años de reclusión, debiéndose computar desde el día en que fueron aprendidos por esta causa, la que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución estime pertinente; también, se les impone la pena de MULTA, consistente en la cantidad de UN MILLON DE LEMPIRAS (1.000,000.00) a cada uno de ellos.- Asimismo, condenar al señor EDWIN GERARDO TEJADA HENRIQUEZ, por el delito de POSESION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS la pena principal de TRES (3) años de reclusión en concurso real. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos a los acusados EDWIN GERARDO TEJADA HENRIQUEZ y VICTOR HUGO MEJIA CACERES, como consecuencia de la condena de reclusión por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL; y al señor EDWIN GERARDO TEJADA HENRIQUEZ, se impone además las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal respecto del delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMECIAL. Así como también, ambos deben de trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario Nacional.- TERCERO: No procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio, a los condenados EDWIN GERARDO TEJADA HENRIQUEZ y VICTOR HUGO MEJIA CACERES. CUARTO: Se declara la responsabilidad civil de los señores EDWIN GERARDO TEJADA HENRIQUEZ y VICTOR HUGO MEJIA CACERES, por los delitos que han sido condenados, a favor del ESTADO DE HONDURAS la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia.- QUINTO: Se declara NO HA LUGAR los incidentes de nulidad opuestos por la defensa.- SEPTIMO: Declarar Sin Lugar la solicitud de beneficios de suspensión condicional de Ejecución de la pena, solicitada por la Defensa, a favor del acusado EDWIN GERARDO TEJADA HENRIQUEZ.- OCTAVO: Se ordena que una vez cumplida la pena de reclusión impuesta el señor VICTOR HUGO MEJIA CACERES, sea expulsado del territorio hondureño…” (Folio 316 al 335 de la pieza del Tribunal). 3) Que el recurrente ROGER ORELLANA PINEL, compareció ante este Tribunal en fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021) presentando recurso de revisión penal a favor del señor EDWIN GERARDO TEJADA HERNANDEZ, contra la sentencia Condenatoria dictada en fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil veinte (2020), por el Tribunal de Sentencias con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. 4) Que en fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil veintidós (2022), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. 5) Que en fecha trece (13) de abril del año dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala Constitucional, habiendo comparecido el Abogado ROGER ORELLANA PINEL, en su condición de apoderado legal del señor EDWIN GERARDO TEJADA HERNANDEZ, y la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. - fue de la opinión que NO SE OTORGUE la acción de revisión que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentación del Garantista expuesta en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. EL recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Posicionamiento de las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha trece (13) de abril del año dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado ROGER ORELLANA PINEL, en su condición de apoderado legal del señor EDWIN GERARDO TEJADA HERNANDEZ, quien manifestó lo siguiente: “ratifico el recurso de revisión presentado a favor de mi representado EDWIN GERARDO TEJADA HENRIQUEZ, en fecha 2 de enero del 2022, de generales conocidas en autos, en la causa que fue condenado como COAUTOR, por el delito de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS y como AUTOR, de delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, en concurso real, más el pago de una multa de UN MILLON DE LEMPIRAS (Lps.1,000,000.00), sumando una pena de 18 años, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, sentencia que tiene carácter de firme. Honorables Magistrados, la condena impuesta a mi representado se efectuó en el marco de la Ley vigente en ese momento, la Ley Sobre Uso Indebido y Trafico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, contenido en el decreto 126-89, de fecha 23 de noviembre de 1989, el cual, estipulada el Tipo Penal de TRAFICO DE DROGAS, que literalmente decía: Artículo 18. El que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, será penado con reclusión de quince a veinte años y una multa de un millón a cinco millones de lempiras. Resultando de este tipo penal, que el rango de pena con que se castigaba el delito de TRAFICO DE DROGAS al momento de producirse la condena, era de quince (15) años a veinte (20) años, es decir, la pena mínima era de QUINCE (15) AÑOS, siendo este el valor que resultó en cuenta por el tribunal sentenciador al momento de pronunciar su condena. Y asimismo, resulta Honorables Magistrados, que, al momento de emitirse la condena contra mi patrocinado, se encontraba vigente el Código Penal contenido en el decreto 144-83, de fecha 23 de agosto de 1983, el cual, estipulaba el Tipo Penal de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, que literalmente decía: Art. 332 quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en la pena de reclusión de 3 a 6 años de reclusión, sin perjuicio del decomiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Con la entrada en vigencia del Decreto número 130-2017, en fecha 25 de junio del 2020, contentivo del CODIGO PENAL VIGENTE y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 34,940, en fecha diez de mayo del año dos mil diecinueve, se deroga el decreto 144-83 y sus reformas, y se establece un nuevo tipo penal de los delitos: “ARTICULO 311.-Tráfico de Droga. Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez años (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días. Las penas de prisión a imponer deben ser, en cada uno de los supuestos del párrafo anterior, de uno (1) a tres (3) años o de dos (2) a cinco (5) años de prisión, cuando de las circunstancias del hecho y de las personales del culpable, se deduzca una menor gravedad. No se puede hacer uso de esta regla si concurre alguna de las agravantes contempladas en el artículo siguiente. Artículo 312. Agravantes Especificas del Trafico de Drogas. En el caso del párrafo primero del artículo anterior se debe imponer las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días, si concurre alguna de las circunstancias siguientes: 1),2),3),4),5) La cantidad objeto del delito es de especial importancia; 6),7),8),9), …………. De manera que la Pena Mínima para el Delito de Tráfico de Drogas es actualmente de DIEZ (10) AÑOS. En el CÓDIGO PENAL, decreto 130-2017, se establece el tipo penal de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, en el artículo 580, de dicho decreto, que literalmente dice: Articulo 580.- La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y 2) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas o municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1) se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares a las descritas en la ley especial. De manera que la Pena Mínima para el Delito de TENECIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, es actualmente de UN (01) AÑO. HACIENDO UN SUMA DE AMBOS DELITOS DE 11 AÑOS….Honorable Sala de lo Constitucional, REVISAR DE OFICIO la Sentencia Condenatoria que se le impuso a mi representado, decretar la procedencia de esta Acción de Revisión, estableciendo que es aplicable el principio de RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL, que se declare CON LUGAR dicho RECURSO DE REVISION, aplicando la pena establecida en el Código Penal Vigente en los artículos 311,312 y 580 del Código Penal Vigente de su cuerpo legal, para los delitos de Tráfico de Drogas y tenencia o porte ilegal de armas de fuego, por ser más favorable que la Ley Penal bajo la cual se sentenció a mi defendido.” El Ministerio Público, a través de su agente fiscal Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO expreso lo siguiente: “De lo expuesto por el revisionista el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes a cada delito: 1.- TRÁFICO ILICITO DE DROGAS, se encontraba regulado en el artículo 18 de la Ley Penal Especial sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Droga y Sustancias Psicotrópicas, la cual sancionaba dicho delito con una pena de 15 a 20 años de reclusión y una multa de uno (1) a cinco millones de lempiras. Por su parte, el Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) regula el delito de TRÁFICO ILICITO DE DROGAS en el artículo 311.TRÁFICO DE DROGAS, que dispone: “Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días… Asimismo, el Código Penal vigente dispone en el artículo 53.- PENA DE DÍAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5,000). De las normas trascritas se extrae que, según lo dispuesto en el artículo 311 del nuevo Código Penal el ilícito de TRÁFICO ILICITO DE DROGAS se establecen dos rangos de penas: la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos, por lo que al revisar los hechos valorados en la sentencia de mérito se colige que conforme a las circunstancias en que ocurrieron los hechos y el resultado del dictamen toxicológico Forense Nª 2014-0501-0506-5492 practicado a la droga decomisada se acredito que era cocaína, la cual fue decomisada en 14 paquetes rectangulares, con un peso de trece mil novecientos cuarenta y dos punto cuatro gramos (13,942.4 gm), más dos bolsas con un peso de diez punto tres gramos (10.3 gramos) y 16 paquetes rectangulares con un peso de dieciséis mil veinticuatro punto cinco gramos (16,024.5 gm.) de cocaína; de ahí que esta Representación Fiscal estima que el rango de pena a imponer es de diez (10) a quince (15) años de prisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 312 del mismo cuerpo legal, al concurrir la agravante establecida en el numeral 5) por la cantidad objeto del delito es de especial importancia, con relación al párrafo tercero del artículo 321, en cuanto define que cantidades se consideran de especial importancia. Asimismo, este ilícito penal contempla una pena de multa por la cual también fue condenado el señor EDWIN GERARDO TEJADA HENRIQUEZ, al equivalente de una multa de Un millón (Lps1,000.000.00) de Lempiras, por lo que en aplicación al precitado artículo 53 del muevo Código Penal, correspondería imponer una multa mínima de 300 días. Por otra parte, el artículo 580 numeral 1 del Código Penal Vigente, sanciona el delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Permitida, con una pena de uno (1) a cuatro (4) años de reclusión, aumentada en un tercio (1/3) conforme su último párrafo, resultando una pena de cuatro (4) años a cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión. Al examinar el fallo sub-judice y de conformidad a las normas transcritas se extrae de los hechos probados que, respecto a la comisión del delito de Tráfico de Droga, la pena a imponer es de diez (10) a quince (15) años de prisión y siendo que también le fue impuesta al condenado una pena de multa de un millón de lempiras L.1,000.000.00 Lempiras, con la aplicación del artículo 53 del Código Penal vigente, correspondería imponer una multa de 300 días, no obstante, siendo que la pena impuesta al condenado, conforme el CP-144-83 al ser de 15 años de prisión, se encuentra comprendido dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgados conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de diez (10) a quince (15) años de reclusión, por tanto no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. De igual manera, en lo que respecta al delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO PERMITIDA, la pena a imponerse oscila entre cuatro (4) años a cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión, la cual se ve incrementada, en comparación a los tres (3) años de reclusión a los que fue condenado el encausado, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 615 de la norma sustantiva, es imperativo que las disposiciones del nuevo Código Penal resulten más favorables tomadas en su conjunto, ya que no es admisible la aplicación fragmentando las dos (2) normas sustantivas. Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que en la presente causa no concurre la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme el Código anterior. III.OPINION: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.” CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE(7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia emitida por el juzgador primario y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor EDWIN GERARDO TEJADA HERNANDEZ, fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIAS CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA PENAL, mediante la Sentencia Definitiva y Firme en fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil veinte (2020), a la pena, de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS; y a la multa de UN MILLON DE LEMPIRAS (L.1,000,000.00), Y por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE USO COMERCIAL, en perjuicio de La SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 18 DE LA LEY SOBRE EL USO INDEBIDO Y TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, y el artículo 332 B en relación al delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, del Código Penal decreto 144-1983, estimando que la acción ejecutada por el imputado se subsume en el tipo penal de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. III- Esta Sala realiza un examen de ambas normas penales aplicables el caso sub judice para verificar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. En virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor EDWIN GERARDO TEJADA HERNANDEZ, la pena de (15) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS; y la multa de UN MILLON DE LEMPIRAS (L.1,000,000.00), Y por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE USO COMERCIAL, la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN, MÁS LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA, ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme a la ley especial SOBRE USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS DECRETO NÚMERO 126-89, derogada, la pena a imponer por el delito de TRAFICO DE DROGAS era reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de un millón a cinco millones de lempiras; Mientras que la pena regulada para la misma conducta en el artículo 311 del vigente Código Penal, se regulan dos supuesto de tráfico y la pena oscila entre CUATRO (4) A SIETE (7) AÑOS, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; y de SIETE (7) A DIEZ (10) AÑOS en los demás casos, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista verde del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. en ambos supuestos se debe imponer una MULTA DE CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DIAS. II. En el caso subjudice en los hechos probados de la sentencia supra mencionada (folio 320 del expediente judicial), se establece que la sustancia objeto del tráfico era cocaína, y que los 30 paquetes resultaron en una cantidad de 29,966.9 gramos. Siendo ese el hecho concreto por el cual fue condenado y que debe tomarse como punto de comparación con las leyes penales. III. De análisis del hecho concreto a luz del Código Penal decreto 130-2017, estos encajan en lo establecido en el artículo 311 [del mismo cuerpo legal] que específicamente dice: TRÁFICO DE DROGAS. Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días. Y el artículo 312, establece, AGRAVANTES ESPECÍFICAS DEL TRÁFICO DE DROGAS.” En el caso del párrafo primero del artículo anterior se deben imponer las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días, si concurre alguna de las circunstancias siguientes: 5) La cantidad objeto del delito es de especial importancia.” IV. En cuanto al delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE USO COMERCIAL el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en su artículo 332 inciso B establecía que “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas.” Es decir, que esa conducta delictiva, se sancionaba con reclusión de tres (3) a seis (6) años. En cuanto al Código Penal Vigente Decreto 130-2017, establece el artículo 580: “TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO. La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y, 2) … Con las mismas penas previstas en el numeral 1) se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización.” Dicho precepto legal se enmarca con los hechos probados plasmados en la sentencia revisada, ya que, al momento de la detención del procesado, en el, interior de su vivienda, se encontró en posesión de dos armas de fuego que estaban en perfecto estado de funcionamiento; Delito que se castiga con pena de UNO (1) A CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE HASTA DOS (2) AÑOS. V. Ponderando el quantum de las penas, es palmario que, en el marco de penas abstractas, el Código Penal vigente es menos gravoso para el encausado, por cuanto, nos encontramos ante un concurso real donde la comparación se tiene que hacer de forma global, con la suma de todas las penas, se refleja que el actual Código resulta más benigno para el acusado. VI. En el caso que nos ocupa, la fiscalía expuso que no procedía la retroactividad de la ley penal más favorable invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Codigo Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme el Código anterior, ya que no es admisible la aplicación fragmentando las dos normas sustantivas. En respuesta a ello el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, norma jurídica aplicable a las cuestiones de Revisión de leyes penales, ya indica que la suma de penas se deberá hacer de manera global cuando se trate de un concurso real, como es el caso de esta Sentencia en Revisión, puesto que hay concurso real cuando un mismo sujeto realiza dos (2) o más acciones u omisiones y con ello infringe una misma norma penal varias veces o varias normas penales (Articulo 66 Código Penal decreto 130-2017). Siendo de esta manera que, aunque un delito no refleje benignidad en el quantum de la pena, pero la suma de este junto a los otros deja un total de pena que conlleva mayor beneficio al encausado, a razón de lo cual no se está fragmentando la norma penal, solo se está haciendo una ponderación global de la pena lo cual permite aplicar la retroactividad de la ley penal. VII Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y observando la fundamentación jurídica de la sentencia donde al encausado se le impuso la pena mínima para ambos delitos por no concurrir circunstancias atenuantes y agravantes. En tal sentido, en base al principio pro homine esta Sala, es del criterio que la pena a aplicar es de DIEZ (10) AÑOS de Prisión para el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, y MULTA DE TRESCIENTOS (300) DÍAS, en vista del impacto de la conducta delictiva y acatando los cánones del artículo 53 del Código Penal vigente se impondrá la multa a razón de DOS MIL LEMPIRAS (2,000.00) POR DÍA, Delito cometido EN PERJUICIO DE LA SALUD PUBLICA, más la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena. Y Por el Delito DE TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, A LA PENA DE UN (1) AÑO DE PRISION Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE DOS (2) AÑOS, EN PERJUICIO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO Y SU INTEGRIDAD TERRITORIAL, más la pena accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL por el tiempo que dure la condena. Lo cual hace un total de ONCE (11) AÑOS, DE PRISIÓN, EN CONCURSO REAL. VIII. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la Presente Garantía Constitucional de Revisión; Por lo que es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor EDWIN GERARDO TEJADA HERNANDEZ, de una norma vigente que le resulta más benigna IX. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 32, 35, 38, 57, 58, 66, 311, 312 Numeral 5, 580 Y Demás aplicables del Código Penal Vigente; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado ROGER ORELLANA PINEL, a favor del señor EDWIN GERARDO TEJADA HERNANDEZ; II) ANULA PARCIALMENTE la Sentencia Definitiva Y Firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIAS CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil veinte (2020); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor EDWIN GERARDO TEJADA HERNANDEZ, por el delito TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA, y por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE USO COMERCIAL, en perjuicio de La SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor EDWIN GERARDO TEJADA HERNANDEZ de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de TRAFICO DE DROGAS a la pena de DIEZ (10) AÑOS de Prisión, Y MULTA DE TRESCIENTOS (300) DÍAS, a razón de DOS MIL LEMPIRAS (2,000.00) POR DÍA, EN PERJUICIO DE LA SALUD PUBLICA. Y POR EL DELITO DE TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO A LA PENA DE UN (1) AÑO DE PRISION Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE DOS (2) AÑOS, EN PERJUICIO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO Y SU INTEGRIDAD TERRITORIAL, EN CONCURSO REAL. Mas las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INHABILITACIÓN ESPECIAL. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo y proceda al cumplimiento del presente fallo. NOTIFÍQUESE. – Sello y Firmas. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA, Magistrada Presidente Sala de lo Constitucional. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, Magistrado. WAGNER VALLECILLO PAREDES, Magistrado. FRANCISCA VILLELA ZAVALA, Magistrada. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ, Magistrada. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala de lo Constitucional.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, presidido por la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, conociendo la solicitud de corrección de una sentencia, que ha presentado el Abogado Roger Orellana Pinel, en representación de Edwin Gerardo Tejeda Henríquez; dictan el siguiente, Auto En la ciudad de la Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a los dos (2) días del mes de febrero del dos mil veinticuatro (2024). ANTECEDENTES PROCESALES. PRIMERO: En fecha once (11) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), la Corte Suprema de Justicia, por conducto de la Sala de lo Constitucional, dictó sentencia resolviendo el recurso extraordinario de revisión penal interpuesto por el Abogado Roger Orellana Pinel, actuando en su condición de apoderado legal de Edwin Gerardo Tejeda Henríquez. En la sentencia in comento se declaró con lugar el recurso interpuesto, reformando la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha veintitrés (23) de julio de dos mil veintitrés (2023), mediante la cual se condenó al señor Tejeda Henríquez, como autor responsable de un delito Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, y por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena acumulada de dieciocho (18) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial y las consecuencias legales de responsabilidad civil, comiso y trabajo en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario. SEGUNDO: Que la sentencia de revisión penal relacionada fue notificada debidamente al revisionista en fecha cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) a las tres de la tarde (3:00pm). TERCERO: En fecha cinco (5) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), el Abogado Roger Orellana Pinel, presentó escrito ante la Secretaría de la Sala de lo Constitucional, cuya suma dice: “SE SOLICITA CORRRECIÓN DE SENTENCIA DE RECURSO DE REVISIÓN EMITIDA POR ESTA HONORABLE SALA CONSTITUCIONAL” mediante la cual en síntesis solicita se corrija el nombre de su representado ya que erróneamente se plasmó en la sentencia el nombre de Edwin Gerardo Tejada Hernández, siendo lo correcto Edwin Gerardo Tejada Henríquez. FUNDAMENTACIÓN. ÚNICO: Corrección de errores materiales en la sentencia de revisión penal. Establece el artículo 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que, los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de la justicia constitucional no podrán variar ni modificar sus sentencias después de firmadas; pero sí aclarar algún concepto oscuro o corregir errores materiales de las mismas. Estas aclaraciones podrán hacerse de oficio dentro del día hábil siguiente al de la fecha de la sentencia, o a solicitud de parte, presentada a más tardar el día hábil siguiente al de la notificación. En el presente caso, la Sala de lo Constitucional constata que, en virtud de un lapsus cálami se plasmó erróneamente en la sentencia de revisión penal el nombre del sentenciado como Edwin Gerardo Tejada Hernández, siendo su nombre correcto Edwin Gerardo Tejada Henríquez, razón por la cual debe corregirse este error material en vista que no incide en absoluto en el contenido de la resolución a que afecta, e integrarse la presente aclaración a la sentencia de la cual entra a formar parte como un todo unitario. POR LO ANTERIOR. ESTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. De la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 6 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Resuelve: Primero: Tener por recibida la solicitud de corrección de sentencia presentada por el Abogado Roger Orellana Pinel, en su condición de apoderado legal del señor Edwin Gerardo Tejada Henríquez; Segundo: Declara Con Lugar la solicitud antes referida; en consecuencia, rectifica el nombre del sentenciado Edwin Gerardo Tejada Hernández, el cual en lo sucesivo deberá leerse de la siguiente manera “Edwin Gerardo Tejada Henríquez”. Y MANDA: Que se deberá transcribir la presente resolución en la certificación del fallo para los efectos legales pertinentes. NOTIFÍQUESE. Sello y Firmas. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA, Magistrada presidenta. LUIS FERNANDO PADILLA, Magistrado. WAGNER VALLECILLO PAREDES, Magistrado. FRANCISCA VILLELA ZAVALA, Magistrada. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ, Magistrada. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala de lo Constitucional.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de abril de dos mil veinticuatro, certificación de la Sentencia de fecha de once de septiembre de dos mil veintitrés y la Resolución de fecha dos de febrero de dos mil veinticuatro, recaídas en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0002-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.